nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, a nueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 08 de febrero de 2023, don Andrés Marcelo Pincheira Stambuk, abogado, en favor de don nombre reservado, agricultor ganadero, domiciliado en domicilio reservado, cruce nombre reservado, comuna de Coyhaique, don nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado, administrador de fundo, domiciliado en domicilio reservado; y doña nombre reservado, dueña de casa, con domicilio en domicilio reservado, cruce nombre reservado; deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, ignora profesión, jubilada, domiciliada en domicilio reservado y, para estos efectos, también en predio agrícola sector Mano Negra, cruce nombre reservado, Coyhaique, por la comisión del acto ilegal y arbitrario, que perturba y amenaza la garantía constitucional del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva se ordene a la recurrida abstenerse de ejecutar actos que vulneren el derecho de propiedad de los recurrentes comuneros y restituir a la comunidad la parte del inmueble que ha ocupado, libre de ocupantes, liberando el acceso por sus portones a los comuneros y en las condiciones que se encontraba antes de su ocupación exclusiva.

Sostiene el recurrente, como antecedente previo que, la recurrida concurrió con un grupo de personas, aparentemente asistida por su hija nombre reservado, el día miércoles 1 de febrero pasado hasta el sector donde los afectados tienen predios agrícolas, incluyendo el inmueble ya singularizado y sin mediar aviso cortaron cadenas del portón de ingreso y se instalaron en el campo. Añade que al concurrir a Carabineros de Villa Ortega, éstos indicaron que la señora nombre reservado les había dado aviso de ser dueña del inmueble, exhibiendo un título en el cual figura como comunera, ante lo cual los Carabineros expresaron que les parecía que no había delitos, sino que se trataba de un asunto de orden civil.

Precisa que el grupo de personas procedió a levantar un campamento y comenzaron a alterar los cerramientos del predio, impidiendo el normal funcionamiento del establecimiento agrícola ganadero.

Indica que desde los años 80 a esta fecha, doña nombre reservado nunca ha estado en posesión material del campo, ni de alguna parte del mismo, ni ha intentado ninguna acción civil tendiente a su uso y goce, administración o partición. Agrega que su propiedad ha estado en forma exclusiva en posesión material de sus representados, quienes la explotan en conjunto con otros predios de su propiedad, como una unidad económica. A mayor abundamiento, se encuentra enrolado ante el Servicio de Impuestos Internos solo a nombre de don nombre reservado.

Precisa que por vías de hecho, se ha tomado arbitrariamente el campo, causando daños en la propiedad, cortando cadenas, rompiendo cercos, alterando el uso y explotación del predio y causando graves daños a los legítimos poseedores, en especial a don nombre reservado, quien tiene una edad avanzada y está hace meses en tratamiento médico en Valdivia, sufriendo una severa alteración en su rutina y viéndose moral y físicamente afectado por esta situación, que le causa enorme impotencia pues él no recurrirá a las vías de hecho para reparar esta turbación, sino que sabe que debe hacerlo bajo el imperio del derecho, lo cual toma bastante tiempo, tiempo que él tendrá que soportar sufriendo este profundo desagrado y preocupación. Agrega que la recurrida ha despojado a los demás dueños de la posesión material que ejercían en común sobre toda la propiedad, ocupando materialmente y cerrando para sí, en forma exclusiva, una parte del campo que jurídica y materialmente se encontraba indiviso.

Señala que todos los actos descritos implican destrucción, menoscabo, apropiación o uso indebido de bienes comunes, lo que constituye una acción ilegal que contraviene lo preceptuado en la normativa aplicable, desde el momento que la recurrida ha procedido como única dueña respecto de bienes que la ley declara comunes y que, en ningún caso, pueden perder este carácter, afectando su derecho de propiedad sobre tales bienes comunes en el porcentaje que les corresponde a cada copropietario. La recurrida no cumple con la forma ni los requisitos para usar, administrar y disponer de la cosa en común; por el contrario, actúa como si fuera dueña exclusiva, pero sin cumplir tampoco con las normas para poner fin a la indivisión.

Finalmente expuso que el actuar del recurrido constituye una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de la garantía del número 24 del artículo 19, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, si bien es cierto que la recurrida es comunera en el bien, ello no importa que tenga la facultad de arrogarse el uso exclusivo de parte del inmueble, ni de alterar sus características, ni alterar los cerramientos ni mucho menos edificar en su único y solo beneficio sobre el terreno común. En concreto, las acciones adoptadas por la recurrida y sus acompañantes, en este caso, no aparecen como actos razonables, proporcionales y adecuados a la administración de un bien común, todo lo cual conduce a concluir que el legítimo derecho de propiedad, legalmente constituido en favor de los recurrentes respecto del inmueble común, ha sido conculcado en forma arbitraria, de modo tal que se hace necesario revertirlo acogiendo este recurso.

