nombre reservado con DIRECCION DE VIALIDAD MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

En Coyhaique, a trece de abril del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 30 de diciembre del año 2022, nombre reservado, ingeniero en mecánica automotriz, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Nacional de Vialidad, representada legalmente por don Jaime Huidobro Medel, o por quien debidamente le subrogue o represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Coyhaique, o en domicilio reservado, en virtud del acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no renovar su contrato de prestación de servicios para el año 2023, contenida en el ORD. Reservado N° 211 de fecha 02 de diciembre de 2022; solicitando: “1. Que se deje sin efecto el ORD. Reservado Nº 211, de fecha 29 de noviembre del año 2022, mediante la cual se pone término a mis servicios a honorarios, resguardando de esta forma mi derecho a la igualdad ante la ley, y derecho de propiedad, los que se han visto privado y perturbado, 2. Que se disponga la prórroga de mis servicios por todo el periodo del año 2023, en subsidio, para el caso que VS.I., así lo estime conforme al mérito del proceso, disponga mi designación a contrata por todo el periodo 2023, por asistirme el principio de confianza legítima. 3. Que se disponga la reincorporación inmediata a mis funciones. 4. Que se disponga el pago de las remuneraciones devengadas durante todo el tiempo que medie entre mi separación y reincorporación efectiva a mis funciones. 5. Todo lo anterior con expresa condena en costas. ” (SIC)

Con fecha 09 de enero de 2023, se declara admisible el recurso de protección y se pide informe a la recurrida.

Con fecha 26 de enero de 2023, se agregó el informe evacuado por la recurrida, la que solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 04 de abril de 2023, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 06 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, concurriendo a alegar el abogado don Eugenio Canales Canales, por la recurrente, y doña nombre reservado, por el recurrido, solicitando el rechazo con costas, conforme a los fundamentos contenidos en el respectivo informe evacuado. Quedando ésta en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su recurso, señalando como antecedente previo, que ingresó al Ministerio de Obras Públicas, el día 1 de julio de 2018, mediante Resolución Exenta N° 273/485/2018, de fecha 14 de septiembre de 2018, el que aprobó el contrato a honorarios suscrito con la Subsecretaría de Obras Públicas, desempeñándose en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Agrega que tras el cumplimiento del plazo anterior, fue contratado de forma sucesiva e ininterrumpida, sin solución de continuidad, cumpliendo funciones en la Subsecretaría de Obras Públicas, y luego para la Dirección de Vialidad, ambas el Ministerio de Obras Públicas, mediante las siguientes resoluciones:

1. Resolución Exenta RA N° 273/63/2019, de fecha 12 de febrero de 2019.

2. Resolución Exenta RA N° 273/99/2020, de fecha 23 de enero de 2020, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año, cumpliendo las funciones dispuestas en el contrato.

3. Resolución Exenta RA N° 273/23/2021, de fecha 22 de enero de 2021, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año, cumpliendo las funciones dispuestas en el contrato.

4. Resolución Exenta RA N° 273/631/2021, de fecha 13 de julio de 2021, con vigencia desde el 3 mayo al 31 de diciembre de dicho año, cumpliendo las funciones dispuestas en el contrato.

5. Resolución Exenta RA N° 273/333/2022, de fecha 2 de marzo de 2022, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año, cumpliendo las funciones dispuestas en el contrato.

La recurrente indica que ha mantenido una vinculación funcionaria continua e ininterrumpida, alcanzando una antigüedad de más de 4 años de servicios. Añadiendo que su jornada de trabajo es de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, debiendo registrar el ingreso y salida en sistema biométrico, contando con una remuneración mensual de $2.464.265 y una contratación asimilada al grado 12 EUS, añade que tenía derecho a 20 días hábiles de feriado anual, 6 días hábiles de permisos administrativos al año, a participar en capacitaciones y cursos de perfeccionamiento, hacer uso de licencia médica, realizar trabajos extraordinarios y su respectiva compensación horaria, a realizar comisiones de servicio, beneficio de vestuario, es decir, los mismo derechos de un funcionario a contrata.

Indica que con fecha 02 de diciembre de 2022, mediante ORD. Reservado N° 211, emanado de la Dirección de Vialidad, de fecha 29 de noviembre de 2022, se le comunicó escuetamente que se pone término a sus servicios. Advierte que la jurisprudencia de Tribunales ha establecido que las facultades concedidas a la Administración no pueden ejercerse de modo meramente discrecional sin motivo preciso y determinado. Por su parte la Contraloría General de la República, en su Dictamen 173171/2022, entrega instrucciones precisas y señala que para el 1° de enero de 2023 la autoridad administrativa deberá proceder a la designación a contrata de todos los servicios a honorarios que cuenten con confianza legítima, los que durante su vinculación contractual hayan desempeñado sin solución de continuidad, con renovaciones que alcancen más de dos años al 31 de diciembre de 2022, instruyendo en definitiva que si la autoridad estima que las labores de esos servidores a honorarios no son necesarios para la Administración deberá dictar un acto administrativo exento explicando los motivos de la no designación a contrata, con el mismo estándar exigido para la fundamentación de la no renovación de los funcionarios a contrata que cuenten con confianza legítima.

