nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 15 de noviembre de 2024, comparece don nombre reservado, técnico en telecomunicaciones, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios, consistentes en cierre del camino y todo que da acceso al inmueble donde se encuentra su domicilio, vulnerándose las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “1. Que, se ordene a la recurrida cesar en el actuar ilegal y arbitrario, reintegrando el material que fue retirado por la máquina retroexcavadora, obligándola a que el nivel del suelo vuelva a su normalidad, y, además, retire cualquier cerco u obstáculo que nos impida la salida, para permitir de ese modo, el libre tránsito y acceso a mi domicilio; y prohibir la posterior colocación de cualquier elemento u obstáculo que impida, perturbe o amenace dicho acceso en el futuro; 2. Que, se disponga, en el evento de no acatar la recurrida lo solicitado precedentemente, se haga mediante el uso de la fuerza pública o en la forma que SSA. Iltma. determine. 3. Que, se condena a la recurrida al pago de las costas de la causa (SIC)”.

Con fecha 2 de febrero de 2025 se incorporó el informe por la recurrida doña nombre reservado.

Con fecha 15 de enero de 2025 se ordenó pedir informe a los copropietarios del Lote F, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, al tenor de la acción e informe evacuado en autos por la recurrida, lo anterior dentro del plazo de cinco días hábiles.

Con fecha 3 de febrero de 2025, habiendo transcurrido el término concedido sin que se hayan evacuado informes solicitados, se prescinde de éstos.

Con fecha 8 de febrero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 11 del mismo mes y año, alegando por recurrente, la abogada doña Patricia Castillo Cárdenas, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su acción señalando que, tiene por más de 10 años su residencia junto a su madre, nombre reservado, en un inmueble que se encuentra ubicado Ruta X-10 KM 1 S/N Melinka, comuna Guaitecas, siendo un paño fiscal de terreno.

Agrega que, para sanear la tenencia de la propiedad se acogió al procedimiento de regularización del DL N°2.695 de 1979 del Ministerio de Bienes Nacionales respecto del inmueble que se individualiza en el recurso, habiendo cumplido con todos los requisitos por lo que se dicta la resolución exenta N°E-56613 de fecha 21 de diciembre de 2022, de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, que acoge la solicitud ordenando la inscripción del inmueble a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Cisnes, sin embargo, dicha inscripción es rehusada por el Conservador mediante oficio N°46, por cuanto con fecha 31 de diciembre de 2022 la referida propiedad fue transferida, tomando conocimiento con posterioridad que éste fue transferido a la recurrida.

Explica que, la única forma de salir del inmueble es través de la propiedad de la recurrida hacia el sur, haciendo presente que han sufrido una serie de amenazas, hostigamientos e insultos por parte de la recurrida, quien ha procedido a efectuar diversos actos con el único objeto de amedrentarlos.

Señala que con fecha 08 de noviembre de 2024 ocurren los actos arbitrarios e ilegales denunciados, consistentes en que la recurrida concurrió a su inmueble, colindante con el paño fiscal que habitan, con personas y una máquina retroexcavadora, cerrando todo acceso al camino público, privándolos de toda forma de tránsito. Refiere que la recurrida también corrió los cercos, con lo que bloqueó la única salida, además de destruir los cercos que establecían un paso hacia el camino público. Añade que la máquina retroexcavadora, bajo las órdenes de la recurrida, retiró tierra del lugar, dejando el terreno que habita domicilio reservado metros, debiendo saltar de dicha altura para poder salir, además de ocasionar daños, lo que fue denunciado al Ministerio Público.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere el derecho de propiedad, ya que se le impide el libre acceso, tanto suyo como de miembros de su familia, al sitio que habitan, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que con tal impedimento se ve imposibilitado de realizar su trabajo, perdiendo las remuneraciones por los días no trabajados.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido por la recurrida, ésta solicita su rechazo.

Alega que el recurrente no es dueño del terreno donde tiene su casa, correspondiendo a un inmueble fiscal, el cual no pudo regularizar debido a la existencia de otros propietarios, además que éste no mantendría su residencia principal en el terreno que ocupa, sino en Coyhaique, así como la madre de éste.

