nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a quince de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 5 de noviembre de 2024, comparece doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, región de Aysén; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, región de Aysén; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, región de Aysén; y, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, región de Aysén, quienes deducen recurso de protección en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada legalmente por el Prefecto Inspector, don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el Art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 (SIC)”.

Con fecha 4 de diciembre de 2024, doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 7 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista el día 9 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundamentan su recurso señalando que, doña nombre reservado, ingresó a la Institución el día 1 de febrero de 2000; respecto de don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de febrero del 2002; respecto de don nombre reservado, ingresó a la PDI el 15 de septiembre de 2005; respecto de don nombre reservado ingresó a la PDI el 1 de febrero del 2005, todos los funcionarios señalados se encuentran en calidad de activos o en servicio.

Precisan que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y que desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Detective, se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, como es el caso de la ciudad de Coyhaique.

Refieren que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se cancelará de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían el derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de Julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indican que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N° E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisan que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, en primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción, ya que estima que se debió computar el plazo para recurrir desde el 15 de diciembre de 2022, fecha en que se efectuó un pago incompleto, habiendo transcurrido 691 días a la fecha de interposición del recurso.

A continuación, se refiere a las alegaciones del recurrente y, luego de abordar la naturaleza de la asignación de grado efectivo, expresa que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio, sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Por otro lado, refiere que no se procedió con el pago de dos de los recurrentes, desde que en el caso de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, a la fecha del dictamen no se encontraban cumpliendo funciones en una unidad a la que corresponda el pago de gratificación de zona; en el caso del recurrente nombre reservado, la recurrida señaló que si realizó un pago por el monto de $8.661.395, correspondiente al pago retroactivo del periodo comprendido desde el abril de 2021 a noviembre de 2022; por último, respecto del recurrente nombre reservado, también se efectuó un pago por el monto de $5.582.545, correspondiente al pago retroactivo del periodo comprendido desde el abril de 2021 a noviembre de 2022.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, y, en conclusión, refuta que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes, negando que el dictamen tenga efecto retroactivo y expresando que no procede el pago del período anterior al del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlos del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a sus patrimonios; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, doña nombre reservado ingresó a la Institución el día 1 de febrero de 2000, encontrándose actualmente en servicio activo; don nombre reservado, ingresó a la Institución el día 1 de febrero de 2002, encontrándose actualmente en servicio activo; don nombre reservado, ingresó a la Institución el día 15 de septiembre de 2005, encontrándose actualmente en servicio activo; y don nombre reservado, ingresó a la Institución el día 1 de febrero de 2005 y se encuentra en servicio activo.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019, de la JENAPERS, se informó al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N° 285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original, ello hasta recibida la respuesta del ente contralor, en la que se requirió un pronunciamiento respecto a la base de cálculo, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo, que actualmente recibía el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio.

5.- Que, en liquidación de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago, en el caso de don nombre reservado, por el monto de $8.661.395 por concepto de “zona retroactiva”.

6.- Que, en liquidación de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago, en el caso de don nombre reservado, por el monto de $5.582.545 por concepto de “zona retroactiva”.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

OCTAVO: Que, primeramente, se debe tener presente que el numeral 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

NOVENO: Que, si bien la recurrida refiere que lo reclamado por la recurrente data del 15 de diciembre de 2022, oportunidad en que se realizó un pago considerado por la actora como parcial, y que el recurso fue presentado el día 5 de Noviembre de 2024, por lo que, habría transcurrido en exceso el plazo de 30 días corridos para su interposición, cabe tener a la vista que la acción u omisión reclamada tendría efectos permanentes, lo que lleva a rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

II.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competían para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo; lo cual resulta ser una interpretación maliciosa de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa una data constitutiva ligada al nacimiento original de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia y, por ende, está dotada de un alcance meramente declarativo.

DUODÉCIMO: Que, consecuente con ello, estos sentenciadores estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tienen derecho los recurrentes de autos, y respecto de las cuales ostentan un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que los actores dejen de percibir durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la administración, que no le son atribuibles, verificando así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, de su derecho de propiedad, desde que se ha impedido que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenían derecho, ingresen a sus patrimonios.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley a que tienen los recurrentes, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, quienes en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva a los recurrentes de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA petición de extemporaneidad, deducido por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y, don nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a los recurrentes, correspondientes al período que se desempeñaron en la región de Aysén, y que han sido motivo de la presente causa, sin perjuicio de determinarse en la sede administrativa correspondiente el cálculo y liquidación de las sumas que en efecto sea procedente solventar, considerando los distintos factores e institutos legales que pudiesen estar involucrados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Selim Carrasco Lobo.

Rol 244-2024 (Protección).