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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 284-20236 dic 2023

nombre reservado con SOCIEDAD FORESTAL E INMOBILIARIA EL VERDIN LIMITADA

Fecha
6 de diciembre de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Coyhaique
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol N° 284-2023, sentencia de 6 de diciembre de 2023

Resumen

Se rechaza la protección por extemporaneidad y por no acreditarse acto arbitrario o ilegal, al ser un conflicto civil que requiere juicio declarativo.

Texto íntegro

Coyhaique, a seis de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°284-2023, con fecha 27 de julio de 2023, comparecen por sí don nombre reservado, pequeño agricultor ganadero, don nombre reservado, pequeño agricultor ganadero, doña nombre reservado, jubilada, y Agrupación Cuadro de los Potros, representada legalmente por doña nombre reservado, todos domiciliados domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada, representada legalmente por doña nombre reservado, se desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por incurrir personalmente, por personal de su dependencia y/o contratado al efecto, en actuaciones ilegales y/o arbitrarias en el marco del proceso de urbanización, construcción y venta de parcelas de un nuevo núcleo urbano, ingresando arbitraria e ilegalmente por un camino intrapredial particular, sin detentar la calidad de predio dominante o beneficiario, vulnerándose las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva que: 1.- Debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique o pueda implicar afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas en esta presentación, ordenando en definitiva la prohibición de acceso al denominado “Lote Camino” y alteración de la Servidumbre inscrita a fojas 489 Número 23 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Coihaique del año 2007, y graficada en el plano respectivo; 2.- Sin perjuicio, además de establecer su obligación en orden a proceder, también en forma inmediata, a reparar a su propio costo y a entera satisfacción de los afectados, los graves daños que se han producido en el denominado “Lote Camino”, cercos y alcantarillas; y 3.- Que se condena en costas a la recurrida (SIC).

Con fecha 8 de septiembre de 2023 se incorporó el informe evacuado por don Bruno Romo Muñoz, abogado, en representación de la recurrida.

Con fecha 27 de septiembre de 2023 se agregó informe evacuado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de Aysén.

Con fecha 18 de octubre de 2023 se añadió informe evacuado por la Dirección de Vialidad, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo.

Con fecha 24 de noviembre de 2023, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 4 de diciembre de 2023, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundamentan su acción señalando que, junto a otros vecinos, son propietarios de pequeñas parcelas rurales ubicadas en el sector “Cuadro Los Potros”, camino a “La Reserva Nacional Coyhaique”, en las que constituyeron sobre una hijuela denominada “Lote Camino”, una servidumbre de tránsito amplia, irrestricta, perpetua y gratuita, siendo éste un predio sirviente, otorgando acceso único y exclusivo a sus parcelas, predios dominantes, conectándolas con la Ruta X-899 que accede a la Carretera Austral, servidumbre que estaría inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique.

Señalan que los propietarios y beneficiarios del camino han sido víctimas de autotutela, toda vez que se han visto afectados por el ingreso de maquinaria, camiones con cargas pesadas y vehículos particulares que circulan a altas velocidades, provocando que no puedan trabajar, transitar y/o jugar, en el que anteriormente era un camino particular, de bajo tránsito y tranquilo, ocasionando un acelerado deterioro de éste, además de intervenirlo sin autorización, por medio de descarga de material de alto rodado, rompiendo cercos, e incluso modificando una alcantarilla, causando el desborde de un arroyo, imposibilitando el tránsito.

Refieren que habiendo consultado a las personas que conducían los vehículos y maquinaria, les habrían informado que prestan servicios para Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada, siendo contratados para generar un nuevo camino entre la Reserva Nacional Coyhaique y el acceso a la última etapa del “Loteo El Verdín”, y que desde ahora el acceso sería por el camino a la Reserva Forestal Coyhaique (Ruta X-599) conectado con el camino particular-servidumbre del “Cuadro Los Potros”.

