nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 12 de marzo de 2021, comparece don nombre reservado, monitor nocturno, domiciliado en domicilio reservado, en lo principal de su presentación, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores “nombre reservado”, representado por su Director Nacional (s) Juan Ignacio Carmona Zúñiga y de doña nombre reservado, en su calidad de Directora de la Dirección Regional de Aysén del nombre reservado, quien representa al Servicio en la Región de Aysén, con domicilio en la ciudad de Coyhaique en Balmaceda 365 Coyhaique o por quien en derecho la represente, por cuanto estima que las recurridas han cometido una acción u omisión ilegal y arbitraria, que priva, perturba y amenaza sus garantías constitucionales resguardadas en el numeral 1, 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva, que se deje sin efecto la Resolución TRA N° 263/10/2021 de fecha 29 de enero de 2021 y se reincorpore al funcionario a su cargo, con costas.

El recurrente señala que el acto que lo agravia, consiste en la Resolución TRA N° 263/10/2021 de fecha 29 de enero de 2021, la cual le fuera notificada con fecha 12 de febrero de 2021, mediante la cual se declara vacante el cargo del recurrente por salud incompatible, desde que dicha resolución es ilegal y arbitraria.

Como antecedente expuso que es funcionario en el nombre reservado Dirección Regional de Aysén, desde el 28 de junio de 2018 en calidad de contrata asimilada a grado 20° escala única de sueldos de la planta de técnicos, dicha contratación se extendió hasta el 27 de septiembre de 2018 o mientras sus servicios fueran necesarios, dicha contrata se prorrogó bajo los mismos términos desde el 27 diciembre de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, y sucesivamente renovada para los años 2019, 2020, 2021. Siendo su última renovación la establecida Resolución Exenta RA N° 263/281/2021, que extendía su contrata hasta el 31 de diciembre de 2021.

Indica que el recurrente sufre la primera agresión grave en diciembre de 2018, cuando un joven lo atacó con un extintor y golpeó su cabeza, fue a la Mutual, en dicha oportunidad estuvo tres días con licencia médica por el golpe. Agrega que en febrero de 2019 hubo una riña entre los jóvenes, el funcionario era el único en el turno, por lo cual tuvo que intervenir en varias oportunidades para separarlos, se sentía muy angustiado y sin apoyo de su empleador, ya que era constantemente amedrentado e insultado por lo cual consultó a la Mutual en mayo de 2019 y se le otorga una licencia médica por 22 días a contar del 02 de mayo de 2019, la Mutual calificó como de origen común la patología de salud mental que presentó.

Precisa que retoma funciones en el mes de junio de 2019, iniciando un tratamiento, pero en el mes de julio vive otra grave agresión y producto del hecho anterior el funcionario sufrió un daño en su salud mental grave y desde esa fecha le otorgan licencia médica que la COMPÍN rechaza por cuanto son de origen laboral licencia N° RUT reservado, XRUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Refiere que con fecha 14 de enero de 2020, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-02801-2020 de Superintendencia de Seguridad Social, a propósito de la reclamación que realiza el recurrente de la calificación de la enfermedad realizada por la Mutual la Superintendencia resuelve “Acógese el reclamo de calificación de origen de enfermedad. Procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen laboral.”

El funcionario se mantuvo con licencia médica por su patología psiquiátrica hasta agosto de 2020, ya que en dicha fecha se le otorga el alta laboral con acompañamiento de la Mutual de seguridad de la cámara chilena de la construcción, se reincorpora a sus funciones sin ningún tipo de acompañamiento de dicha Mutual, sin ningún cambio de puesto de trabajo por parte del recurrido y nuevamente su salud mental se ve afectada y nuevamente se le otorgan licencias médicas condición que mantiene a la fecha de notificación de la resolución impugnada.

Precisa que el 30 de noviembre de 2020, se le notifica por parte de la Directora Regional de Aysén doña nombre reservado la prórroga de su contrata para el año 2021.

Indica que la Resolución Exenta N° 689 de fecha 24 de agosto de 2020 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN Región Aysén, resolvió que el recurrente presenta un estado de salud recuperable. Añade que sin embargo, con fecha 12 de febrero de 2021 se le notifica la Resolución TRA N°263/10/2021 de fecha 28 de enero de 2021, que declara vacante cargo por salud incompatible.

