SERVICIOS AEREOS RAUL ATALA EIRL con SERVICIO DE SALUD AYSEN - HOSPITAL REG. COYHAIQUE

Coyhaique, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°247-2023, comparece el abogado don Edmundo Lira Vásquez, en representación de SERVICIOS AÉREOS RAÚL ATALA E.I.R.L., domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD–AYSÉN, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

En síntesis, funda su recurso en que el 8 de junio del presente año se constituyeron dos funcionarias de la SEREMI de Salud (doña nombre reservado y doña nombre reservado) en el Hangar N° 1 del aeródromo Teniente Vidal, quienes realizaron una fiscalización, levantando un acta como consecuencia, en la que en lo medular se señala: “(…) - Se aplica pauta de chequeo para empresas que realizan transporte en la región de Aysén, dejándose un plazo para obtener Resolución de autorización sanitaria de 15 días hábiles. -Se deja con prohibición de funcionamiento a la aeronave matrícula CC-CMM en la región de Aysén”.

Hace presente que la recurrida confunde la “Base de Operaciones” con la “Resolución Sanitaria”, ya que la aeronave cuenta con ella, la que está vigente y le autoriza a realizar vuelos de rescate aeromédico en todo Chile, sin estar limitada a una parte del territorio, por lo que sostiene que se infringe el Decreto N°83/2011 del Ministerio de Salud. De igual modo, patentiza que cuenta con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (en lo sucesivo, DGAC). Por otra parte, aclara que don nombre reservado puede pilotear la nave, toda vez que está autorizado en el nombre reservado de la empresa.

Estima, de este modo, que el actuar de la aludida SEREMI infringe los derechos reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 2, ya que en la situación expuesta se ha dado a su representada un trato discriminatorio, desde que cuentan con Resolución Sanitaria para operar en todo el país. Asimismo, se afecta su derecho de propiedad, contemplado en el numeral 24 de igual texto, al no poder realizar vuelos aeromédicos mediante una resolución inmotivada.

Acompaña como antecedentes en respaldo de su arbitrio: el Acta de Fiscalización, el nombre reservado de la empresa, Decreto N°83, Certificado de Operador Aéreo de la DGAC, Certificado de ambulancia aérea DGAC, Resolución Sanitaria N° 901 de la SEREMI de Salud de Los Lagos, copia autorizada de sentencia dictada por esta Corte en similar situación, más copia de póliza de seguros de la aeronave CC-CMM con vigencia entre el 25 de mayo de 2023 y hasta el 25 de mayo de 2024, dejando constancia que casco y asientos se encuentran con póliza al día.

Culmina solicitando se acoja el recurso, se alce la prohibición de funcionamiento y operación en la XI Región de su aeronave, ya que su Resolución sanitaria le permite volar en todo Chile, con costas en caso de oposición.

Por su parte, la entidad pública recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Aysén, mediante Ord. N°728, de 30 de junio de 2023, informa en resumen que dispuso de oficio una fiscalización a la empresa de transporte aéreo de personas enfermas de don nombre reservado, a fin de investigar el traslado aeromédico de un paciente desde la posta rural de Melinka, para lo cual el 8 de junio de 2023 se constituyó personal fiscalizador sanitario en el Hangar N°1 del aeródromo Teniente Vidal de Coyhaique. En tal contexto, ante el coincidente arribo desde Chile Chico de la aeronave de traslado aeromédico matrícula CC-CMM, operada por otra empresa, se aduce haber detectado como irregularidad que el Sr. nombre reservado indicó que en el avión ambulancia él figuraba como pasajero y el piloto era nombre reservado, y que ésta se estaba probando para efectos de una posible compra, en circunstancias que la hoja de registro señalaba que era él quien piloteaba la nave, además que no había antecedentes sobre el operador de la misma, ni acerca de la calidad jurídica en que la efectuaba o si lo hacía con autorización de la empresa recurrente. Tales deficiencias, sumadas a una serie de otros incumplimientos a lo preceptuado por el Decreto N°83/2010, ligados a deficiencias detectadas en el equipo médico de acompañamiento del paciente y equipamiento del avión, en concepto de la recurrida, constituye un riesgo inminente para la salud de las personas, máxime al estar enfermas o accidentadas, pues el servicio debe ser brindado bajo condiciones de seguridad que no se cumplían, por lo que se optó por prohibir el funcionamiento de dicha avión ambulancia hasta que el riesgo se encontrara superado.

