nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Coyhaique, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 29 de diciembre de 2022, comparece don nombre reservado, funcionario público de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con domicilio en domicilio reservado, Región de Aysén, quien deduce recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, representada por don nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente en el cargo, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, por cuanto estima que la recurrida ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal, consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA N° 119516/548/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, mediante la cual se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2023, estimando que este acto constituye una abierta vulneración a sus derechos fundamentales consagrados en los artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, “(...) en particular se ordene a la recurrida dejar sin efecto el término anticipado de mi contrata, ordenando su renovación para el año 2023, reconociendo la confianza legítima que le asiste y solicitando además el reintegro de todas las remuneraciones que legítimamente le correspondían y corresponderán percibir mientras se declare la ilegalidad del acto.” (SIC)

Con fecha 03 de enero de 2023, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 19 de enero de 2023, se agregó el informe evacuado por la recurrida Subsecretaría de Servicios Sociales, por don nombre reservado, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Con fecha 03 de abril de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 19 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, con la comparecencia telemática del abogado don Pablo Rodríguez Pulgar, por el recurso; y, en contra del mismo, compareció en representación de la recurrida la abogada del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente, fundamentando su recurso sostiene que comenzó a trabajar en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén, con fecha 15 de abril de 2019, según Resolución Exenta RA 119516/166/2019 de fecha 02 de mayo de 2019 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en la calidad de Contrata para cumplir funciones en el cargo de Coordinador del Departamento Regional de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén.

Posteriormente, su Contrata del año 2019, fue renovada mi contrata para los años de 2020, 2021 y 2022.

Señala que, el día 01 de diciembre de 2022, es notificado de la Resolución Exenta RA N° 119516/548/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, que dispone la decisión de no prorrogar su contrata para el año 2023, acusando un yerro en la interpretación de los elementos esenciales para la decisión de la no renovación.

Dentro de las interpretaciones erradas que acusa el recurrente se encuentra el hecho de señalar que sus funciones como coordinador regional era homologable a un Jefe de Gabinete, lo que no existe a su juicio, desde que su cargo era de Coordinador Regional, el cual es muy distinto al cargo de Jefe de Gabinete, agregando que no existe esta figura en el organigrama, la cual fue creada por primera vez en el mes de mayo de 2022, mediante la Resolución Exenta N.º 119516/277/2022, fecha en que se contrata al funcionario nombre reservado, en un grado 10, muy distinto a mi grado 6 en que fui contratado, por lo que si fueran cargos homologables, el Jefe de Gabinete debió ser contratado bajo sus mismas condiciones de cargo, grado y remuneración Por otra parte señala que, su cargo no sería de exclusiva confianza, citando al respecto la Resolución Exenta 8442/2022, de la Contraloría general de la República, relativas al funcionario nombre reservado, funcionario a contrata, encargado de Departamento Regional.

En otro aspecto, alega que se determinó en la resolución recurrida que en su calidad de funcionario no contaría con confianza legítima, reiterando que su cargo no era de Jefe de Gabinete, ni es un cargo de exclusiva confianza, no siendo posible señalar que no cuenta con la confianza legítima, por el contrario y como ha sostenido la Contraloría General de la República, las Cortes del país y la Corte Suprema, la legítima expectativa que se produce en un servidor público, cuando su contrata ha sido objeto de dos o más renovaciones anuales sucesivas e ininterrumpidas, se entiende la existencia de la confianza legítima de que esa conducta se va a repetir en el futuro.

Acusa también, la falta de formalidades y desprolijidad, señalando que fue contratado mediante Resolución Exenta RA 119516/166/2019 de fecha 2 de mayo de 2019, que indicaba que su contrata se mantendría “…mientras sean necesarios sus servicios…”, no obstante, la Resolución Exenta RA N° 119516/548/2022, que no prorroga su contrata, en ninguna parte señala que sus servicios ya no son necesarios, y sólo se limita a consignar que no cuenta con la Confianza Legítima.

Posterior a referirse a los requisitos formales para la procedencia de la acción, advierte que la decisión de la autoridad es ilegal, atentando contra el Estatuto Administrativo, citando el dictamen N°23.518 de 2016, que establece, en síntesis, que para decidir no renovar una contrata es necesario fundar dicha decisión, así también indica que sólo excepcionalmente es posible poner término anticipado a la contrata.

