nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Coyhaique, a ocho de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 1 de noviembre de 2024, comparece don nombre reservado, Administrativo de Justicia, Grado 12º del Escalafón de Empleos Varios del Personal de Nombramiento Supremo, de actual dotación de la Plana Mayor de la Prefectura “nombre reservado”, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra Carabineros de Chile, representado por su General Director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; de la Contralora General de La República Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, domiciliada en domicilio reservado, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto u omisión arbitrario o ilegal, consistente en la respuesta terminal del procedimiento administrativo de cobro de remuneraciones adeudadas, beneficio que no fue pagado, afectando las garantías contenidas en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando, en definitiva: “ordene a los recurridos llevar a cabo las operaciones concernientes a regularizar su situación, pagando en un plazo determinado las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, como también se efectúe el ajuste de los descuentos pertinentes destinados a acrecentar la pensión de retiro y desahucio todo ello sin perjuicio que V.S.I., estime procedente acoger el recurso de protección por alguna otra infracción y reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que SS. Iltma. estime pertinente (SIC)”.

Que, con fecha 19 de noviembre de 2024, don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Jefe de Zona Subrogante, incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 19 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de la República, incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 3 de diciembre de 2024, habiendo transcurrido el término concedido para informar, sin que haya dado cumplimiento a ello dentro del plazo conferido, se prescinde del informe requerido a la recurrida doña nombre reservado, Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

Con fecha 30 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 2 de enero del año 2025.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso, señala la recurrente que es funcionario activo de Carabineros y que ingresó a la institución con fecha 20 de octubre de 2014, computando al día de la presentación del recurso 10 años y fracción de servicios efectivos, los cuales fueron desarrollados en la Región de Aysén desde febrero del año 2018 hasta su despacho en su actual dotación en el año 2023, periodo en el que le correspondía el pago de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo”, el que debía incluirse en la base de cálculo de la “Gratificación de Zona”, correspondiente al 105%.

Refiere que la Contraloría General de la República por medio del Dictamen E98928N21, de fecha 26 de abril de 2021, dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, en tanto que Carabineros de Chile, a través del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones, dicta la Resolución Exenta N° 726, de fecha 29 de octubre 2021, reconociendo el error de la base de cálculo reclamada y disponiendo que la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” fuese considerada en la base de cálculo de la “Asignación de Zona”, pago que fue ordenado de manera parcializada y que, de forma arbitraria e ilegal, solamente a contar del 1 de mayo 2021 en adelante, omitiendo el periodo anterior.

Añade que con fecha 12 de noviembre de 2023 se representó el error a la administración, por no resultar procedente la aplicación de la norma especial del artículo 99 de la Ley 18.834, ya que lo que se reclama no es el derecho a cobro de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” ni la “Gratificación de Zona”, sino más bien la rectificación del error de no considerar en la base de cálculo del 105% de gratificación de zona, la asignación de especialidad al grado efectivo por el periodo que prestó servicios en la zona. Sin embargo, Carabineros de Chile, mediante Documento Electrónico N.C.U. 197986769, de fecha 4 de enero de 2024, del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones de Carabineros (P.7), respondió al actor expresando que la asignación de especialidad al grado efectivo habría sido considerada desde el 26 de abril de 2021, habiendo requerido pronunciamiento a la sección asesoría y análisis legal sobre si se mantendría dicha regla.

Agrega que, la Contraloría General de la República, por medio del Oficio N° E399.886 de 2023, habría dispuesto que respecto del derecho a cobro de la gratificación de zona corresponde la prescripción extintiva de cinco años contenida en el Código Civil, no obstante, el referido órgano, a través de la Resolución Exenta N°14.188/2024, habría cambiado drásticamente su criterio, señalando que la norma de prescripción aplicable es la contenida en el artículo 99 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a seis meses desde que el beneficio se hizo exigible, lo que estima es ilegal y arbitrario.

Que, la referida Resolución Exenta N°14.188/2024 fue ampliamente difundida a través del Documento Electrónico N.C.U 215687222 de fecha 7 de octubre 2024 de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, el que fue puesto en conocimiento de manera interna, comunicándole que, desde la fecha de su solicitud, ya había transcurrido el plazo de seis meses establecido por la ley para requerir el cobro de las cantidades adeudadas.

Luego de referirse a la procedencia de la acción, sostiene que la situación de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile se rigen por el mismo marco normativo en materia de remuneraciones y pensiones, citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, ya que la omisión del pago del derecho reclamado a una de las instituciones la deja en desigualdad respecto a la otra, por causa no imputable al afectado, sino que, a la negligencia de la Administración, y el derecho de propiedad, en cuanto se le omite pagar todo el periodo que el recurrente prestó servicios en la Región de Aysén, por todo el tiempo anterior a la fecha de presentación del recurso, por tanto todo el periodo que prestó servicios en la Región de Aysén, esto es, entre febrero de 2018 hasta abril de 2021 (39 meses de servicio).