Plantea que el recurrente señala que el Sr. nombre reservado está autorizado para pilotear, según el nombre reservado de la empresa. Sin embargo, por Oficio Ord. 08/1/2/425, de 25 de mayo de 2023, del Encargado del Subdepartamento de Operaciones del aeródromo Teniente Vidal, se refiere que la empresa recurrente no puede operar la nave matrícula CC-CMM con el piloto Sr. nombre reservado por los motivos que el propio oficio indica, desvirtuando así sus alegaciones.

Expone, además, que la empresa recurrente no tiene relación con los antecedentes ni con el procedimiento administrativo desarrollado, agregando que la fiscalización está dentro del ámbito de su competencia. Explica que las medidas sanitarias, incluida la prohibición de funcionamiento, no fue impuesta a la empresa recurrente en sí, sino que puntualmente a don nombre reservado, quien operaba la aeronave, detectándose varias otras deficiencias, tales como: que la Resolución Sanitaria N° 901 corresponde a otro Director Técnico; que no había botiquín en esta Región donde presta los servicios; y que no tiene base auxiliar en la Región de Aysén, para luego referir que el sumario sanitario instruido iniciar tampoco es contra la empresa recurrente, sino que contra Aerotaxis del Sur, porque: no se cumple con las condiciones básicas de seguridad, no cuenta con equipo de salud, insumos, incluida camilla incompleta y sin equipo de oxígeno operativo ni medicamentos para el traslado de pacientes, además que no tiene antecedentes legales de arriendo de la nave o instrumento similar que habilitara para que la operara, por lo que incumpliría las exigencias previstas en la Ley N°20.585 sobre derechos de los pacientes.

En armonía con lo anterior, reitera que la prohibición de funcionamiento no se impuso a la empresa recurrente, sino que a don nombre reservado, quien operaba la aeronave, por no haber acreditado antecedentes facultativos para ello, y por las infracciones constatadas que ponían en riesgo inminente a las personas, por lo que la resolución sanitaria del recurrente no obsta a las deficiencias técnicas de operación de la aeronave.

Acaba resaltando que no existe, a su juicio, acto ilegal ni arbitrario de su parte ni vulneración alguna de las garantías fundamentales que se acusan conculcadas, por lo que pide el rechazo del recurso en todas sus partes.

Acompaña el Informe Técnico y Acta de Fiscalización N°020648, de 8 de junio de 2023 y Oficio Ordinario 08/1/2/425, de 25 de mayo de 2023, emanado del Encargado del Sub Departamento de Operaciones de la DGAC.

No habiéndose presentado alegatos ante este estrado, se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección se erige en una herramienta de tutela de derechos, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufran las personas en el ejercicio de los mismos, producto de una acción u omisión ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional expedita, orientada a la adopción de providencias que tiendan al amparo suficiente del respectivo derecho indubitado o garantía amagada, no constituyendo, en todo caso, una instancia de declaración de derechos.

SEGUNDO: Que, en tal orientación, la Excelentísima Corte Suprema ha indicado lineamientos que deben ser advertidos a la hora de resolver un recurso de esta índole, prescribiendo que: “según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a)

Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)

La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c)

Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

TERCERO: Que, según ha quedado resumido en la parte expositiva, la controversia sometida por esta vía al conocimiento de esta Corte dice relación con el acto reputado arbitrario e ilegal, consistente en una fiscalización sanitaria a cuya consecuencia funcionarias dependientes de la SEREMI de Salud Aysén culminaron consignando un plazo de 15 días hábiles para obtener resolución de autorización sanitaria, dejando además con prohibición de funcionamiento a la aeronave matricula CC-CMM en la región de Aysén.

