nombre reservado con FUNDACIÓN EDUCACIONAL MATER DEI

Coyhaique, a cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°261-2025, el 4 de noviembre del presente año, comparecen don Carlos Alberto Palma Guerra y don Sergio Andrés Palma Palma, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra del COLEGIO MATER DEI de COYHAIQUE, representado legalmente por doña nombre reservado o por quien corresponda, ambos domiciliados para estos efectos en las dependencias del establecimiento, ubicadas en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal notificado con fecha 8 de octubre de 2025, que ha significado su expulsión del establecimiento, lo que vulnera, priva y perturba las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°10, 2, 4 y 3, de la Constitución Política de la República, pidiendo, en lo medular: “…Restablecer el imperio del derecho, ordenando al Colegio Mater Dei la reincorporación definitiva de mi representado, instruyéndole a aplicar, en su lugar, una medida disciplinaria que sea legal, proporcional, formativa y no expulsiva, en conformidad a su propio Reglamento Interno.

Condenar en costas a la recurrida en caso de oposición.”.

Con fecha 17 de noviembre de 2025, José Alejandro Huerta Estrada, abogado, por la recurrida, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción, por las razones invocadas.

El 1 de diciembre de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediendo a la vista del recurso el 3 del mismo mes y anualidad, en la cual alegaron el letrado, don Carlos Alberto Palma Guerra, por el recurrente, y el abogado, don Andrés Marcelo Pincheira Stambuk, por la recurrida, tras lo cual la presente causa quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso, en que con fecha 4 de septiembre de 2025, el recurrente fue citado a comparecer ante el psicólogo del establecimiento, Sr. nombre reservado. Al ingresar a la oficina, constató que no se trataba de una conversación formativa, sino de un interrogatorio en toda regla, encontrándose presente además otra profesional del colegio. Añade que, el alumno se encontraba solo, sin la presencia de sus apoderados y sin defensa ni asesoría de ningún tipo.

Refiere que, en dicha instancia, el personal del colegio lo confrontó y le "enrostró" unas fotografías, imputándole directamente su supuesta modificación mediante el uso de inteligencia artificial. El nivel de presión e intimidación ejercido por las dos figuras de autoridad contra un solo alumno fue de tal magnitud, que el alumno comenzó a sentirse físicamente mal, reportando sentirse "muy mareado por la situación y la presión del psicólogo y la orientadora". Fue en ese contexto de sometimiento ilegítimo, coerción psicológica y evidente vulnerabilidad física, que se le instó a declarar y firmar un documento reconociendo ciertos hechos. Afirma que dicha "confesión", obtenida bajo estas circunstancias, ha viciado desde su origen todo el procedimiento posterior.

Expone que, una vez que sus padres llegaron al establecimiento, se les comunicó que el alumno sería suspendido. El colegio afirmó que iniciaría una "supuesta investigación" para esclarecer los hechos; sin embargo, dicho proceso investigativo se llevó a cabo en la más absoluta indefensión, pues ni él ni sus apoderados tuvieron jamás la oportunidad real y formal de presentar descargos fundados, de acceder al expediente, de controvertir la prueba obtenida de manera irregular o de presentar material probatorio que acreditara su versión de los hechos, ya que fue un procedimiento unilateral, inquisitivo y carente de toda contradictoriedad.

Indica que, al finalizar esta "investigación" unilateral, el colegio comunicó a la familia la sanción de expulsión. Añade que, de manera extraordinariamente grave y que demuestra la mala fe de la recurrida, junto con la comunicación de la sanción, el establecimiento sugirió una "alternativa" completamente ilegal: que los apoderados consiguieran y presentaran licencias médicas fraudulentas para justificar la ausencia de Nicolás por el resto del año. Con ello, el colegio podría "cerrarle el año" administrativamente, evitando así la notificación formal de la expulsión y el eventual escrutinio legal de su actuar irregular.

Refiere que, habiendo apelado formalmente a la última instancia interna del establecimiento, la sanción de expulsión fue ratificada con fecha 8 de octubre de 2025, consumándose el acto ilegal y arbitrario que se recurre por esta vía, a solo unas semanas de que el alumno egresara de Cuarto Año Medio, viendo truncado su derecho a la educación.

