nombre reservado con INMOBILIARIA GRAN BAKER LIMITADA

Coyhaique, veintiocho de Julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 14 de Junio de 2021, comparece don Sergio Esteban Navarrete Pradenas, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Inmobiliaria Gran Baker Limitada, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, por habérsele vulnerado las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando que la acción de la recurrida consistente en la construcción de un cerco en el deslinde Norte del predio de su representado, denominado Lote B, es ilegal y arbitraria, ordenando a la recurrida cesar inmediatamente esas labores y retirar – a su costa – los cercos ya construidos, restableciendo así el imperio del derecho hasta la determinación de esos deslindes como en derecho corresponde, con costas en caso de oposición.

Con fecha 17 de Junio de 2021, se declaró la admisibilidad del recurso planteado.

Con fecha 2 de Julio de 2021, se agregó el informe evacuado por don Helmuth Ricardo Vargas Rosa, en representación de la recurrida Inmobiliaria Gran Baker Limitada.

Con fecha 23 de Julio de 2021, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 26 de julio de 2021, compareciendo vía telemática mediante plataforma Zoom, el recurrente representado por el abogado Rafael Eduardo Durán Sanhueza y por la recurrida Inmobiliaria Gran Baker Limitada, el abogado Helmuth Ricardo Vargas Rosa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente don nombre reservado, en lo sustancial y en lo relativo al acto que lo agravia, manifestó, en síntesis, que el día 21 de mayo del año en curso, tomó contacto telefónico con el representante de la recurrida, quien le indicó que había comenzado a construir cercos y cierres perimetrales al sur de su inmueble, afectando con ello su propiedad, ya que es dueño del referido bien raíz, ubicado en Puerto Bertrand, comuna de Chile Chico, Provincia de General Carrera, individualizado como Lote B en el plano de subdivisión y minuta de deslindes que se agregaron al final de ese Registro con el número 157, de una superficie de 30,15 hectáreas, que deslinda por el NORTE con nombre reservado, separado por faja; ESTE, nombre reservado, separado por faja; SUR, camino público de Cochrane a Coyhaique; y OESTE, camino público de Cochrane a Coyhaique. Adquirido conforme a las normas sobre saneamiento de títulos del Decreto Ley 2695 y su Reglamento. La propiedad se encuentra inscrita a fojas 172 vuelta N° 167, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico del año 2002.

Señala que su propiedad colinda por el Norte con el inmueble de dominio de la recurrida, denominado Lote B-2, de una superficie de 243,12 hectáreas y los siguientes deslindes; NORTE, nombre reservado, en línea recta, separado por cercos; ESTE, Lote B-1, de Rubén Beye, en línea recta; SUR, Camino público o Carretera Austral de Cochrane a Puerto Bertrand y nombre reservado, separado por faja; y OESTE, Camino público o Carretera Austral de Puerto Bertrand a Puerto Guadal. La propiedad se encuentra inscrita, a mayor cabida, a fojas 237 vuelta con el N° 155, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico del año 2015.

Alega el recurrente que, consta en los títulos antes señalados que su predio y el Lote B-2, de propiedad de la recurrida, están separados por una faja, es decir, el límite en terreno no ha sido marcado ni estacado. Tampoco existen cercos divisorios ni cierres perimetrales en el sector.

Manifiesta que, a mediados de Mayo del presente año, una empleada del recurrente y residente en el sector, le comenta el desarrollo de trabajos en el inmueble de la recurrida, consistente en el levantamiento de cercos. Luego, la misma trabajadora del recurrente, le indicó que el cerco lo estaba construyendo un vecino del sector llamado nombre reservado.

Reitera que el 21 de mayo pasado, mediante comunicación telefónica con don nombre reservado, éste indicó que efectivamente construían un cerco en el sector y que el trazado que estaban siguiendo era el que ellos estimaban correcto, según la proyección del cierre de un potrero ubicado dentro del predio del recurrente, utilizando ese cerco antiguo, que nunca fue el divisorio entre los inmuebles, por lo cual, la recurrida ha ingresado a su predio, modificando, marcando en terreno y cercando ese supuesto límite predial, sin el consentimiento de don nombre reservado y sin respetar el verdadero trazado del mismo.

En consecuencia, estima que, la ilegalidad de la actuación de la recurrida está dada al contrariar lo dispuesto en los artículos 582 y 842 del Código Civil y lo establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Por su parte, la arbitrariedad se encuentra en la falta de racionalidad de la actuación, pues consisten simplemente en la manifestación de la voluntad caprichosa de aquélla, al decidir de manera unilateral y sin consultar al colindante, la construcción de un cerco, y sin sujetarse a procedimiento contradictorio alguno.

