nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Coyhaique, a dieciséis de Junio del año dos mil once.

VISTOS:

De fojas, 48 a 60 comparece don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, Cédula de Identidad nombre reservado número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por sí y en representación de su hija nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado de la nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique, quien, mediante la dictación de las Resoluciones 505 y 506, ambas de fecha 13 de Mayo del año 2011, que rechazan sendos recursos de reconsideración interpuestos en contra de las Resoluciones Exentas números 86 y 87, ambas de fecha 26 de Enero del año 2011, las que, a su vez, deniegan la solicitud de residencia definitiva del recurrente y su hija; aduce, además, que las resoluciones recurridas comunican la obligación de abandonar el país dentro del plazo de 72 horas de notificadas, lo que estima el recurrente vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 números 2 y 4, de la Constitución Política de la República, esto es, la garantía de igualdad ante la ley y toda protección a la integridad familiar, respectivamente, solicitando en definitiva a esta Corte que restablezca el imperio del derecho, en el sentido de que sean acogidas sus solicitudes de visa temporaria, ya que cumplen con los requisitos legales y reglamentarios para ello.

De fojas 1 a 47, acompaña antecedentes fundantes de su recurso.

A fojas 63, se hace lugar a la solicitud de orden de no innovar, hasta que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte en la presente causa.

De fojas 87 a 95, don nombre reservado Provincial de Coyhaique, informa el recurso solicitando el rechazo del mismo, por actuar dentro de las facultades legales y reglamentarias que le facultan para ello.

A fojas 97, se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, por sí y en representación de su hija nombre reservado, presentó Recurso de Protección en contra de don nombre reservado de la nombre reservado, porque mediante la dictación de las Resoluciones 505 y 506, ambas de fecha 13 de Mayo del año 2011, que rechazaron sendos Recursos de Reconsideración, interpuestos en contra de las Resoluciones Exentas números 86 y 87, ambas de fecha 26 de Enero del año 2011, las que, a su vez, denegaron la solicitud de residencia definitiva del recurrente y su hija; y porque, además, la resoluciones recurridas comunican la obligación de abandonar el país dentro del plazo de 72 horas de notificadas, lo que estima el recurrente vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 números 2 y 4, de la Constitución Política de la República, esto es, las garantías de igualdad ante la ley y de toda protección a la integridad familiar, solicitando en definitiva a esta Corte, se restablezca el imperio del derecho, en el sentido de que sean acogidas sus solicitudes de visa temporaria, ya que cumplen con los requisitos legales y reglamentarios para ello.

Agregó, fundamentando su recurso, que nació en Colombia el 1 de Mayo del año 1971, permaneciendo en dicho país hasta el 12 de Mayo del año 2009, del que salió buscando nuevos horizontes dada la mala condición económica de sus país natal, ingresando a Chile el mismo 12 de mayo, en compañía de su señora nombre reservado, de 26 años, y su hija nombre reservado, de un año de edad a esa fecha, con visa de turistas, arribando a Santiago de Chile, donde estuvieron 45 días, fecha en la que se emplea con La Sociedad Comercial Barría y nombre reservado, cuyo representante era nombre reservado, con lo que obtuvo una visa de trabajo que tenía una duración de 1 año, desde el 7 de Septiembre del año 2009, al 7 de Septiembre del año 2010, desempeñándose casi durante todo ese tiempo en el Centro de Llamados e Internet, de su empleador, ubicado en domicilio reservado, de la ciudad de Coyhaique, renunciando el 12 de Julio del año 2010, porque decidió independizarse, instalando un nuevo Centro de Llamados e Internet, en domicilio reservado, arrendado por él al efecto, iniciando actividades en el Servicio de Impuestos Internos, el día 6 de Julio del año 2010, cuyo negocio empezó a funcionar el día 6 de Julio del año 2010; luego, dado el éxito de ese local, abrió otro en domicilio reservado, con ventas cercanas al $1.500.000.

