nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, a quince de septiembre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°285-2023, con fecha 27 de julio de 2023, comparece don Joaquín Bizama Tinado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, ciudadana paraguaya, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, por cuanto estima que la recurrida ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, en virtud de que con fecha 16 de julio de 2021, la actora realiza la solicitud de permanencia definitiva ante el señalado servicio, bajo el número de solicitud 26678130, con el fin de resolver su situación migratoria, sin que a la fecha de interposición del recurso tenga respuesta acerca de su solicitud, todo lo cual estima que infracciona sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2, de la Constitución Política de la República, referido a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, solicitando en definitiva, se declare: la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión señalada; que se han vulnerados los derechos a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley; se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de treinta días desde que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado; se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que sus protocolos de actuación y actuaciones se adecuen a las leyes, Constitución Política de la República, y tratados internacionales; y que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho.

Con fecha 01 de agosto de 2023, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 08 de agosto de 2023, la recurrida solicita se declare la inadmisibilidad del recurso de protección y la falta de legitimación pasiva. En subsidio, solicitó tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 13 de septiembre de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 15 del mismo mes y año, se llevó a cabo la vista de la causa, con la comparecencia del abogado, don Luciano González Gronemann, por la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando el recurso interpuesto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala que tomó conocimiento de la situación de la recurrente, quien con fecha 16 de julio de 2021, realiza la solicitud de permanencia definitiva, ante el Servicio Nacional de Migraciones, bajo el número de solicitud 26678130; con el fin de resolver su situación migratoria. De este modo, transcurridos 2 años después de haber presentado su solicitud, no ha tenido respuesta. Al realizar seguimiento virtual de su solicitud, ésta aparece en etapa de “análisis”, desde hace más de un año a la fecha.

Agrega que,la recurrente ha intentado tener respuesta por parte de la Oficina Regional del Servicio Nacional de Migraciones, quienes han indicado que tal situación se encuentra fuera de su alcance, pues dicha solicitud se realiza vía on-line a nivel central, escapando del marco de sus atribuciones.

Cabe destacar que doña nombre reservado ha formado una familia en Chile con el ciudadano chileno nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con quien contrajo matrimonio en el año 2015 en la ciudad de Puerto Aysén. Ambos son padres de dos hijos nacidos en Chile, Jimmy de 7 y Elena de 6 años de edad, residiendo esta familia en la ciudad de Coyhaique desde el año 2020. Es por esto que el retardo en obtener su residencia definitiva no solo la afecta a ella sino a todo el grupo familiar, especialmente a sus dos niños chilenos de 6 y 7 años de edad.

Señala que la situación ha devenido en serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que, le ha impedido, entre otras privaciones y perturbaciones, poder realizar una serie de trámites para los cuales es requisito contar con residencia definitiva, como son poder optar a subsidios habitacionales, cuestión muy relevante considerando que tiene una familia con dos niños pequeños, poder contar con cuenta corriente o tramitar un crédito ante instituciones bancarias, así también trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, instituciones previsionales o de salud, entre otras. Asimismo, se ve imposibilitada de realizar una serie de trámites ante instituciones privadas por la apariencia de estar vencida su cédula de identidad hace más de dos años Indica, posterior a hacer referencia al artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República que, el acto ilegal y arbitrario de la autoridad recurrida contra el que se dirige esta acción de protección es la omisión de resolución de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, la cual fue realizada por la amparada con fecha 16 de julio del año 2021, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad.

Alega que de este modo se infringe la ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, particularmente, los principios señalados en el Capítulo I de la ley, como el principio de celeridad, el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad, relacionado con el artículo 8 de la Ley 18.575, agregando que, la administración del Estado no está facultada para omitir su pronunciamiento sobre la solicitud realizada por la amparada, ya que, por el contrario, la administración está expresamente obligada a resolver la referida solicitud.

Agrega que, el artículo 23 de la Ley señala que existe una obligación en los plazos, al señalar que:

"Artículo 23. Obligación de cumplimiento de los plazos. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos".

Y al respecto, el párrafo 1° del Capítulo II de la Ley, que se refiere precisamente a las normas básicas de los procedimientos administrativos, establece los plazos que deberán observarse en todo procedimiento administrativo. En particular el artículo 24 de la Ley, señala que:

"Artículo 24. El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.

Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia.

Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa" A su vez, indica que, el artículo 27 de la misma ley señala: "Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final." Esgrime que, en el caso concreto de doña nombre reservado, el procedimiento claramente ha excedido los plazos y principios señalados en la Ley de procedimientos administrativos, toda vez que solicitó la residencia definitiva en julio de 2021, y habiendo transcurrido ya más de 2 años, a la fecha aún no tiene respuesta de su solicitud, excediendo ampliamente el plazo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, haciendo por lo demás caso omiso a las exigencias de tramitar las solicitudes de residencia conforme a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, como exige la propia normativa migratoria Esgrime además como afectación, la situación familiar de la recurrente, desde que, el artículo 1, inciso 2° de la Constitución Política de la República dispone que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, y a su vez, el artículo 1, en su inciso 5º establece un mandato al Estado respecto de la protección y fortalecimiento de la familia, al señalar que: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta (…)”. Arguyendo como fundamento de su petición, el principio de reunificación familiar, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que Chile ratificó el 21 de Marzo de 2005, a través del Decreto N° 84 del 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente su artículo 7, y el interés superior del niño, de conformidad a la Convención sobre Derechos del niño.

Finalmente, estima como garantías conculcadas, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 1 y 2, de la Constitución, al estimar que se le ha brindado un tratamiento diferenciado en relación a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso.

Asimismo, estima vulnerado el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto recurrido las mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud, situación ésta que, afecta su vida personal y le causa serias perturbaciones, toda vez que se trata de una persona que cuenta con arraigo social en el país, específicamente en la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén, donde reside junto a su cónyuge chileno y sus dos hijos chilenos.

SEGUNDO: Que, doña Patricia Acuña Garabito, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso, señalando que doña nombre reservado,ingresó por primera vez al país con fecha 28 de marzo de 2015 y posteriormente con fecha 27 de diciembre de 201, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista.

Añade que después de un sin número de solicitudes de visas y prórrogas de las mismas, la extranjera recurrente cuenta con el último permiso emitido por nuestro servicio, fue una visa temporaria con vigencia de un año por el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2020 al 22 de agosto de 2021.

Finalmente, con fecha 16 de julio de 2021 ingresó solicitud de residencia definitiva, la que se encuentra en etapa firma de la resolución que se pronuncia sobre su solicitud, este trámite inició con fecha 2 de agosto de 2023, por lo que el recurrente tendrá la respuesta a solicitud en breve plazo.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que el artículo 78 de la Ley N° 21.325, Ley de Migración Extranjería, señala: “Residencia definitiva es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita, sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias”

Agrega que, el artículo 37 de la Ley N° 21.325 señala: “Al Servicio le corresponderá otorgar, prorrogar y revocar los permisos de residencia y permanencia definidos en este Título, con excepción de aquellos correspondientes a residentes oficiales, que serán de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Por un lado, el artículo 38 de la Ley N° 21.325 protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia.

Así entonces, respecto de la situación migratoria actual, manifiesta que, la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder ésta a un certificado que acredita tal situación, y posee una cédula de identidad para extranjeros que se encuentra plenamente vigente por el sólo ministerio de la ley, mientras su solicitud se encuentra en trámite, manteniendo condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, descartando cualquier vulneración de sus garantías fundamentales.

Vinculado a lo anterior, en cuanto al efectivo cumplimiento del artículo 43 de la Ley N° 21.325, señala que si bien la nueva Ley de Migraciones es clara en determinar la vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros que acrediten mantener una solicitud de residencia en trámite, no es posible ignorar que, en los hechos, otras entidades, públicas y privadas, han desconocido la recta aplicación de la Ley N° 21.325, impidiendo a los solicitantes el acceso a variados servicios, tanto estatales como privados, por contar con una cédula de identidad aparentemente vencida, cuestión que ha dificultado su vida cotidiana y que ha sido la principal causa de la interposición de las acciones constitucionales.

Aclara que el Servicio recurrido ha remitido los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia, que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas, conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

Continúa señalando que tales han sido los oficios remitidos, entre los cuales menciona: el Oficio N° 67.130, de fecha 7 de noviembre de 2022, enviado a la Comisión para el Mercado Financiero; Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, enviado a la Excelentísima Corte Suprema; Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, enviado a la Superintendencia de Salud.

Así, el Servicio Nacional de Migraciones ha realizado las gestiones, que se encuentran dentro de la esfera de su competencia establecida por la ley, para velar por el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de las normas que protegen a los extranjeros que han postulado a la residencia definitiva o a la prórroga de la residencia temporal, cuestión de suma importancia para la realización material y económica de los extranjeros migrantes que residen en Chile, cumpliendo así con el mandato encomendado por el legislador a esta autoridad a través de la nueva Ley de Migración y Extranjería.

