Protección contra Director Municipal de Educación de la I

Coyhaique, veintitrés de mayo de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 8 a 17, comparece don nombre reservado, RUT RUT reservado, Docente Encargado de la Escuela Rural El Blanco, domiciliado en domicilio reservado, entrada Escuela El Blanco, comuna Coyhaique, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra del Director Municipal de Educación de la I. Municipalidad de Coyhaique, representada por su Director don nombre reservado, a quien lo subrogue legalmente, y en contra de la I. Municipalidad de Coyhaique, representada por su Alcalde don Alejandro Huala Canumán, o quien lo subrogue o represente legalmente, con domicilio en domicilio reservado, por las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneran de manera continua sus derechos y libertades fundamentales, establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que restableciéndose el imperio del derecho, y las demás providencias que el Tribunal de Alzada estime adecuadas, se declare que el acto denominado “ORD. N° 449 de 07 de abril de 2013” es arbitrario e ilegal, por lo que las autoridades recurridas deberán dejarlo sin efecto, con costas del recurso, acompañando la documentación que corre de fojas 1 a 7, y de fojas 41 a 56.

A fojas 19, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a las recurridas.

De fojas 36 a 39, corre informe de los recurridos a través del abogado Cristian Díaz Sandoval, quien solicita se rechace el recurso, en primer lugar, por falta de legitimación pasiva respecto del recurrido nombre reservado y, también, en virtud de los argumentos expuestos en su informe, con costas, acompañando la documentación que se ordenó agregar de fojas 21 a 35.

A fojas 64, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 8 a 17, comparece don nombre reservado, RUT RUT reservado, Docente Encargado de la Escuela Rural El Blanco, domiciliado en domicilio reservado, entrada Escuela El Blanco, comuna Coyhaique, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra del Director Municipal de Educación de la I. Municipalidad de Coyhaique, representada por su Director don nombre reservado, a quien lo subrogue legalmente, y en contra de la I. Municipalidad de Coyhaique, representada por su Alcalde don Alejandro Huala Canumán, o quien lo subrogue o represente legalmente, con domicilio en domicilio reservado, por las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneran de manera continua sus derechos y libertades fundamentales, establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que restableciéndose el imperio del derecho, y las demás providencias que el Tribunal de Alzada estime adecuadas, se declare que el acto denominado “ORD. N° 449 de 07 de abril de 2013” es arbitrario e ilegal, por lo que las autoridades recurridas deberán dejarlo sin efecto, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, la recurrida, al evacuar el informe que le requirió esta Corte, señala que de los dos recurridos, el Alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán, y el Director del Departamento de Educación Municipal, nombre reservado, éste último carece de legitimación pasiva y ello hace que el recurso deba ser rechazado.

Como cuestión de fondo, señala que el recurrente comenzó a prestar labores como docente encargado de la Escuela El Blanco, a contar de 01 de marzo de 2014, debido a que el Director de ese establecimiento cesó en sus funciones a mediados del 2013, y fue reemplazado por una profesora encargada hasta el 28 de febrero de 2014, y que mediante una orden interna N° 32, se designó al recurrente como docente encargado de esa escuela, y por otra orden interna N° 88, del DEM, se permitió que éste pudiera prestar sus servicios durante marzo y esa orden se utilizó para ponerle término, revocándose la primera orden interna que indicaba un plazo que se extendía hasta el mes de febrero de 2015, y que como se le puso término a su relación con el municipio, se le solicitó la vivienda que usaba, como se desprende del ordinario 449, y que el mismo recurrente reconoce la validez de la orden interna que lo designa docente encargado pero no aquélla que le puso término a la relación laboral. Agrega, que el Director del DEM, a raíz de que suscitaron inconvenientes, le comunicó verbalmente al recurrente, el 28 de marzo de 2014, que sus servicios se requerían hasta el 31 de ese mes, y que la decisión de no continuar con sus servicios se adopta en un contexto en que resulta inviable continuar con ellos fundamentalmente debido a una mala relación con los apoderados y con los profesores y trabajadores de dicha escuela, y que es facultad del Director del DEM velar por la continuidad del servicio durante el año escolar, administrar los recursos humanos y decidir sobre la continuidad o no de la relación laboral de un docente, particularmente si su contratación aún no se había definido ya que permanecía en calidad de Director Encargado mientras se procede a la realización de un concurso que permita llenar tal vacante en propiedad, y que por lo tanto, los recurridos estiman que le asistió la facultad al Director del DEM para adoptar las decisiones que se tomaron, sea la de contratación como la de término de la misma.