El día 16 de Noviembre del año 2010, nace en Chile su segundo hijo, nombre reservado.

Que, por ello que con fecha 8 de Julio del año 2010, solicitó, ante la Gobernación de Coyhaique, residencia temporaria en calidad de inversionista de él y de su hija, Valery, acompañando toda la documentación exigida, lo cual fue resuelto con fecha 26 de Enero del año 2011, mediante Resolución Exenta número 86 y puesta en su conocimiento el día 28 del mismo mes y año, rechazándose tal solicitud ya que a juicio de la autoridad “no cumple suficientemente con los requisitos que la legislación de Extranjería establece para residir en Chile”, y que por los mismos motivos la rechaza respecto de su hija Valery.

Con fecha 1 de Febrero del año 2011, señaló el recurrente, interpuso Recurso de Reconsideración, respecto de la resolución que afectó tanto a su hija como a él, fundado en lo beneficioso de su permanencia para la sociedad chilena, atendido el hecho de ser ascendiente de un niño chileno; sin embargo, agregó, con fecha 13 de Mayo del año 2011, mediante la Resolución Exenta número 505, se rechazó su solicitud de reconsideración, basado en el artículo 138, inciso final, del Reglamento de Extranjería, por no cumplir los requisitos que habilitan para obtener la residencia solicitada, en atención a que registra antecedentes negativos, en su país de origen, por el delito de falsedad marcaria y ejercicio ilícito de actividades monopolísticas de arbitrio rentístico, es decir, se rechazó por razones de conveniencia o utilidad nacional. En ella también se indica la orden de abandonar voluntariamente el país dentro de las 72 horas siguientes, bajo decreto de expulsión.

Explicó esta parte, que el registro de antecedentes prontuariales que presenta en su país, lo es por vulneración al derecho de estanco respecto de la producción de alcoholes (artículo 312 del Código Penal de Colombia), siendo condenado a una pena de 3 años y cuatro meses de prisión, pena de simple delito, habiendo cumplido satisfactoriamente la pena.

Adicionalmente, agregó, que a su hija, mediante la Resolución Exenta número 506, se le rechazó la solicitud de reconsideración, en atención a lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento de Extranjería, por razones de conveniencia o utilidad nacional.

Ambas resoluciones, fueron notificadas por la Policía de Investigaciones con fecha 20 de Mayo del año 2011.

Por último, señala el recurrente, que cumple con los requisitos exigidos en el Decreto número 597, del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, no afectándole causal alguna de impedimentos de aquellos que comprende este cuerpo normativo, no estando dentro de las causales de expulsión que señala el referido Decreto, no obstante que reconoce que la autorización es facultativa de la autoridad, para la permanencia de extranjeros en Chile, pero ésta, argumentó, no ha de ejercerse arbitraria o ilegalmente, lo que estima ocurre en la dictación de las resoluciones recurridas, sin considerar criterios objetivos que justifiquen la decisión, sin que se haya considerado el hecho que tiene un hijo de nacionalidad Chilena. En el caso de su hija, ella puede estar hasta que cumpla 18 años en el país.

Alegó en estrado el apoderado de la recurrente, abogado don Lorenzo Darío Avilés Rubilar, quien reiteró los fundamentos y peticiones del recurso.

SEGUNDO: Que, de fojas 87 a 95, don nombre reservado Provincial de Coyhaique, informa el recurso solicitando el rechazo del mismo, por actuar el recurrido dentro de las facultades legales y reglamentarias.

Fundó su informe, en que con fecha 26 de Enero de este año, mediante Resolución Exenta número 86, de la Gobernación Provincial de Coyhaique, se rechazó la visación de residencia temporaria al recurrente, disponiendo el abandono del territorio nacional en el plazo de 72 horas, por registrar antecedentes negativos, específicamente, tres condenas criminales en su país de origen, según da cuenta el certificado del Consulado General de Colombia en Chile, de fecha 16 de Diciembre del año 2010, en el que registra 3 condenas criminales y 2 condenas por el delito de ejercicio ilícito de actividades monopolísticas de arbitrario rentístico, y una condena criminal por el delito de falsedad marcaría y ejercicio ilícito de actividades monopolísticas de arbitrario rentístico.