Niega que el recurrente no haya podido trabajar, ya que tendría conocimiento que recurrido nunca ha tenido impedimentos. También refuta que exista única entrada a la casa del recurrente por medio de su terreno, ya que éste tiene varias vías de acceso. En este sentido, hace presente que el recurrente no especifica dónde se encuentra su vía de ingreso, existiendo en la actualidad dos vías.

Por otro lado, precisa que no es la única dueña del terreno correspondiente al Lote F, siendo los otros dueños: nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, habiéndose dirigido recurrente únicamente en su contra, en condiciones que debió haberse dirigido contra todos, ya que no se encuentra determinado a quien corresponde cada parte del lote.

Además, señala que no existe una servidumbre constituida sobre el terreno, y el recurrente no ha presentado pruebas que acrediten la existencia y ubicación de la vía de acceso reclamada. Añade que se le dio la posibilidad de constituir una servidumbre, lo que fue rechazado.

Menciona que con fecha 12 de noviembre de 2022 el recurrente y otra persona fueron sorprendidos cerrando el terreno, configurando el delito de usurpación no violente, lo que fue denunciado a Carabineros, siendo el recurrente detenido.

Aclara que de su parte ni de su familia ha existido actos hostiles hacia el recurrente, siendo lo contrario, habiendo el recurrente incurrido en distintos delitos, tales como usurpación no violencia, amenazas, hurto, amenazas de muerte y daños, injurias y calumnias.

Señala que se han intentado acuerdos y mediaciones con la Seremi de Bienes Nacionales, pero el recurrente ha rechazado las soluciones propuestas, ya que quiere todo su terreno y no solo el camino.

Sostiene que el recurrente debería haber demandado la constitución de una servidumbre de tránsito en un juicio de lato conocimiento y que conforme al artículo 844 del Código Civil puede cerrar o cercar un predio en todas sus partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas, razón por la cual las medidas de seguridad relacionadas con el cierre de la propiedad no pueden ser ilegales ni arbitrarias. Asimismo, que aunque se hubiese tolerado algún tipo de tránsito, ello no permite constituir una servidumbre. Que, aún en los casos que se pueda constituir una servidumbre legal, acorde al artículo 847 del Código Civil, es necesario cumplir con dos requisitos legales fundamentales: a) incomunicación del predio dominante respecto de los caminos públicos y b) pago de la debida indemnización, los que deben establecerse en un juicio de lato conocimiento que exige, incluso, la prueba pericial en caso de desacuerdo entre las partes sobre el monto de la indemnización o el ejercicio de la servidumbre.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, en síntesis, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal en que el 8 de noviembre de 2024, la recurrida procedió a cerrar el acceso ubicado en su propiedad, única salida al camino público que detenta el terreno fiscal colindante, que habita el actor, privándolo de toda forma de tránsito por tal heredad, por lo que se encuentra impedido de concurrir a su trabajo, perdiendo la remuneración por los días no laborados, como asimismo de realizar cualquier actividad económica, vulnerándose las garantías constitucionales previstas en los N°21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes no aparece que los movimientos de tierra y cierres ejecutados por la recurrida en su inmueble hayan privado al actor de salir del inmueble donde habita, desde que las fotografías acompañadas no dan cuenta clara y visible de ello, máxime si se han planteado dos accesos posibles, sumado a que existe una declaración jurada de un vecina que indica que ha visto a aquél transitar por las calles de la comuna de Guaitecas y por calles aledañas a su domicilio, posterior a la ocurrencia de los hechos denunciados, y a que su empleador solamente da cuenta de que don nombre reservado es su trabajador por larga data, sin hacer referencia en orden a que éste se haya ausentado de sus labores.

OCTAVO: Que, de este modo, no aparece de manifiesto la existencia del acto arbitrario e ilegal, ni menos una afectación al derecho de propiedad del demandante, desde la óptica de la privación de su remuneración por los días no trabajados, como éste lo alega, ni tampoco que se le haya impedido el desarrollo de una actividad económica, por lo que se rechazará la acción constitucional intentada en autos.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Corte Nº 261-2024 (Protección).