nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CISNES

Coyhaique, a diez de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°246-2024, en lo principal de presentación de fecha 6 de noviembre de 2024, comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Cisnes, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén, representada legalmente por nombre reservado o por quien en derecho la represente, como también en contra de la Contraloría General de La República, representada por doña nombre reservado o por quien en derecho la represente, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por cuanto estima que los recurridos, habrían efectuado actos ilegales y arbitrarios que afectan los derechos contenidos en el Art. 19 N° 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “1) Que se deja sin efecto el oficio Nº E536782 / 2024, del Contralor General de la República que ha ordenado el embargo sobre las remuneraciones percibidas por el suscrito vulnerando la norma protectora del artículo 57 del Código del Trabajo; 2) Que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 4449 de 6 de septiembre de 2024, que materializó dicha resolución, y todos los actos administrativos sucesivos que hayan materializado las retenciones posteriores; 3) Que los recurridos deberán reintegrarme las sumas de dinero indebidamente embargadas y retenidas, con el reajuste correspondiente, en el plazo de diez días o en el plazo que US. I ltma. determine. (SIC)”.

Con fecha 16 de diciembre de 2024, don Felipe Andrés Pinilla Navarrete, abogado, en representación de la recurrida Municipalidad de Cisnes, incorporó el informe requerido.

Con fecha 16 de diciembre de 2024, el Fiscal (S) don Carlos Andrés Soto Muñoz, en representación de la recurrida Contraloría General de la República, evacúa el informe requerido.

El 6 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 8 del mismo mes y año, alegando por las recurridas, Municipalidad de Cisnes, el abogado Felipe Pinilla y por la Contraloría General de la República, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Villegas Soto.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala que es funcionario de la Municipalidad de Cisnes y percibe un sueldo de $1.629.850.

Señala que la Contraloría ordenó a la municipalidad recurrida descontar de sus remuneraciones 60 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 6,6474 UTM cada una hasta cubrir la cantidad de 398,845 UTM, más interés penal del 1% mensual, lo cual fue ordenado a través del oficio Nº E536782 / 2024, para el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de cuentas N° [cuenta reservada], lo que implica el embargo de sus remuneraciones, vulnerando el artículo 57 del Código del Trabajo.

De conformidad a lo oficiado por el Ente Contralor, la Municipalidad de Cisnes dictó el Decreto Alcaldicio N° 4449 de 6 de septiembre de 2024, que dispone proceder al descuento ordenado por la contraloría. a partir de la remuneración de octubre de 2024, la cual fue pagada el 21 de octubre de 2024, en donde le fueron descontados $435.810, equivalentes a 6,6474 UTM.

Refiere que mensualmente se efectúa la retención judicial de su remuneración por el monto de $101.187, por concepto de pensión de alimentos en favor de dos hijos, además se encuentra pagando un crédito en Coopeuch por el monto de $285.370 mensuales y otro con Banco del Estado, por el monto de $349.719 mensuales.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Municipalidad de Cisnes, refiere que a raíz del Oficio N ° E536782, de fecha 05 de septiembre de 2024, de la Contraloría General de la República, descontó de las remuneraciones del recurrente la suma de $435.810, correspondiente al mes de octubre, mientras que durante el mes de noviembre descontó la suma de $442.902.

Agrega que, a través del Informe Final N° 173-2017, el Contralor Regional de Aysén formuló reparo ante el Juzgado de Cuentas en contra del Sr. nombre reservado, iniciándose el juicio de cuentas N° [cuenta reservada], dictándose en tal proceso la sentencia definitiva N° 81.050, de fecha 28 de marzo del 2023, que condenó al recurrente a pagar la suma equivalente de 398,845 Unidades Tributarias Mensuales y contra la cual se interpuso recurso de apelación que luego fue desestimado al haber sido confirmada con declaración por el fallo TC2: ST:001.284, del Juzgado de Cuentas de segunda instancia, que se encuentra firme y ejecutoriado. Mediante Oficio N° E536782, de fecha 05 de septiembre de 2024, de la Contraloría General de la República, se requirió a la Municipalidad el cumplimiento de la misma. Así, se estableció que por aplicación del artículo 125 de la Ley N° 10.336, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, deberá proceder a descontar de las remuneraciones del recurrente las sumas equivalentes a los cargos establecidos en la sentencia de primera instancia.

Indica que, la Municipalidad recurrida dictó el Decreto Alcaldicio N° 4.449, de fecha 06 de septiembre de 2024, en idénticos términos al oficio de Contraloría.

Esgrime que no existe afectación a las garantías fundamentales del recurrente, y la dictación del Decreto Alcaldicio N° 4.449, de fecha 06 de septiembre de 2024, no es arbitraria ni ilegal, desde que obedeció la orden contenida en el Oficio N° E536782, de 2024, de Contraloría General de la República.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección es improcedente en contra de resoluciones judiciales, pues el asunto respecto del cual se pretende impetrar la acción constitucional fue sometido al imperio del derecho del Juzgado de Cuentas, y posteriormente al Juzgado de Cuentas de segunda instancia.