Agrega que, el deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que también se encuentra establecido en la Ley N° 19.880, específicamente en sus artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto.

Al respecto, cita los Dictámenes N° 22.766 de 2016, N° 85.700 de 2016, y N° 6.400 de 2018, que actualizan y sistematizan los dos textos anteriores, los cuales señalan que un acto administrativo, debe ser un acto motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con respeto al principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e ininterrumpidas.

Manifiesta que la confianza legítima ha sido definida como “la legítima expectativa que se produce en un servidor público, cuando su contrata ha sido objeto de dos o más de renovaciones anuales sucesivas e ininterrumpidas, creando la confianza legítima de que esa conducta se va a repetir en el futuro”.

Continúa señalando que, la referida institución busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes, agregando que la jurisprudencia indica que el funcionario a contrata que ha sido objeto de sucesivas e ininterrumpidas renovaciones de un empleo que originalmente es dispuesto a plazo fijo, generan en el interesado la expectativa real, plausible y certera, de que su empleo seguirá siendo prorrogado en el tiempo.

Señala que, la recurrente ha sido objeto de cuatro contrataciones sucesivas desde abril del año 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022, donde se contabiliza 4 contratas desde el 15 de abril de 2019 al 30 de noviembre de 2022, todas sucesivas, continuas e ininterrumpidas.

Reitera que existía una confianza legítima que le protegía, y esperaba razonablemente que su vínculo contractual fuera respetado y posteriormente prorrogado para el año 2023. Confianza que se vio reforzada no sólo por la conducta reiterada en el tiempo de su empleador, si no también, se justifica en la labor ejercida, perteneciendo a la esencia y propiedad del giro, desempeñándose en cargos de carácter eminentemente técnicos y no de confianza.

Alega que el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, referida a la igualdad ante la ley, pues se ha afectado únicamente al recurrente.

Asimismo, estima que se vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el referido artículo 19 N° 24 de la misma Carta Fundamental, desde que pese a que existe la legítima confianza de la renovación, el recurrido vulnera su derecho no renovando su contrata, privando al recurrente de las remuneraciones que legítimamente le correspondía percibir durante el año 2023.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando el recurso de protección, solicita su rechazo, en razón de que mediante Resolución Exenta N° 119516/166/2019, de fecha 02 de mayo de 2019, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, el recurrente fue nombrado, en calidad jurídica a contrata asimilado a grado 6° E.U.S., del Estamento Profesional, a contar del 15 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios, reflejándose los fundamentos en los considerandos de dicho acto administrativo, por los cuales se le exceptuó del proceso de reclutamiento y selección de personal para el ingreso al servicio en calidad de contrata, conforme al artículo 14 de la Resolución N° 1 de 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que Aprueba Normas de Aplicación General en materias de Gestión y nombre reservado.

Posterior a transcribir el contenido de la resolución precedentemente señalada, manifiesta que ésta deja claramente establecido, las condiciones y plazos de dicha contratación, siendo renovada en iguales términos y condiciones para las anualidades 2020, 2021 y 2022, mediante las Resoluciones Exentas RA N°119516/55/2020, 119516/1066/2020 y 119516/14/2022, todas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de Servicios Sociales, respectivamente.

Así, mediante resolución exenta RA N°119516/548/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se resolvió no renovar la designación a contrata de la parte recurrente para la anualidad correspondiente al año 2023, acto que fue dictado en el marco de las atribuciones que le asiste a la autoridad, quien además ha expuesto razones fundadas de las motivaciones que concurren, máxime aún, cuando la naturaleza jurídica de las contratas es esencialmente transitoria y las funciones desempeñadas por el actor eran funciones sensibles, desempeñadas al interior de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, el cual transcribe.

