nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

10 Coyhaique, a nueve de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 6 de noviembre de 2024, comparece don nombre reservado, Psicólogo Grado 7° de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra Carabineros de Chile, representado por su General Director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Contralora General de La República Subrogante, a la sazón, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, domiciliada en domicilio reservado, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto u omisión arbitrario o ilegal, consistente en la respuesta terminal del procedimiento administrativo de cobro de remuneraciones adeudadas, beneficio que no fue pagado, afectando las garantías contenidas en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando, en definitiva: “ordene a los recurridos llevar a cabo las operaciones concernientes a regularizar su situación, pagando en un plazo determinado las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, todo ello sin perjuicio que V.S.I., estime procedente acoger el recurso de protección por alguna otra infracción y reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que SS. Iltma. estime pertinente (SIC)”.

Que, con fecha 14 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 15 de noviembre de 2024, nombre reservado, General de Carabineros, incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 21 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de la República, incorporó el informe requerido.

Con fecha 31 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 03 de enero de 2025.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso señalando que, es funcionario activo de Carabineros de Chile, ingresando a la Institución con fecha 1 de abril de 1997, computando a la fecha de presentación del recurso 28 años, de modo tal que el día 1 de abril de 2017 cumplió veinte años de servicios efectivos, fecha desde la cual la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” es imponible, cómputo válido para el retiro con derecho a pensión y desahucio, siendo su entidad previsional y caja pagadora la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Precisa que, prestó servicios en la Región de Aysén desde el mes de enero del año 2009 hasta su despacho a su actual dotación en el año 2023, periodo en el cual correspondía el pago de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo”, el que debía incluirse en la base de cálculo de la “Gratificación de Zona”, correspondiente al 105%.

Refiere que, la Contraloría General de la República por medio del Dictamen E98928N21, de fecha 26 de abril de 2021, dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona.

Ahora bien, explica que Carabineros de Chile, a través del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones, dicta la Resolución Exenta N° 726, de fecha 29 de octubre 2021, reconociendo el error de la base de cálculo reclamada y disponiendo que la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” fuese considerada en la base de cálculo de la “Asignación de Zona”, pago que fue ordenado de manera parcializada y que, de forma arbitraria e ilegal, solamente a contar del 1 de mayo 2021 en adelante, omitiendo el periodo anterior y por tanto el periodo en que el recurrente prestó servicios en la Región de Aysén desde el mes de enero del año 2009 hasta abril de 2021 (147 meses de servicio).

Indica que, debe considerarse que entre los meses de enero del año 2009 y mayo del año 2018 (112 meses), ostentaba el grado de empleo 11°, el cual tiene fijado actualmente por concepto de “asignación al grado efectivo imponible” la suma de $504.246 (monto que se reajusta año a año para el sector público en virtud de ley), lo que determina que, por esa asignación y lapso de tiempo, se le adeude la suma de $56.475.552. Luego, entre los meses de junio del año 2018 y abril de 2021 (35 meses), ostentaba el grado de empleo 9°, el cual tiene fijado actualmente por concepto de “asignación al grado efectivo imponible” la suma de $592.822 (monto que se reajusta año a año para el sector público en virtud de ley), lo que determina que por esa asignación y lapso de tiempo, se le adeude la suma de $20.748.770, de manera que considerando ambas cantidades y la “Gratificación de Zona” correspondiente al 105%, se le adeuda actualmente el ajuste de remuneraciones por la suma de $81.085.538.

Luego, refiere que con fecha 11 de noviembre de 2023 se le hizo presente el error a la administración solicitando el pago de las sumas pendientes ya señaladas, dado que en definitiva no resultaba procedente la aplicación de la norma especial del artículo 99° de la Ley 18.834, ya que lo que se reclama no es el derecho a cobro de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” ni la “Gratificación de Zona” per se, sino más bien la rectificación del manifiesto error cometido por la administración de no considerar en la base de cálculo del 105% de gratificación de zona, la asignación de especialidad al grado efectivo por el periodo comprendido entre enero de 2009 y abril de 2021, lo que implica una privación al natural acrecimiento de las remuneraciones que se debió experimentar en dicho periodo.