Aclara que las omisiones se imputan al colegio Mater Dei, a nombre reservado o a quien corresponda, según el artículo 15 del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, por haber debido procurar que al alumno se le garantizara el debido proceso, velando porque en el proceso de la aplicación de la Ley Aula Segura se observaran las normas contenidas en la Ley N°21.128 y por la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (en adelante RICE).

En cuanto a las garantías que han sido conculcadas en este proceso, indica que se ha vulnerado la de no ser juzgado por comisiones especiales, consagrada en el artículo 19 numeral 3° inciso 5° de la Constitución Política de la República, por cuanto la Rectora del Colegio se convirtió en una Comisión Especial que sancionó al menor sin un debido proceso, al no oírlo ni adoptar a su respecto medidas pedagógicas, formativas o de acompañamiento, con doble sanción (suspensión y expulsión), sin considerar atenuantes y por un cúmulo de hechos de los cuales se desconoce su culpabilidad, habiendo sólo entregado a los padres una “notificación” en que se les informó de la medida, en la que se concluyó que su hijo con sus acciones y actos “atentó la integridad física y psíquica de los integrantes de la comunidad educativa”.

Igualmente, señala que se vulnera la igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2 del mismo artículo 19, desde que no ha habido un trato igualitario en la forma de abordar esta situación. Especifica que en el marco de la supuesta investigación solo se ha tenido en cuenta la versión de la, en ese entonces, denunciante, quien pudo aportar material probatorio y tener un acompañamiento conforme al RICE, en cambio, el alumno recurrente, siendo también parte de la comunidad educativa, tuvo un trato cual paria, gozando de una presunción de culpabilidad pues desde el minuto 0 se le trató como tal, lo que se tradujo desde mantenerlo retenido en un baño del establecimiento hasta no poder aportar sus descargos en la investigación, lo que evidencia que no ha habido igualdad procesal ni material.

Expone que, por otra parte, se vulnera el derecho de propiedad sobre los derechos establecidos en la Ley N°21.128 a favor de los estudiantes, reconocido por el número 24 del mismo precepto citado, ya que un racional y justo procedimiento implica necesariamente que ambas partes, en igualdad de condiciones, tengan acceso a las probanzas que se han rendido, mientras en el caso sublite, en contra del recurrente, los que forman parte de la carpeta de investigación para poder trabajar en la desacreditación de las mismas no han estado disponibles, siendo esa precisamente la finalidad del derecho a presentar pruebas. Si no se sabe de qué se acusa se vulnera, además, el principio de bilateralidad y el de contradictoriedad, ambos que deben dejar en situación de poder acreditar la inocencia del recurrente.

Refiere que, la protección constitucional de la honra, de la mano de la integridad psíquica, recogidas en los numerales 4 y 1 de idéntico artículo constitucional, no se refiere a la valoración que cada persona tiene de sí misma, sino que a la valoración que, objetivamente, ella merece dentro del conglomerado social en que se desenvuelve el proceso, que en este caso fue llevado con poco manejo de la situación por parte del establecimiento educacional recurrido a través de las autoridades a cargo. Acota que se advierte una nula disposición por generar una instancia de exámenes libres u otro mecanismo legal que permita al alumno finalizar sus estudios de educación media, considerando que se encuentra en Cuarto Medio, a menos de dos meses de concluir su ciclo académico, optando el establecimiento educacional recurrido por la decisión más dura y radical, sin asumir el rol orientador y educativo que le es propio, sobre todo teniendo presente, como se señaló, que el recurrente ha sido un alumno de buen rendimiento académico y extraprogramático previo a esta situación, considerando, además, que el recurrente presentó formalmente carta de disculpas a sus compañeros de clases y a las afectadas.

Expone que, el acto de expulsión es ilegal y arbitrario, porque sanciona al alumno sin haberlo oído como en derecho corresponde, sin adoptar medidas previas pedagógicas, formativas, de acompañamiento, que están situadas en el referido Reglamento, reiterando que se le sancionó dos veces por el mismo hecho y no se consideraron a su respecto las atenuantes existentes, ponderando además que nunca antes tuvo un mal comportamiento de la misma entidad por el que ha sido sancionado y que no hubo gradualidad alguna en la aplicación de la sanción, adoptándose en cambio la más desproporcionada y gravosa.