Además, en el informe, se cita jurisprudencia administrativa y de tribunales y se señala que no se ha conculcado ninguna garantía constitucional y se ha actuado enmarcado dentro de las facultades que le otorga la ley, y que resulta confusa la garantía denunciada y referida a la igualdad ante la ley, en circunstancias que el origen de la relación entre los recurridos y el recurrente se dio bajo el contexto de una orden interna, que es provisoria, en tanto se realiza el concurso público para proveer dicho cargo, lo que se conoce como “docente encargado”, figura reconocida por la ley y la jurisprudencia administrativa tratándose de establecimiento rurales y que es por ello que las órdenes internas emanadas del DEM y acompañadas por el recurrente, dicen relación con horas de aula y horas directivas, y que del mismo modo en que originó la relación, a través de orden interna, se le puso término por otra orden interna, y que no obstante ello, el 10 de abril de 2014, se dictó un Decreto Alcaldicio que establece su nombramiento por el mes de marzo de 2014, periodo en que se le cancelaron sus remuneraciones.

Que respecto a la segunda garantía denunciada, no es una garantía protegida en sede de protección, sino en cuanto a la proscripción del juzgamiento por comisiones especiales y que no se ve de qué modo se habría afectado tal garantía, ya que no ha habido un proceso de juzgamiento en que se requiera algún grado de defensa por parte del recurrente o en el que se le haya dejado en la indefensión, y que en los hechos no se estimó conveniente para los intereses municipales la permanencia del recurrente en la Escuela El Blanco dado que hubo conflictos con apoderados y profesores y que debido a ello, y para no profundizar el nivel de conflictividad, fue que se adoptó la decisión de no perseverar en su contratación, y que en cuanto a la supuesta afectación de su derecho a un debido proceso para efectuar una defensa contra el acto administrativo, existen otras vías para reclamar, y especialmente el reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sin perjuicio de haberse podido recurrir a la Contraloría General o en último caso al Tribunal Laboral.

Señala, por último, que existen diversas normas que respaldan las facultades en cuya virtud obró el Director del DEM, como el artículo 49, letra s), del Reglamento Interno Municipal, que señala que al Director de Educación Municipal le corresponderá ejercer como sostenedor de los establecimientos educacionales municipalizados, asistiéndole todas las responsabilidades inherentes a la función, el artículo 10, letra f) de la Ley General de Educación 20.370, que indica los derechos de los sostenedores de establecimientos educacionales, así como sus deberes, el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que dice que la unidad de educación, entre otras, incorporadas a la gestión municipal, tendrán la función de asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas a esa área.

Que, por todo ello, el recurso de protección debe ser desestimado en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, durante la vista de la causa, concurrió a estrados el abogado Eugenio Canales Canales, en representación del recurrente, quien pidió a esta Corte que se acogiera en todas sus partes el recurso de protección, con costas, porque los recurridos han infringido las garantías de los n° 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política, referidas a la igualdad ante la ley y al debido proceso. En síntesis, y después de hacer una exposición de los hechos, señaló que su representado tuvo una entrevista de trabajo con el Alcalde don Alejandro Huala, y a través del Director Municipal de Educación, se le contrató como Director de la Escuela El Blanco, que él vivía en Antofagasta y aceptó la oferta de trabajo y se vino con su familia a Coyhaique, debido a la oferta de trabajo en el que se incluía el beneficio de una casa.

