nombre reservado con SECCIÓN DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°262-2024, en lo principal de la presentación de fecha 16 de noviembre de 2024, comparece don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en representación de don nombre reservado, Run N° RUT reservado, Prefecto Inspector (R), domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa de la Prefecto General doña nombre reservado, Jefa de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva que, “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza desde el ingreso a la institución, que en el caso de don nombre reservado, corresponde al periodo servido y no pagado íntegramente comprendido en las siguientes zonas Puerto Aysén, Coyhaique y Coquimbo.” (SIC)

Con fecha 11 de febrero de 2025, doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 15 de febrero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a su vista el día 18 del mismo mes y año, contando únicamente con el alegato de don nombre reservado, en nombre del recurrente, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso señalando que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 19 de febrero de 1986, y se acogió a retiro el 30 de mayo de 2021, ostentando actualmente el cargo de Prefecto Inspector, grado 1° con naturaleza emérita.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 40% en Arica, 15% en Temuco, y 105%, en el caso de Coyhaique.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la P.D.I. informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se cancelaría de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 2 de Julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del ente contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al requerimiento de la P.D.I. mediante el Dictamen N° E98928 / 2021, que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos dictados en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos destinados a pagar dicha remuneración; no obstante, ese pago se haría solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente” como elemento decisivo para la fijación de los pagos, cancelando sólo el período que va desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, aduce que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y el recurrente tiene sobre ésta un derecho de dominio.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, de forma previa el representante de la entidad recurrida se refiere a las alegaciones del recurrente y, luego de abordar la naturaleza de la asignación de grado efectivo, expresa que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijaría de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Manifiesta que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulada en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Por otro lado, refiere que respecto del recurrente, no se efectuó pago alguno, por cuanto, se encuentra en retiro desde el 30 de mayo de 2021.

Finalmente, manifiesta que no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, desde que ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios que tengan derecho al beneficio, de conformidad a lo dictaminado por la Contraloría General de la República, lo que en el caso del recurrente, no corresponde.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo del pago íntegro de la asignación de zona a que tuvo derecho mientras permaneció en esta región, por no haber considerado en su base de cálculo la asignación de especialidad del grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de aquélla, que tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a fin de abordar apropiadamente el asunto que es materia de conocimiento por esta Corte, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 19 de febrero de 1986, y se acogió a retiro con fecha 30 de mayo de 2021.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019, de la JENAPERS, se informó al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona para quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N° 285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarían pagándose, utilizando la base de cálculo original, ello hasta tener por recibida la respuesta del ente contralor, en la que se requirió un pronunciamiento respecto a la base de cálculo, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I. evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo, que actualmente recibía el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio.

5.- Que, cumplió funciones en la BICRIM Puerto Aysén de la Región Policial del Gral. Carlos Ibáñez del Campo, desde el 9 de marzo de 2007 al 16 de diciembre de 2012.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competían para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, pues al haber estimado no poseer efecto retroactivo ha incurrido en una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, toda vez que dicha fecha de pronunciamiento no representa la del nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución enmarcada dentro de la potestad meramente consultiva ejercida sobre esta materia.

DÉCIMO: Que, consecuente con ello, estos sentenciadores estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile en su Sección de Remuneraciones, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la que se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación, que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor deje de percibir durante todo este tiempo parte de sus emolumentos por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la conculcación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Carta Fundamental, esto es, de su derecho de propiedad, al impedir el ingreso de los mismos a su patrimonio.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación a la igualdad ante la ley a que tiene derecho el recurrente, reconocida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues se le ha discriminado de forma arbitraria en relación a los demás funcionarios de la misma entidad policial, quienes en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación en forma íntegra.

Lo anterior ha de considerarse, en todo caso, limitado al período de permanencia del recurrente en el territorio jurisdiccional de esta Corte, conforme a lo determinado en el punto 5 del motivo séptimo, sin perjuicio, además, de las alegaciones de fondo que pudieran ser planteadas y resueltas en el procedimiento administrativo de cálculo o liquidación de la mentada asignación.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Policía de Investigaciones en un actuar arbitrario e ilegal, que ha privado al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, organismo que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago íntegro de las sumas adeudadas al recurrente, respecto del período que va desde el 9 de marzo de 2007 al 16 de diciembre de 2012, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Sra. Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol 262-2024 (Protección).