Aclara que la resolución que se impugna, se fundamenta en la facultad discrecional que le entrega la Ley 18.834 sobre estatuto Administrativo, al jefe de servicio en sus artículos 150 letra a) y 151, sin embargo ésta es arbitraria desde que no hace referencia a las licencias que se consideraron para el computo de los 180 días, pero por otro lado la Resolución Exenta N° 689 es de fecha 24 de agosto de 2020 de la COMPIN, señala que se emite el certificado a petición del empleador, que por consiguiente se consideraron solo licencias anteriores a dicha data y, como se señaló, de origen laboral por cuanto el alta médica de la Mutual es de fecha agosto de 2020, por tanto la resolución impugnada es claramente ilegal por cuanto infringe lo señalado en el artículo 151. Aclara que la recurrida no considera que la patología de salud mental que padece el funcionario es de origen laboral.

Fundamenta en este sentido, que el ejercicio de tal facultad supone necesariamente que el jefe del servicio debe indagar acerca de la situación particular que afecta al funcionario, requiriendo una exposición en orden a los motivos que explican una prolongada licencia médica y la documentación que la justifique, y en especial explicar por qué en el caso concreto la salud del funcionario es incompatible con el cargo, nada de ello ha ocurrido, pues la recurrida se ha limitado a aplicar únicamente un criterio matemático consistente en la sumatoria de los períodos sin señalar que licencias son o no de origen laboral, ya que el recurrente desde el año 2019 solo está afectado por una patología que afecta su salud mental de origen laboral, lo que no se condice con la disposición legal referida.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, indica que en primer lugar, el proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, al declararse vacante su cargo por salud incompatible. Añade que el actuar de la recurrida únicamente se basó en el tiempo de las licencias y no tuvo ningún otro antecedente respecto de su salud, lo que le ocasiona un perjuicio físico y psíquico, por cuanto la declaración de salud incompatible, por sí misma afectó de modo directo la salud psíquica del recurrente, que no tenía por qué ver en peligro su futuro económico y laboral por un acto que no respondió a una razón atendible.

Señala que, asimismo se afecta la igualdad ante la ley, consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ello porque en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que están en tratamiento médico con pronóstico de recuperable y con patologías de origen laboral.

Finalmente, expuso que se vulnera el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, desde que se ha privado al recurrente del legítimo derecho a mantener su contrata, que se extendía hasta el 31de diciembre de 2021 y la retribución económica que acarrea el ejercicio de éste, por una decisión arbitraria de la autoridad.

Con fecha 23 de marzo de 2021, nombre reservado Cristina Bel Araneda, abogada del Servicio Nacional de Menores con domicilio, en domicilio reservado, en representación de la recurrida doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén, informó respecto del recurso de protección, solicitando que éste se rechace en todas sus partes, señalando al efecto que se trata de un servicio público centralizado por lo que los procesos que atañen a personal como lo son la selección contratación, términos de contrata y desvinculaciones le competen en a la autoridad máxima de este servicio, teniendo a la vista siempre todos los antecedentes que fundamentan dicho acto jurídico. Añade que es así que la figura de la Directora Regional de nombre reservado, región de Aysén, carece de la potestad o facultades para contratar y/o desvincular a ningún funcionario/a ya sea a contrata, honorarios y/o planta. Lo anterior también lo señala el artículo 5 de la Ley Orgánica de nombre reservado.

Expuso que lo señalado anteriormente se encuentra en armonía, además, con el principio de legalidad consagrado en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme al cual, la entidad demandada no puede arrogarse facultades y competencias que no le han sido asignadas por ley, por lo que la acción deducida no debió dirigirse en contra doña nombre reservado en calidad de Directora Regional del Servicio Nacional de Menores, región de Aysén.

Con fecha 05 de abril de 2021, doña nombre reservado, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, informa el presente recurso de protección, solicitando su rechazo fundado en que existe una decisión de su autoridad, establecida por escrito, en la Resolución TRA N°263/10/2021 del Servicio Nacional de Menores, de 29 de enero de 2021, en ejercicio de una potestad pública, por lo cual formalmente la decisión de desvinculación cumple el concepto establecido en el artículo 3 de la Ley N°19.880.

Indica que si bien la autoridad se encuentra revestida de la facultar de poner término a los servicios del funcionario, a consecuencia de no ser necesarios sus servicios, atendida la precaria naturaleza del vínculo a contrata, también se encuentra facultada para declarar su cese por la causal de vacancia, como ha ocurrido en este caso, consignada en el artículo 146, letra c), en concordancia con el artículo 150, letra a), 151 y 152, del Estatuto Administrativo, esto es, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo.

Expuso que el recurrente hizo uso de 16 licencias médicas, las que solo corresponden a las de tipo 1, en el periodo que va entre marzo de 2018 y octubre de 2019, lo cual evidencia de que el estado de salud del ex funcionario no resultaba acorde al adecuado cumplimiento de sus funciones, ello incluso teniendo en consideración la posibilidad del todo razonable de una eventual licencia médica.