Indican que realizaron un estudio de los predios donde se advierte que Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada mantiene el dominio de un loteo aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero de Coyhaique, correspondiente al lote 12-A2, ubicado en el sector denominado “El Verdín”, que dicho loteo fue aprobado con acceso a la vía pública por medio de caminos intraprediales del mismo loteo “El Verdín”, contenidos en el plano archivado bajo el N° 340 letra b) en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, correspondiente al año 2017, pero en ningún caso por el camino particular que conecta a los vecinos del “Cuadro Los Potros” con el camino a la Ruta X-599.

Agregan que, en la servidumbre que beneficia a los recurrentes, inscrita a fojas 489 Número 263 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, no hay constancia que la recurrida sea beneficiaria o detente calidad de predio dominante sobre el camino particular-servidumbre.

Citan el artículo 830 del Código Civil a propósito de las interferencias en las servidumbres, asimismo los artículos 55 y 56 inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en cuanto prohibición de abrir calles fuera de los límites urbanos, y que la apertura de nuevos caminos o calles que desemboquen en los caminos de carácter nacional o regional, requerirán autorización de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, previo informe de la Dirección de Planificación del nombre reservado del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, cuando incidan en las áreas de los Planos Reguladores Intercomunales.

Exponen que las garantías constitucionales amenazadas y perturbadas, se podrían ver agravadas por el actuar de la recurrida, por cuanto ésta tendría por negocio la venta de parcelas de agrado, generando un nuevo núcleo urbano, sin las condiciones mínimas de agua potable y alcantarillado, y hoy con la habilitación y acceso ilegal y arbitrario por el camino particular servidumbre del “Cuadro Los Potros”, por el que se ha conectado el sector “El Verdín” con el camino a la Reserva Nacional Coyhaique, previendo que el futuro transitarán por éste los propietarios de dichas parcelas de agrado.

Finalmente, señalan que actuar arbitrario e ilegal afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los vecinos recurrentes, y de todos los residentes del sector “Cuadro Los Potros”, consagrados en el 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que por el camino particular circulan vehículos y maquinaria pesada a altas velocidades, provocando que adultos mayores, niños y pequeños agricultores ganaderos no puedan transitar de manera tranquila, con el riesgo de ser atropellados. Por otro lado, afecta el derecho a la propiedad, al alterar el camino particular-servidumbre, alcantarillas y cercos sin autorización de los propietarios y beneficiarios, derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 la Carta Fundamental, añadiendo que esta conducta ilegal y arbitraria sería de ejecución permanente en el tiempo.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, por medio del abogado don Bruno Romo Muñoz, éste solicita el rechazo del recurso intentado en todas sus partes, con costas.

Señala que efectivamente la recurrida desarrolla un proyecto de parcelaciones contiguo al de los recurrentes, el que se encuentra aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero de Coyhaique, y cuyo plano, junto con el certificado C-179-2017, fue archivado con el Nº340 letra b) en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2017.

Indica que para efectos de la construcción del camino interno del proyecto, ingresaron por el Lote Camino una excavadora, una retroexcavadora y dos camiones con el material necesario, trabajos que habrían iniciado el 2 de mayo del año 2022 y terminaron el 21 de octubre del mismo año.

Refiere que el ingreso no fue arbitrario, ya que se contó con autorización de propietarios de la parcelación, señores Raimundo y nombre reservado, siendo este último propietario de la parcela por la que se ingresó desde el Lote Camino a la parcelación de El Verdín (lote 8-B).

Expone que el camino se encontraba en mal estado, motivo por el que la recurrida habría realizado trabajos de mantención, por un valor aproximado a los $15.000.000.-, situación que habría sido advertida por los residentes, quienes le habrían referido que nunca habrían visto el camino en mejor estado.

Para prevenir posibles conflictos, se habría enviado una carta con una oferta a la sucesión nombre reservado, sin recibir respuesta.