Finalmente, precisa aún más que, es así como se ha vulnerado el derecho a la integridad psíquica del menor, contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, por la vía de la perturbación, ya que actualmente se encuentra sujeto a la indescriptible presión de saber que no seguirá en el Colegio, lo que le ha sumido en un estado de desaliento, desánimo, dolor y afectación espiritual, atendido que no fue oído y a pesar que pidió disculpas, tras lo cual igualmente fue suspendido y luego expulsado, a menos de dos meses del término del año escolar, unido ello a la incertidumbre sobre su futuro escolar y a lo gravosa de la medida aplicada, que lo alejará de sus compañeros con quienes ha compartido, así como la necesidad de enfrentar la posibilidad inminente de ingresar a un colegio distinto al que ha pertenecido, tener que “adaptarse” a algo nuevo, generando en él miedo y angustia al sacarlo abruptamente de su rutina escolar, lo que evidentemente afectará su preparación para la PAES y, en definitiva, para su futuro. Adicionalmente, y como producto de la investigación penal que se inició por cuerda separada al proceso sancionatorio del Colegio, aduce que se ha puesto en efecto una medida cautelar restrictiva, que impide al recurrente acercarse a una de las víctimas, puntualmente a aquella alumna menor de edad, según lo ordenado por el Juzgado de Familia de Coyhaique.

SEGUNDO: Que, por su parte, la recurrida hace presente en su informe, que el recurrente, mayor de edad, ex alumno de Cuarto Medio del Colegio Mater Dei de Coyhaique, fue expulsado de la institución por generar, utilizando inteligencia artificial, fotografías falsas de dos compañeras de curso, una de ellas menor de edad a esa fecha, en las cuales figuraban ellas desnudas. Añade que, los hechos relatados, dieron origen a una investigación -actualmente en curso- en la Fiscalía Local de Coyhaique, por producción de material pornográfico utilizando a una menor de 18 años, donde víctimas e imputado son parte de estos hechos. Toda esta información fue omitida por el recurrente al presentar el recurso.

Indica que, la sanción de expulsión impuesta al recurrente fue el resultado de un procedimiento sancionatorio disciplinario legalmente tramitado, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para la materia, en especial, lo dispuesto por la Ley Nº 21.128, de Aula Segura.

Expone que, la sanción penal no se encuentra en el ámbito de acción otorgado a la institución educativa por la ley, pero sí lo está la sanción por los actos que constituyen una conducta grave o gravísima de acuerdo al reglamento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, y uno de los resultados posibles del proceso sancionatorio es, justamente, la expulsión del alumno infractor. Sostiene que ambos factores, la conducta gravísima y la afectación grave a la convivencia escolar, han concurrido copulativamente en el caso de marras.

Aclara que, si los hechos resultan finalmente constitutivos de delito o no, ese resultado no colisiona con la sanción escolar y la investigación penal corre en forma separada y con otros fines. Así las cosas, precisa que el artículo 75 del RICE da cuenta de lo anterior, en cuanto no distingue respecto a si se trata de hechos delictuales o no; en ese sentido, las disposiciones reglamentarias atienden al ámbito que le ha sido confiado a la institución educativa, es decir, las faltas gravísimas al reglamento o a la convivencia escolar.

Refiere que, no se ha acreditado en el recurso la verosimilitud de los hechos que se supone conculcan las garantías constitucionales del recurrente. Por el contrario, en el presente informe se acompañan todos los comprobantes que dan fe de la recta actuación de la institución educativa, quedando de manifiesto que el establecimiento ha seguido un procedimiento acorde a la ley, al reglamento conocido por la comunidad educativa y a las garantías constitucionales de los involucrados. En concreto, refiere que, salvo los dichos -que no son verdaderos- sobre el actuar ilegal del Colegio, no existen elementos para asumir la efectividad o certidumbre de la privación de derechos en forma ilegal o arbitraria.

Señala que, el recurrente ha actuado desde un principio reconociendo la conducta por la cual finalmente se le sancionó disciplinariamente por parte de la institución educativa. Solamente al recurrir de protección es que relativiza sus actos y alega una vulneración a la presunción de inocencia, habiendo actuado consistentemente durante todo el tiempo previo al recurso de estos autos, tras haber asumido su responsabilidad en los hechos, relatando incluso la forma en que ocurrieron las cosas, según su visión de los hechos, nunca negando tal comportamiento, sino que explicándolo con detalle al requerir su ponderación como atenuante.