Sostiene que las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, sobre la materia, son vinculantes para la Dirección Nacional de Vialidad, de forma tal que el no acatamiento por parte de la Autoridad, deviene en la infracción de sus deberes funcionarios, afectando el derecho del recurrente a ser designado a contrata para el año 2023, al no expresar los hechos y fundamentos de derecho, tornándose ilegal dicha actuación.

Expuso que, tanto la ley como la doctrina apuntan que la motivación del acto administrativo debe tener en cuenta los siguientes criterios: la carga de la motivación corresponde a la Administración que actúa, es decir, ella debe indicar las razones por la cuales adopta una decisión, la motivación debe hacer referencia a las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho y por último, la administración debe contar con razones de fondo que demuestren que la decisión no se funda en la sola voluntariedad de quien la adopta. En el caso de autos, el ORD. Reservado N° 211, impugnado deviene en un acto o actuación ilegal, al transgredir las garantías de Igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, y en arbitraria, porque sus aparentes fundamentos no satisfacen la razonabilidad requerida. Por cuanto, si bien es efectivo que el recurrente ostenta la calidad de servidor a honorarios por un periodo de más de cuatro años, ello no es suficiente ni autoriza a la recurrida, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, luego de un desempeño extendido en el tiempo y sin reproches administrativos, y sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer el término de sus servicios a honorarios.

En cuanto a las garantías que la recurrente estima vulneradas, sostiene que se infringe el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, desde que, a otros funcionarios sí se les prorrogó sus servicios a honorarios para el año 2023, incluso a algunos, que gozaban de menos antigüedad funcionaria, sin que exista elemento que permita entender tal determinación.

Expuso que, asimismo, se vulnera el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, Nº 24, de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha decidido poner término a sus servicios y no prorrogar sus servicios o designar a contrata para el año 2023, al gozar de confianza legítima, actuar que estima arbitrario e ilegal, privándole de estabilidad laboral, y recibir una remuneración por ello, afectando su patrimonio.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando el recurso de protección, solicita que este sea rechazado, por cuanto no se verifica un acto arbitrario e ilegal.

En cuanto a la alegación de ilegalidad del acto recurrido, no se advierte la existencia de un acto ilegal, desde que la terminación del contrato operó por el cumplimiento de la causal que el propio convenio suscrito entre las partes establece, esto es, el cumplimiento del plazo por el cual se contrataron los servicios, esgrimiendo los siguientes fundamentos:

i. El contrato de honorarios es un vínculo de naturaleza civil, el que contiene estipulaciones por las que se rige el vínculo de los que une, lo cual cobra relevancia pues, a las personas que prestan servicios de honorarios, no le asisten los mismos derechos que la normativa contempla en favor del personal regido por el Estatuto Administrativo o el Código del Trabajo.

ii. De igual forma, señala que el contrato a honorarios es esencialmente transitorio conforme a lo previsto en el artículo 11 del DFL 29 de 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, Sobre Estatuto Administrativo.

iii. Añade que, el contrato a honorarios termina normalmente, de acuerdo a la forma estipulada y acordada en el respectivo Convenio, por lo tanto, el convenio a honorarios del recurrente ha sido terminado de conformidad con lo estipulado y por ende, conforme a la normativa vigente.

iv. El criterio de confianza legítima, no aplica a las personas contratadas sobre la base de honorarios, sosteniendo que si bien el recurrente argumenta que el acto es ilegal por cuanto vulnera el principio de confianza legítima, éste no se aplicaría bajo la figura de honorarios. A mayor abundamiento, la jurisprudencia administrativa, a partir del Dictamen 22.766 de 2016 ha establecido precisiones en cuanto a la extensión y naturaleza de las vinculaciones que generan la legítima expectativa de su renovación.

v. El convenio se hizo con cargo a los fondos presupuestarios asignados al Servicio, conforme a la Ley N° 21.288 que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, de forma que la contratación del personal a la administración, con cargo a dicho presupuesto, fue excepcional y consecuencia de la pandemia sanitaria.

vi. No resulta vinculante para el Servicio el traspaso de calidad jurídica de honorarias a contrata.

