nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, diez de agosto del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 08 de febrero de 2023, comparece doña nombre reservado, profesora de educación general básica jubilada, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado, por haber cometido un acto arbitrario e ilegal, que vulnera sus derechos establecidos en los numerales 3 y 24, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en haberse realizado, por personas vinculadas a la recurrida, obras con el fin de construir una cabaña, en el terreno que tienen en común junto a otros comuneros, en contra de la voluntad de éstos; solicitando ordenar en definitiva: “(...) que el recurrido se abstenga de realizar actividades de construcción de cualquier tipo de inmuebles sin perjuicio de cesar en la realización de cierres en el terreno común , que nos privan del legítimo ejercicio de los derechos precedentemente enunciados o lo que establezca SSI. Con el fin de reestablecer el imperio del derecho con costas.” (SIC)

Con fecha 10 de febrero de 2023, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto, solicitando informe a la recurrida.

Con fecha 15 de junio de 2023, habiendo transcurrido el término concedido para que la recurrida informe respecto del recurso de protección deducido en su contra, sin que haya dado cumplimiento a ello dentro del plazo conferido, y con el objeto de dar curso progresivo a estos autos, se prescinde del informe ordenado a la recurrida.

Con fecha 3 de agosto de 2023, se ordenó traer los autos en relación, y con fecha 10 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, en la que, se presentó y alegó, en favor del recurso, el abogado, don Carlos Carrasco Espinoza.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamentando su acción, en la circunstancia que, desde el 26 de octubre de 2010, junto con cinco docentes adquirieron en distintos porcentajes, derechos en el predio Rústico denominado “Playa Linda” de trescientos dos hectáreas, noventa y cinco áreas de superficie, ubicado en Bahía Murta, comuna de Río Ibáñez, provincia General Carrera, región de Aysén del General nombre reservado Ibáñez del Campo y que deslinda; Norte, Sucesión nombre reservado separado por cerco y arroyo sin nombre; al Este, Lago General Carrera; al Sur, nombre reservado; y al Oeste Cordilleras Fiscales.

Refiere que, la propiedad se compró a don nombre reservado, agregando que el porcentaje de su propiedad es equivalente al 18%, lo que representa 54 hectáreas con 17 áreas comunes, pero lo adquirieron en comunidad y no se han puesto de acuerdo en que parte le corresponde a cada cual, entendiendo que tiene 54 hectáreas de un paño mayor.

Señala que, para actuar deben hacerlo de consuno o en su defecto deben recurrir a un juez árbitro para liquidar la comunidad, de conformidad al artículo 227 N°1 del Código Orgánico de Tribunales, agregando que, desde la compra han estado en diversas tratativas para venderse y/o comprarse entre ellos los derechos.

Acusa que, contra la voluntad de las partes, los hijos de la recurrida comenzaron a hacer obras en el terreno común con el fin de construir una cabaña, utilizando el único sector habitable y con mejor plusvalía de las 302 hectáreas, sin perjuicio de limitar el acceso a un área común.

Destaca que, lo anterior, implica “hacer justicia por mano propia”, siendo que ésta inconducta contraria a un “Estado de Derecho” y constituye un acto de auto tutela inaceptable que repugna el ordenamiento jurídico de un Estado.

En lo que respecta a las consideraciones de derecho, refiere que los hechos, privaciones y perturbaciones del recurrido, constituyen una acción ilegal y arbitraria de su parte, privando los derechos contenidos en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, desde que los actos arbitrarios e ilegítimos descritos constituyen una especie de justicia de propia mano, ya que al efectuarse obras para construir una cabaña y cierres en el sector habitables y de mejor plusvalía se están estableciendo reglas de carácter autónomas que dejan de lado toda sujeción al ordenamiento jurídico.

Asimismo, considera que la acción denunciada atenta contra de su derecho de propiedad garantizado por la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 24, y se configura con la discrecionalidad y arbitraria designación de un terreno para construir una cabaña sin perjuicio de efectuar cierres sin contar con la autorización correspondiente.

Posterior a citar el artículo 582 del Código Civil, el cual dispone que “es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.” Se constata que, la inconducta del recurrido limita los atributos de uso y goce de la cosa, del dominio de los recurrente y se da cuenta de derecho que debe respetar.

Finalmente, señala que tuvo conocimiento de los hechos sólo a cinco días de la fecha de presentación del recurso, destacando que la privación de sus derechos se reitera día a día, encontrándose vigente la procedencia y plazo del presente recurso.

SEGUNDO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

QUINTO: Que, de los antecedentes que se acompañan a los autos, cabe consignar como hechos no controvertidos, los siguientes:

· Que, por escritura pública, de fecha 26 de octubre del año 2010, que rola a fojas 2.589, N° 1.646, N° Repertorio 2.990, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2010, don Egidio Antonio Barrera Galdames, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, son dueños de distintos porcentajes, en el predio rústico denominado “Playa Linda” de 302 hectáreas, 95 áreas de superficie, de la propiedad ubicada en Bahía Murta, comuna de Río Ibáñez, provincia de General Carrera, Región de Aysén del General nombre reservado Ibáñez del Campo, con los deslindes que se señalan en el mismo documento, el que fuera inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.

· Que, con fecha de 22 de marzo de 2023, el funcionario Sgto. 2° don nombre reservado, del Retén de Carabineros Río Tranquilo, concurrió hasta el domicilio de la recurrente, entrevistándose con don nombre reservado, quien señaló ser el administrador del predio, contratado por la recurrida, tomando contacto vía telefónica con ella, quien manifestó que se encuentra habitando en domicilio reservado, comuna santo Domingo, provincia San Antonio, agregando que es propietaria de esa propiedad.