Expone que, en este sentido, se ratifica que no es un hecho controvertido el haber generado las fotografías manipuladas de sus compañeras desnudas, por lo que el actor, a pesar de la falta de conexión de su relato en el recurso de marras con los hechos propios, es que ha desarrollado un comportamiento consistente en ese sentido durante todo el proceso.

Señala que, en relación a los derechos fundamentales que la parte recurrente señala conculcados por el actuar de la institución educacional, su parte viene en controvertir todas y cada una de las aseveraciones y reproches formulados en esa materia.

Precisa que, es evidente que la recurrente se confunde en todo esto, puesto que sugiere la existencia de comisiones especiales -que no las hay, puesto que la Constitución y la ley han entregado el rol disciplinario y sancionatorio a las entidades educacionales, pero, a continuación, lanza una serie de afirmaciones carentes de relación unas con otras, por ejemplo “se desconoce su culpabilidad o no”, lo que tampoco es cierto, puesto que el recurrente obra confeso en la documentación de autos y en el expediente sancionatorio; que no se le notificó a los padres, lo que también es falso, puesto se encuentra a la vista todo el desarrollo del proceso, etc.; por tanto, todo lo reseñado ha sido ampliamente desvirtuado.

Aclara que, la institución requerida realizó un completo proceso para determinar los hechos y responsabilidad de los involucrados, amparado en las disposiciones del RICE y de la Ley Aula Segura. Añade que, dicho procedimiento se inició con la denuncia de las víctimas a la unidad de Convivencia Escolar del colegio y, desde ese punto, se dio curso progresivo a la investigación que se iniciaría el 4 de septiembre de 2025, mediante la entrevista inicial del psicólogo, quien es miembro del Equipo de Convivencia Escolar de la institución, a las alumnas víctimas de los hechos.

Indica que, el procedimiento está regulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar - RICE, instrumento conocido por todos los alumnos y apoderados, que se pone a disposición pública en la página del colegio y que los apoderados han mostrado conocer y manejar, tanto para obtener certificados, como para elaborar sus presentaciones y recursos.

Arguye que, respecto del artículo 37 del RICE, se cumplió con un procedimiento racional y justo, establecido en el mismo instrumento, en el cual se respetó la presunción de inocencia, la que, sin embargo, fue contrarrestada con otros elementos de prueba, en especial, la misma declaración del autor (confesión), declaración del coautor, declaraciones de testigos y declaraciones de las víctimas.

Manifiesta, respecto del derecho a defensa, que el alumno fue citado y entrevistado, otorgándole la posibilidad de dar su versión de los hechos y rendir cualquier prueba en su favor, sin restricciones; los padres fueron citados en diversas oportunidades y también recibidos cuando lo solicitaron. En la entrevista del 4 de septiembre, expresamente se comunicaron los hechos y la gravedad de los mismos al padre, informando la activación del protocolo de “Aula Segura” y medida cautelar; en entrevista de 11 de septiembre, además de informar la prórroga de 5 días de la medida cautelar, consta que se les entregó información relevante sobre el estado de la investigación, además de ofrecer apoyo de contención emocional.

Enfatiza que, los padres y el alumno tuvieron la oportunidad de aportar pruebas durante toda la investigación, ante los hechos que les fueron debidamente informados. Aclara que no existe en el procedimiento una etapa de formulación de cargos y presentación de descargos. Una vez aplicada la medida, si era otra distinta a la expulsión o cancelación de matrícula, sí se podían formular descargos. Pero si es cancelación o expulsión, sólo podían recurrir contra esa sanción, tal como efectivamente lo hicieron. Añade que, en razón de lo expuesto, no ha existido ninguna vulneración a la igualdad ante la ley, habiéndose investigado y sancionado a ambos alumnos en forma igualitaria, justa y con apego integral al derecho.

Aclara que, no vislumbra de qué manera podría haberse vulnerado el derecho de propiedad. Insiste el recurrente, en el fondo, en la vulneración del debido proceso, cosa tal que no ha sucedido y que ya se ha respondido y desvirtuado latamente en el recurso de reposición y en este informe.