CUARTO: Que, por otro lado, con el mérito de los escritos contenedores del recurso e informe, más los elementos de acreditación aportados por recurrente y recurrida, ponderados conforme a las reglas de la sana crítica, queda asentado que:

a) El 8 de junio del año en curso se verificó una fiscalización ordenada de oficio, por parte de dos funcionarias de la SEREMI de Salud de Aysén (doña nombre reservado y doña nombre reservado), que tuvo lugar en el Hangar N° 1 del aeródromo Teniente Vidal.

b) El Acta de Inspección N°020648, de 8 de junio de 2023, levantada en la fecha citada, a consecuencia de la fiscalización detallada en el literal anterior, en lo pertinente, indica: “(…) - Se aplica pauta de chequeo para empresas que realizan transporte en la región de Aysén, dejándose un plazo para obtener Resolución de autorización sanitaria de 15 días hábiles. -Se deja con prohibición de funcionamiento a la aeronave matricula CC-CMM en la región de Aysén”.

c) La empresa Raúl Atala E.I.R.L., según certificado emitido por la DGAC, con fecha 13 de marzo de 2020, cuenta con AOC N°1169 vigente y cuenta en su servicio propuesto con el trabajo aéreo de “Rescate Aéreo” (Traslado Primario) y “Ambulancia Aérea” (Traslado Secundario), según la DAN 137 “Trabajos Aéreos”, identificándose como aeronave para la realización de este trabajo aéreo un avión bimotor marca Piper PA-31-310, matrícula CC-CMM, que cumple con el equipamiento y requisitos técnicos, además de establecer que sus tripulaciones mantienen sus licencias y habilitaciones vigentes.

d) Según Resolución Exenta N°901, pronunciada en Puerto Montt el 12 de abril de 2017, emanada del Departamento de Acción Sanitaria, Unidad de Profesiones Médicas, Paramédicas y Farmacia de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos, se aprobó el local ubicado en Los domicilio reservado de la ciudad de Puerto Varas, para el funcionamiento de la base de coordinación para Servicios Aéreos Andes Austral E.I.R.L., establecimiento de propiedad de Servicios Aéreos Raúl Atala E.I.R.L., así como se autorizó la instalación y funcionamiento de la aludida base de coordinación, la que contaría con una aeronave marca Piper, modelo PA-31, serie N°31-315, matrícula CC-CMM, como medio de transporte de personas enfermas o accidentadas, cuya base se ubica en bodega A6-2, de propiedad de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. de Puerto Montt, cuyo certificado de aeronavegabilidad DGAC N°15681/2017 presenta vigencia hasta el 15 de febrero de 2019.

e) Conforme a certificado de Operador de Servicios Aéreos, emitido por la DGAC, Departamento de Seguridad Operacional, designado con AOCN°1169, expedido el 16 de diciembre de 2010 y que posee fecha de vencimiento indefinida, se atestó que “Servicios Aéreos Raúl Atala E.I.R.L.” fue certificada de acuerdo a la DAN 119 y está autorizada a realizar operaciones de “Servicios de Transporte y Trabajos Aéreos”, según se define en las especificaciones operativas emitidas por la DGAC para cada aeronave y de conformidad con el nombre reservado y con las reglas de operación de la DAN 135 y DAR 06.