Por Resolución Exenta número 87, de la misma fecha y de la misma Gobernación Provincial, se rechazó la solicitud de visación de la hija del recurrente, quien la solicitó como dependiente de su padre.

A su vez, se rechazaron sendas solicitudes de reconsideración mediante la dictación de las Resoluciones Exentas números 505 y 506 de fecha 13 de Mayo del año 2011, de la Gobernación Provincial de Coyhaique, manteniéndose vigentes las Resoluciones Exentas números 86 y 87 de fecha 26 de Enero del año 2011, de la Gobernación Provincial de Coyhaique.

En cuanto a los requisitos de forma del recurso intentado por los recurrentes, solicita, en primer término el informante, que éste sea rechazado por motivos formales, específicamente, por ser la acción extemporánea, ya que los supuestos actos ilegales y arbitrarios, son las Resoluciones Exentas números 86 y 87 de fecha 26 de Enero del año 2011, las que fueron notificadas a los recurrentes el día 28 de Enero del año 2011, por lo que estima, que queda de manifiesto la extemporaneidad del recurso al deducirse la acción en exceso del plazo que dispone el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales para ello.

En cuanto al fondo de la acción constitucional intentada, señaló que los actos denunciados como ilegales y arbitrarios, no lo son, por haberse dictado los actos impugnados de conformidad a la legalidad vigente, específicamente de conformidad al artículo 13 del D.L. 1.094 del año 1975, Ley de Extranjería, que otorga la facultad discrecional al Ministerio del Interior para el otorgamiento de visaciones de permanencia definitiva de extranjeros, ateniéndose, en especial, a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y la reciprocidad internacional; que, a su vez, el artículo 178 del Reglamento de Extranjería, otorga al Jefe del Departamento de Extranjería la facultad de resolver las solicitudes de permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento, el que, a su vez, fija las disposiciones legales sobre Extranjería, las que serán aplicadas por el Gobernador Provincial, informando al Intendente de las acciones que ejecute, de conformidad al texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Además, aduce el recurrido, que existe causa legal expresa para denegar la solicitud de visación de residencia temporaria, de conformidad al artículo 138 del Reglamento de Extranjería, debiendo, de conformidad al artículo 67 del mismo Reglamento, fijar un plazo de 72 horas para que el solicitante extranjero haga abandono del país.

Todo ello, agregó el informante, con el mérito del certificado del Consulado General de Colombia en Chile, de fecha 16 de Diciembre del año 2010, en el cual constan tres condenas penales del solicitante, atendido el criterio invariable del Ministerio del Interior, se consideró, por este sólo hecho, que la residencia temporaria del solicitante no resulta útil ni conveniente.

Por último, hizo presente el recurrido, que el hecho de habérseles notificado las resoluciones que se impugnan como arbitrarias e ilegales, no conculcan la garantía constitucional de igualdad ante la ley, porque es criterio uniforme del Ministerio del Interior negar este tipo de visaciones a extranjeros que en su país de origen registren antecedentes penales, por lo que hay ausencia de arbitrariedad en este punto; y, en lo que respecta a la garantía del artículo 19 número 4, de la Constitución Política de la República, en el sentido que esta decisión de la autoridad atenta contra la cohesión e integridad familiar, nada obsta, a juicio del recurrido, que su grupo familiar acompañe al recurrente en su próximo destino geográfico, tal como lo fallaran recientemente los Tribunales Superiores de Justicia.