Respecto de las funciones, señala la recurrida que éstas se advierten con mayor claridad en los decretos exentos RA N°119516/34/2019 de 30/05/2019 y RA N°119516/94/2020 de 20/05/20 que lo designaron en el Primer Orden para subrogar al Secretario Regional Ministerial de nombre reservado y Familia de la Región de Aysén. Enseguida en las Resoluciones Exentas RA N°119516/255/2019 de 30/05/19; RA N°119516/64/2020 de 21/01/2020; RA N°119516/57/2021 de 03/02/221, se le encomendaron al ex funcionario nombre reservado; las cuales implican también una necesaria relación de confianza, son de carácter excepcional y permiten la incorporación en la línea de subrogación de cargos de exclusiva confianza. Así lo ha recogido la jurisprudencia administrativa, citando al efecto el Dictamen N°28660, de 2018, de la Contraloría General de la República de Chile.

Arguye que, el principio de confianza legítima no se configura en el caso concreto, pues no cumple con los requisitos indicados en el Dictamen N° 156769 de 18 de noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República, por otro lado, la Corte Suprema unido a los dictámenes de la Contraloría General de la República han sostenido que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida que beneficia entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N°18.834, condición que no resulta aplicable en los casos de los funcionarios que ejercen cargos de confianza, como acontece en el caso de marras.

Por su parte, referente a la falta de motivación del acto impugnado que alega el recurrente, señala que, el acto contiene los motivos, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento y de acuerdo a los cuales se estableció la decisión de no renovar la contrata del señor nombre reservado, decisión que se encontraría enmarcada en la norma contenida en el artículo 11 de la Ley N°19.880, por consiguiente, es dable concluir que el acto mediante el que se pone término a la contrata se encuentra debidamente fundado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, siendo completamente válido y suficiente para poner término anticipado a su contratación.

Finalmente, señala que no se aprecia la privación, perturbación ni amenaza del legítimo ejercicio de los derechos señalados por la parte recurrente, no afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, citando al efecto, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues considera que la resolución está suficientemente motivada y fue emitida en pleno ejercicio de las potestades que la ley confiere al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, especialmente, en lo referido a la contratación y egreso del personal de su dependencia, agregando que, de los antecedentes se advierte en lo concerniente a la duración de la designación a contrata por el año 2022, que se incorporó en el caso del ex funcionario la frase “mientras sean necesarios sus servicios”, por consiguiente la decisión de no renovar la contrata del ex funcionario es una atribución de la autoridad, quien en virtud de los principios de eficiencia y eficacia podrá determinar las fórmulas de trabajo y egreso más acordes para el logro de los objetivos finales teniendo como límite el despliegue de conductas arbitrarias e ilegales. Agrega que, la resolución contiene clara y explícitamente la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, no careciendo de motivación.

En lo que respecta a la eventual vulneración de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, señala que, para que exista un derecho de propiedad sobre un bien, resulta necesario que éste se incorpore al patrimonio de su titular, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico al efecto, lo que conlleva al nacimiento de la atribución para reclamar las prestaciones personales que emanen del mismo, condiciones que en la especie analizada, como ya se ha visto, no se cumplen. En efecto, agrega que, el recurrente no ha tenido una calidad jurídica que lo habilite para alegar una supuesta vulneración del derecho de propiedad a sus intereses, ya que ejerció durante más de tres años una labor de confianza en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, por lo tanto la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expresado por el recurrente y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

· Que, con fecha 02 de mayo de 2019, mediante Resolución Exenta N° 119516/166/2019, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió contratar a don nombre reservado, a contar del 15 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, como Profesional, asimilado a grado 6° E.U.S. con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/255/2019, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió encomendar a don nombre reservado, quien se desempeña como Profesional, grado 6° E.U.S. de la planta de Profesionales, para ejercer funciones directivas de Subrogante Seremi de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, a contar del 1 de mayo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

· Que, con fecha 15 de enero de 2020, mediante Resolución Exenta N° 119516/55/2020, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió prorrogar la contrata a don nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, como Profesional, asimilado a grado 6° E.U.S. con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 21 de enero de 2020, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/64/2020, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió encomendar a don nombre reservado, quien se desempeña como Profesional, grado 6° E.U.S. de la planta de Profesionales, para ejercer funciones directivas de integrar orden de subrogación y ejercer funciones de coordinación a contar del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.