f) El informe técnico emanado de la Unidad de Prestaciones de Salud y Medicina Complementaria del Departamento de Acción Sanitaria, da cuenta de la Infracción al D.S. 83/2010, que aprueba el Reglamento para el Servicio de Transporte Aéreo de Personas Enfermas o Accidentadas, da cuenta de fiscalización efectuada a empresa aeromédica de nombre reservado, por indicación de SEREMI de Salud, Sra. Carmen Monsalve Gómez, debido a evento centinela en PSR de Melinka, por deceso de paciente de 39 años, cuyo traslado aeromédico se vio frustrado en atención a que el operador manifestó que la camilla de transporte no resistiría el peso del paciente. En esas circunstancias, constituido personal fiscalizador para investigar en Hangar N°1 del aeropuerto Teniente Vidal de Coyhaique, llega aeronave matrícula CC-CMM de empresa “Aerotaxis del Sur”, piloteada por don nombre reservado desde Chile Chico con paciente de 83 años, con personal que realiza el traslado “medicalizado” no perteneciente a empresa de traslados Raúl Atala E.I.R.L., sin cumplir tampoco los requerimientos pues tripulación médica estaría compuesta sólo por enfermera y kinesiólogo, sin quedar registrado el manejo del paciente, agregando que al consultar al piloto don nombre reservado, éste indica que aeronave no es de su empresa sino de Raúl Atala E.I.R.L., respondiendo que estaba probando el avión para posible compra, no pudiendo constatar, sin embargo, arrendamiento del avión o carta poder notarial general o especial de explotación de la aeronave, con vulneración del artículo 6 del D.S. 83/2011. Añade que sólo se presenta Resolución Sanitaria N°901, de 12 de abril de 2017, de Puerto Montt, con base principal en Los Lagos, asociada a otro director técnico, con abastecimiento de botiquín en la región de Los Lagos y cuyos insumos clínicos o equipamiento se presentan sin contar con base auxiliar en la región de Aysén, en circunstancias que a quien se adjudica el traslado desde el Servicio de Salud Aysén es a Aerotaxis del Sur, la que carece de autorización sanitaria de instalaciones en esta región para traslado de pacientes. Se hace presente impedimento de realizar fiscalización a empresa de Servicios Aéreos nombre reservado, que tiene autorización sanitaria, base, equipo, botiquín y personal en la Región de Los Lagos, debiendo estar autorizado por establecimiento de salud con el que se realiza el traslado (D.S. 466/84). Se explica que la importancia está determinada, pues en caso de ocurrencia de evento adverso o centinela relacionado con prestación de servicios de traslado de pacientes enfermos o accidentados, no se puede definir empresa legalmente responsable, vulnerando los derechos de los pacientes de la red asistencial local al tenor de la Ley N°20.585, apuntando otras observaciones ligadas al equipamiento del avión y deficiente manejo del paciente trasladado (camilla adosada para traslado de pacientes no se encontraba completa, con equipo de oxígeno incorporado en ésta no operativo, en circunstancias que se trasladaba paciente con diagnóstico de angina inestable, que requiere apoyo con soporte de oxígeno). Por ello concluye dar inicio a sumario sanitario a empresa de don nombre reservado, estableciendo por acta un plazo para regularizar formalización y funcionamiento en la región asociada a prestación de salud, dejando con prohibición de funcionamiento a avión ambulancia CC-CMM para volar en la región de Aysén, por: - No cumplir condiciones básicas de seguridad para traslado de pacientes de esta región.

- No contar con equipo de salud, insumos, medicamentos (asociados a su resolución sanitaria) para la atención durante el traslado de pacientes enfermos y/o accidentados en la región de Aysén, tampoco en su aeronave. – No cumplir administrativamente con respaldo legal (contrato de arriendo o documento notarial que dé cuenta de su uso por la empresa que realizó el traslado), incumpliendo Ley N°20.585, vulnerando los derechos de los pacientes de la red asistencial de esta región. Adjunta Acta de Inspección enunciada en la letra b) que precede.

g) Conforme a Oficio Ordinario 08/1/2/425, de 25 de mayo de 2023, emanado del Encargado del Sub Departamento de Operaciones de la DGAC, se deja expresa constancia que: “En atención a los planes de vuelo IFIS de la aeronave matrícula CC-CMM, entre los días 19 y 25 de mayo de 2023, informo a usted que el piloto, Sr. nombre reservado, no debe volar en la citada aeronave, toda vez que no forma parte de las tripulaciones de la empresa operadora “Servicios Aéreos Raúl Atala E.I.R.L.”.

Al respecto, el señalado piloto no está ingresado al nombre reservado de la Empresa Aérea indicada, no cumple las restricciones de la resolución JAC N°0585/2023 de fecha 10 de junio de 2022, de pilotos no mayores de 65 años. Además que para vuelos de ambulancia aérea, la operación de la aeronave matrícula CC-CMM debe ser bajo doble comando en todo momento.

Por consiguiente, la empresa aérea “Servicios Aéreos Raúl Atala EIRL”, no puede efectuar operaciones de vuelo en la aeronave matrícula CC-CMM, con el piloto nombre reservado”.