Con fecha 28 de febrero de 2023, la parte recurrida informa el recurso de protección, solicitando que se rechace el presente recurso con costas, señalando como antecedente que de acuerdo a lo expresado por los recurrentes, efectivamente su representada no cuenta con filiación legal por parte de su madre nombre reservado, correspondiendo esta situación a una mera falta administrativa de proceder en base al desconocimiento de las reglas que en ese entonces regían para los hijos naturales, situación que ya se encuentra en proceso de ser regularizada ante el Tribunal de Familia de Coyhaique.

Indica que lo anterior, sin embargo, nada tiene que ver con los hechos que se ha solicitado verificar ante esta sede, pues su título de codueña emana de una Resolución Administrativa de Bienes Nacionales. Posesión que al ejercerla es la supuesta transgresión por parte de su representada a la privación y turbación del derecho de propiedad de los demás comuneros de la propiedad.

Precisa que no es efectivo, que la recurrida ha perturbado derecho de propiedad alguno, ni ha despojado materialmente de la propiedad a los demás codueños como se alega. Agrega que su representada efectivamente ingresó al predio de su propiedad en compañía de su grupo familiar con fecha 01 de febrero del presente año, pero no en forma ilegal como lo señala el recurrente, ni mucho menos destruyendo cercos o cortando candados, sino que lo hizo por la tranquera del lugar la que se encontraba abierta.

Indica que en cuanto a la violación de acceso, dicho relato falta del todo a la verdad, lo cual fue verificado por Carabineros del Retén de Villa Ortega el mismo día 01 de febrero del año 2023, quienes en terreno pudieron constatar que el ingreso no obedeció a ningún acto ilícito, usurpación, o delito que debiese ser puesto en conocimiento de la Fiscalía local, puesto que sin ánimo de violencia, voluntariamente, su representada llamó al personal policial para que se apersonare en el lugar y dar cuenta del ingreso.

Refiere que en cuanto a la rotura de cercos, cierres, destrucción demandada por los recurrentes, dichos que no son efectivos, es posible corroborar que nada de ello es cierto, más aún, siguen permaneciendo en este lugar un sinnúmero de animales que pastorean libremente, además de mantenerse ocupado una porción de importante de terreno con fardos y bolos de pasto que se mantienen en el lugar.

Precisa que, la prueba acompañada por los recurrentes es el mismo título por el cual su representada hoy en día detenta la ocupación de la propiedad raíz del mismo inmueble, y en base a ello se construyó en el lugar una pequeña cabaña de 23 metros cuadrados, como vivienda para la recurrida, dado que la misma en su calidad de persona de tercera edad, de más de 75 años, y discapacitada, en un 75%, no cuenta con casa propia en la comuna de Coyhaique, vive de allegada con una de sus hijas y no puede pagar un arriendo debido a los altos costos de los mismos, por lo que encontrándose su propiedad a una distancia algo cercana a la comuna de Coyhaique, es que decidió vivir en el lugar.

Indica que sin perjuicio de lo anterior los recurrentes han explotado desmesuradamente dicho predio con innumerables siembras, corta y venta de pasto, talaje de animales, sembrado de pinos, venta de leña y recepción de beneficios estatales, entre muchas otras actividades económicas y de explotación, reconocidas y confesadas por los recurrentes en su solicitud, que han generado recursos económicos millonarios por años, y que han sido distribuido solo en cuatro partes, el recurrente y sus tres hijos, jamás han incluido a la recurrida en nada. Añade que en cuanto a la supuesta entrega de animales y un predio que menciona la recurrente, no es efectivo, los bienes siempre han sido distribuidos solo entre ellos cuatro.

Señala que la recurrida, no ha perturbado derecho de propiedad alguno, ni ha despojado materialmente de la propiedad a los demás codueños; única y exclusivamente ha hecho uso de su legítimo derecho al uso de su propiedad construyendo en el lugar una pequeña cabaña de 23 metros cuadrados, por lo demás resulta curioso, por decir lo menos, que el resto de los comuneros reclamen por el uso legítimo de un derecho de otra comunera, en circunstancias que ellos mismos reconocen que han hecho uso y goce exclusivo del campo, obviando el derecho de la recurrida como si esto último fuere algo normal, lo que no es normal, ni regular, es inadecuado e improcedente ya que por resolución 1194 de fecha 02 de septiembre del año 1995 del Ministerio de Bienes Nacionales, son todos comuneros y por ende tiene los mismos derechos que los demás comuneros para el uso y goce de su campo.