· Que, con fecha 09 de agosto del presente, se acompañó al proceso, inscripción de dominio de fecha 14 de febrero de 2023, que rola a fojas 1285, N° 694, N° Repertorio 195-2023, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2023, según la cual Inversiones nombre reservado Limitada es dueña de la cuota de dominio que le correspondía a doña nombre reservado, correspondiente al dieciocho por ciento del Predio Rústico denominado “Playa Linda”, de 302 hectáreas, 95 áreas de superficie de la propiedad ubicada en Bahía Murta, comuna de Río Ibáñez, provincia de General Carrera, Región de Aysén del General nombre reservado Ibáñez del Campo, con los deslindes que se señalan en el mismo documento.

SEXTO: Que, según consta de lo expuesto y señalado por el recurrente, a fin de resolver el presente arbitrio planteado, el análisis debe centrarse en determinar si el acto recurrido, esto es, el haber la recurrida, - a través del actuar de sus hijos - efectuado obras en el terreno común, con el fin de construir una cabaña, utilizando para ello el único sector habitable y con mejor plusvalía, limitando el acceso a un área común, todo esto, sin la autorización de los demás comuneros, contradiciendo, a juicio de la recurrente, el artículo 227 N°1 del Código Orgánico de Tribunales, lo que constituye un acto de auto tutela que priva y perturba los derechos contenidos en el artículo 19 N°3, de la Constitución Política de la República, y, además, vulnera la garantía establecida en el N°24, del artículo 19, de la citada Carta Fundamental, desde que se designa de manera discrecional y arbitraria un terreno para construir, vulnerando el derecho de propiedad de los demás comuneros.

SÉPTIMO: Que, para una mejor resolución del recurso, cabe tener presente, en primer lugar, que habiéndose acreditado en estos autos, la calidad de comuneros de las personas indicadas en el considerando Quinto, y en lo relativo a la administración de los bienes en común, el cual se reduce al predio rústico denominado “Playa Linda”, el artículo 2305 del Código Civil, indica que el derecho de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social, y en consecuencia, encuentra lugar lo estipulado en el artículo 2081 del mismo cuerpo normativo, en cuanto a la aplicación del mandato tácito y recíproco de administración consagrado para los socios.

OCTAVO: Que, el referido artículo 2081 del Código Civil, señala:

“No habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen:

1ª. Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos administrativos de otro, mientras esté pendiente su ejecución o no hayan producido efectos legales.

2ª. Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros.

3ª. Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales.

4ª. Ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros.”

NOVENO: Que, teniendo presente el marco legal que rige la materia, y sin perjuicio de que el recurso de protección, al tratarse de una acción constitucional de urgencia, tiene una naturaleza extraordinaria destinada a proteger las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución política de la República, dentro de las cuales se encuentran, las garantías alegadas por la recurrente relativas al derecho a la igual protección de los derechos y el derecho de propiedad, normados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la citada Constitución, respectivamente, siempre que estos tengan el carácter de indubitados, que ameriten de forma inmediata la adopción de medidas con el objeto de cautelar su protección o restablecimiento del derecho afectado.

DÉCIMO: Que, no obstante lo señalado, y resultando efectivo que los socios son dueños en distintos porcentajes del predio rústico denominado “Playa Linda”, constituyéndose a la luz del derecho en una comunidad indivisa, para el éxito de la presente acción, dada la urgencia del remedio jurídico solicitado, su otorgamiento debe estar suficiente e indubitadamente sustentado por antecedentes que acrediten de forma inequívoca, racional y lógica las circunstancias fundantes del libelo, esto es, efectuar la recurrida, - a través del actuar de sus hijos- obras en el terreno común, con el fin de construir una cabaña, utilizando para ello el único sector habitable y con mejor plusvalía, limitando el acceso a un área común, todo esto, sin la autorización de los demás comuneros.

UNDÉCIMO: Que, en el presente escenario, esta Corte deberá resolver sobre la base del mérito de los escasos elementos allegados al proceso por la recurrente -desde que con fecha 15 de junio del actual, se prescindió del informe ordenado, por haber transcurrido el término concedido para su cumplimiento por parte de la recurrida-, lo que en caso alguno permite tener por reconocidos los hechos acusados como vulneratorios de las garantías constitucionales señaladas, resultando por ende, como principal antecedente, el texto del recurso y el documento acompañado a éste con fecha 08 de febrero del presente año; y ello no obstante constatarse por Carabineros -que concurrió al sitio-, la presencia de un tercero que señaló ser un administrador contratado por la Sra. nombre reservado, por cuanto su sola presencia no resulta suficiente para tener por concurrente el sustrato fáctico del libelo que sustenta la vulneración alegada .

DUODÉCIMO: Que, en conclusión, de lo expuesto resulta del todo controvertido lo denunciado por la parte recurrente en su escrito principal, desde que éstas alegaciones no han sido acompañadas de elementos de juicio que permitan a este Tribunal de Alzada formar la debida convicción de los hechos relatados, lo que impide determinar las medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del status quo que, supuestamente, ha sido alterado por la recurrida.

DÉCIMO TERCERO: Que, de lo razonado precedentemente, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un actuar arbitrario e ilegal que vulnere las garantías constitucionalmente amparadas que acusa la parte recurrente, requisito sine qua non para el éxito de la acción, sin perjuicio de que la actora acuda a los procedimientos legales de lato conocimiento que el legislador a previsto para la resolución de los conflictos suscitados entre comuneros, regido por el Título IX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones, atendido el mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 24-2023.-