En cuanto al recurso, indica que es extemporáneo, ya que el recurso se ingresó el 27 de julio del año 2023, en circunstancias que los trabajos se desarrollaron entre mayo y octubre de 2022, lo que se acreditaría con la documentación adjunta al recurso y con la carta enviada a la sucesión en abril de 2023.

Continua señalando que los recurrentes carecen de legitimación activa, puesto que la servidumbre invocada no tiene el carácter de exclusiva y que no se impide a los propietarios del Lote a constituir derechos u otorgar autorización en favor de terceros, como en su caso, ya que don nombre reservado -hermano de los recurrentes-, constituyó una servidumbre en favor de El Verdín, para lo cual se acompaña escritura de Constitución de Servidumbre y Dación en Pago, de fecha 17 de enero de 2022, suscrita entre Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada y nombre reservado y su hija, que al respecto don nombre reservado es dueño de un predio dominante y, a la vez, dueño de derechos sobre la propiedad del Lote Camino.

Expone que la recurrida no ha actuado de manera ilegal o arbitraria, ya que transitaba por un predio sirviente que le daba acceso entre el Lote Camino y la parcelación de El Verdín, que dicho predio, a su vez, era dominante de la servidumbre constituida en el Lote Camino por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en los hechos ocurridos durante la construcción de los caminos internos.

Manifiesta que un inmueble puede ser libremente enajenado, constituirse los gravámenes que estime sobre él, darlo en usufructo, arrendamiento, e incluso destruirlo, lo que es parte de las facultades del dominio, que de acogerse el recurso se estaría limitando el derecho de propiedad sobre la parcela, ya que, en los hechos, se le estaría prohibiendo constituir servidumbre u otros gravámenes.

En cuanto a las imputaciones realizadas por los recurrentes, referentes a: la descarga de material, explica que se realizó un trabajo para recuperar el camino dañado, dejándolo en mejor estado de lo que estaba antes, donde se colocó material grueso, el que fue compactado, para luego verter material fino. Además, que el camino habría sido deteriorado por los contratistas del agua potable rural; rompimiento de cercos, señala que habría sido efectivo; sin embargo, inmediatamente se compraron los materiales y se repararon, lo que fue conversado con los dueños; en cuanto al rompimiento de alcantarillas, la que se dañó era de propiedad de don nombre reservado, la que fue sustituida y en cuanto al desborde del arroyo, esto no sería factible, por cuanto es de bajo caudal.

Aduce que las supuestas infracciones al artículo 830 del Código Civil y a los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, son materias que deben ser conocidas en procedimiento de lato conocimiento.

Finalmente, afirma que no existe afectación del derecho a la vida ni a la integridad física y psíquica, ya que los trabajos pesados habrían terminado hace largo tiempo y que, además, tampoco habría prueba que los vehículos transiten a altas velocidades, no pudiendo transitar de forma tranquila, como se afirma, que de ser así cada conductor sería responsable conforme a la Ley del Tránsito. En cuanto al derecho de propiedad, tampoco se vería afectado, toda vez que en su calidad de propietarios de predios dominantes pueden utilizar libremente la servidumbre del Lote Camino y no se han visto restringidos de ninguna forma.

TERCERO: Que, el informe evacuado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de Aysén, da cuenta que no se registran denuncias contra la Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada y que del tenor del informe remitido a la Dirección de Vialidad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, consta que no existen solicitudes de acceso a caminos públicos por parte de la misma.

CUARTO: Que, en lo jurídico, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en que la recurrida incurrió personalmente, a través personal de su dependencia y/o contratado al efecto, en el acto material de ingreso arbitrario e ilegal por un camino intrapredial particular, sin detentar la calidad de titular del predio dominante o de beneficiario, lo anterior en el marco del proceso de urbanización, construcción y venta de parcelas de un nuevo núcleo urbano.

OCTAVO: Que, con miras a despejar el objeto del recurso y en aras de una acertada resolución, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que la recurrida desarrolla un proyecto de parcelaciones contiguo al de los recurrentes, en un inmueble de su propiedad, el que se encuentra aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero de Coyhaique.