Se presentó en estrado, sosteniendo el informe del recurrido, la abogada, doña Astrid Vlna Fariña, en base a sus propios fundamentos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil-, o arbitrario -o sea, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo señalado en los dos motivos precedentes, debe atenderse, primeramente, al análisis de los requisitos de forma del recurso intentado por don nombre reservado, por sí y en representación de su hija nombre reservado, de conformidad a las normas dadas por el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. Al respecto, se tiene que el recurrente dedujo la acción constitucional de protección, según el texto de su libelo, en contra de las Resoluciones números 505 y 506, ambas de fecha 13 de Mayo del año 2011, las que rechazan sendos Recursos de Reconsideración en contra de las Resoluciones Exentas números 86 y 87, ambas de fecha 26 de Enero del año 2011, las que, a su vez, rechazan la solicitud de residencia temporaria del recurrente y su hija, y que comunican, además, la obligación de abandonar el país dentro del plazo de 72 horas de notificadas ambas resoluciones.

En relación a lo anterior, el recurrido señaló que los supuestos actos ilegales y arbitrarios lo constituirían las resoluciones exentas números 86 y 87 de fecha 26 de Enero del año 2011, las que fueron notificadas a los recurrentes el día 28 de Enero del año 2011, y no las Resoluciones Exentas números 505 y 506, de fecha 13 de Mayo del año 2011, por lo que estimó que resulta de manifiesto la extemporaneidad del recurso, al deducirse la acción constitucional en exceso del plazo que disponía el recurrente para ello, de conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

SEXTO: Que, las resoluciones que el recurrente estima ilegales y arbitrarias, son las Resoluciones Exentas números 505 y 506, ambas de fecha 13 de Mayo del año 2011, tal como lo señala en su libelo que contiene su recurso de protección, escrito de fojas 48 a 60, que son las resoluciones que rechazan los recursos de reconsideración deducidos, a su vez, en contra de las Resoluciones Exentas números 86 y 87, que deniegan la solicitud de visación temporaria del recurrente y su hija, dictadas, ambas, con fecha 26 de Enero del año 2011 y notificadas al actor, conforme dan cuenta las actas de notificaciones rolantes a fojas 18 y 20 de autos, el día 28 de Enero del año 2011.

SÉPTIMO: Que, el número 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone, “1°. El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Considerando que el plazo de treinta días corridos para deducir la acción constitucional de protección está determinado de manera precisa y acotada, en la forma reseñada en el Auto Acordado referido y transcrito en el párrafo anterior, es que siendo éste de carácter objetivo, en donde el recurso intentado persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y especial de toda persona un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal, justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales que, en el caso especifico, lo es desde la notificación de las Resoluciones Exentas números 86 y 87, de fecha 26 de Enero del año 2011, esto es desde el día 28 de Enero del año 2011, fecha, ésta última, en la que el recurrente tomó real y total conocimiento del acto agraviante, tanto de él como a su hija menor, esto es, el rechazo de su solicitud de visación temporaria y la comunicación de hacer abandono del país dentro del plazo de 72 horas, el que fue objeto de reconsideración ante la misma autoridad que lo dictó, pero que en caso alguno suspende el plazo de treinta días corridos para deducir esta acción constitucional, por lo que considerando que son las Resoluciones Exentas números 86 y 87, las que disponen el acto que provoca el agravio final que denuncia el recurrente, se tiene que el plazo antes referido, de 30 días corridos contados desde la notificación de las resoluciones recién mencionadas, esto es, desde el 28 de Enero del año 2011, hasta el día 24 de Mayo del año 2011, fecha esta última de interposición del recurso, ha transcurrido con creces el plazo fatal y perentorio para la interposición de este recurso.

OCTAVO: Que, atendido lo razonado en los motivos anteriores, resulta del todo innecesario pronunciarse sobre los aspectos de fondo del recurso deducido por don nombre reservado, por sí y en representación de su hija nombre reservado, en contra de don nombre reservado de la nombre reservado.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA, por extemporáneo, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y en representación de su hija nombre reservado, en contra de don nombre reservado de la nombre reservado.

Redactado por el Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 27-2011.- PRONUNCIADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE TITULAR DON nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON SERGIO FERNANDO MORA VALLEJOS, Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.