Protección contra Alcaide

Coyhaique, diecisiete de Abril de dos mil quince.

VISTOS:

De fojas 7 a 12 comparece don nombre reservado, abogado, Presidente nacional de la Asociación de Gendarmes Concepción – Chile, AGECH, domiciliado en domicilio reservado, quien, recurre de protección en contra del Alcaide (S) del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; y en contra del Director Regional de Gendarmería de Chile don Oscar Aravena Arancibia, domiciliado en domicilio reservado; y en favor del funcionario de Gendarmería de Chile don nombre reservado, Director Tesorero provincial de la Asociación de Gendarmes Coyhaique – Chile, AGECH, en razón del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por haber actuado éstos en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales del artículo 19 números 19 y 24 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, al disponer el recurrido nombre reservado que a partir del once de Febrero de dos mil quince, el funcionario a cuyo favor se recurre, pase a cumplir funciones inherentes a su cargo en la guardia interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, sin autorización otorgada por escrito conforme lo dispone el artículo 25 de la Ley 19.296, lo que además habría sido puesto en conocimiento del Director Regional de Gendarmería quien no habría tomado alguna determinación para subsanar la situación irregular suscitada, solicitando, en definitiva que se deje sin efecto este cambio de funciones ordenado, y que tome las medidas que estime convenientes para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas; acompañando la documentación que corre de fojas 1 a 6.

A fojas 14 se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a los recurridos.

De fojas 80 a 88, rola informe de los recurridos a través del abogado don nombre reservado, quien solicita se rechace el recurso, se niegue lugar a la acción incoada por el recurrente, rechazándola en definitiva en todas sus partes, en virtud de los argumentos expuestos en su informe, con costas; acompañando la documentación que se ordenó agregar de fojas 28 a 79 y de fojas 90 a 93.

A fojas 95, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección, don nombre reservado, funda su acción cautelar indicando que con fecha once de Febrero de dos mil quince tomó conocimiento que el primero de los recurridos, nombre reservado, dispuso que a contar de esta fecha el funcionario nombre reservado pasará a cumplir funciones inherentes a su cargo en la guardia interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique C. C. P., y que por medio de la Providencia N° 18, de nueve de Febrero de dos mil quince, por disposición del Alcaide (s) don nombre reservado, se había ordenado que a contar del martes diez de Febrero de dos mil quince, el funcionario nombre reservado pasaría a cumplir funciones inherentes a su cargo al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Coyhaique, conforme a la designación de funciones que el Jefe del CET.

Sostiene que dicho traslado habría sido autorizado por el funcionario en cuyo favor se recurre, y que éste sería dirigente de la Asociación que representa, conforme acreditará con el certificado de vigencia dela Dirección del Trabajo, por lo que, en razón del artículo 25 de la Ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, y que dispone que desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, los dirigentes no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren sin su autorización por escrito.

Con todo, señala que tal situación fue puesta en conocimiento del recurrido don Oscar Aravena Arancibia, Director Regional de Gendarmería, quien no habría tomado alguna determinación en orden a subsanar la situación irregular, ilegal y arbitraria suscitada, por lo que estima se trataría de una práctica antisindical ya que no se trataría de una adecuación de turnos, con el objeto de racionalizar el recurso humano, agregando que la función específica que desarrollaba el funcionario en cuyo favor recurre en el CET cerrado sería muy distintas a las que tendrá que ejecutar en la guardia interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique.

En igual sentido, señala que la actuación que se denuncia afectaría la libertad sindical consagrada en el artículo 19 n° 19 de la Constitución Política de la República, ya que con el citado cambio de funciones imprevisto, se ocultaría una práctica antisindical encubierta tendiente a coartar la posibilidad que el dirigente asuma en plenitud la representación y defensa de sus asociados, afectando el libre ejercicio de la garantía citada, y la autonomía en el funcionamiento de la asociación que representan, colacionando dictámenes de Contraloría General de la República en apoyo de sus alegaciones.