Agrega que, la actuación de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, pues, la recurrida actuó por sí y ante sí, convirtiéndose en juez y parte, al resolver motu propio construir cercos, sin respetar los límites establecidos en los títulos de ambos inmuebles.

Añade que recientemente la Corte Suprema reitera la proscripción de la autotutela en nuestro ordenamiento, reafirmando la obligación de los particulares de someterse al tribunal naturalmente competente para conocer de sus conflictos.

Señala que, además, resulta conculcado su derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto, valiéndose de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y doctrina, la recurrida ha violado y perturbado su derecho de propiedad sobre el inmueble ya singularizado, al alterar unilateralmente sus deslindes, reduciendo de esa manera la cabida de éste.

Finalmente manifiesta que, atendido lo dispuesto en la Ley N° 21.226, particularmente en el artículo 6° de dicho cuerpo legal, no existe actualmente otra vía idónea y más eficaz para requerir el restablecimiento del derecho y procurar evitar las consecuencias derivadas de la actuación ilegítima de la recurrida, con la urgencia y rapidez que esta vía de emergencia constitucional proporciona.

SEGUNDO: Que, con fecha 2 de Julio de 2021, don Helmuth Ricardo Vargas Rosa, en representación de la recurrida Inmobiliaria Gran Baker Limitada, comparece informando el recurso y, solicita que sea rechazado en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos planteados, con costas.

Esgrime que, el presente recurso es excepcional, no es un recurso ordinario, existiendo otros tribunales y procedimientos aptos para que el recurrente ventile los hechos y el derecho que reclama.

Señala además que las afirmaciones no son ciertas ni se encuentran probadas, requiriéndose de un juicio de lato conocimiento o al menos una acción posesoria, todas materias de un Juzgado de primera instancia con competencia en materia civil.

En subsidio, alega que, no se acompaña ningún antecedente o prueba concreta que respalde las afirmaciones del recurrente.

Agrega que, la recurrida puede acreditar que con fecha 16 de Septiembre del año 2015, adquirió el predio mediante escritura pública de tal fecha ante el Notario de Santiago don nombre reservado, a la Comercial e Inmobiliaria Dusseldorf Limitada, la cual ya tenía loteado el terreno e incluso había vendido una de las parcelas de éste a un tercero. El título se inscribió a fojas 237 vuelta, número 155 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Chile Chico.

Alega que, el plano del loteo fue aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero –SAG- oficina de Chile Chico , con fecha 27 de febrero del año 2003, lo que se acredita con el atestado respectivo y certificado número CH-cero siete – dos mil tres y Certificado de Asignación de Roles de Avalúos en Trámite dos tres seis ocho nueve cuatro/ dos mil tres de la Comuna de Chile Chico ,Unidad de Coyhaique de fecha dos de abril del 2003 , del Servicio de Impuestos Internos XI Dirección Regional Coyhaique , Departamento Regional de Avaluaciones , plano protocolizado a su vez bajo el número 30 de la Notaría y Conservador de Chile Chico y agregado al final del Protocolo a su cargo correspondiente al Segundo Bimestre del año 2003, de todo lo cual consta además al margen de la inscripción de dominio del inmueble propiedad de la recurrida.

Finalmente señala que, en el deslinde del predio de la recurrida con el predio del recurrente se observa en dicho plano una línea recta, la cual jamás ha sido sobrepasada por su defendida, por lo que mal pudo cercarse sobre terreno ajeno.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinado a amparar las garantías constitucionales de quien, por causa de actos y omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de derechos prexistentes e indiscutidos, a través de la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que el actor recurre de protección en contra de la eventual construcción de cercos y cierres perimetrales al sur del inmueble que adjudica a la recurrida, la cual se habría efectuado dentro de los límites de su propiedad, sin su autorización, afectando de este modo, las garantías consagradas en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se declare que, la acción de la recurrida es ilegal y arbitraria, ordenando cesar inmediatamente esas labores y retirar – a su costa – los cercos ya construidos, con costas en caso de oposición.

QUINTO: Que, como cuestión previa, es necesario señalar que el recurso de protección posee una naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de carácter excepcional orientado a la realización de la justicia en forma pragmática y efectiva. Siendo así, una herramienta que no tiene por objeto obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia o inexistencia del derecho invocado por el actor, cuestión que sólo puede ser establecida en un juicio de lato conocimiento, limitándose su ejercicio a la protección provisional de derechos indubitados o de apariencia fuerte, evitando que la ritualidad y el formalismo de un juicio, prive de la debida protección a los derechos que se pretende resguardar.