QUINTO: Que, en base a lo anteriormente descrito y desde la perspectiva del derecho involucrado, se advierte, por una parte, que en este caso se ha desarrollado un proceso de fiscalización por la autoridad sanitaria, a propósito de uno de los rubros que le compete legalmente, acorde a la normativa sectorial contenida en los numerales 3 y 7 del artículo 12 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N°2763 de 1979, así como de la Leyes N°18.933 y 18.469 al sostener: “Artículo 12.- Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud tendrán las siguientes funciones, de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud: 3.- Adoptar las medidas sanitarias que correspondan según su competencia, otorgar autorizaciones sanitarias y elaborar informes en materias sanitarias. Las normas, estándares e instrumentos utilizados en la labor de fiscalización, serán homogéneos para los establecimientos públicos y privados. 7.- Cumplir las acciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que le sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenio”.

Por otro lado, el Decreto del Ministerio de Salud N° 136-2004, correspondiente al Reglamento Orgánico de ese mismo ministerio, en su artículo 30 reconoce la desconcentración territorial del Ministerio de Salud en Secretarías Regionales Ministeriales, con sedes en cada capital regional, sin perjuicio de las oficinas provinciales, en tanto en el numeral 8 de su artículo 33 previene entre las funciones de estas secretarías: “8. Cumplir las funciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que les sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenios”.

Lo anterior debe complementarse con la preceptiva contenida en el Código Sanitario, en sus artículos 155, 156 y 178, de cuyo tenor se extrae:

“Artículo 155° (146).- Para la debida aplicación del presente Código y de sus reglamentos, decretos y resoluciones del Director General de Salud, la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados.

Cuando se trate de edificio o lugares cerrados, deberá procederse a la entrada y registro previo decreto de allanamiento del Director General de Salud, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario”.

“Artículo 156° (147).- Estas actuaciones serán realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Salud. Cuando con ocasión de ellas se constatare una infracción a este Código o a sus reglamentos, se levantará acta dejándose constancia de los hechos materia de la infracción.

El acta deberá ser firmada por el funcionario que practique la diligencia, el que tendrá el carácter de ministro de fe”.

“Artículo 178° (169).- La autoridad podrá también, como medida sanitaria, ordenar en casos justificados la clausura, prohibición de funcionamiento de casas, locales o establecimientos, paralización de faenas, decomiso, destrucción y desnaturalización de productos.

Estas medidas podrán ser impuestas por el ministro de fe, con el solo mérito del acta levantada, cuando exista un riesgo inminente para la salud, de lo que deberá dar cuenta inmediata a su jefe directo. Copia del acta deberá ser entregada al interesado”.

Por último, en esta materia debe entenderse armónicamente interpretada la facultad conferida por el inciso segundo del artículo 178 recién citado con el artículo 14 del Decreto 83/2011, que Aprueba el Reglamento para el Servicio de Transporte Aéreo de Personas Enfermas y Accidentadas, en cuanto previene que: “Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente al lugar de ubicación de la empresa fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y aplicar las medidas y sanciones que el caso requiera, previa instrucción del correspondiente sumario sanitario, según corresponda”.

Vale decir, aquí la disposición reglamentaria, inserta dentro de la potestad normativa de inferior rango, supedita en principio la aplicación de medidas como la reclamada por esta vía a la instauración previa de un sumario sanitario, pero ella debe entenderse en consonancia con la del artículo 178 del mentado cuerpo legal - por ende, de mayor estatus jurídico-, que excepcionalmente las hace procedentes con el solo mérito del acta de rigor ante riesgo inminente para la salud, lo que se ve ratificado por lo demás con la expresión “según corresponda” con la que finaliza inclusive la primera regla, lo que se explica en razón del bien jurídico que se pretende tutelar de manera inmediata (lo contrario importaría el riesgo de seguir operando irregularmente en el tiempo intermedio, con riesgo para la salud y seguridad de los pacientes).