Con fecha 29 de abril de 2023, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 03 de mayo de 2023, se procedió a la vista de la causa, quedando la presente causa en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, los recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en que la recurrida junto a un grupo de personas, el día 01 de febrero de 2023, ingresó al inmueble que les pertenece en comunidad, cortando las cadenas del portón de ingreso, comenzando a levantar una edificación en el campo, apropiándose en forma exclusiva de una parte del inmueble común, alterándolo en su único y propio beneficio, sin contar con el acuerdo ni total ni parcial de los demás comuneros, que han estado en posesión material del predio por más de 45 años; estimando que se infringe la garantía del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, pidiendo que se ordene a la recurrida abstenerse de ejecutar actos que vulneren el derecho de propiedad de los recurrentes comuneros y restituir a la comunidad la parte del inmueble que ha ocupado, libre de ocupantes, liberando el acceso por sus portones a los comuneros y en las condiciones que se encontraba antes de su ocupación exclusiva.

QUINTO: Que, la recurrida ha cuestionado los argumentos de los recurrentes, desde que sostiene que se ha limitado a ejercer su derecho de comunera, en cuanto a hacer uso y goce de parte de la cosa común, de 76,10 hectáreas, construyendo una pequeña cabaña de 23 metros cuadrados, destinándola para su vivienda, ya que a sus 75 años y padeciendo una discapacidad de un 75%, no tiene otra casa habitación; lo que ha hecho sin perjudicar el justo uso de los demás comuneros que explotan el predio generando recursos económicos millonarios por años, sin que haya participado en éstos.

SEXTO: Que, de este modo, aparece claro que se ha generado una controversia de carácter civil, en torno al sentido y alcance de los derechos de uso y goce que emanan de la calidad comuneros de las partes y la posesión que ambos se atribuyen en el predio en cuestión, de lo que se colige que entre las partes se ha originado una discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones de una y otra, por la vía civil y no por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional y objetivos distintos, que sólo pueden referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados a este proceso, lo que, de acuerdo a lo señalado, no ocurre en el presente caso, razón por la cual el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

SÉPTIMO: Que, contribuye a concluir del modo antes expuesto el hecho que con fecha 13 de febrero de 2023, el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, tuvo por interpuesta querella de restitución y, en subsidio querella de amparo, y demanda de indemnización de perjuicios, en la causa Rol C-237-2023, deducida por el abogado Andrés Pincheira Stambuk, en representación de don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, en contra de doña nombre reservado; y que el 16 de febrero de 2023, el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, tuvo por interpuesta denuncia de obra nueva, en la causa Rol C-236-2023, deducida por el mismo abogado en idéntica representación en contra de la misma demanda; acciones todas éstas que se sustentan en los mimos hechos en que se funda la presente acción de protección, los que reproduce incluso textualmente.

OCTAVO: Que, así las cosas, aparece evidente que se han ejercido las acciones civiles ante el tribunal respectivo a fin de conocer los mimos hechos que motivan el presente recurso; incluso más con similares peticiones concretas, ya que en este último se pide que la recurrida se abstenga de ejecutar actos que afectan el derecho de propiedad del recurrente y se restituya la parte del inmueble ocupado por aquella y en las condiciones que se encontraba antes de su ocupación exclusiva; en tanto en la acción de restitución solicita que se condene a que le restituya la posesión del bien raíz; en la de amparo, el cese los actos que embarazan la posesión de los actores y restituya la situación del bien raíz a su condición anterior; y en la denuncia de obra nueva pide decretar, provisionalmente, la suspensión inmediata de la construcción de la obra, y, en definitiva, ordenar la demolición de ella, a costa del denunciado; o, en subsidio, ratificar la suspensión provisional que se decrete; y el pago de los perjuicios que se reserva para el cumplimiento del fallo definitivo, con costas.

NOVENO: Que, a lo anterior se suma, que en la causa de denuncia de obra nueva, antes referida, con fecha 16 de febrero de 2023, se decretó la suspensión provisional de la construcción de la obra denunciada, debiendo el ministro de fe tomar razón del estado y de las circunstancias de dicha obra, apercibiendo al que la está ejecutando con la demolición, a su costa, de lo que en adelante se haga; de modo que lo pedido en la presente acción de emergencia, en cuanto se abstenga la recurrida de ejecutar actos que perturben el derecho del recurrente ha perdido oportunidad; sin perjuicio que ésta petición en cuanto a los actos de corta de cadenas, rotura de cercos, alteración del uso y explotación del predio con grave daño a los legítimos poseedores, no aparece tal supuesto de hecho en estos autos, por lo que no se puede acceder a tal petición en este sentido, lo que no obsta a que ello se pueda acreditar en el procedimiento que permita la rendición de la prueba destinada al efecto.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, en atención a todo lo señalado con anterioridad, procede rechazar el recurso de protección que fue interpuesto por el recurrente, porque la materia en que recae la controversia se encuentra discutida entre las partes, lo que debe ser solucionada mediante la vía judicial correspondiente, que no es el presente recurso de protección, motivos por los cuales se debe desestimar el recurso de protección deducido y así se declarará.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Andrés Marcelo Pincheira Stambuk, abogado, en favor de don nombre reservado, don nombre reservado, nombre reservado y de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°: 25-2023.-