SEXTO: Que, para acoger el presente recurso de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, cuestión que en el caso de marras no se verifica, toda vez que, el derecho del recurrente, cuya protección pretende a través de esta vía, no tiene el carácter de indubitado.

Que, en efecto, el actor sostiene que la actuación recurrida, consistente en el levantamiento de cercos y cierres perimetrales, sin su autorización y sin respetar los límites establecidos en los títulos y en los planos respectivos, alteró los deslindes de su predio, vulnerando así, la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, puesto que redujo la cabida del mismo.

Que, según lo expuesto por las partes en sus libelos respectivos, es un hecho pacifico la condición de inmuebles colindantes que presentan los predios de la recurrente y recurrida, en su límite norte y sur respectivamente, controvirtiendo la recurrida las demás alegaciones del contendor, al negar que ha invadido un centímetro de las 30,15 hectáreas que aduce tener el actor, afirmando en cambio, que en el plano se observa una línea recta, correspondiente al deslinde entre ambos predios, la cual jamás ha sido sobrepasada por la recurrida, de modo que existiendo una controversia y consecuencialmente no advirtiéndose un derecho indubitado y prístino, el recurso no puede prosperar.

SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, radicando los hechos esgrimidos por las partes, en conflictos relacionados con el derecho de dominio y cabida de los inmuebles en cuestión, necesariamente han de ser discutidos en sede ordinaria a través del ejercicio de las acciones legales pertinentes de lato conocimiento, y no mediante la vía cautelar del recurso de protección, el cual como se señaló, no posee una naturaleza de carácter declarativo, por lo que dicha controversia excede el margen de conocimiento del presente arbitrio constitucional, pues, a mayor abundamiento, el presente arbitrio no puede servir para remplazar acciones y procedimiento ordinarios donde puede debatirse con latitud el fondo del asunto.

OCTAVO: Que, de la lectura del libelo pretensor se desprende, además, que el recurrente le imputa a la contraria el ilegítimo ejercicio de autotutela, debiendo entenderse por tal, toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado status quo, afectando las relaciones jurídicas ya determinadas y que se desarrollaban sobre estas bases de facto. Quien practica el auto tutelaje, normalmente pretende obtener un beneficio o provecho, tomando la justicia por mano propia, haciendo caso omiso a lo prescrito por los principios de un Estado de Derecho, consistente en recurrir a los Tribunales de Justicia a fin de restablecer su imperio, y consecuentemente, dirimir el asunto discutido y hallar la sanción aplicable.

NOVENO: Que, en este sentido, el recurrente estima que, la recurrida ha actuado por sí y ante sí, convirtiéndose en juez y parte, al resolver motu propio – y sin consultar con el recurrente – construir cercos y decidir por su sola voluntad cual será el trazado del mismo, sin respetar los límites establecidos en los títulos de ambos inmuebles, por lo que en la especie, la recurrida debió haberse sometido al tribunal naturalmente competente para conocer de sus conflictos y así determinar los deslindes entre los predios y posteriormente a la construcción del cerco divisorio.

DÉCIMO: Que, habiendo sido controvertidos los dichos del recurrente, ha sido carga de éste acreditar la efectividad de los hechos que constituyen el acto arbitrario e ilegal, lo que no ocurrió, ya que los antecedentes acompañados resultan insuficientes para determinar si la recurrida alteró las relaciones jurídicas ya determinadas, que se desarrollaban sobre un determinado status quo.

UNDÉCIMO: Que, como conclusión de los considerandos anteriores, se colige que no estamos frente a un derecho indubitado y prexistente del recurrente, pues entre éste y la recurrida existe un conflicto jurídico que excede las fronteras del presente arbitrio, atendido el carácter cautelar, excepcional, breve y de emergencia del recurso de protección, el cual además, no reúne los requisitos del debido proceso para este tipo de asuntos, debiendo ocuparse de ella la justicia ordinaria y sus distintas etapas procesales, las cuales a través de la discusión, prueba y sentencia, permite a las partes agotar cada instancia conforme un procedimiento racional y justo de lato conocimiento.

Por consiguiente, viéndose el presente litigio excedido en su margen de conocimiento, y no pudiendo constatarse si efectivamente se ha producido una privación, perturbación o amenaza a las garantías fundamentales del recurrente, cuyo amparo pretendía, el presente recurso no puede prosperar y deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, mérito de autos y lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE NIEGA LUGAR al recurso de protección deducido por don Sergio Esteban Navarrete Pradenas, en beneficio de don nombre reservado, en contra de Inmobiliaria Gran Baker Limitada, representada por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministra Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y su acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N°: 267-2021.