2.- Que, para efectos de lo anterior, por encargo de la recurrida se ingresó maquinaria y vehículos por el Lote Camino, para la ejecución de trabajos, los cuales se habrían iniciado en mayo de 2022 extendiéndose hasta octubre del mismo año.

3.- Que, se suscribió una escritura de Constitución de Servidumbre y Dación en Pago, de fecha 17 de enero de 2022, entre la recurrida Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada y don nombre reservado y la hija de éste, siendo don nombre reservado dueño de un predio dominante y, a la vez, dueño de derechos sobre la propiedad del Lote Camino.

4.- Que, el presente recurso fue interpuesto el 27 de julio de 2023.

NOVENO: Que, primeramente, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

DÉCIMO: Que, así las cosas, ha sido un hecho que se ha tenido por asentado que los actos materiales reputados por los recurrentes como arbitrarios e ilegales en el presente recurso de protección, esto es, los trabajos realizados entre mayo a octubre del año 2022, han tenido lugar alrededor de nueve meses antes de la interposición de este arbitrio, contados desde su término, debiendo patentizar que por ende el plazo de 30 días corridos para interponer la presente acción se ha superado con creces. En efecto, forzoso es concluir que desde la data de finalización de las faenas hasta la fecha de presentación de la presente acción constitucional, a saber, el día 27 de julio de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo fatal de 30 días corridos para deducirla; razón por la cual este aspecto debiera bastar para el rechazo del recurso y la acogida de la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

En este punto se discuerda de los efectos permanentes que se invocan por los recurrentes como basamento de la oportunidad de su acción, desde que no se reconoce por la recurrida la pervivencia de las obras ejecutadas en el sector, lo cual no ha sido desmentida por los recurrentes, si bien subsiste el repugnado empleo del camino.

En cuanto al fondo de la acción deducida.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, del estudio pormenorizado de los antecedentes que obran en autos, a juicio de esta Corte, no existe un acto arbitrario e ilegal de la recurrida y por ello debe desestimarse el presente arbitro constitucional, según lo que se razonará a continuación.

DUODÉCIMO: Que, en efecto, esta Corte estima que no se está en presencia de un derecho indubitado por parte de los recurrentes, toda vez que, del mérito del proceso y de los antecedentes aportados, se constata la existencia de una controversia derivada de la formación de vínculos contractuales habidos entre la recurrida y parte de la sucesión nombre reservado, de manera tal que se descarta una posible acción autotutelar per sé, por lo que para la exacta elucidación de las aristas del presente caso se hace necesario instaurar un juicio declarativo en la sede jurisdiccional respectiva, que dirima el alcance de las convenciones celebradas entre las partes, adoleciendo la presente acción de naturaleza cautelar de ese carácter y decayendo como vía idónea, ésta de orden constitucional, para la resolución de un conflicto que tiene evidentes implicancias de orden civil.

No debe en esto obviarse que se está pretendiendo emplear erróneamente una herramienta de urgencia y sumarísima, para alcanzar un objetivo sólo susceptible de concretar en un contexto procesal, que esté dotado de la plenitud de garantías para la discusión y prueba, culminante en una sentencia que se pronuncie sobre cuestiones de fondo y dotada de autoridad de cosa juzgada, máxime si se aspira inclusive a obtener resarcimientos pecuniarios fruto de la actividad de la recurrida.

DÉCIMO TERCERO: Que, como corolario de lo expresado en los motivos que preceden, siendo evidente la desestimación de este arbitrio en lo resolutivo, dada la determinación de su extemporaneidad en lo formal y no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción por carecerse de derecho indubitado cuya tutela incumba desplegar, no se advierte la necesidad de analizar la forma específica cómo dicho actuar pudo afectar alguna de las dos garantías que se reclaman conculcadas, esto es, las contenidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y Agrupación Cuadro de los Potros, representada legalmente por doña nombre reservado, en contra de Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdín Limitada, representada legalmente por doña nombre reservado, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N° 284-2023 (Protección).