TERCERO: Que, asimismo, evacuando el informe solicitado, la recurrida Contraloría General de la República señala en lo medular que, el señor nombre reservado, fue condenado al pago de la suma de 398,845 UTM, correspondiente a su intervención en el daño al patrimonio municipal, tras determinarse su responsabilidad civil en el reparo formulado en su contra, mediante sentencia de 28 de marzo de 2023, confirmada con declaración a través del fallo de fecha 2 de octubre de 2023 del Tribunal de Cuentas de segunda instancia.

Agrega que, certificándose la ejecutoriedad del fallo, se requirió su cumplimiento y en atención a que el actor no reintegró el monto antes señalado, se dispuso que la suma de 398,845 UTM, fuese descontada de la remuneración del recurrente, en 60 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 6,6474 UTM, hasta cubrir la deuda total en capital e intereses, debiendo cada cuota ser depositada en arcas de la Municipalidad de Cisnes, con el respectivo interés penal.

Advierte que el juicio de cuentas busca hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de las personas que tengan a su cargo bienes y fondos públicos, por lo que resulta improcedente que se recurra de protección para impugnar actuaciones verificadas en ese contexto, considerando que la acción constitucional no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos preestablecidos y entregados al conocimiento de organismos que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones legales, y teniendo presente que en la especie se trata de una actuación emitida en el marco de un procedimiento afinado.

Señala que la alternativa a lo actuado por la entidad de control en este caso, era el total reintegro, la suspensión del empleo e incluso la separación del cargo, agregando que el ejercicio de la referida facultad mediante el oficio que se impugna, es la situación más favorable para el funcionario en el cumplimiento de la sentencia, no existiendo agravio.

Indica que, el artículo 94 de la Ley N°18.883 establece que “Las remuneraciones son embargables hasta en un cincuenta por ciento, por resolución judicial ejecutoriada dictada en juicio de alimentos o a requerimiento de la municipalidad a que pertenezca el funcionario, para hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente de los actos realizados por éste en contravención a sus obligaciones funcionarias”.

Aparte, el artículo 1° del Código del Trabajo establece que “Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”.

Agrega el inciso tercero de la misma disposición “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”.

Por lo anterior, no se advierte sustento alguno en la pretendida aplicación del artículo 57, del Código del Trabajo, que invoca el recurrente, al tratarse de una materia expresamente regulada en el artículo 94 del referido estatuto, que rige su relación funcionaria.

Señala que, con excepción de la pensión por alimentos que menciona el recurrente, las demás supuestas deudas son obligaciones de naturaleza comercial, que no se encuentran previstas en el artículo 94 de la Ley N°18.833, no siendo pertinente para estos efectos.

Finalmente, sostiene que no es efectivo que la Contraloría General haya vulnerado las garantías invocadas por el actor.

CUARTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, como primera cuestión, es del caso señalar que el acto impugnado es el Oficio N° E536782, de fecha 5 de septiembre de 2024, emanado de la Contraloría General de la República y dirigido al Secretario Municipal de la Municipalidad de Cisnes, a través del cual se solicita el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en contra del recurrente, en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N°10.336, disponiendo que se descontara de sus remuneraciones la suma de 398,845 UTM, en 60 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 6,6474 UTM, hasta cubrir la deuda total en capital e intereses, además de aplicar un interés penal del 1% mensual.

Igualmente, hace consistir el acto arbitrario e ilegal, en el Decreto Alcaldicio N°4.449, de fecha 6 de septiembre de 2024, de la Municipalidad de Cisnes, que ordenó practicar el descuento en las remuneraciones del recurrente de conformidad a lo requerido por Contraloría General de la República, en los términos recién expuestos.

Que, a juicio del recurrente, ambos actos vulneran las garantías constitucionales establecidas en el N° 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, apreciando los antecedentes allegados al presente recurso y a los informes respectivos, conforme a las reglas de la sana crítica, que resultan ser hechos asentados:

1) Que, por sentencia de primera instancia rol N°81050, de fecha 28 de marzo de 2023, confirmada con declaración por el fallo TC-2: ST:001.284, del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, la que se encuentra firme y ejecutoriada, dictada en el juicio de cuentas N° [cuenta reservada], se condenó a: doña nombre reservado, Directora de Obras, don nombre reservado, Jefe de la Secretaría Comunal y don nombre reservado, Inspector Técnico de Obras, todos pertenecientes a la Municipalidad de Cisnes, al pago de la suma equivalente a 600,45 UTM.

2) Que, asimismo, es un hecho de la causa que, por Resolución N° 85.403, de 28 de junio de 2024, se requirió el cumplimiento del fallo señalado.