En cuanto a la supuesta vulneración al derecho a la honra, aduce que lo real es que, si bien es cierto, lo que en el fondo parece alegarse refiere a las instancias que pudiera haber tenido el alumno para finalizar el año escolar, lo que no es materia de vulneración de derechos garantizados por la Constitución. Añade que, no existe en la ley ni en el RICE otra alternativa como rendir exámenes libres, menos aún si ya no había más evaluaciones que rendir, no había ningún examen que rendir y, lo más importante, es que la medida de expulsión era totalmente procedente y ajustada a derecho, además de adecuada a la gravedad de los hechos.

Adicionalmente, los padres ya hicieron un reclamo ante la Superintendencia de Educación, notificada al colegio con fecha 8 de septiembre de 2025, en el cual se comunica la denuncia N° CAS-119652-G6L2B9, alegando falta de cumplimiento del procedimiento. Agrega que, el recurso de reconsideración presentado por los padres al establecimiento consideraba todos los puntos, que ahora se alegan en el recurso y que da origen a estos autos, siendo debidamente abordados y resueltos al fallar el recurso de reconsideración, haciéndose cargo de todos y cada uno de los puntos alegados, entre los cuales se encuentra la ponderación de atenuantes y agravantes, entrega de información reservada, entre otros.

Finalmente expone haber quedado en evidencia, que las acciones del establecimiento no constituyen una infracción a la normativa educacional, a los reglamentos y protocolos ni una vulneración de derechos, toda vez que se han seguido todos los protocolos, con cumplimiento estricto de la normativa, aplicando medidas en forma progresiva, fundada, con pleno respeto a la legalidad en los procesos de aplicación de medidas disciplinarias y, además, velando en forma permanente por implementar medidas que ayuden y favorezcan la mejora conductual y emocional del alumno.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que este Tribunal comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la expulsión del establecimiento Colegio Mater Dei de Coyhaique, del alumno nombre reservado, con infracción al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a la Ley N° 21.128, sobre Aula Escolar, a consecuencia de lo cual se han infringido sus garantías, consagradas en los números 2, 3, 4 y 10, del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- El 24 de septiembre del año 2025, doña nombre reservado, Directora del Colegio Mater Dei de Coyhaique, remite a los apoderados del recurrente, don nombre reservado y doña nombre reservado, la carta de notificación de expulsión del alumno nombre reservado, fundándose en la aplicación de la Ley N°21.128 de “Aula Segura” y en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del Colegio Mater Dei, siendo el fundamento pedagógico y formativo citado que: “Como institución Educativa tenemos el deber ético y pedagógico de garantizar que todos los estudiantes desarrollen sus aprendizajes en un clima de respeto, seguridad y confianza. La permanencia de un estudiante que ha cometido actos muy graves contra la convivencia escolar compromete seriamente el bienestar de la comunidad, generando un ambiente inseguro e inhibiendo el derecho de los demás de aprender y desarrollarse plenamente. En virtud de lo anterior, la medida adoptada no solo responde a la normativa legal y reglamentaria, sino también a la obligación pedagógica y el espíritu de nuestro PEI, de velar por la integridad de la totalidad de nuestros estudiantes, entendiendo que este hecho, causó afectación emocional en las estudiantes involucradas como también en el grupo curso”. (sic)

2.- Con fecha 8 de octubre de 2025, doña nombre reservado, Directora del Colegio Mater Dei de Coyhaique, notifica a los apoderados del recurrente, don nombre reservado y doña nombre reservado, del rechazo de reconsideración de medida disciplinaria, manteniéndose la medida de expulsión, en virtud de los siguientes fundamentos: “Respecto de la Vulneración flagrante del debido proceso y la garantía de una justa defensa, es necesario aclarar que la investigación se desarrolló en forma rigurosa, con apego irrestricto al Reglamento de Convivencia Escolar, cumpliendo en forma y fondo las disposiciones del mismo, del DFL 2/1998 del Ministerio de Educación y de la ley N°21.128… En cuanto a la supuesta irregularidad en la obtención de la prueba y afectación del derecho de privacidad.

