nombre reservado con SECCIÓN REMUNERACIONES POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a diez de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 4 de noviembre de 2024, comparece Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, abogado, en representación de nombre reservado, agente policial en retiro, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°24 y 2 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021”. (SIC)

Que, con fecha 27 de noviembre de 2024, doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe requerido.

Con fecha 04 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 07 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso señalando que, ingresó a la institución el 16 de febrero de 1992 y se acogió a retiro el 01 de septiembre de 2023, en grado 12, en Coyhaique. Agrega que le fue pagada la asignación de remuneración reclamada de forma incompleta durante el ejercicio de sus funciones, en el mes de mayo de 2019; en aquel entonces la PDI canceló el pago íntegro, pero al mes siguiente de ese año, el pago completo fue suspendido por la propia PDI, ambos hechos con comunicación de la entidad pagadora.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían el derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N°E98928 / 2021, que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración; no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución por la precisión que hizo el fallo emanado de la Corte Suprema, ésta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021. Agrega que, en cuanto el derecho de propiedad, la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad por el tiempo que sirvieron en la institución y que el hecho de no pagar aquellos montos adeudados de la asignación de grado efectivo por el período que media entre el ingreso a la Institución al 26 de abril de 2021, conculca el derecho de propiedad que tienen los recurrentes sobre el saldo insoluto no pagado de sus remuneraciones por el tiempo que sirvieron en la institución.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, luego de enunciar el objeto del recurso, expresa que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Refiere que sí procedió a pagar al recurrente cuando correspondía -desde la fecha del dictamen-, por el monto de $6.079.322.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República y, en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes, negando que el dictamen tenga efecto retroactivo y expresando no procede el pago del período anterior al de la dictación del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la omisión del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, su garantía constitucional reconocida en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el 16 de febrero de 1992, fue destinado al Departamento de Extranjería y Policía Internacional Coyhaique, a contar del 01 de enero de 2015 y se acogió a retiro el 01 de septiembre de 2023 en grado 12.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, en liquidación de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago de $6.079.322, por concepto de “zona retroactiva”, desde la fecha del dictamen.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación al menos errónea de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DÉCIMO: Que, en este estadio, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa artificiosa con la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor no reciba durante todo este tiempo, parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así, la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se les ha privado de que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Que, asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo incorporada dentro del cálculo de la asignación de zona, sin perjuicio de su precisa determinación cuantitativa en la sede administrativa que corresponda.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, y habiendo incurrido la Policía de Investigaciones, en un actuar arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Andrés Sebastián Almonacid Subiabre, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a los recurrentes que son motivo de la presente causa, conforme al cálculo que se determine en la sede administrativa de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

No firma el Fiscal Judicial Subrogante don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol 240-2024 (Protección).