· Que, con fecha 22 de diciembre de 2020, mediante Resolución Exenta N° 119516/1066/2020, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió prorrogar la contrata a don nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, como Profesional, asimilado a grado 6° E.U.S. con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 3 de febrero de 2021, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/57/2021, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió encomendar a don nombre reservado, quien se desempeña como Profesional, grado 6° E.U.S. de la planta de Profesionales, para ejercer funciones directivas de integrar orden de subrogación y ejercer funciones de coordinación a contar del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

· Que, con fecha 16 de enero de 2022, mediante Resolución Exenta N° 119516/14/2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió prorrogar la contrata a don nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, como Profesional, asimilado a grado 6° E.U.S. con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 1 de febrero de 2022, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/50/2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió encomendar a don nombre reservado, quien se desempeña como Profesional, grado 6° E.U.S. de la planta de Profesionales, para ejercer funciones directivas de integrar orden de subrogación y ejercer funciones de coordinación a contar del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

· Que, con fecha 6 de junio de 2022, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/332/2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió poner término a la encomendación de funciones directivas de don nombre reservado, a contar del 19 de mayo de 2022, aprobada mediante la resolución N° 50, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

· Que, con fecha 30 de noviembre de 2022, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/548/2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, resolvió no prorrogar la designación a contrata de don nombre reservado, en el cargo profesional grado 6° E.U.S. con jornada de 44 horas semanales, a contar del 1 de enero de 2013 (SIC).

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, el acto impugnado y que atentaría contra los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, es la Resolución N° 119516/548/2022, del 30 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, mediante la cual resolvió no prorrogar la designación a contrata de don nombre reservado, en el cargo Profesional, grado 6º E.U.S., con jornada de 44 horas semanales, a contar del 1 de enero de 2023.

SÉPTIMO: Que, de los hechos establecidos en autos y de las presentaciones principales de las partes, esto es, el libelo pretensor e informe respectivos, se advierten como hechos controvertidos la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado mediante el presente arbitrio, dado que la recurrente sostiene que carece de una debida motivación y justificación, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de la República y el artículo 2° de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto el acto que se impugna es vago e impreciso, desde que no acredita los argumentos de hecho y de derecho en que se funda, más allá de una mera retórica, lo que lo convierte en ilegal y arbitrario y no se encuentra en sí mismo proporcionalidad, ni racionalidad.

Por otra parte, resulta menester determinar si la función de la recurrente, corresponde a una prestación de servicios bajo la modalidad de exclusiva confianza, lo que no implica gozar del derecho a la carrera funcionaria ni estabilidad en el empleo, permaneciendo en su cargo sólo mientras cuenten con la confianza de la autoridad o por el contrario, determinar si le asiste al actor la legítima confianza de estabilidad en el empleo dadas sus sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de nombramientos, durante los años 2020, 2021 y 2022 en calidad de contrata, como profesional grado 9º.

OCTAVO: Que, el marco normativo que regula la materia ventilada en el presente recurso, se encuentra contenido en la Ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, y en la Ley 19.880.

Que, en lo pertinente el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, siendo el artículo 3° de dicho cuerpo normativo el que establece que los empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal, puesto que, en principio, se funda en disposiciones legales que autorizan el acto administrativo y dentro del marco de atribuciones de quien lo emitió.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse lo dispuesto en el DFL 1-19.653 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Artículo 49 dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los Nº 9º y 10º del Artículo 32 de la Constitución Política de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá, en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios públicos, a los Subdirectores y a los Directores Regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionados, la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no se considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales citadas en el inciso precedente.

Con todo, la ley podrá también otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza a todos aquellos que conforman la planta de personal de la Presidencia de la República.

Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.”