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Carabineros de Chile, señala las destinaciones del recurrente e indica que el 2 de noviembre de 2023 éste adjuntó solicitud al Departamento Beneficios Económicos y Registro de Datos del Personal (P.7) para que se le pagara lo adeudado por concepto de Asignación de Zona, lo que fue respondido a través del documento electrónico N.C.U 197982602, del 4 de enero de 2024, en cuanto informar que la asignación de especialidad al grado efectivo fue considerada en la base de cálculo desde el 26 de noviembre de 2021, en atención al dictamen E98928/2021, sin perjuicio de requerirse pronunciamiento a la Sección Asesoría y Análisis Legal Dipecar, si se mantiene dicha regla. Añade que, mediante documento electrónico N.C.U. 215687222, de 7 de octubre de 2024, de la Dirección Nacional de Personal, se comunicó a nivel nacional que “el derecho a cobro de la Asignación que se reclama prescribe en el plazo de seis meses, contado desde la fecha que se hizo exigible, conforme al artículo 98, de la Ley N° 18.834…”

Luego de hacer referencia a requerimientos similares ante la Contraloría General de la República y de distintos oficios emanados de dicho órgano, como del Departamento Beneficios Económicos y Registro de Datos del Personal (P.7), destaca que la Resolución N° 14.188/2024, de 13 de septiembre 2024, de la Contraloría General de la República, que aclara el Oficio N° E399.886, de 2023, dispone que el derecho a cobro de lo adeudado de la Asignación de Zona prescribe en un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que se hizo exigible.

Precisa que, el artículo 98, letra f), de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, contempla la Asignación de Zona, contenida en el Estatuto del Personal de Carabineros; luego, cita el artículo 99, que establece que “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Descarta la conculcación de la igualdad ante la ley, ya que, conforme a la jurisprudencia administrativa, la solicitud fue realizada fuera de plazo, además que la institución tiene la obligatoriedad de acatar los criterios jurisprudenciales de la Contraloría General de la República, en cuanto al derecho de propiedad, también lo desestima, por haber prescrito el derecho de la recurrente.

Finalmente, refiere que el recurrente carece de un derecho indubitado, ello en atención a la Resolución N° 14.188/2024, de la Contraloría General de la República, no cumpliéndose con el supuesto básico del recurso de protección, por lo que la acción no puede prosperar.

TERCERO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Contraloría General de la República, solicita el rechazo.

Señala que, a propósito de una reclamación realizada, se efectuó un nuevo estudio, esta vez circunscrito al plazo de prescripción y en dichas circunstancias se dictó la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, que concluyó que de conformidad con lo establecido en los artículos 98 y 99 de la ley N° 18.834, el cobro de las asignaciones establecidas en el citado artículo 98 -entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales, como ocurre con la asignación que se reclama- prescribe en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.

Afirma que, lo reclamado por el actor no corresponde ser dilucidado por medio de la presente acción cautelar, toda vez que ésta no constituye una instancia para discutir el alcance, sentido e interpretación que efectúa la entidad de control en el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República y las leyes le han conferido.

Además, sostiene que el recurrente no detenta un derecho indubitado y que el presente recurso no sustituye al juicio declarativo de cobro de pesos.

Hace presente que la asignación cuyo pago motiva el presente recurso, no puede considerarse como una prestación de seguridad social, por lo que no es posible considerarla como imprescriptible como asegura el actor, sino que se encuentra sujeta al plazo de prescripción de seis meses, que dicha determinación se encuentra fundada en la remisión que hace el artículo 99 del Estatuto Administrativo, respecto al artículo 98 del mismo, siendo una norma especial que prevalece por sobre las normas subsidiarias del Código Civil.

Finalmente, no habría vulneración del derecho a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, ya que en uso de sus atribuciones se ha limitado a aplicar la normativa vigente y, a su vez, operó el plazo de prescripción extintiva respecto del recurrente.

CUARTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los recurridos desestiman lo sostenido por el recurrente, alegando que resultan aplicables los artículos 98 y 99 del Estatuto Administrativo, por lo que el cobro de las asignaciones reclamadas se encuentra prescrito, lo que se refuerza con la dictación de la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, de la Contraloría General de la República, orientada en dicho sentido.

OCTAVO: Que, como ya se señaló en el motivo quinto, la presente acción exige el que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que, sin embargo, no ocurre en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene el recurrente y en base a la cual funda su petición, se encuentra dubitado por las alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones sostenidas por las partes, en procedimiento diverso y de lato conocimiento, y no, en consecuencia, por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional, de urgencia y dotada de objetivos distintos, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho que sea incuestionable, de modo que encontrándose controvertido el aquí reclamado, necesariamente el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

NOVENO: Que, conforme a lo sostenido en los motivos precedentes, cabe concluir que, atendida la controversia planteada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado del recurrente que haya sido afectado producto de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal de la Administración del Estado y que, en consecuencia, le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, de la Contralora General de La República, en esa época Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante, don Selim Carrasco Lobo.

Rol N°: 237-2024 (Protección).