Es necesario aclarar y ser categóricos en que el estándar probatorio en materia penal y la teoría del árbol envenenado no son aplicables a este procedimiento, pues no existe disposición legal alguna que haga aplicable el Código Procesal Penal en forma supletoria. No se trata de un juicio sino de un procedimiento de investigación en contexto de convivencia escolar, que no exige ni requiere la presencia de los padres para entrevistar a un estudiante ni menos de un abogado.” (sic)

Luego agrega que, “En cuanto a la confesión supuestamente obtenida en condiciones irregulares y ausencia del apoderado, debe reiterarse que no se trata de un juicio con procedimiento de estricta regulación procedimental, sino de investigación escolar, en la cual el RICE no estipula la presencia de los padres para entrevistar a un alumno ni tampoco la representación por parte de un abogado.” (sic)

Posteriormente, indica que: “Respecto al incumplimiento de las fases previas y obligatorias a la expulsión, es totalmente inexacto e incorrecta la apreciación de los recurrentes respecto a que haya incumplido con lo dispuesto en el art.88 del RICE. Consta que se realizaron las entrevistas con los apoderados, donde se comunicaron los hechos y la activación de AULA SEGURA, advirtiendo que se pueden aplicar sanciones y, de hecho, se aplicaron y comunicaron sanciones o medidas preventivas , como la suspensión y, además, se brindó contención emocional al estudiante, desde la primera entrevista, además de otras medidas durante el proceso de investigación.

En la entrevista de fecha 04 de septiembre entre el estudiante y los profesionales nombre reservado y Psicologo nombre reservado, se le brinda apoyo Socioemocional”. (sic)

Agrega que: “manifiesta desproporcionalidad de la sanción aplicada.

Es fundamental considerar la gravedad de los hechos y los criterios establecidos en el art.89 del RICE. La medida aplicada si guarda relación y es proporcional a estos hechos graves, inéditos en nuestro establecimiento, que incluso podrían constituir algún delito, que tiene connotación sexual, que fueron cometidos por mas de un estudiante, contra más de una víctima y que, claramente y al tenor de los hechos posteriores a su ocurrencia, como cartas, dinámicas de curso., etc., han afectado gravemente a la comunidad escolar y su sana convivencia…No ha existido discrecionalidad ni desproporción en la aplicación de la medida, por el contrario, es con gran pesar y con profunda afectación que debemos separar a dos de nuestros estudiantes en pro del resguardo de las estudiantes afectadas y de evitar que se incremente el daño sufrido.

Sobre la expulsión como medida “Excepcional”, se reitera su plena fundamentación y legalidad, además de la proporcionalidad, conforme a los fundamentos ya expresados.

En cuanto a la falta de ponderación de circunstancias atenuantes, nos remitiremos a señalar que las circunstancias del hecho, especialmente apreciados de conformidad a los parámetros objetivos que establece el artículo 89, como la naturaleza, intensidad y extensión del daño. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, con múltiples causantes, carácter vejatorio o humillante de maltrato y su consecuencia con indefensión del afectado y vulnerando la honra de las afectadas, no permiten apreciar las atenuantes como suficientes para rebajar la medida de expulsión.” (sic)

OCTAVO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, del Colegio Mater Dei, establece en su 72 que: “MEDIDAS FORMATIVAS O PEDAGÓGICAS.

Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de estos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta, estas medidas podrán ser realizadas fuera del horario de clases contando con la autorización del apoderado, entre otras:

a) Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio o su sala; mantener el jardín; ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad; colaborar con la ejecución de actividades extraprogramáticas; etc.

b) Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones de la estudiante que cometió la falta, asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del Establecimiento, tales como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores del CRA, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de acuerdo a la edad del estudiante. En caso de los estudiantes de preescolar, se podrá aplicar, de ser necesario, la disminución horaria, siempre respaldada por informes de psicólogo, neurólogo, psicopedagoga u otro especialista médico.

c) Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Establecimiento (Directivos, docentes, encargado convivencia escolar) con el objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad.

d) Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación externa a tratamientos (personales, familiares, grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc. Lo anterior, sin perjuicio de las Medidas de Apoyo Psicosocial de las que se tratará más adelante.

e) Reducción de jornada. Es una medida de carácter pedagógico y de carácter psicosocial mediante la cual la estudiante tendrá un horario de clases reducido como parte de adecuaciones curriculares que la estudiante necesite, avalado por informes técnico−pedagógicos e informes médicos y/o psicológicos.

En cualquier caso, esta es una medida de excepción, expresando que dicha necesidad esté debidamente fundamentada.