Precisa que ante ello, el Servicio determinó evaluar si esta situación de carácter reiterativo, podía importar que la salud del servidor señalado fuere irrecuperable, o bien, a pesar de ser recuperable, pudiera resultar inconciliable (incompatible) con las funciones para las que se encontraba contratado. Agrega que es así que la COMPIN, previa solicitud de pronunciamiento, por medio de la Resolución Exenta N°689/2020 de 24 de agosto de 2020, expidió dictamen respecto de la materia consultada por el nombre reservado, la que concluyó que se rechazaba la solicitud en atención a que el recurrente, presenta un estado de salud recuperable.

Indica que habiéndose cumplido con la primera medida, cual fue el pronunciamiento de la COMPIN, dado el alto número de licencias médicas del ex servidor por enfermedad común y la cantidad de días que importaron sus ausencias, con el subsiguiente perjuicio del Servicio, de no contar con un cargo de suma necesidad para los adecuados procesos de intervención que se efectúan como monitor nocturno, se procedió a la ponderación de todos estos antecedentes para adoptar la decisión de prescindir de los servicios del recurrente.

Precisa que se procedió a dictar el acto recurrido, en virtud del cual se declaró vacante el cargo por salud incompatible del recurrente. Añade que en consecuencia el recurrente cesó en su cargo por aplicación de la causal de cese consignada en el artículo 146, letra c) en relación a lo dispuesto por los artículos 150, letra a), 151 y 152 del Estatuto Administrativo, causal que se encuentra contenida en la ley conteniendo el acto de desvinculación fundamentos de hecho y derecho y siendo legalmente notificado, a fin de que el recurrente pudiese accionar, según estimase conveniente a sus derechos.

En cuanto al derecho, expuso que el artículo 151, inciso 1, del Estatuto Administrativo, establece que el jefe superior del Servicio, podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, respecto de un funcionario, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Precisa que en relación a lo anterior, la Contraloría General de la República, mediante sus dictámenes N°2743, 18.275, 8.178, 23.985 y 75.020, resolvió que para que los funcionarios afectos al Estatuto Administrativo y afiliados al sistema del Decreto Ley N°3500, cuya salud haya sido declarada irrecuperable por la competente COMPIN, tendrán derecho al pago íntegro de sus emolumentos, sin prestar servicios durante el periodo de seis meses que contempla el aludido artículo 152, es suficiente la sola emisión del pronunciamiento de ese órgano colegiado, notificado en la forma regulada en la preceptiva aplicable.

Aclara que en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esta causal.

Expuso que, en consecuencia, si bien el pronunciamiento de la COMPIN puede señalar que el estado de salud del funcionario es recuperable, ello no es óbice para determinar el cese funcionario, si la autoridad ponderando otros antecedentes, además de este trámite médico administrativo de rigor, estime que aun cuando el estado de salud sea recuperable, este resulta inconciliable con la función pública y labores específicas que se le ha encomendado cumplir, declarando por acto administrativo fundado el cese por vacancia por salud incompatible, lo que por lo demás así ha sido resuelto por la Contraloría General de la República.

Con fecha 14 de abril de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 16 de abril de 2021, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva.

PRIMERO: Que, primeramente, la recurrida, doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén, alega que el presente recurso dirigido en su contra debe ser rechazado, en atención a que la figura de Directora Regional de nombre reservado, región de Aysén, carece de la potestad o facultades para contratar y/o desvincular a ningún funcionario/a, ya sea a contrata, honorarios y o planta, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, el artículo 5 del Decreto Ley 2465, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su Ley Orgánica, en lo pertinente, dispone que: “Al Director Nacional le corresponderán las siguientes atribuciones: 12.- Dictar las resoluciones generales o particulares que fueren necesarias para el ejercicio de estas atribuciones.

Especialmente serán materia de resolución del Director Nacional los actos relativos al personal del Servicio, con excepción del nombramiento y remoción de los funcionarios de exclusiva confianza y libre designación del Presidente de la República, de las comisiones de servicios y de los demás actos relacionados con el personal que correspondan a los Directores Regionales dentro de su jurisdicción.”.

TERCERO: Que, en consecuencia, la alegación de la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén, será acogida por esta Corte, desde que efectivamente corresponde a la Dirección Nacional dictar los actos relativos al personal del Servicio, como lo es la desvinculación del recurrente, con excepción del nombramiento y remoción de los funcionarios de exclusiva confianza y libre designación del Presidente de la República, cuyo no es el caso, razón por la cual procede se rechace la presente acción dirigida en su contra, según se dirá en lo resolutivo del fallo.