Con lo mismo, alega que se afectaría el derecho de propiedad sobre la función y el ejercicio de la misma, conforme lo dispone el artículo 25 inciso 2 de la Ley 19.296, de la que sólo puede privársele por los medios que la propia ley establece, esto es, mediante la autorización por escrito que debe dar el funcionario en favor del cual se recurre.

SEGUNDO: Que, los recurridos, al evacuar el informe que les requirió esta Corte, pidieron el rechazo de éste por improcedente e infundado, con expresa condena en costas, por estimar que se habría efectuado una errada interpretación del fuero sindical ya que los recurridos, por disposición de ley, están obligados a la correcta administración de los recintos penitenciarios, siendo facultativa la distribución y ubicación de los funcionarios.

En tal sentido señalan que el funcionario en cuyo favor recurren, sería de la dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, y que el Centro de Estudio y Trabajo cerrado de Coyhaique funciona al interior del recinto, específicamente en la fábrica de pan.

Asimismo, sostienen que la disposición efectuada por el Alcaide (s) y que motiva el presente recurso, no se habría efectuado mediante resolución fundada, conforme exige la Ley 19.880, por cuanto no tendría facultades para ello, y que por su parte, el . Centro de Estudio y Trabajo estaría reglado por Decreto 943/2011 del Ministerio de Justicia, que por su artículo 70 exige que su jefe sea nombrado por resolución del Director Regional, lo que no habría acontecido en este caso, y que además de aquello, por Resolución 60 de 14/01/2014, el Director Regional de Gendarmería habría nombrado como Jefe del Centro de Estudio y Trabajo cerrado de Coyhaique a don nombre reservado, quien podría solicitar la asignación de personal, pero no ha sido el caso.

Con todo, sostienen que no se habría verificado el cambio de funciones alegado en el recurso, ya que el Sr. nombre reservado estaría en la guardia interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario, y que el acto que se reclama no importaría el traslado de éste ya que, como se dijo, el Centro de Estudio y Trabajo estaría en el mismo recinto penitenciario, por lo que la alegación referida a una supuesta vulneración del artículo 25 de la Ley de Asociaciones Gremiales, no sería efectiva ya que se encontraría en el mismo lugar físico, motivos por los cuales solicitan, previas citas legales y dictámenes del ente contralor, se rechace el recurso de protección de autos, con costas.

Durante la vista de la causa, concurrió a estrados el abogado don nombre reservado, en representación de los recurridos, quien pidió a esta Corte que se rechace en todas sus partes el recurso de protección, con costas, reiterando los argumentos ya vertidos en el escrito que contiene su informe.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, del atento examen de los antecedentes adjuntos , aparece que el acto que se tilda como ilegal y arbitrario, es la Notificación que rola a fojas 3 en la cual se deja constancia de lo siguiente: “ En la ciudad de Coyhaique, a once días del mes de Marzo de dos mil quince, el Alcaide (S) del CCP de Coyhaique infrascrito, viene en notificar al Sargento 2° nombre reservado, que a contar de esta fecha, pasará a cumplir funciones inherentes a su cargo en la Guardia Interna del C.C.P. de Coyhaique. Lo anterior conforme a lo resuelto en sesión extraordinaria del Consejo Técnico de esta Unidad Penal. Para conocimiento y cumplimiento de lo ya indicado. nombre reservado. Sargento 2° Notificado. nombre reservado. Teniente Coronel. Alcaide (S). “ SEXTO: Que, así entonces, lo que deberá resolverse por esta Corte es si la señalada Notificación practicada por el Alcaide (S) recurrido es ilegal o arbitraria, en los términos que lo señala el recurrente, por haberse vulnerado con ella la Ley N° 19.226, referente a las Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, específicamente, en lo concerniente al fuero estipulado en el artículo 25 de la misma.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes aparejados a la causa, aparece que es un hecho no discutido, que el funcionario en favor del cual se recurre, según certificado n° 801, emanado de la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, que rola a fojas 4, es Director y Tesorero Provincial de la Asociación de Gendarmes de Coyhaique - Chile, desde el 24 de octubre de 2013 hasta el 24 de octubre de 2015.