Que sin embargo, el día 8 de abril, se le comunicó el término de la relación de trabajo, que a su entender vencía a fines de febrero de 2015, pues de otro modo no habría aceptado trabajo como docente por un breve periodo de un mes, y que la casa incluso se la han pedido sin que exista un acto u oficio formal en que se le pida la devolución del inmueble. Que la Municipalidad ha cometido un acto arbitrario e ilegal al despedirlo de esa manera, que los contratos son de buena fe y se han vulnerado las normas de escrituración del contrato, las normas del Estatuto Docente, que señala que la contratación debe hacerse por Decreto Alcaldicio y no por correo u orden interna como ocurrió en el presente caso, que incluso en el informe los recurridos aducen como justificación del despido eventuales problemas con profesores o apoderados, por lo que fue mal evaluado, en circunstancias que el recurrente nunca fue evaluado ni tampoco tuvo problemas con los demás profesores o apoderados y por lo tanto él ignora los verdaderos motivos para su despido. Termina solicitando que el Tribunal de Alzada acoja el recurso de protección y disponga su reincorporación a sus funciones hasta febrero del 2015, que es el plazo para el cual fue contratado, y hace además presente que a estas alturas las plantas docentes de las escuelas ya están completas por lo que le es imposible acceder a otro trabajo.

CUARTO: Que, conforme a los antecedentes que han allegado las partes a estos autos, de los mismos se extraen los siguientes hechos:

a) Que por Ordinario 449 del Director de Educación Municipal, de fecha 7 de abril de 2014, agregado a fojas 1, se le informa al recurrente nombre reservado, el término de su relación laboral con la Municipalidad de Coyhaique, en su calidad de profesor encargado de la Escuela El Blanco, y se pide, en el mismo documento, que haga entrega de la casa fiscal que le había sido asignada en su momento.

b) Que por Orden Interna N° 46, de 10 de marzo de 2014, la misma autoridad de Educación Municipal, nombre reservado, le comunica al Director de la Escuela Rural El Blanco, nombre reservado, que en dicho establecimiento asume funciones como docente de educación don nombre reservado, con 30 horas cronológicas semanales, desde el 10 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015, documento que se agregó a fojas 2.

c) Que se agregó a fojas 3, la liquidación de remuneraciones del docente de aula nombre reservado, de la Escuela Rural Río Blanco, que corresponde al mes de marzo de 2014, por un total líquido a pagar de $1.123.848.

d) Documento agregado a fojas 6, que corresponde a un correo electrónico enviado por nombre reservado, con fecha 28 de diciembre de 2013, donde le señala al recurrente que existe una posibilidad de trabajo y que la conformación de equipos es a partir del 1 de marzo de 2014, y que él no lo puede contratar a partir de enero.

e) Orden interna N° 32, de 6 de marzo de 2014, de nombre reservado, Director de Educación Municipal, por la cual le comunica a la Escuela Rural Río Blanco, que el recurrente nombre reservado, RUT RUT reservado, asumirá la función de docente encargado con 44 horas cronológicas semanales, en dicho establecimiento, a contar del 1 de marzo de 2014, hasta el 28 de febrero de 2015.

f) Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad de Coyhaique, agregado de fojas 21 a 29, aprobado por el Concejo Municipal, el 12 de julio de 2007, y en el que, en lo pertinente, en las Directrices Generales de Administración, se señala que al Director de Educación Municipal le corresponderá ejercer como sostenedor de los establecimiento educacionales municipalizados, asistiéndole todas las responsabilidades inherentes a la función.

g) Orden Interna N° 88, de 31 de marzo de 2014, agregada a fojas 30, de nombre reservado, Director de Educación Municipal, en la que comunica a la Escuela Rural Río Blanco, que don nombre reservado, asumirá la función de docente encargado con 44 horas cronológicas semanales en ese establecimiento a contar del 1 y hasta el 31 de marzo de 2014.

h) Decreto Alcaldicio N° 288, agregado a fojas 31, de fecha 10 de abril de 2014, por el cual nombra en calidad de contrata en la función docente a don nombre reservado, para ejercer la función docente en la Escuela El Blanco, desde el 1 de marzo de 2014 y hasta el 31 del mismo mes y año.

i) Nota agregada a fojas 42, de fecha 14 de abril de 2014, con una nómina de padres y apoderados del Colegio Rural con Internado Río Blanco y en la cual expresan su apoyo al recurrente.

j) Acta de la Novena Sección Ordinaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Coyhaique, de fecha 2 de abril de 2014, que en fotocopia se agrega de fojas 43 a 46, y en la que se trató el despido del recurrente.

