nombre reservado con SECCION REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°238-2024, en lo principal de la presentación de fecha 4 de noviembre de 2024, comparece doña NATALIA ANDREA AGUILAR RODRÍGUEZ, abogado, en representación de: don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; y de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, a cargo de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N° 24 y 2 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 (SIC)”.

Con fecha 27 de noviembre de 2024, doña María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe requerido.

El 17 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 26 del mismo mes y año, escuchándose los alegatos de la mentada letrada asesora de los recurrentes, tras lo cual y atendido el mérito de autos, se decretó, como medida para mejor resolver, oficio a la recurrida a fin que informara de manera precisa los períodos en que los recurrentes ejercieron sus funciones en la Región de Aysén, debiendo remitir toda la documentación pertinente a dicha aclaración.

Con fecha 13 de febrero de 2025, habiéndose dado cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada en autos, comenzó a regir el estado de acuerdo, que se materializa al tenor siguiente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundamentan su recurso con indicación que, don nombre reservado, ingresó a la institución el 7 de marzo de 2002, ocupando en la actualidad el cargo de Perito; don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de noviembre de 2005, ocupando en la actualidad el cargo de Perito; don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de febrero de 1992, encontrándose en la actualidad en calidad de funcionario en retiro; y don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de febrero de 2001, hallándose en la actualidad también en situación de retiro.

Precisan que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique, donde prestaron funciones en las fechas que detallan: don nombre reservado, desempeñó funciones desde diciembre de 2002 a enero de 2018; don nombre reservado, desempeñó funciones desde febrero de 2007 a febrero de 2017; don nombre reservado, desempeñó funciones desde enero de 2008 a diciembre de 2012; don nombre reservado, desempeñó funciones desde noviembre de 2009 a marzo de 2013.

Refieren que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 2 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendría la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del ente contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indican que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N° E98928 / 2021, el que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración; no obstante, el pago se haría sólo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente” como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período comprendido desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, dado que teniendo la PDI el deber de regularizar las obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución, por la precisión que hizo el fallo emanado de la Corte Suprema, ésta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período comprendido desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 sólo respecto de algunos, con lo cual ha hecho diferencias arbitrarias respecto de otros funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, como lo son: nombre reservado y nombre reservado. Agrega que, en cuanto el derecho de propiedad, la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad por el tiempo que sirvieron en la institución.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, luego de enunciar el objeto del recurso, expresa que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijaría de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación, concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Aduce que sí procedió a pagar a los recurrentes cuando correspondía -desde la fecha del dictamen-, en el caso de don nombre reservado, por el monto de $ 2.124.180, y de don nombre reservado, por el monto de $ 2.879.190.

Aclara que, conforme lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, esta institución policial no procedió con pagar a los recurrentes: nombre reservado y nombre reservado cuando correspondía, en razón de que, a la fecha de dicho dictamen, los recurrentes se encontraban en situación de retiro, desde 19 de febrero de 2019 y 7 de enero de 2020, respectivamente.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, y en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes por sostener que el dictamen no tiene efecto retroactivo, para culminar expresando que no procede el pago del período anterior al de pronunciamiento del dictamen del mentado órgano contralor.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio que esta Corte comparte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en haber sido privados del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debió aplicarse al cálculo de la gratificación de zona a que tenían derecho, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a sus patrimonios; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Don nombre reservado, ingresó a la institución el 7 de marzo de 2002, desempeñando, conforme a certificado respectivo, funciones en Coyhaique desde el 28 de julio de 2006 hasta el 19 de febrero de 2018; respecto del recurrente don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de noviembre de 2005, ocupando en la actualidad el cargo de Perito, quien desempeñó funciones en LACRIM Regional Coyhaique, conforme a certificado respectivo, desde el 12 de febrero de 2007 hasta el 7 de febrero de 2017; respecto del recurrente don nombre reservado, ingresó a la PDI el 1 de febrero de 1992 hasta el 19 de enero de 2019, en la actualidad se encuentra en calidad de retiro, habiendo desempeñado funciones en la región de Aysén, conforme a certificado respectivo, desde el 29 de enero de 2008 hasta el 26 de febrero de 2013; y respecto del recurrente don nombre reservado, éste ingresó a la PDI el 1 de febrero de 2001 hasta el 7 de enero de 2020, encontrándose retirado y habiéndose desempeñado en la región de Aysén, conforme a certificado respectivo, desde el 24 de noviembre de 2009 hasta el 26 de marzo de 2013.

2.- Con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N°225 de 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- El 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N°285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarían pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta una vez recibida la respuesta del ente contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- En liquidaciones de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago, en el caso de don nombre reservado, por el monto de $ 2.124.180, y de don nombre reservado, por el monto de $ 2.879.190.

OCTAVO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285 de 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, fue respondida por el órgano contralor mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, el cual, precisamente, constituye una aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

NOVENO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, por cuanto al haber estimado no poseer efecto retroactivo ha sostenido una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa un hito asociado al nacimiento de los derechos de los recurrentes, sino que corresponde a una resolución meramente consultiva sobre la materia.

DÉCIMO: Que, de lo anterior se sigue que, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, se ha configurado una excusa inaceptable de la que se ha valido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tienen derecho los recurrentes de autos, y respecto de las cuales detentan un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que los actores no reciban durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la afectación a su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, desde que se les ha privado del ingreso a su patrimonio de los emolumentos correspondientes a la asignación discutida.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación del derecho a la igualdad ante la ley que poseen los recurrentes, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, pues de los hechos asentados se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, que en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo, considerada en el cálculo de su respectiva gratificación de zona.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, habiendo incurrido la Policía de Investigaciones en un actuar arbitrario e ilegal, que se ha traducido en la privación a los recurrentes de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá, sin perjuicio de las alegaciones de fondo, que pudieran tener lugar en el procedimiento administrativo de liquidación y pago de rigor.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogado, en representación de: don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas a los recurrentes y que son motivo de la presente acción, sin perjuicio de las acciones o excepciones que se puedan hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 238-2024 (Protección).