Asimismo se tiene por acreditado con el documento, ficha personal del recurrente, nombre reservado, que rola a fojas 28, que éste es empleado público, miembro de la Dotación Efectiva del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, contratado por Gendarmería de Chile para cumplir función de “Personal, Galería, Módulos, Patio y Recorridos, para el Área Operativa” como miembro de la planta de Suboficiales y Gendarmes, Sargento Segundo, en el señalado Centro, a la cual ingresó con fecha 06 /03/1995.

OCTAVO: Que, respecto de la norma que el recurrente dice haberse infringido correspondiente al artículo 25 de la Ley N° 19.226 ésta, dispone: “Los Directores de las Asociaciones de Funcionarios gozarán de fuero, esto es de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales. Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, los dirigentes no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito“.

NOVENO: Que, de esta manera la cuestión debatida se reduce a determinar, si por la Notificación antes citada, por la cual se puso en conocimiento del recurrente que a partir del 11 de marzo del 2015, pasaría a cumplir funciones inherentes a su cargo en la Guardia Interna del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, se incurrió en alguna arbitrariedad o ilegalidad. De lo que se concluya sobre esto, dependerá el análisis acerca de una supuesta afectación, perturbación o amenazas de las garantías constitucionales, que invoca el recurrente.

DÉCIMO: Que, para la adecuada resolución del asunto que nos ocupa, no estando discutido que el recurrente no ha sido trasladado, de localidad corresponde determinar, en primer lugar, si en circunstancias que el recurrente se encontraba cumpliendo funciones en el Centro de Educación y Trabajo del CCP de Coyhaique, a la fecha de la Notificación, sustento de este recurso y ser enviado a cumplir funciones en la Guardia Interna en el mismo Centro señalado, ello equivale a un traslado, respecto de la función para la cual fue contratado por Gendarmería de Chile.

Como se vio y aparece de su ficha personal antes examinada, el recurrente fue contratado para cumplir funciones de “Personal, Galería, Módulos, Patios y Recorridos, en el Área Operativa” del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique.

En segundo lugar y en el evento de concluirse que tal cambio de Área Operativa, equivale al traslado de funciones, a que se refiere el citado artículo 25 de la Ley n° 19.226, en cuyo texto se sustenta el presente recurso, se habrá de determinar si ese cambio, le afectó el fuero sindical de que goza.

DÉCIMO PRIMERO: Que, para tales efectos es útil recurrir a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, Decreto Ley 2.859 del Ministerio de Justicia, que en su artículo 1° establece, que Gendarmería de Chile es un Servicio Público que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad y en su artículo 2° dispone, que Gendarmería de Chile, en razón de sus fines y naturaleza, es una institución jerarquizada, disciplinada, obediente y su personal estará afecto a las normas que establezcan el estatuto legal respectivo y el Reglamento de Disciplina que dictará el Presidente de la República, y, que el personal perteneciente a la Planta de Directivos y de la Plantas de Profesionales Funcionarios, de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares, se encuentran regidos por la Ley n° 15.076, actual Ley 18.834, denominado Estatuto Administrativo; este último, que tiene por finalidad regular las relaciones del Estado con el personal de todos los Servicios Públicos, a cargo de su función administrativa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de lo antes señalado se tiene que, el personal de Gendarmería de Chile, en cuanto empleados públicos, debe cumplir, en lo concerniente al tema que se discute, con las normas del Estatuto Administrativo. Al efecto el artículo 61 dispone: “Serán obligaciones de cada funcionario: e) cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente; f) obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. Artículo 73, “Los funcionarios solo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución. Artículo 78, “Los funcionarios públicos pueden cumplir cometidos funcionarios que los obliguen a desplazarse dentro o fuera de su lugar de desempeño habitual para realizar labores especificas inherentes al cargo que sirven. Estos cometidos no requieren ser ordenados formalmente, salvo que originen gastos para la institución, tales como pasajes, viáticos u otros análogos, en cuyo caso se dictará la respectiva resolución o decreto”.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme a lo explicitado precedentemente, y para responder a la primera cuestión que el recurrente menciona como consecuencia del acto del que reclama, a juicio de estos sentenciadores, la destinación del recurrente, de su función como guardia en el Área del Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, al Área de la Guardia Interna, no tiene la calidad de traslado de función que le da el recurrente, sino que solamente se trata, de que se le ordena cumplir sus funciones propias y para las cuales fue contratado como personal en Galerías, Módulos, Patios y, Recorridos, dentro del Área Operativa del recinto penitenciario donde se desempeña.