Añade que Carabineros de Chile requirió del órgano contralor, mediante Oficio N°1875, de fecha 21 de diciembre de 2023, de su Dirección Nacional de Personal, se aclarara el plazo de prescripción que debe operar respecto del cobro de diferencias insolutas por la asignación de zona, respondiéndose por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución Exenta N°14.188/2024, que la norma de prescripción aplicable es la contenida en el artículo 99° de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a seis meses desde que el beneficio se hace exigible, siendo la referida Resolución ampliamente difundida en Carabineros de Chile, a través del Documento Electrónico N.C.U 215687222, de fecha 07 de octubre de 2024, de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, de la que fue puesto en conocimiento del recurrente, vía documentación electrónica, con fecha 08 de octubre 2024, dando inicio así al plazo para presentar la acción constitucional, comunicándole que desde la fecha de su solicitud, ya había transcurrido el plazo de seis meses establecido por la ley para requerir el cobro de las cantidades adeudadas, razón por la cual debía concluirse que el derecho a su cobro se encuentra prescrito. Luego de referirse a la procedencia de la acción, sostiene que la situación de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile se rigen por el mismo marco normativo en materia de remuneraciones y pensiones, de lo cual cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que resulta evidente que tanto al personal de la Policía de Investigaciones y al personal de Carabineros de Chile, les asiste el derecho a considerar en la base de cálculo de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” el porcentaje respectivo a la región en que prestan servicios correspondientes a la “Gratificación de Zona”; el primero de ellos se vuelve imponible al cumplir 20 años de servicios efectivos, rigiendo para ambas instituciones las reglas de pensión contenidas en el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, por lo que existe una discriminación arbitraria, ya que la omisión del pago del derecho reclamado a una de las instituciones la deja en desigualdad respecto a la otra, por causa no imputable al afectado, sino que a la negligencia de la Administración, y el derecho de propiedad, en cuanto se le omite pagar todo el periodo que el recurrente prestó servicios en la Región de Aysén, entre enero del año 2009 hasta abril de 2021, con anterioridad al 1 de mayo de 2021, adeudando, en los términos que se precisaron con anterioridad, el ajuste de remuneraciones por la suma de $81.085.538, la que se desarrolló -mes a mes- a la espera de la concreción del pago íntegro, sin que a esta fecha exista una solución seria y real, con las consecuencias económicas respectivas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Directora de Presupuestos, doña nombre reservado, solicita su rechazo, con costas.

En primer lugar, alega la inexistencia de un acto y omisión atribuible a la Dirección de Presupuestos, ya que, por una parte, se afirma que no se realizaron requerimientos a DIPRES de recursos para el pago de la gratificación de zona, al mismo tiempo se alega que no consta que el Servicio haya incorporado recursos al efecto, desconociendo que, en el evento que ello hubiese sido necesario, resultaba indispensable que Carabineros requiriese dichos recursos.

Seguidamente, invoca la inexistencia de un derecho indubitado, en atención al reconocimiento por el actor de diversas tesis en materia de prescripción, por lo que, estima, el derecho que invoca no es indubitable, lo que se refuerza con la Resolución Exenta N° 14.188/2024 de la Contraloría General de la República, en la que se hace presente que a la gratificación recibida por Carabineros de Chile le resulta aplicable el artículo 99 del Estatuto Administrativo, norma que establece un plazo de prescripción de 6 meses.

Luego de referirse a la gratificación de zona y a la asignación de especialidad de grado efectivo, aborda las actuaciones de la Dirección de Presupuestos, la que no es la entidad empleadora del recurrente, no correspondiéndole determinar asignaciones ni gratificaciones, sino únicamente la proposición de asignación de recursos, por lo que, concluye, ésta no ha vulnerado las garantías fundamentales del recurrente, habiendo actuado dentro de sus competencias legales.

TERCERO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Carabineros de Chile, solicita el rechazo, con costas.

Luego de mencionar la destinación del recurrente y distintos oficios de la Contraloría General de la República, destaca que la Resolución N°14.188/2024, de 13 de septiembre 2024, del órgano Contralor, que aclara el Oficio N°E399.886, de 2023, dispone que el derecho a cobro de lo adeudado de la Asignación de Zona prescribe en un plazo de 6 meses, contados desde la fecha en que se hizo exigible.

Indica que en noviembre de 2023 el recurrente presentó solicitud al Departamento Beneficios Económicos y Registro de datos personales (P.7) para que se le pagara lo adeudado por concepto de Asignación Zona, desde enero del 2019 al 30 de abril 2021, lo que fuere respondido a través del documento electrónico N.C.U 215210633, de 28 de septiembre 2024, señalando que su derecho a cobro se encuentra prescrito, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República en la resolución ya individualizada.