En cuanto a la legitimación pasiva alegada por el abogado de los recurridos:

QUINTO: Que, el abogado don Cristian Díaz Sandoval, en representación de los recurridos, previo a la cuestión de fondo, alega la falta de legitimación pasiva del recurrido nombre reservado, Director del Departamento de Educación Municipal, sosteniendo que no es éste quien posee la legitimidad pasiva en el presente caso por cuanto las decisiones o actos del Departamento de Educación Municipal, en definitiva, son decisiones municipales, y por tanto es el Alcalde quien tiene la representación judicial y extrajudicial para representar al municipio.

SEXTO: Que, la alegación anterior debe ser desestimada, toda vez que en el recurso de protección no interesa si el recurrido ha efectuado el acto impugnado por cuenta propia o de terceros y en el caso de autos la protección se dirige tanto contra el Alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, Alejandro Huala, cuando contra el Director de Educación Municipal, nombre reservado, en cuanto este último dictó el ordinario 449, de 7 de abril de 2014, que es la resolución motivo del recurso, siendo entonces legitimado pasivamente en cualquiera de las hipótesis señaladas, por lo que la alegación que hace el abogado que lo representa no puede prosperar.

En cuanto al fondo:

SÉPTIMO: Que, para resolver la cuestión de fondo, conviene consignar que la Excma. Corte Suprema de Justicia, ha venido destacando en forma reiterada que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que la Corte debe tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impide, amague, o moleste ese ejercicio.

Que, de este modo, la abundante jurisprudencia de nuestros tribunales ha precisado que se desprende de la disposición constitucional citada que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, según el concepto que se contiene en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías preexistentes y protegidas por la Constitución.

Dicho de otro modo, se está en presencia de un acto ilegal cuando él no se atiende a la normativa vigente por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas pero en forma indebida y contrariando a la ley; y es arbitrario, si el funcionario que goza de poderes amplios manifiesta su opinión mediante el respectivo acto de una forma inmotivada, antojadiza, vulnerando el uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico debe ser ejercido.

OCTAVO: Que, en el presente caso, el acto ilegal o arbitrario que se reclama se hace consistir en las circunstancias de que don nombre reservado, en su calidad de Director de Educación Municipal, hizo llegar por correo electrónico el ordinario 449, de 7 de abril de 2014, en el que se hace referencia al término de la relación laboral que unía al recurrente con la Municipalidad recurrida y se le solicita la entrega de la casa fiscal, argumentándose que ese acto obedece al mero capricho del recurrido y sin que existan antecedentes ni fundamentos que justifiquen la decisión adoptada, y es ilegal porque el término de la relación laboral debe ser decretada por el Alcalde mediante un decreto alcaldicio, y además porque el docente tiene derecho a la casa que se le asignó para vivir con su familia y que el acto que ponga término a la ocupación de la vivienda debe expresarse formalmente mediante actos administrativos emanados de la autoridad facultada para ello, por lo que se vulneró la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso legal.