En cuanto al fondo.

CUARTO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto ilegal o arbitrario en la Resolución TRA N° 263/10/2021, de fecha 29 de enero de 2021, la cual le fuera notificada con fecha 12 de febrero de 2021, mediante la cual se declara vacante el cargo del recurrente, don nombre reservado, por salud incompatible, desde que estima que dicha resolución es ilegal y arbitraria conculcándosele, de este modo, las garantías del artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, seguidamente, cabe señalar que, son antecedentes de la causa los siguientes:

1.- Que el recurrente, nombre reservado, dependiente del Servicio Nacional de Menores, presentó a su empleador, entre los años 2018 y 2020 diversas licencias médicas, debido a que sufría una enfermedad calificada como de origen laboral por la COMPIN y por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, al establecerse una relación de causa directa, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología.

2.- Con fecha 06 de agosto de 2020, la Dirección Nacional de nombre reservado, remitió a COMPIN Aysén, una solicitud de evaluación de los funcionarios que se indican, entre ellos el recurrente, que han hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos 2 años, a objeto de que se declarara la salud incompatible y/o irrecuperable con el cargo de los funcionarios que se individualizan, conforme a los artículos 146, 150, 151 y 152 de la Ley 18.834. En el caso particular del recurrente, se señaló, como antecedentes de las licencias médicas, que son tipo 1 “Enfermedad común”, para el total de días de licencias, se presentan aquellas generadas en el periodo que comprende desde 01 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2020, no obstante el funcionario podría presentar inclusive licencias anteriores al periodo señalado.

3.- Con fecha 24 de agosto de 2020, la COMPIN, mediante Resolución Exenta N°689/2020, emite pronunciamiento, a solicitud del Servicio Nacional de Menores, respecto a evaluación por salud irrecuperable, en relación a la condición funcionaria para continuar desempeñándose en la administración pública, de don nombre reservado, considerando para ello la afección que padece es de carácter transitorio, con procesos de calificación de origen pendientes, por lo tanto estima que no procede determinar que la citada patología compromete su desempeño laboral en forma permanente e irreversible; resolviendo, en consecuencia, rechazar la solicitud, estableciendo que el recurrente presenta un estado de salud recuperable.

4.- Con fecha 30 de noviembre de 2020, la Directora Regional de Aysén del Servicio Nacional de Menores, comunica a don nombre reservado, que se ha procedido a renovar su contrata a contar del 01 de enero de 2021.

5.- Mediante Resolución TRA N° 263/10/2021, de fecha 29 de enero de 2021, del Servicio Nacional de Menores, se declara vacante por salud incompatible el cargo del recurrente, don nombre reservado, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos último años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, sustentado en la siguiente consideración: “ efectuado un examen de ponderación de los antecedentes de hecho y el derecho aplicable, y desempeñándose el funcionario en un Centro de Administración Directa, ha sido posible establecer la configuración respecto del funcionario/a de la causal de cese de funciones por vacancia, a consecuencia de existir salud incompatible con el desempeño del cargo. Que, a este respecto, ha podido observarse que en atención a que el servidor/a ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses (180 días), dichos periodos de ausencia de las labores causan un impacto en el Servicio Nacional de Menores, que tiene según el mandato de su Ley Orgánica la obligación de promoción, protección, y restitución de los derechos de la infancia y adolescencia vulnerada en el ejercicio de los mismos, y a la reinserción de adolescentes que han infringido la Ley Penal. En este sentido, la ausencia prolongada de un servidor de sus funciones dificulta el cumplimiento de la función pública señalada, en atención a la necesidad de este Servicio de contar con personal con presencia constante para tender a la atención y satisfacción de las necesidades de la infancia y adolescencia. En este sentido, sin perjuicio de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), haya estimado como recuperable la salud del funcionario, se estima que éste no cuenta con salud compatible para el desempeño de su cargo, habida especial consideración las funciones que se encontraba llamado a desempeñar, en relación con los objetivos y fine del Servicio.”.

La referida Resolución fue notificada al recurrente con fecha 12 de febrero de 2021.

NOVENO: Que, al efecto se debe tener presente la siguiente normativa:

El artículo 115, del Estatuto Administrativo, en la parte que nos ocupa señala que: “El funcionario que se accidentare en actos de servicio o se enfermare a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones tendrá derecho a obtener la asistencia médica correspondiente hasta su total recuperación.

