INVERSIONES MPA LIMITADA con nombre reservado

Coyhaique, a diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte Nº270-2025, el 12 de noviembre de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, en representación de la sociedad Inversiones MPA Limitada, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Los Lagos, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado y de don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión arbitraria, que consiste en la alteración material, por vías de hecho, de los deslindes de una servidumbre de tránsito perteneciente a la sociedad recurrente, lo que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en el numeral 3, 21 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: ‘‘A.- Restablecer de forma inmediata y a su costa el cerco divisorio, reinstalándolo en su ubicación original, esto es, restituyendo a mi representada la totalidad de los 4 metros de ancho que corresponden a la franja de servidumbre perteneciente a Inversiones MPA Limitada. Todo ello bajo apercibimiento de procederse con auxilio de la fuerza pública y a su costa; B.- Ordenar a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de realizar cualquier otro acto que perturbe o amenace, por vías de hecho, el legítimo ejercicio de dicho derecho de servidumbre de Inversiones MPA Limitada, tanto para sí como para todo quien detente el uso y goce de sus predios dominantes; C.- Decretar cualquier otra medida que esta I. Corte estime conducente para el pleno restablecimiento del imperio del derecho; D.- Condene a los recurridos a las costas del presente recurso.’’ (sic)

Con fecha 19 de diciembre de 2025, don nombre reservado, abogado, por la parte recurrida, incorporó el informe requerido.

Con fecha 7 de enero de 2026, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 13 del mismo mes y año, compareciendo el abogado don nombre reservado, a favor del recurso y en contra del recurso el abogado don Mario Águila Inostroza; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don nombre reservado, abogado, por la parte recurrente, fundamenta su recurso, en lo sustancial, señalando que la recurrente es propietaria de los lotes Z-1, Z-4-A-1 y Z-4-A-2, provenientes de la subdivisión del predio denominado Z-4-A, ubicados en esta ciudad de Coyhaique. Su dominio, por compraventa, está inscrito respectivamente en el orden recién señalado, a fojas 2544 vta. N°1560, a fojas 2546 vta. N°1561, y a fojas 2542 vta. N°1559, todas del año 2019, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique.

Refiere que, para el acceso desde la vía pública, calle Simpson, así como el acceso a los servicios urbanos de agua potable y electricidad, existe una franja de servidumbre “de tránsito y servicios”, que grava el predio de la recurrida doña nombre reservado, correspondiente al sitio Z-4-B-2, constituido hace más de 30 años, mediante escritura pública otorgada el 20 de noviembre del año 1992.

Acota que, tras dividirse tanto el predio sirviente como el dominante, dichas servidumbres permanecieron establecidas y reconocidas, e incluso quedaron ampliados en otros 44,28 metros cuadrados, para favorecer al sitio Z-4-B-1.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario, manifiesta que los recurridos han procedido por desnuda vía de los hechos, a mover el cerco divisorio que separa ambas franjas de 4 metros. En efecto, han invadido la franja de servidumbre de la recurrente, agrandando su propia porción en aproximadamente 60 centímetros de ancho y por toda la longitud de la franja.

Sostiene que la actuación de la recurrida le causa un perjuicio grave, toda vez que lo priva del ejercicio íntegro de su derecho de dominio sobre la servidumbre, pues impiden el movimiento de camiones y otros vehículos de gran envergadura, al dejar un ancho útil inferior a los 4 metros que son necesarios. Asimismo, han afectado otras funciones de la servidumbre, que son las de albergar el agua potable y electricidad, dejándolos fuera del terreno que corresponde, incorporándolos a la porción o franja de la que los recurridos ilícitamente pretenden apoderarse.

Continúa y, en línea con lo anterior, cita la causa Rol C-2843-2019 del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Coyhaique, en la cual la recurrida solicitó la extinción del derecho de servidumbre, siendo rechazada en todas sus partes con fecha 31 de julio de 2020, gozando, en consecuencia, de la autoridad de cosa juzgada.

En cuanto a las garantías vulneradas expone que, se infringe el derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución, toda vez que no puede usar y gozar del derecho real de servidumbre y a su vez la propiedad del predio dominante al hacer inútil el acceso a aquel.

Asimismo, se infringe el derecho consagrado en el artículo 19 N°3 inciso quinto, de la Constitución Política de la República, desde que la recurrida se ha constituido a sí misma en una comisión especial que en la práctica "revoca" una sentencia ejecutoriada.