De este modo, no resulta observable la ilegalidad en el proceder de las fiscalizadoras, toda vez que éste se ve amparado por normas legales y reglamentarias que lo permiten, lo que desde ya aleja el achaque correlativo atribuido a la conducta desplegada en nombre del organismo sanitario al que representan, dentro de lo cual cabe consignar que la medida específica que se impugna por esta vía, ligada a haber dejado con prohibición de funcionamiento a la aeronave matrícula CC-CMM en la región de Aysén, se encontraba contemplada dentro del abanico de facultades públicas reconocidas, inclusive con el solo mérito del acta levantada por ministro de fe el día 8 de junio pasado, en que se verificó el procedimiento fiscalizador. Lo anterior, máxime si podía desprenderse con adecuado fundamento en lo concreto, el riesgo inminente para la salud de las personas que se invocó como sustento, no sólo en base a irregularidades asociadas a la ausencia formal de demostración documental de alguna autorización para operación de la aeronave por el piloto don nombre reservado, quien dio respuestas verbales francamente evasivas ante el proceso fiscalizador a través de una versión que no pudo comprobar (supuestamente ser pasajero o estar en fase de prueba de la aeronave por una posible compra, sin tener título alguno que lo amparara), sino porque también quedó demostrado en el informe técnico acompañado por el servicio recurrido, que no se cumplía con requerimientos tales como: contar con equipo humano medicalizado correspondiente a la aeronave, además de ir a la sazón sólo enfermera y kinesiólogo, no haber constancia del tipo de atención brindada al paciente trasladado, a lo que se añadía que la aeronave presentaba severas deficiencias de operación, ligadas a carecer de una camilla completa y a instrumental de oxígeno operativo, lo cual en las circunstancias puntuales examinadas, que involucraban el transporte de un adulto mayor de 83 años portador de angina inestable, tornan no sólo comprensible sino proporcional y razonable la adopción de la medida cuestionada. Lo dicho no ve alterado por la circunstancia que ésta haya afectado de paso a la empresa recurrente, resaltándose en el arbitrio que era diversa de aquélla de la cual el piloto formaba parte, argumento que por sí solo no deja de lado su propia responsabilidad frente al incumplimiento de los estándares sanitarios explicitados. Se aleja así también la atribución de arbitrariedad de la medida, conforme a lo ya descrito.

SEXTO: Que lo reflexionado se ve también reforzado por el tenor del mentado Decreto 83/2011, que Aprueba el Reglamento para el Servicio de Transporte Aéreo de Personas Enfermas y Accidentadas, en cuyo artículo 1° se establece: “Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones sanitarias que deberán cumplir los prestadores de servicios de transporte asistido por vía aérea, de personas enfermas o accidentadas, en términos que mantengan o aumenten el nivel de cuidado que se está otorgando a los afectados, teniendo en consideración la condición en la que se encuentran y sin contribuir a agravar la situación de salud que presentan al inicio del traslado”.

Dicho precepto fortifica el objetivo mayor procurado satisfacer mediante el proceso de fiscalización desplegado por el órgano sanitario, verificando el cumplimiento de los estándares que den seguridad de una adecuada atención de salud de los pacientes, al alero de Ley N°20.585, que vela por el respeto de sus derechos y previene acerca de sus deberes.

Por su lado, si bien el artículo 4 agrega la exigencia de contar con una autorización sanitaria emanada de la SEREMI de Salud correspondiente al lugar o domicilio de la entidad titular del giro de la actividad, lo que se puede entender acreditado por la recurrente mediante Resolución Exenta N°901, pronunciada en Puerto Montt el 12 de abril de 2017, por el Departamento de Acción Sanitaria, Unidad de Profesiones Médicas, Paramédicas y Farmacia de la SEREMI de Salud Región de Los Lagos, respecto de la empresa recurrente y aeronave matrícula CC-CMM, no puede desatenderse que el certificado de aeronavegabilidad DGAC N°15681/2017, descrito en ella presenta vigencia establecida sólo hasta el 15 de febrero de 2019 (documento enunciado en la letra d del considerando cuarto), agregándose luego otro, pero datado del año 2020 (letra c del mismo motivo), indistintamente que para efectos de operación aérea general la empresa recurrente cuente con permiso de operación indefinida (certificado especificado en la letra e de igual razonamiento); todo lo cual al menos siembra dudas razonables acerca de la realidad actualizada de las condiciones de operación técnica de la aeronave afectada por la medida recurrida, las que no se ven disipadas por la agregación de un nombre reservado modificado, acompañado antes de la vista del recurso por la empresa recurrente, que lo incluye dentro de un trío de pilotos eventuales.