NOVENO: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso, es necesario consignar el marco jurídico en el que se desenvuelven los profesionales de la educación, y al efecto, el Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley 19.070, dispone en sus articulados cuáles son los profesionales de la educación afectos a este cuerpo legal, qué se entiende por profesionales de la educación, y en su Título III, contiene todo el procedimiento respecto de la carrera de los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal, y específicamente en sus artículos 19 y siguientes se indica la forma en que deben ser incorporados los docentes a la dotación de la escuelas municipales, esto es, en calidad de titular o contratado, siendo éstos últimos aquellos docentes que desempeñan labores transitorias, experimentales, optativas, especiales o bien de reemplazo de titulares. Cuando se trata de la incorporación en calidad de titular, debe mediar un concurso público de antecedentes; y cuando se trata de docentes incorporados a la dotación municipal en calidad de designados, debe mediar un decreto alcaldicio, y si el docente es incorporado en calidad de contratado, se requiere un contrato de trabajo. Además, tanto el decreto alcaldicio cuanto el contrato de trabajo, deben contener, a lo menos, las especificaciones que el Estatuto Docente previene en su artículo 29, cláusulas que son a este respecto obligatorias, y son, el nombre de la municipalidad empleadora, y el nombre y RUT del profesional de la educación designado o contratado, la fecha de ingreso, el tipo de funciones, esto es, si son funciones docentes o docentes directivos o técnicos pedagógicos de apoyo, el número de horas cronológicas a desempeñar, la jornada de trabajo, la modalidad de enseñanza y, por último, la calidad de la designación o período de vigencia del contrato.

Conviene también señalar, que en el caso de vacantes de directores de establecimientos municipales, los artículos 31 y 32 señalan que estos cargos siempre serán provistos por concurso público y que la designación dura cinco años.

Finalmente, el Estatuto Docente, también señala que la expiración de funciones de los profesionales docentes de la educación, conforme al artículo 72, es por renuncia voluntaria, o por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones en sus funciones del docente, previo sumario, y por el término por el cual se efectuó el contrato, y el artículo 71 señala que en forma supletoria a las normas del Estatuto Docente, deben aplicarse las normas del Código del Trabajo. En cuanto al procedimiento para el caso de despido, el Estatuto, en su artículo 73, regula aquélla que dice relación con la supresión de horas que servía el docente, por lo que en todos los demás casos de cese de funciones de un docente, habrá de aplicarse supletoriamente las normas de la legislación laboral.

DÉCIMO: Que, de todo lo expuesto, y probanzas rendidas, debe concluirse que el ordinario 449, emanado de don nombre reservado, Director de Educación Municipal, y mediante el cual se le comunica al docente y recurrente de autos nombre reservado el término de su contrato y se le pide además la entrega de la casa fiscal, es absolutamente arbitrario e ilegal, dictada al margen de las normas del Estatuto Docente, Ley 19.070, así como de las normas contenidas en el Código del Trabajo.

Que, en efecto, el ordinario en referencia, priva al docente recurrente de su calidad de empleado a contrata, incurriéndose entonces en una actuación ilegal por el Director del DEM, al carecer de competencia para ello, pues la facultad para decidir la terminación de un contrato es del Alcalde de la Municipalidad, y al actuar así, ha quebrantado no solo el derecho a la igualdad ante la ley, sino que además el derecho a ser juzgado en un procedimiento racional y justo en sede jurisdiccional que corresponda. De los antecedentes que se conocen, aparece que el recurrente tiene la calidad de profesional docente, regido por la Ley 19.070, por lo que evidentemente su despido ha sido ilegal y arbitrario, al aplicarse un procedimiento al margen de la normativa del Estatuto Docente y, supletoriamente, de las normas contenidas en el Código del Trabajo.

Al margen de lo dicho, se puede constatar, asimismo, que el Alcalde, dispuso la contratación del docente nombre reservado al margen de todo procedimiento contenido en el Estatuto Docente, desde que lo nombra en calidad de contrata mediante Decreto 288, con fecha 10 de abril de 2014, en circunstancias de que dicho docente ya se encontraba prestando servicios como Director de la Escuela Rural El Blanco, cargo para el cual se requería un concurso público que la Municipalidad no observó, e incluso el día 27 de marzo de 2014 se le entregó una liquidación de remuneraciones, que se agregó a fojas 3, donde se señala que ello corresponde al mes de marzo de 2014, con un líquido a pagar de $1.123.848, y como bien se sabe, la remuneración que percibe todo trabajador es la consecuencia de la prestación de sus servicios, de modo que no parece normal que con posterioridad se le extienda, por el Alcalde, el respectivo contrato, mediante el decreto ya referido, el cual tampoco cumple con las cláusulas mínimas que para todo docente contratado señala el Estatuto Docente. A más de lo anterior, cabe observar, que no tan solo el ordinario 449, objeto de la protección, se ha dictado al margen de toda normativa legal, sino que también el referido Decreto Alcaldicio 288, con el cual se pretende enderezar una situación jurídica absolutamente irregular, respecto de un docente que, ante una oferta de trabajo del Municipio de Coyhaique, se trasladó desde la ciudad de Antofagasta hasta Coyhaique, con su familia, siendo destinado como Director de la Escuela Rural El Blanco, como lo comunicó el Director del DEM a la escuela rural, el día 6 de marzo de 2014, trato de Director que también se le da según el documento que corre a fojas 2, de modo que al aceptar la oferta de trabajo se le asignó también una vivienda.