En cuanto a la segunda cuestión antes enunciada, estos sentenciadores, no perciben de qué manera, el acto de la Notificación realizada por el recurrido Alcaide (S) nombre reservado, con fecha 11 de Marzo de 2015, que, como se ha constatado, es el sustento del presente recurso, y por la cual se le indica al recurrente nombre reservado, que a contar de la fecha de la Notificación referida, pasará a cumplir funciones inherentes a su cargo en la Guardia Interna del CCP de Coyhaique, se haya vulnerado el fuero que lo beneficia en su calidad de dirigente gremial, ya que su paso del Centro de Educación y Trabajo (CET) a la Guardia Interna del mismo establecimiento, no se le ha menoscabado los privilegios que de que goza en su calidad de Director Gremial ni se le ha coartado sus atribuciones ni su libertad para actuar en cumplimiento de sus obligaciones gremiales; por lo menos no ha emitido queja al respecto.

Debido a la naturaleza del acto reclamado “Notificación”, ni siquiera corresponde que esta contuviera antecedentes justificativos y razonados, ya que es, lo que es; no observándose arbitrariedad en ella, puesto que el recurrido Alcaide (S) don nombre reservado, se ha limitado a poner en conocimiento del recurrente, el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria por el Consejo Técnico de la misma Unidad Penal a que pertenece el actor; entidad que no ha sido recurrida en esta acción.

DÉCIMO CUARTO: Que, así entonces, en los términos señalados, cabe concluir, que tanto el recurrido Alcaide (S) nombre reservado y el recurrido Director Regional Oscar Aravena Arancibia, el primero con su acción y el segundo con su omisión, han actuado dentro de la esfera del marco legal y reglamentario, ejerciendo las facultades de que se encuentran investidos, para distribuir y ubicar al personal institucional a su cargo, de acuerdo a las necesidades propias del Servicio, con el objeto de velar por entregar el mejor servicio institucional, que es de la esencia de la responsabilidad de ambos recurridos.

DÉCIMO QUINTO: Que, por tanto, al no existir acto ilegal y/o arbitrario en la conducta de ambos recurridos, consecuentemente resulta innecesario referirse a las garantías que se dicen afectadas, por lo que se omitirá su análisis, toda vez que, el presupuesto base de la presente acción cautelar no concurre, debiendo rechazarse el recurso, como se dirá.

Rechazo que se declarará con condena en costas al recurrente, toda vez que la invocación de vulneración de sus garantías, por haberse fundado en que, por aquella actuación se le ha privado y amenazado la autonomía en su accionar como dirigente gremial, no tiene ningún sustento, por lo menos no ha indicado que tal situación se haya producido, estimando este Tribunal de Alzada, que por su calidad de Sargento 1° de Gendarmería, alto grado dentro de la categoría de los Gendarmes, lo que se espera de él es que ponga al servicio de su institución toda su experiencia y capacidad, no sólo obedeciendo las órdenes de sus superiores, como es su deber, sino que ofreciéndose voluntariamente para desempeñar sus funciones donde más sea necesario en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, en el cual trabaja actualmente.

Por estas consideraciones y teniendo además presente y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve que:

I. Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, Presidente Nacional de la Asociación de Gendarmes Concepción – Chile, AGECH, en contra del Alcaide (S) del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique don nombre reservado, y en contra del Director Regional de Gendarmería de Chile don Oscar Aravena Arancibia, en favor del funcionario de Gendarmería de don nombre reservado, Director Tesorero Provincial de la Asociación de Gendarmes de Coyhaique – Chile, AGECH.

II. Que, se condena en costas al recurrente, por estimar que no tuvo motivo plausible para accionar.