DÉCIMO: Que, cabe hacer presente que en lo que respecta a la eventual ilegalidad del acto en cuestión, no es discutido el hecho de que la decisión se encuentre dentro del marco de las atribuciones de la autoridad recurrida, toda vez que, en su tramitación se observó, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que la resolución recurrida no es ilegítima desde éste punto de vista, por cuanto se procedió por quien reviste la debida autoridad y goza de la facultad para hacerlo, sumado a que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, radicado el núcleo controversial de esta litis, en el cumplimiento por la administración, del estándar de motivación requerido legalmente para validar el acto administrativo que dispone no prorrogar la contrata del recurrente, cabe tener en consideración la particularidad de la designación de don nombre reservado, quien ingresó a la Subsecretaría de Servicios Sociales a contar del 15 de abril de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional, asimilado a grado 6° E.U.S. de la planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, y con fecha 30 de mayo de 2019, se resolvió encomendar al recurrente funciones directivas de Subrogante Seremi de la Región de Aysén, a contar del 1 de mayo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Posteriormente, su contrata fue prorrogada por el periodo 2020, 2021 y 2022, encomendándole en todos los periodos funciones directivas consistentes en integrar el orden de subrogación y ejercer funciones de coordinación, a través de las Resoluciones Exentas RA N° 119516/64/2020; RA N° 119516/57/2021; y RA N° 119516/50/2022, para únicamente ponerle término a dichas funciones a contar del 19 de mayo de 2022, a través de la Resolución Exenta RA N° 119516/332/2022, revolviéndose no prorrogar su contrata para el periodo 2023, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/548/2022.

DUODÉCIMO: Que, de los antecedentes consta que por Resolución Exenta RA N° 119516/166/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, fue designado a contrata don nombre reservado, para desempeñar funciones de Coordinador del Departamento Regional de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén, sin haberse llamado a concurso, función que conlleva la coordinación en la implementación y aplicación de las políticas y programas sociales establecidos por el Ministerio, coordinación de Servicios Relacionados que se realizará a través de una mesa de trabajo denominada Comité Técnico Regional, presidida por el Secretario Regional Ministerial de nombre reservado.

Las funciones de la señalada mesa de trabajo son Asesorar técnicamente al Intendente, a través del Gabinete Social Regional; Articular metas estratégicas en materia de equidad o nombre reservado y dar seguimiento a su cumplimiento a nivel regional; Colaborar en la identificación y seguimiento de los distintos programas sociales aplicables en la Región; Velar por el mejoramiento constante en la ejecución de las políticas y programas sociales; Realizar seguimiento y control a la ejecución del Programa Público de Gasto en materia social, informando del presupuesto aprobado para el año presupuestario correspondiente; Proponer la adopción de medidas para potenciar o mejorar la aplicación de programas sociales; Conocer y analizar la propuesta de Anteproyecto de Gasto presupuestario a nivel regional; Cumplir las demás funciones y tareas que la normativa le encomienden, en el ámbito de sus funciones.

Asimismo, consta que posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Resolución Exenta RA N° 119516/255/2019, se le encomendaron funciones directivas de subrogante Seremi de Aysén a contar del 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2019, designación que se repetiría en sus sucesivas contratas para ejercer funciones directivas de Integrar el orden de subrogación y ejercer funciones de coordinación, teniendo funciones de dirigir, coordinar y controlar las actuaciones del Ministerio.

DÉCIMO TERCERO: Que, por otra parte, del estudio de los antecedentes, particularmente de aquellos que dan cuenta del Compromiso de Gestión del funcionario, se desprende que entre sus objetivos se encontraba supervisar, orientar y controlar el correcto funcionamiento de los distintos departamentos que componen la Secretaría Regional Ministerial de la Región; Asesorar al SEREMI en diversos temas relacionados a la cartera, y a contingencias; Colaborar en el cumplimiento de los propósitos institucionales que priorice y mandate el SEREMI; Subrogar al SEREMI cuando sea necesario.

DÉCIMO CUARTO: Que, del examen de la Resolución Exenta recurrida, que dispone la no prorrogación de la contrata para el período 2023, se advierte que dicho acto administrativo, razona en torno al vínculo contractual del recurrente que corresponde a Coordinador Departamento Regional y que se trataría de una función homologable a las de Jefe de Gabinete, siendo equivalentes y poseyendo la misma naturaleza, especialmente en lo concerniente a la condición de exclusiva confianza.

Además se argumenta que las labores del recurrente eran de asesoría y colaboración directa de dicha cartera de Estado, y por tal razón reportaba de sus funciones de forma directa al Secretario Regional Ministerial de nombre reservado y Familia de la Región de Aysén, quien renunció a contar del 11 de marzo del año 2022.