3) Que, mediante Oficio Nº E536782 / 2024, de fecha 05 de septiembre de 2024, la Contraloría General de la República solicitó a la Municipalidad de Cisnes, que se practique el descuento en las remuneraciones de nombre reservado, en 60 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 6.6474 UTM, hasta cubrir la cantidad total de 398,845 UTM, más un interés penal del 1% mensual, a partir del mes siguiente a aquél en que se reciba esta resolución.

4) Que, mediante Decreto Alcaldicio N°4.449, de fecha 6 de septiembre de 2024, la Municipalidad de Cisnes ordenó practicar el descuento en las remuneraciones del recurrente, nombre reservado, en 60 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de 6.6474 UTM, hasta cubrir la cantidad total de 398,845 UTM, más intereses, que deberá hacerse efectivo a partir del mes siguiente a aquel en que se reciba la resolución, lo anterior con un interés penal del 1% mensual.

NOVENO: Que, en el presente caso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 125 de la ley N° 10.336, que señala: “ El funcionario que, una vez requerido del cumplimiento de la sentencia por el juez de primera instancia, no haya satisfecho, en el término de un mes, por sí o por fiador, los cargos que hubieren resultado en su contra, deberá ser suspendido de su empleo por el Contralor, y será separado de su cargo si el integro no se efectúa dentro de los dos meses siguientes a la suspensión, sin perjuicio de la acción judicial que la Contraloría podrá entablar de acuerdo con sus atribuciones, o pedir que entable el Consejo de Defensa del Estado, para salvaguardar el interés del Estado.

No obstante, el Contralor General podrá ordenar que se descuenten directamente de las remuneraciones del funcionario, por las oficinas pagadoras correspondientes, las sumas equivalentes a los cargos que hubieren resultado en su contra.”

Por su parte, el artículo 94 de la Ley N° 18.883, señala que: “Las remuneraciones son embargables hasta en un cincuenta por ciento, por resolución judicial ejecutoriada dictada en juicio de alimentos o a requerimiento de la municipalidad a que pertenezca el funcionario, para hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente de los actos realizados por éste en contravención a sus obligaciones funcionarias.”

Del claro tenor de las normas transcritas, se colige que el ente Contralor detenta las facultades para que, en virtud del acto administrativo que dictó, ordene a la Municipalidad de Cisnes, que ésta - como mera oficina pagadora-, efectúe el descuento de las remuneraciones del funcionario que se encuentra obligado a restituir las sumas que adeuda, máxime si tal orden tiene como sustento la sentencia firme y ejecutoriada dictada en un juicio de cuentas, legalmente tramitado, precedido de debate, afinado y cuya ilegalidad no ha sido cuestionada por el recurrente.

DÉCIMO: Que, por otro lado, del propio escrito recursivo se advierte la inexistencia de un derecho indubitado que haya sido lesionado o amenazado por un acto arbitrario o ilegal de los órganos de la Administración, o que restrinja su ejercicio, requisito inexcusable para la procedencia de la acción constitucional que se intenta. Más bien se aprecia la disconformidad con la decisión adoptada en la sede administrativa idónea, vislumbrándose, por ende, el sustento de la acción en base a una mera expectativa.

A mayor abundamiento y en línea con lo expuesto, la presente sede no se erige como una instancia declarativa de derechos, a través de la cual se debata la existencia, procedencia o improcedencia de un derecho, limitándose únicamente a cautelar las garantías y derechos preexistentes e indubitados, y mucho menos está orientado a la revisión de los procedimientos especialmente establecidos para el conocimiento de un juicio de cuentas, salvo que se verifique la ocurrencia de manifiestos actos u omisiones arbitrarios o ilegales, lo que no ha sido el caso revisado por esta vía, por los motivos ya expresados.

UNDÉCIMO: Que, finalmente y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, de los antecedentes puestos a disposición de esta Corte, no se advierte afectación antijurídica alguna de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, pues, además de no haber señalado la forma en que éstas habrían sido conculcadas, lo que resulta más patente en relación con la afectación del derecho a la vida e integridad física o síquica, se ha determinado que no hay tal vulneración de la igualdad ante la ley, pues ha existido un tratamiento similar para los tres funcionarios sentenciados al pago, sin discriminar arbitrariamente en perjuicio del recurrente y, por último, efectivamente el derecho de propiedad se ha visto afectado por la disminución patrimonial ligada al pago de lo adeudado, pero ello ha obedecido a una razón legítima, derivada del cumplimiento de un fallo condenatorio pronunciado en un procedimiento administrativo especial afinado, según se adelantó; debiendo desestimarse, en consecuencia, el presente recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Cisnes, representada legalmente por nombre reservado, y en contra de la Contraloría General de La República, representada por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la señora Ministro, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

No firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Rol 246-2024 (Protección).