Además, en otro extremo, no puede pasarse por alto que al tenor del Oficio Ordinario 08/1/2/425, de 25 de mayo de 2023, emanado del Encargado del Sub Departamento de Operaciones de la DGAC (documentación descrita en letra g de igual motivación), quedó consignado que entre los días 19 y 25 de mayo de 2023, el piloto, Sr. nombre reservado, no debía volar en la citada aeronave, toda vez que no formaba parte de las tripulaciones de la empresa operadora “Servicios Aéreos Raúl Atala E.I.R.L.”, agregándose, más allá de esas fechas y a propósito del hecho de la fiscalización objeto del recurso, que no aparecía ingresado en el nombre reservado de la Empresa Aérea indicada –lo que se condice con su propio relato verbal evasivo-, no cumplía las restricciones de la resolución JAC N°0585/2023 de fecha 10 de junio de 2022, respecto de pilotos no mayores de 65 años, además que para vuelos de ambulancia aérea, la operación de la aeronave matrícula CC-CMM debía ser bajo doble comando en todo momento, concluyendo de modo categórico que la empresa aérea “Servicios Aéreos Raúl Atala EIRL”, no podía efectuar operaciones de vuelo en la aeronave matrícula CC-CMM, con el piloto don nombre reservado.

De esta manera, la afectación de derechos padecida por la empresa recurrente a causa del proceder del órgano fiscalizador sanitario, es consecuente con una serie de irregularidades descubiertas en torno a la situación asociada a la operación de la ambulancia aérea por el aludido piloto, como por carencias técnicas de equipamiento evidenciadas en la propia aeronave.

SÉPTIMO: Que, de lo latamente descrito, sumado a las falencias detectadas en el equipo humano y equipamiento material de operación de la aeronave, que están en contradicción con lo exigido en ese rubro entre los artículos 7 a 10 del mismo Decreto 83/2011, dejan en evidencia una serie de elementos que no sólo descartan el supuesto proceder ilegal o arbitrario de la autoridad sanitaria, sino que enervan la posición de la recurrente, cuyo derecho invocado se torna dudoso, por ende, sin perder de vista que en esos términos no se erige esta sede constitucional, de urgencia y sumarísima, como la idónea para declarar esos derechos, debiendo acudir quien pretende a los mecanismos legales que el legislador al efecto ha franqueado en el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que se ha referido ya la instauración de sumarios sanitarios en los que, considerando su calidad de interesado, pueden hacerse valer las pretensiones y antecedentes con latitud o, en defecto, incoando el reclamo en el marco del procedimiento administrativo que en rigor corresponda.

OCTAVO: Que, en línea con lo recién apuntado y en vinculación con la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, ha sido la Excma. Corte Suprema en jurisprudencia asentada y de dilatada data, la que ha resuelto que: “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27.451-2014, de 14/01/2015). En refuerzo, se debe advertir también que el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente.” (Rol N°2538-2014, de 09/09/2014).

De esta forma, es posible concluir que el derecho indubitado que se pretende defender por la recurrente a través de esta herramienta tampoco se halla convergente en la especie.

NOVENO: Que, en virtud del contenido de los raciocinios que anteceden, se advierte ejercicio infructuoso abordar la doble afectación de garantías desarrollada en el libelo recursivo (si bien se enunciaban al inicio tres), siendo evidente la desestimación de este arbitrio en lo resolutivo, al haberse constatado que se ha adolecido en el caso concreto de un acto arbitrario e ilegal que emane de la autoridad sanitaria recurrida y careciendo la recurrente de un derecho indubitado que tutelar a través de alguna de las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y a asegurar la debida protección del afectado.

Por estos razonamientos y a la luz, además, de lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 24, más artículo 20 y demás pertinentes de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y demás normas aplicables, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado don Edmundo Lira Vásquez, en representación de SERVICIOS AÉREOS RAÚL ATALA E.I.R.L., en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD–AYSÉN, representada por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°247-2023 PROTECCION.