En otro aspecto, la Resolución recurrida refiere que se contrató a una persona que realiza las funciones de Jefe de Gabinete de la máxima autoridad regional, lo que habría implicado duplicidad de funciones, y que la confianza legítima no resulta aplicable respecto de los cargos asesores, por lo que se ha dispuesto la no renovación de la contrata del recurrente a contar del 1 de enero de 2023.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, si bien, es un hecho de la causa que, el recurrente prestó servicios para la Subsecretaría de Servicios Sociales, siendo objeto de renovación de la contrata para los periodos 2020, 2021 y 2022, no resulta procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, dada la naturaleza de las vinculaciones laborales del recurrente con la administración, según especifica en la Resolución Exenta recurrida, en cuanto, don nombre reservado fue contratado como Coordinador del Departamento Regional de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Aysén, para posteriormente, encomendarle funciones directivas como lo es la Subrogación del Seremi, entre otras, vínculo fundado en la exclusiva confianza que existía entre el referido Seremi y el recurrente.

DÉCIMO SEXTO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto en el artículo 41, del mismo cuerpo legal.

Que, en el caso sub lite, la resolución impugnada consigna los motivos de justificación de la decisión de no prorrogar la contrata del recurrente para el periodo 2023, apareciendo de toda racionalidad y razonabilidad los argumentos referidos en relación al carácter de exclusiva confianza de la máxima autoridad regional de la época, desde que fue contratado bajo la excepción de la aplicación del manual de procedimiento de Reclutamiento y Selección de contrata y honorarios de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con labores de asesoría y colaboración directa de esa cartera de Estado, cuyas funciones se reportaban de forma directa al Seremi de nombre reservado y Familia, de la Región de Aysén, quien renunció a contar del 11 de marzo de 2022.

Que, en dicho sentido, mediante Resolución Exenta N° 119516/277/2022 se contrató a una persona que realiza las funciones de Jefe de Gabinete del actual Seremi, lo que implica duplicidad de funciones, contraponiéndose con el respecto al principio de eficiencia en el gasto del Presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Arguyendo además que, conforme lo resuelto por la Contraloría General de la República, no resulta aplicable la confianza legítima respecto de los cargos de asesores.

Que, todo lo anterior, sin perjuicio de agregarse la frase “mientras sean necesarios sus servicios” incorporada en la Resolución Exenta de fecha 02 de mayo de 2019, N° 119516/166/2019, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, contratación y encomendación de funciones que amén de tratarse un cargo de exclusiva confianza, y, por consecuencia no ser apta para computar el tiempo necesario para generar una expectativa legítima de ser renovada, desvirtúa la ilegalidad y arbitrariedad que reprocha el recurrente respecto de la decisión de la Autoridad de no prorrogar su contrata, modalidad bajo la cual se desempeña.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que de la sola lectura del acto administrativo recurrido contenido en la Resolución Exenta ya referida, se advierte que cumple todos los requisitos de forma y fondo para entender debidamente fundado y justificado el mismo, no obstante es la propia naturaleza de la prestación de servicios encomendada al recurrente, la que no permite la computación de dicho tiempo para generar la expectativa de estabilidad en el empleo o el derecho de permanecer desempeñándose y recibir su remuneración, más allá de lo que en derecho le corresponde, conforme su nombramiento y posterior asignación de funciones en un cargo de exclusiva confianza, lo que confiere a la autoridad las facultades legales para decidir la renovación o no renovación de las contratas de los funcionarios en esta calidad; no siendo, tampoco, arbitrario, pues no es producto del mero capricho o sólo arbitrio del recurrido, ya que como se razonó ampliamente en los considerandos anteriores, el sustento de la decisión consignada en la Resolución Exenta objeto del presente arbitrio, haya su procedencia y pertinencia en la naturaleza del vínculo que unía al recurrente con la administración y, en las facultades legales que inviste la autoridad administrativa recurrida, por lo que el recurso deberá ser desestimado, como se dirá.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, representada por don nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente en el cargo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la señorita Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Protección N° 2367-2022.-