Luego, en cuanto a la alegación de arbitrariedad del acto recurrido, el Servicio no puso término al contrato de honorarios en uso arbitrario de una facultad emanada de la ley, sino que terminó como resultado de la convención celebrada entre las partes, culminando por la llegada del plazo convenido para la prestación de los servicios, de forma tal que el acto recurrido corresponde a una comunicación por la cual se le informa al recurrente que se da por finalizado el vínculo contractual con la Dirección de Vialidad, no siendo necesario cumplir con otro requisito.

Finalmente expuso que, en el recurso no se vislumbra de qué manera se han amenazado, privado o conculcado las garantías fundamentales de la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad de la recurrente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el ORD. Reservado N°211, de fecha 02 de diciembre del año 2022, mediante el cual se comunica la decisión de no renovar para el período 2023, su contrato de prestación de servicios a honorarios, el cual se encontraba vigente hasta el 31 de Diciembre del año 2022 y su no designación a contrata para el periodo 2023, pese a contar con la confianza legítima en razón de lo establecido en el Dictamen N° 173171/2022 de la Contraloría General de la República, para ser designada en calidad a contrata para el año 2023; afectando con ello las garantías contempladas en el artículo 19, números 2 y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer, básicamente, los siguientes hechos:

1. Por Resolución Exenta N° 273/485/2018, de fecha 14 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría de Obras Públicas, ingresó a prestar servicios a partir del 01 de julio de 2018, mediante contrato a honorarios a suma alzada, hasta el período 31 de diciembre de 2018, para realizar labores destinadas a prestar apoyo al Gabinete, realizar seguimiento de planes y programas, generar especificaciones técnicas para incluir dentro de bases de licitación, revisión de proyectos y salidas a terrenos; estableciendo como responsable de supervisar el cumplimiento de sus funciones y labores, al SEREMI Región de Aysén; consignando que el recurrente debía concurrir a prestar funciones de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, de 08:00 hasta 09:30 horas, debiendo cumplir 9 horas de trabajo de lunes a jueves y 8 horas el día viernes, debiendo registrar su ingreso y salida a través de marcación biométrico o el que se asimile; y fijándose una suma determinada de honorarios en forma mensual, contemplando permisos administrativos.

2. Por Resolución Exenta N° 273/63/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, de la Subsecretaría de Obras Públicas, se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada, entre la Subsecretaría de Obras Públicas y don nombre reservado, a partir del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, en términos similares al referido en el número anterior.

3. Por Resolución Exenta N° 273/99/2020, de fecha 23 de enero de 2020, de la Subsecretaría de Obras Públicas, se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada, entre la Subsecretaría de Obras Públicas y don nombre reservado, a partir del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre del mismo año, en términos similares al referido en el número anterior.

4. Por Decreto Exento N° 273/23/2021, de fecha 22 de enero de 2021, de la Subsecretaría de Obras Públicas, se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada, entre la Subsecretaría de Obras Públicas y don nombre reservado, a partir del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre del mismo año, en términos similares al referido en el número anterior.

5. Por Resolución Exenta N° 273/631/2021, de fecha 13 de julio de 2021, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada, entre la Subsecretaría de Obras Públicas y don nombre reservado, a partir del 03 de mayo de 2021 al 31 de diciembre del mismo año, el que con ocasión de la Ley N° 21.288 que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, prestará servicios de apoyo en el Convenio Ad-Referéndum a la Dirección de Vialidad; para realizar labores destinadas a colaborar con el proceso expropiatorio y con las demandas de ocupación de la faja fiscal, prestar apoyo de recolección y generación de información en el proceso expropiatorio, prestar apoyo en la recolección de información para la formulación de proyectos que la Dirección de Vialidad postula al sistema nacional de inversiones y prestar apoyo en las labores de terreno de la brigada topográfica.

6. Por Resolución Exenta N° 273/333/2022, de fecha 02 de marzo de 2022, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se aprueba el contrato a honorarios a suma alzada, entre la Subsecretaría de Obras Públicas y don nombre reservado, a partir del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año, en términos similares al referido en el número anterior.

OCTAVO: Que, igualmente, se debe tener presente la normativa atingente, a saber:

El artículo 4, de la Ley 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que dispone que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”.

Por su parte, la letra c) del artículo 3, de la Ley 18.834, indica que: “Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”.

NOVENO: Que, primeramente, se debe dilucidar si estamos en presencia realmente de un contrato a honorario, o más bien de vínculos jurídicos que se asemejan a las contratas.