Finalmente, se vulnera el artículo 19 N°21, que consagra el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, por cuanto estos actos afectan el arrendamiento que recae sobre el inmueble tanto para el arrendador, que utiliza el bien con fines comerciales, como a los recurrentes.

SEGUNDO: Que, la recurrida, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del presente recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Alega, como primer aspecto, la inexistencia del acto ilegal o arbitrario, pues los hechos alegados corresponden a una simple obra de mantención y reposición de un cerco divisorio que se encontraba en estado ruinoso, ejecutada por la propietaria del predio sirviente, en ejercicio legítimo de las facultades que le confiere el artículo 582 del Código Civil.

Indica que, el cerco anterior era de madera con malla metálica, amenazando caída en diversos tramos. La reposición consistió en instalar uno nuevo de perfiles de acero y malla metálica, respetando íntegramente la ubicación del cerco preexistente.

Refiere que, la tesis de la recurrente sobre modificación del trazado es físicamente imposible y queda desvirtuada por la propia configuración de los inmuebles. Al efecto, inserta imágenes de Google Maps, que dan cuenta, según el recurrido, que el poste con los medidores de energía eléctrica y alcantarillas de agua potable siempre han estado en la misma ubicación, dentro de la servidumbre.

En línea con lo anterior, destaca que, tras pasar la casa, el cerco continúa hacia el fondo del predio, existiendo aproximadamente 20 metros de cerco antiguo (postes y malla) que no fueron tocados ni modificados durante las obras recientes. Al mantenerse intacta la sección posterior del cerco y siendo la línea recta determinada por la casa preexistente, se demuestra matemáticamente que no hubo desplazamiento alguno del eje divisorio.

Continúa y alega la ausencia de derecho indubitado e improcedencia de la vía, toda vez que, habiendo establecido que el cerco mantiene su ubicación histórica, la controversia planteada se reduce a una discrepancia métrica sobre el ancho útil de la servidumbre, materia que por su naturaleza excede el ámbito del presente recurso.

Por último, expone la inexistencia de vulneración de derechos o perjuicio urgente, pues, y sin perjuicio de que el cerco mantiene su ubicación, no existe la urgencia ni el perjuicio económico alegado respecto al arrendatario "Seguridad y Decoración Jordan Alexis Díaz Sánchez E.I.R.L.". Los sitios dominantes que se benefician de esta servidumbre específica (Z-4-A-1 y Z-4-A-2) son sitios eriazos (baldíos), al fondo del terreno.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, concretamente, en que la Sra. nombre reservado, actuando junto a su cónyuge Sr. nombre reservado, recurridos en estos autos, han invadido la franja de servidumbre de su representada, agrandando su propia porción en aproximadamente 60 centímetros de ancho y por toda la longitud de la franja, en directo perjuicio de Inversiones MPA Limitada, en atención a que los recurridos procedieron a modificar el cerco divisorio existente entre ambos predios, vulnerándose, de esta forma, las garantías constitucionales resguardadas en los numerales 3, 21 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República SÉPTIMO: Que, de los antecedentes allegados al proceso no aparece que el actuar de la parte recurrida haya privado a la actora del acceso al inmueble que refiere, desde que las fotografías acompañadas no dan cuenta clara y visible de ello, máxime si se ha planteado otro acceso posible, que se desprende del informe y alegato en estrados de la recurrida, sumado a que existen posturas contradictorias en cuanto a las medidas de la modificación o reparación del cerco en cuestión, afectando al predio que se encontraría gravado con la servidumbre que se reclama obstaculizada, así como de eventuales conflictos de deslindes o demarcaciones; razón por la cual se requiere, necesariamente, de otro proceso que sea acorde al desarrollo de prueba tendiente a determinar en forma indubitada el derecho que asiste a la recurrente, no siendo ésta la vía idónea al efecto, ya que este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de los mismos.

OCTAVO: Que, en esa misma línea, se refuerza que el presente remedio constitucional exhibe una naturaleza sumarísima y de urgencia, tutelar de derechos indubitados que en este caso no concurren y que deben ser declarados en una sede procesal diversa, según se ha dicho, por lo que al no haber podido dar por demostrados los presupuestos básicos o fundamentos de la acción deducida, incluida la convergencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida y supuestamente vulnerador de la tríada de derechos garantizados por el constituyente, se hace innecesario entrar al análisis detallado de estos últimos, al resultar forzosa la desestimación del presente arbitrio, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo previsto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha doce de noviembre de dos mil veinticinco, por don nombre reservado, en representación de Inversiones MPA Limitada, en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante, don Selim Julio Carrasco Lobo.

Rol N°: 270-2025. (Protección).-