Precisa que, el artículo 98, letra f), de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, contempla la Asignación de Zona, contenida en el Estatuto del Personal de Carabineros, citando el artículo 99 de la misma ley, el que establece que: “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”, por lo que descarta una vulneración de los derechos invocados por el recurrente.

Agrega que, el recurrente carece de un derecho indubitado, toda vez que el acto en contra de la cual se recurre, no se condice con los fundamentos legales que inequívocamente se advierten que el documento electrónico N.C.U. 215687222 de 07 de octubre de 2024, de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, correctamente emitido atendida su finalidad, esto es, comunicar los argumentos legales y jurisprudenciales que precisaban la prescripción del derecho al cobro de lo adeudado por diferencias en el cálculo de la asignación de zona, lo que no da cuenta de una actuación institucional anómala, no cumpliéndose con el supuesto básico del recurso de protección, por lo que la acción no puede prosperar.

CUARTO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Contraloría General de la República, solicita el rechazo.

Señala que, a propósito de una reclamación realizada, se efectuó un nuevo estudio, esta vez circunscrito al plazo de prescripción y en dichas circunstancias se dictó la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, que concluyó que de conformidad con lo establecido en los artículos 98 y 99 de la ley N° 18.834, el cobro de las asignaciones establecidas en el citado artículo 98 -entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales, como ocurre con la asignación que se reclama- prescribe en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.

Refiere que, de este modo, el actor pretende que se lleve a efecto un recálculo de la asignación en el que se compute un periodo, según su parecer omitido, entre enero de 2009 y abril de 2021, sin considerar las reglas de prescripción del Estatuto Administrativo que le son aplicables.

Afirma que, lo reclamado por el actor no corresponde ser dilucidado por medio de la presente acción cautelar, toda vez que ésta no constituye una instancia para discutir el alcance, sentido e interpretación que efectúa la entidad de control en el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República y las leyes le han conferido.

Además, sostiene que el recurrente no detenta un derecho indubitado, pretendiendo, por esta vía, que esta Corte determine que la resolución exenta N°726, de 29 de octubre de 2021, de Carabineros de Chile, debe incluir el pago del emolumento desde enero de 2019 hasta el 30 de abril de 2021, y no desde el 1 de mayo de 2021.

Indica que el presente recurso no sustituye al juicio declarativo de cobro de pesos que es lo que el recurrente persigue con su recurso, toda vez que ello importa determinar la eventual procedencia de la asignación reclamada por el periodo señalado, para lo cual se deberá aportar prueba y calcular montos, situaciones que no revisten el carácter de urgencia que hace procedente la interposición de esta acción cautelar.

Hace presente que la asignación cuyo pago motiva el presente recurso, no puede considerarse como una prestación de seguridad social, por lo que no es posible considerarla como imprescriptible como asegura el actor, sino que se encuentra sujeta al plazo de prescripción de seis meses, que dicha determinación se encuentra fundada en la remisión que hace el artículo 99 del Estatuto Administrativo, respecto del artículo 98 del mismo, siendo una norma especial que prevalece por sobre las normas subsidiarias del Código Civil.

Finalmente, sostiene que no hay vulneración del derecho a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, ya que en uso de sus atribuciones se ha limitado a aplicar la normativa vigente y, a su vez, operó el plazo de prescripción extintiva respecto del recurrente.

QUINTO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

De lo antes dicho se desprende que este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la gratificación de zona, correspondiente al 105% del sueldo por prestar el recurrente servicios en la Región de Aysén, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los recurridos, de manera transversal, desestiman lo sostenido por el recurrente, alegando que resultan aplicables los artículos 98 y 99 del Estatuto Administrativo, por lo que el cobro de las asignaciones reclamadas se encuentra prescrito, lo que se refuerza con la dictación de la Resolución Exenta N°14.188, de 13 de septiembre de 2024, de la Contraloría General de la República.

NOVENO: Que, como ya se señaló en el motivo Sexto, la presente acción sólo puede referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo que no ocurre en el presente caso, desde que el derecho del recurrente se encuentra dubitado por las alegaciones de fondo relativas a la prescripción, discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones de una y otra, por otro procedimiento y no por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional y objetivos distintos, encontrándose controvertido lo reclamado, razón por la cual el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, cabe concluir que, atendida la controversia anotada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente y que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, de la Contralora General de La República Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Fiscal nombre reservado, don nombre reservado, quien no firma por encontrarse en cometido funcionario.

Rol N°: 245-2024 (Protección).