Al efecto podemos decir que es un hecho que con fecha 01 de Julio del año 2018, el recurrente comenzó a prestar servicios a la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, estipulando que ésta debía concurrir a prestar funciones de lunes a viernes, de 08:00 hasta 09:30 horas, debiendo cumplir 9 horas de trabajo de lunes a jueves y 8 horas el día viernes, quedando obligada a registrar su asistencia a través de marcación biométrico; y fijándose una suma determinada de honorarios en forma mensual, contemplando permisos administrativos y feriados, vínculo que se renovó en similares términos, y que posteriormente prestó servicios a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, con ocasión de las Resoluciones Exentas N° 273/631/2021 y N°273/333/2022, hasta el 31 de diciembre de 2022, vale decir, prestó dichos servicios por el lapso de cuatro años y seis meses.

Así, el conjunto de estipulaciones antes referidas resultan perfectamente atribuibles a un vínculo contractual a contrata, esto es, los que forman parte de la dotación de los organismos públicos aun cuando tengan el carácter de transitorios, debiendo durar, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y no a un simple contrato de honorarios, en los términos establecidos en el artículo 4, de la Ley 18.883, desde que, en ningún caso las funciones atribuidas a la recurrente, pueden ser calificadas como labores accidentales y que no sean las habituales de la Institución, razón por la cual, a juicio de estos sentenciadores, en el presente caso, no nos encontramos frente a un contrato de honorarios- ya que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son- sino más bien ante un acto jurídico cuyas características que de él emanan son propias de los funcionarios a contrata.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, dilucidado lo anterior, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, habiéndose seguido, en su tramitación, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

UNDÉCIMO: Que, sin embargo, la controversia se reduce a la fundamentación del acto administrativo de desvinculación, dado que la recurrente sostiene que carece de una debida motivación y justificación, por cuanto no contiene argumento alguno que permita una debida inteligencia del proceder de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; lo que hace que la decisión de no renovación a su contratación, deba necesariamente ser dejada sin efecto; alegación ésta que es contradicha por la recurrida.

DUODÉCIMO: Que, la resolución administrativa impugnada, esto es, ORD. Reservado N° 211, de fecha 29 de Noviembre del año 2022, de la Dirección de Vialidad, no fundamenta la no renovación de los servicios, limitándose a informar que con fecha 31 de diciembre de 2022, se dará por finalizado el vínculo contractual.

DÉCIMO TERCERO: Que tratándose, en la especie, de la decisión de la Administración de no renovación de una contrata, ésta no requiere de fundamentación, ya que este tipo de vinculación expira de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo al artículo 10 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio que el funcionario recurrente no se encuentra protegido por el principio de confianza legítima, según se razonará a continuación.

DÉCIMO CUARTO: Que, efectivamente, la Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de asentar un criterio unificador, ha establecido que, el principio de confianza legítima opera después de cinco años, plazo éste que se estima prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona. Todo ello viene a ser coherente con la política de renovación de contratas del personal del Poder Judicial, siendo un criterio sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, teniendo sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191-2019, que establece una renovación automática de la designación de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo. (CS. Sentencia 31 de marzo de 2023, recurso de protección 26.279-2023)

DÉCIMO QUINTO: Que, tal como se consignó en el motivo Séptimo, es un hecho de la causa, que el recurrente prestó servicios en la Subsecretaría de Obras Públicas desde el día 01 de julio de 2018 hasta el día 12 de julio de 2021, toda vez que a partir del 13 de julio de 2021 se desempeña en la Dirección de Vialidad, hasta el día 31 de diciembre de 2022, ambas direcciones dependientes del Ministerio de Obras Públicas, sumando un total de cuatro años y seis meses, no siendo procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, pues la extensión y naturaleza de las vinculaciones citadas, es decir, un periodo de desempeño inferior a cinco años no permiten generar expectativa de la renovación de la contrata para el año 2023, con lo cual el recurrente no puede, atendida la naturaleza del vínculo, pretender una estabilidad y permanencia en el empleo, más allá de lo que en derecho le corresponde y, por ende, la decisión de no renovar los servicios del funcionario en cuestión no requiere la fundamentación de un sumario administrativo originado de una falta que motive su remoción o de una calificación anual que así lo permita.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, el acto impugnado, no resulta ser ilegal ni arbitrario, desde que no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el período siguiente, desde que, por una parte, la contrata expiró de pleno derecho el 31 de diciembre de 2022 y, de otra, el funcionario no se encuentra protegido por el principio de la confianza legítima, por haberse desempeñado funciones por un periodo menor a cinco años, por lo que no existiendo el presupuesto básico para acoger la presente acción de protección, esto es, un acto arbitrario o ilegal, ésta deberá rechazarse.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Vialidad, representada legalmente por su Director Nacional de Vialidad, don Jaime Huidobro Medel.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la señorita Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°2371-2022.- (Protección)