Se espera entonces que esta medida de excepción se aplique en los términos señalados para evitar actos discriminatorios.

f) Cierre de año escolar: Por casos especiales y excepcionales que determinará la Dirección del colegio y a petición del apoderado debidamente fundada que no represente vulneración al derecho de estudio, se podrá cerrar el año escolar considerando un semestre que tenga aprobado la estudiante como situación final, siempre que exista la opinión escrita de un profesional de la salud que así lo determine.”

En relación a lo anterior, el artículo 72, estatuye que: “MEDIDAS DE REPARACIÓN.

Son gestos y acciones que deberá implementar la persona que cometió una falta a favor del o los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Establecimiento podrán ser acordadas y aceptadas por los involucrados, entre otras: Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, o por escrito, restitución de objeto dañado, perdido, etc.”

El artículo 77, dispone que: “Criterios para ponderar y aplicar las medidas.

Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación de él o la afectada y la formación del responsable. Las sanciones disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de educación al que la estudiante pertenece.”

El artículo 88, indica que:” Motivos por los que puede aplicarse la Expulsión o Cancelación de Matrícula. En este procedimiento especialísimo, las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando:

1. Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento, o 2. Afecten gravemente la convivencia escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como:

a) Agresiones de carácter sexual, b) Agresiones físicas que produzcan lesiones, c)Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, d) Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por la Directora del establecimiento.”

A su turno, el artículo 89, dispone que: “Procedimiento sancionatorio en caso de posible Expulsión o Cancelación de Matrícula.

La Directora podrá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriese en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar.

En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.”

NOVENO: Que, de acuerdo a los hechos precedentemente asentados y reglas transcritas, cabe ahora analizar las motivaciones invocadas, en lo concreto, en la carta de notificación de expulsión del alumno nombre reservado, de 24 de septiembre de 2025, dado que constituye el acto que, en definitiva, aplica la sanción al recurrente, advirtiéndose, por estos sentenciadores, que si bien se plasma en ella su fundamento normativo, esto es, cita la Ley N°21.128 de “Aula Segura” y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio Mater Dei, en forma muy escueta hace alusión a un basamento pedagógico y formativo, que, según se apuntó, se reduce a indicar: “La permanencia de un estudiante que ha cometido actos muy graves contra la convivencia escolar compromete seriamente el bienestar de la comunidad, generando un ambiente inseguro e inhibiendo el derecho de los demás de aprender y desarrollarse plenamente. En virtud de lo anterior, la medida adoptada no solo responde a la normativa legal y reglamentaria, sino también a la obligación pedagógica y el espíritu de nuestro PEI, de velar por la integridad de la totalidad de nuestros estudiantes, entendiendo que este hecho, causó afectación emocional en las estudiantes involucradas como también en el grupo curso”.

De lo expresado se colige, que la motivación que ha sustentado la decisión de expulsión, a la cual el propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en su artículo 88, da el carácter de excepcional- baste corroborar que emplea el adjetivo “sólo”-, tildando el procedimiento de su aplicación como “especialísimo”, resulta del todo insuficiente para brindar sustento a la decisión adoptada, al no especificar la recurrida los presupuestos fácticos concretos que sirvieron de base al dictamen más severo aplicado respecto del alumno por el cual se recurre, ni dar cuenta del modo puntual cómo la afectación a la convivencia escolar adquirió los ribetes de gravedad achacados, que es la hipótesis alternativa escogida de entre aquéllas que facultaban para la imposición de la medida más gravosa.

En efecto, se advierte que la Sra. Directora del Colegio Mater Dei de Coyhaique se conformó en la fundamentación de su resolución expulsiva, con la alusión a fórmulas genéricas o frases sacramentales, tales como: “actos muy graves”, “comprometen seriamente el bienestar de la comunidad”, “ambiente inseguro”, “inhibiendo el derecho de los demás de aprender y desarrollarse plenamente”, “espíritu de nuestra PEI”, “integridad de la totalidad”, entre otras, las cuales aparecen desprovistas de un contenido sustantivo, que llevan a concluir lógicamente que el acto sancionatorio impugnado adolece de razón suficiente, máxime si el verdadero espíritu de la normativa a la que se ha acudido como sustento, descansa como pilar y criterio orientador en el “carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto” de las medidas que se adopten, debiendo velar por la tutela en su imposición de “la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación de él o la afectada y la formación del responsable.”, conforme reza en su artículo 77.

