nombre reservado con SECCIÓN REMUNERACIONES POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, tres de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°242-2024, en lo principal de la presentación de 4 de noviembre de 2024, comparece don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en representación de don nombre reservado, Prefecto Inspector, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, el que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, a cargo de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado de la P.D.I. (en adelante JENAPERS), con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°24 y 2 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza desde el ingreso a la institución, que en el caso de don nombre reservado, corresponde al periodo servido y no pagado íntegramente comprendido en las siguientes zonas Puerto Montt, Coyhaique, Valdivia, la Unión y Concepción.”. (SIC)

Que, con fecha 27 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe requerido.

Con fecha 4 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 14 del mismo mes y año, contándose únicamente con el alegato del abogado de la recurrente, ya individualizado.

El 14 de enero de 2025, atendido el mérito de autos, se decretó como medida para mejor resolver el despacho de un oficio dirigido a la recurrida, a fin de informar, de manera precisa, en qué periodos el recurrente ejerció sus funciones en la Región de Aysén, debiendo remitir toda la documentación pertinente a dicha aclaración.

Con fecha 29 de enero de 2025, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver decretada en autos, comenzando a regir el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamenta su recurso señalando que ingresó a la institución el 1 de abril de 1982 y que actualmente ostenta el cargo de Prefecto Inspector, grado 1°, cargo con naturaleza emérita autorizado después de ejercer por 37 años de servicio efectivo, acorde a la reglamentación para el uso de su placa institucional y porte de arma de fuego.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, y que desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Detective, se le generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la P.D.I. informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285, de fecha 2 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la P.D.I. mediante el Dictamen N°E98928 / 2021, que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta, lo que develó que siempre la P.D.I. infringió sus obligaciones de pago.

Precisa que, a raíz de distintos fallos dictados en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración; no obstante, el pago se haría solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período que iba desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución por la precisión que hizo el fallo emanado de la Corte Suprema, ésta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, sólo respecto de algunos, con lo cual ha hecho diferencias arbitrarias respecto de otros ex funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad. Agrega que, en cuanto el derecho de propiedad, la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad por el tiempo que sirvieron en la institución y que el hecho de no pagar aquellos montos adeudados de la asignación de grado efectivo por el período que media entre el ingreso a la Institución al 26 de abril de 2021, conculca el derecho de propiedad que tiene el recurrente sobre el saldo insoluto no pagado de sus remuneraciones por el tiempo que sirvió en la institución.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida indica que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968, no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Manifiesta que la institución policial no procedió a pagar al recurrente cuando correspondía (atendiendo a la fecha del dictamen, esto es, el 26 de abril de 2021), en razón de que, a la fecha de dicho dictamen, el recurrente se encontraba en situación de retiro, desde el año 2018.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que se han realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios(as), a los cuales les asiste la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al dictamen N° E98928, de 26 de abril de 2021, de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para el tipo de decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la omisión del pago íntegro de la gratificación de zona, al no considerar a cabalidad en su cálculo la asignación de especialidad al grado efectivo que le correspondía, que es una remuneración adeudada desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar el asunto a ser dirimido, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, nombre reservado, ingresó a la institución el 1 de abril de 1982 y permaneció activo en ella hasta el 3 de abril de 2018, y que durante su carrera funcionaria se desempeñó, en lo que atañe al recurso, en las unidades policiales de: Puerto Montt, Coyhaique, Valdivia, la Unión y Concepción.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225, de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile habría un mejoramiento en el cálculo de la gratificación de zona a quienes tuvieran derecho a percibirla.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta ser recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I., evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibía el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a percibir este último beneficio.

5.- Que, en el caso concreto, como resultado del Certificado de Antigüedad emitido con fecha 20 de enero de 2025, a propósito del decreto de una medida para mejor resolver, se ha determinado que el recurrente permaneció ejerciendo sus funciones policiales en territorio jurisdiccional de esta Corte, entre el 11 de enero de 1999 y el 28 de febrero de 2008, período durante el cual debió percibir la correspondiente gratificación de zona.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos emanados de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa, sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285, de 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye sólo una aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, ni siquiera está en juego como concepto la aplicación retroactiva de las normas vigentes sobre la materia, sino que es la mera explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con aseverar haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, pues al haber estimado no poseer efecto retroactivo ha incurrido en una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, toda vez que dicha fecha de pronunciamiento no representa la del nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución enmarcada dentro de la potestad meramente consultiva ejercida sobre esta materia.

DÉCIMO: Que, como corolario, estos sentenciadores estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, actuó al menos en forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa inaceptable de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación, que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de la cual detenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no perciba durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se le ha privado del ingreso a su patrimonio de los emolumentos correspondientes a la asignación discutida.

Asimismo, se advierte que el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria en relación a otros funcionarios de la misma institución, quienes en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo, considerada en el cálculo de su respectiva gratificación de zona.

Lo anterior ha de considerarse, en todo caso, limitado al período de permanencia del recurrente en el territorio jurisdiccional de esta Corte, conforme a lo determinado en el punto 5 del motivo séptimo, sin perjuicio, además, de las alegaciones de fondo que pudieran ser planteadas y resueltas en el procedimiento administrativo de cálculo o liquidación de la mentada asignación.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Policía de Investigaciones en un actuar arbitrario e ilegal, que ha privado al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado, don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas al recurrente y que han sido motivo de la presente causa, sin perjuicio de las limitaciones expuestas en el párrafo final del considerando décimo y de los derechos que se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora Rol 242-2024 (Protección).