Posteriormente, y respecto a la Ley de Presupuesto para el Sector Público 2023, Ley N° 21.516, señala que existe un plan nacional para descongestionar la masividad de solicitudes de residencia existentes ante este Servicio, y que dichas solicitudes puedan ser resueltas dentro de los plazos legales.

Finalmente, respecto al tiempo de tramitación, indica que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, provenientes de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva.

Indica que, el plazo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, siendo un término referencial para la Administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, citando también jurisprudencia al efecto.

Señala que la tramitación de la solicitud del recurrente sigue el mismo curso legal y reglamentario que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga pendiente la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más que aquéllas que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil, conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Por último, sostiene que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, pues no se verifica alguno de los requisitos establecidos por la Constitución para su interposición, esto es, que sea una (i) conducta ilegal o arbitraria, y (ii) que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, agrega que, cualquier acción jurisprudencial que tenga por causa el desconocimiento del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería por un tercero, deberá ser dirigida en contra de aquella persona u organismo que haya desplegado efectivamente la conducta reprochable, y no en contra del Servicio Nacional de Migraciones, tal como ha sido establecido por la Excelentísima Corte Suprema, por lo que solicita el rechazo del presente recurso de protección.

TERCERO: Que, en lo referente a la solicitud de inadmisibilidad del recurso, formulada por la recurrida, ésta deberá ser desestimada en la presente etapa procesal, debiendo estarse a lo resuelto a Folio 3, de fecha 1 de agosto de 2023, desde que en la referida resolución se declaró admisible la acción cautelar, toda vez que cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, correspondiendo, entonces, pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento de esta Corte.

CUARTO: Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el mismo Servicio recurrido, cabe señalar que lo reprochado por la recurrente es la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento de un acto terminal, que resuelva su solicitud de permanencia definitiva realizada con fecha 16 de julio de 2021, siendo precisamente el mencionado Servicio el competente para dictar el acto administrativo que se pretende, por lo que bajo dichas circunstancias, resulta verificable la legitimidad pasiva de la recurrida, motivo que, en consecuencia, llevará a que dicha alegación sea desestimada, y así se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

QUINTO: Que, por otra parte, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEXTO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto sometido a decisión radica en el hecho que doña nombre reservado, con fecha 16 de julio de 2021, remitió en tiempo y forma su solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, al día 27 de julio de 2023, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

NOVENO: Que, sin embargo, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que el recurrente invoca como vulneradoras de la plena realización de una vida cotidiana en el país, y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan a partir de la pérdida de vigencia de su cédula de identidad para extranjeros, todo lo cual le impediría la realización de múltiples trámites de carácter cotidiano, tratándose, desde luego, de una migrante en situación regular, respecto de la cual no consta orden de expulsión alguna o antecedentes similares en su contra.

DÉCIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en la Ley N°21.325, específicamente, en su artículo 43, el cual prescribe:

“Artículo 43.- Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

UNDÉCIMO: Que, en este estadio, el ordenamiento jurídico ha contemplado una norma especial que disciplina el caso, y que prevé las consecuencias que en la vida cotidiana puedan enfrentar los solicitantes, mientras no se les otorgue la residencia, sea ésta temporal o definitiva, disponiendo la mantención de la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros que cuenten con un certificado de residencia en trámite vigente, o hasta que la recurrida resuelva la solicitud de éstos.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el servicio recurrido haya excedido en más de seis meses la tramitación de la respectiva solicitud de la recurrente, pues no resulta verificable en los hechos, que éste se encuentre impedido o imposibilitado de realizar trámites ante cualquier entidad pública o privada con su cédula de identidad, siempre y cuando se trate de extranjeros en situación regular en el país, como es el caso de la solicitante.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, resulta importante tener presente que el artículo 38 de la Ley N° 21.325, establece:

“Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”

DÉCIMO CUARTO: Que, los preceptos recién transcritos, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación vigente en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y, reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el solo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, no es antecedente suficiente para conculcar los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país es la cédula de identidad y es, precisamente, la norma citada la que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud recaída sobre la situación migratoria de un extranjero, precaviendo cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva. Así, no resulta efectivo que el (la) extranjero (a) se encuentre impedido (a) de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjeros en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida de el (la) recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y, desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, como efectivamente ocurre en este caso.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I. Que, SE RECHAZA la petición de inadmisibilidad del presente recurso, deducida por la recurrida.

II. Que SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida.

III. Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Joaquín Bizama Tinado, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, de conformidad al artículo 37, de la Ley N°21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 285-2023 (Protección).