Por otro lado, culmina la resolución reprochada como supuesto raciocinio de la conculcación síquica, que sirve de justificación a la medida más radical impuesta, con la expresión de clausura: “(…) entendiendo que este hecho, causó afectación emocional en las estudiantes involucradas como también en el grupo curso” (sic), esto es, parte de la base de una mera conjetura; sin embargo, más allá de la natural comprensión, basada en las máximas de experiencia, respecto del compromiso sicológico involucrado en un proceder como el descrito en esta acción constitucional, forzoso ha resultado exigir que la decisión que sustentó la expulsión explicitara con claridad su consistencia, a fin de dotarle de genuino fundamento.

Asimismo, ha sido posible constatar que se procuró llenar del sustrato faltante, más bien, al acto resolutivo posterior, de 8 de octubre de 2025, por medio del cual se rechazó la reconsideración de la medida disciplinaria manteniéndose la expulsión, en procura de reparar las deficiencias existentes en la determinación cuya reposición se pretendía, con lo cual se debe entender insatisfecho el estándar de un debido proceso, como principio rector cuya observancia ordena expresamente el artículo 89 del referido Reglamento Interno, a propósito de los procedimientos sancionatorios comprensivos de una posible Expulsión o Cancelación de Matrícula.

DÉCIMO: Que, en refuerzo de lo anterior, es dable advertir que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio Mater Dei, en concordancia con la Ley de Aula Segura y su modificación mediante la Ley N°21.128, contempla un amplio catálogo de Medidas Formativas o Pedagógicas y de Reparación, disponiendo una serie de criterios orientadores para ponderar y aplicar las mismas, destinados a que los educandos tomen conciencia acerca de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de estos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta, según lo prescribe el artículo 72 del RICE, sin poder pasar por alto, además, que el procedimiento y medida más estricta poseen un carácter meramente facultativo, según el tenor expreso de los artículos 88 y 89 de igual texto normativo interno – baste comprobar la abundancia de expresiones como: “puede” o “podrá” -, con lo cual haber acudido a ellos no era perentorio, como parece haber querido darlo a entender la recurrida.

De esta suerte, resulta que la medida disciplinaria aplicada en la especie, se muestra prescindente de la serie de mandatos jurídicos en que dice apoyarse y cuyo verdadero sentido y tenor le compelían a tener presente, sin haber considerado, por lo demás, el curso o grado educativo terminal del ciclo al que el estudiante pertenecía, su rendimiento escolar y conducta histórica, la época del año en que el acontecimiento se verificó, ni la falta demostración suficiente de la generación de un perjuicio grave ocasionado a la comunidad educativa y a la convivencia escolar.

UNDÉCIMO: Que, en virtud de lo razonado en los motivos precedentes, cabe inferir que se ha incurrido en la decisión adoptada por la Dirección del Colegio Mater Dei de Coyhaique, en un actuar al menos arbitrario, en cuanto la decisión recurrida se apartó de los cánones de razonabilidad, proporcionalidad y debida fundamentación, si se tiene en vista la necesaria adecuación del medio empleado en relación al fin perseguido, lo que ha traído aparejada la privación en perjuicio del recurrente de la garantía constitucional de igualdad ante la Ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto se aprecia que ha sido objeto de una arbitraria discriminación en la magnitud de la medida disciplinaria que le fuera impuesta, existiendo una serie de otras de carácter formativo que se pretirieron.

Como corolario de lo apuntado, sólo cabe a esta Corte prestar oídos al presente arbitrio, a fin de restablecer el imperio del derecho quebrantado y adoptar las medidas pertinentes a conceder la debida protección del recurrente, sin perjuicio del deber del alumno por el que se ha recurrido, de tomar conciencia acerca de las consecuencias de sus actos, con miras a una responsabilización efectiva respecto de los mismos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados, don Carlos Alberto Palma Guerra y don Sergio Andrés Palma Palma, en representación de nombre reservado, en contra del COLEGIO MATER DEI de COYHAIQUE, por lo que, en consecuencia, se deja sin efecto la sanción disciplinaria de expulsión decretada en contra del alumno recurrente, debiendo disponerse todas aquellas providencias tendientes al cierre de su año escolar en el establecimiento, que fueren compatibles con su actual situación académica.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°261-2025.