Si se le quiso despedir y solicitarle la entrega de la vivienda, entonces, debió aplicarse el procedimiento que establece el Estatuto Docente para el despido de todo docente, sea titular o contratado, lo que no ocurrió en el presente caso, donde se observa que los actos administrativos emanados de los recurridos, creadores de derechos para un docente profesional de la educación, no pueden invalidarse unilateralmente por esa administración invocando errores propios, menos aun si el acto ha generado derechos patrimoniales adquiridos por el recurrente de buena fe, entre ellos, la ocupación de una vivienda. La autotutela, por regla general, es contraria a nuestro ordenamiento jurídico constitucional y su empleo sólo se permite excepcionalmente y en ausencia de norma habilitante, la Municipalidad de Coyhaique no ha podido invalidar un acto que otorgó a un docente contratado derechos laborales e incluso patrimoniales, y para el evento de que éstos sean controvertidos, y en el hecho así ocurre en el presente caso, en que las partes discuten la modalidad del contrato del docente y su período de vigencia, ello será motivo de controversia jurídica en la sede jurisdiccional que corresponda, si así las partes lo desean, pero lo que no puede aceptarse, porque lo impide la autotutela, son aquellas conductas que alteran el estado natural de las cosas o la situación de hecho preexistentes y que involucran una autotutela, esto es, que son ejecutados con prescindencia del ordenamiento jurídico para vencer la resistencia, en este caso, del recurrente.

UNDÉCIMO: La garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, conforme al alcance que ha fijado la doctrina y al jurisprudencia, implica que la normativa jurídica debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. Es por ello que se trata de una igualdad jurídica que impide que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los otros que se concede a otros en iguales circunstancias. Lo que la constitución no permite es, justamente, la imposición de distinciones arbitrarias, las que serán tales en tanto no hallen su fundamento en la razón, en la justicia o no propenden al bien común, que es justamente la situación en que aparece el acto administrativo recurrido, esto es el ordinario 449, dictado sin fundamento razonado y al margen de toda normativa jurídica.

Es lo que se puede constatar en el caso que se examina, en que el Director del DEM, dicta una orden interna N° 32, con fecha 6 de marzo de 2014, en que comunica a la Escuela Rural Río Blanco, que el docente nombre reservado, asumirá en dicho establecimiento la función de docente encargado con 44 horas cronológicas semanales, a contar del 1 de marzo de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2015, y posteriormente, cuatro días después, el mismo Director del DEM, emite otra orden interna, la N° 46, donde le comunica al Director de esa escuela, nombre reservado, que nombre reservado, asumirá, en ese establecimiento, como docente de educación básica con 30 horas cronológicas semanales, desde el 10 de marzo de 2014 y también, hasta el 28 de febrero de 2015, y posteriormente emite, la misma autoridad, el ordinario 449, con fecha 7 de abril de 2014, dirigido al mismo docente nombre reservado, en el que le comunica el término de su contrato, el cual, conforme a la orden interna 32, finalizaba a fines de febrero de 2015, y además le solicita la entrega de la casa fiscal, visualizándose, así, una desigualdad jurídica en el tratamiento de ambos docentes, que es lo que precisamente la Constitución repugna.

Asimismo, con el actuar de los recurridos, aparece que estos últimos han actuado al margen de todo debido proceso que para los casos de despido consagra el legislador, imponiendo incluso una autotutela, como lo es la exigencia de la entrega del inmueble que ocupaba el docente con motivo de su contratación, siendo el mismo un beneficio adicional a su remuneración, y por lo mismo, tiene derecho a usar la casa que se le asignó en tanto no sea desvinculado legalmente de su trabajo como docente.