Se entenderá por accidente en acto de servicio toda lesión que el funcionario sufra a causa o con ocasión del trabajo, que le produzca la muerte o la incapacidad para el desempeño de sus labores, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente.

Se entenderá por enfermedad producida a consecuencia del desempeño de las funciones aquella que, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, tenga como causa directa el ejercicio de las funciones propias del empleo. Su existencia se comprobará con la sola exhibición de este dictamen.”

El artículo 150, del Estatuto Administrativo, dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.”.

Por su parte, el artículo 151 del mismo Estatuto, señala que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”.

DÉCIMO: Que, de los hechos asentados precedentemente, entonces se advierte a simple vista que el acto recurrido deviene en arbitrario, ya que de acuerdo a lo señalado en los artículos 150 y 151 antes transcrito, constituye una facultad para el jefe superior del servicio, declarar vacante un cargo por estimar la existencia de salud incompatible con el desempeño de un cargo, sustentado en la circunstancia de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, de modo que, a juicio de estos sentenciadores, la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de esta potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, lo que ocurre en la especie, toda vez que la resolución recurrida carece de la debida fundamentación, al no indicar con detalle ni precisión el número de licencias médicas ni el periodo respecto del cual el recurrente hizo uso de aquellas, limitándose el acto recurrido a consignar que ha podido observarse que el recurrente ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses (180 días) y que dichos periodos de ausencia de las labores causan un impacto en el Servicio Nacional de Menores.

UNDÉCIMO: Que, luego de un exhaustivo estudio de los antecedentes que se tuvieron a la vista, tal acto recurrido, constituye, además, un actuar ilegal por parte de la recurrida, Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, toda vez que el recurrente, nombre reservado, presentó a su empleador, entre los años 2018 y 2020 diversas licencias médicas, debido a que sufría una enfermedad calificada como de origen laboral tanto como por la COMPIN y por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en los términos definidos por el artículo 115 del Estatuto Administrativo, al establecerse una relación de causa directa, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología, de manera tal que las referidas licencias médicas otorgadas por enfermedad laboral, en el presente caso, no debían ser consideradas para el cómputo de licencias otorgadas en el periodo de seis meses en los últimos dos años, tal como refiere expresamente el inciso 2 del artículo 151 del mencionado Estatuto, y, en consecuencia, no procedía la declaración de vacancia por las causales de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, por lo que puede estimarse que la decisión recurrida surge contraria a la ley, precisamente al artículo 150 del Estatuto Administrativo, en este sentido.

DUODÉCIMO: Que, dilucidado lo anterior, esta Corte estima que la recurrida, Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores, ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, cuya decisión de declarar vacante por salud incompatible el cargo del recurrente, don nombre reservado, aparece como infundada y desmedida en relación a las licencias médicas extendidas por enfermedad de origen profesional que las motivan, de manera que esta actuación ha afectado el derecho a la integridad psíquica del recurrente, garantizado en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que en general tal desvinculación laboral conlleva lógica y naturalmente una afectación emocional en cualquier persona que pierde su trabajo, máxime si se considera su ya desmejorada salud síquica en este caso en particular, por lo que habrá de acogerse la presente acción constitucional.

Asimismo por dicho actuar se conculca en la especie la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo19 N°2, de la Constitución Política de la República, desde que se advierte en situaciones similares no se debería declarar la salud incompatible respecto de funcionarios que están en tratamiento médico con pronóstico de recuperable y con patologías de origen laboral, sin embargo al recurrente se le trató como enfermedad común en circunstancia que era profesional, estableciendo a su respecto un diferencia arbitraria.

Asimismo, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida amenaza el derecho fundamental de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que se ha privado al recurrente del legítimo derecho a mantener su contrata, la que fue renovada desde del 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y la retribución económica que acarrea el ejercicio de éste.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia habiéndose incurrido por la parte recurrida en un acto arbitrario e ilegal que amenaza a los recurrentes de las garantías constitucionales señaladas en los N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, se deberá acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá, solo respecto del Servicio Nacional de Menores “nombre reservado”, representado por su Director Nacional (s) Juan Ignacio Carmona Zúñiga.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

I.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno por don nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Menores “nombre reservado”, representado por su Director Nacional (s) Juan Ignacio Carmona Zúñiga, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución TRA N° 263/10/2021 de fecha 29 de enero de 2021 y se ordena que se reincorpore al funcionario nombre reservado a su cargo.

II.- Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno por don nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Directora de la Dirección Regional de Aysén del nombre reservado, por haberse acogido la alegación de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, no se condena en costas a la parte recurrida, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 27-2021 (Protección).