DUODÉCIMO: Que, de todo lo expuesto, esta Corte, haciéndose cargo de las alegaciones de los recurridos, concluye que las facultades del Director del DEM, que alega el abogado Cristian Díaz, por éstos, en cuanto ellas arrancarían del Reglamento Interno del Municipio, y de la Ley General de Educación N° 20.370, no pueden aceptarse, desde que es el Estatuto Docente el cuerpo legal que regula tanto la contratación como el despido de los profesionales docentes, cuerpo legal que está por sobre un reglamento interno, el cual por lo demás se refiere a los sostenedores de establecimientos educacionales y en ningún caso señala que los Directores de Departamentos de Educación Municipal tengan facultades para contratar e incorporar docentes, sea en calidad de titular o contratado, al respectivo municipio, y además de lo expuesto, debe hacerse cumplir las garantías que el constituyente consagra a este respecto, Carta Fundamental que desde luego tiene mayor rango que las normas invocadas por los recurridos.

DÉCIMO TERCERO: Que, aparece entonces, que el acto que se reclama es ilegal, por cuanto los recurridos vulneraron los términos del contrato que unía al docente con el ente municipal, el cual es una ley para las partes, según lo dispone el artículo 1545 del Código Civil, procediendo a resolverlo en forma unilateral, calificando por sí y ante sí el incumplimiento y su terminación, en circunstancias que ello corresponde hacerlo conforme al procedimiento que estipula el Estatuto Docente o a los Tribunales de Justicia, según corresponda. Es también arbitrario, por cuanto en forma caprichosa, los recurridos, calificaron el incumplimiento en que habría incurrido el docente, por conflictos con la comunidad educativa, haciéndose justicia de propia mano y procediendo de facto a solicitar el desalojo de la vivienda que ocupaba el docente, con lo cual evidentemente también se ha cometido un atentado contra el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que protege el derecho de propiedad en sus diversas especies, pues han procedido de facto a solicitar el inmueble que ocupa el docente recurrente, como consecuencia de haber puesto unilateralmente término a un contrato cuya vigencia se encuentra discutida por las partes, contrariando así nuestro ordenamiento institucional que proclama la supremacía del principio de legalidad y la vigencia efectiva de un estado de derecho, que exige que tanto la autoridad como los particulares enmarquen su actuación dentro de las normas jurídicas vigentes y respeten cabalmente los derechos de terceros.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve que se ACOGE, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, profesor, contra la Dirección Municipal de Educación de la Municipalidad de Coyhaique, representada por su Director don nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente, y en contra de la I. Municipalidad de Coyhaique, representada por su Alcalde don Alejandro Huala Canumán, o quien lo subrogue o represente legalmente, y en consecuencia, se declara ilegal y arbitraria la actuación de los recurrentes, por haber incurrido en el quebrantamiento de las garantías constitucionales denunciadas en el recurso de protección, establecidas en el artículo 19 N° 2 y 3, inciso cuarto, así como también la garantía consagrada en el N° 24 del mencionado artículo 19, todos de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, se decide que se deja sin efecto el ordinario 449, de fecha 7 de abril de 2014, emanado del Director de Educación Municipal nombre reservado, por ser él ilegal y arbitrario, y consecuentemente se dispone que los recurridos deberán en forma inmediata restituir al docente recurrente en el ejercicio de las funciones propias de su cargo a contrata, para que de esta forma se restablezca el imperio del derecho, sin perjuicio de las acciones que las partes estimen pertinentes para ser impetradas en la sede jurisdiccional que corresponda, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Luis Daniel Sepúlveda Coronado.

Rol 26-2014.

PRONUNCIADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE DON nombre reservado, EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON LUIS DANIEL SEPULVEDA CORONADO Y EL SEÑOR MINISTRO TITULAR DON PEDRO ALEJANDRO CASTRO ESPINOZA. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.