nombre reservado con SERVICIO NACIONAL GOBIERNO

Coyhaique, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 29 de diciembre de 2022, comparece don Rodrigo Fernando Flores Osorio y don Emanuel Isaías Cuadra Suárez, abogados, en representación de doña nombre reservado, Ingeniera de Ejecución en Administración, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Chile Chico, Región de Aysén, quienes deducen recurso de protección en contra del Servicio de Gobierno Interior, representada por don nombre reservado, o quien lo subrogue legalmente en el cargo, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Chile Chico, Región de Aysén, por cuanto estima que la recurrida ha incurrido en una actuación arbitraria e ilegal, consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA N° 245/2624/2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, mediante la cual se dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente para el año 2023, estimando que este acto constituye una abierta vulneración a los derechos fundamentales de su representada, consagrados en los artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, “(...) se ordene a la recurrida dejar sin efecto la decisión de no prorrogar la contrata de nuestra representada, ordenando su renovación para el año 2023 reconociendo la confianza legitima que le asiste y solicitando además el reintegro de todas las remuneraciones que legítimamente le correspondían y corresponderán percibir mientras se declare la ilegalidad del acto.” (SIC)

Con fecha 03 de enero de 2023, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 20 de enero de 2023, se agregó el informe evacuado por la recurrida Servicio de Gobierno Interior, por don nombre reservado.

Con fecha 01 de abril de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 18 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, con la comparecencia telemática del abogado don Sebastián Arancibia Zúñiga, por el recurso; y, en contra del mismo, compareció en representación de la recurrida la abogada del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente, fundamentando su recurso sostiene que doña nombre reservado, comenzó a trabajar, en virtud de Resolución Exenta RA N°245/863/2019 del Servicio de Gobierno Interior, el 1 de mayo de 2019 en la calidad jurídica de contrata profesional asimilada a un grado 9 de la E.U.R. del Servicio de Gobierno Interior.

Posteriormente, trabajó con el Gobernador de la Provincia de General Carrera, don Mauricio Quercia Martinic, y luego con doña nombre reservado a partir del 10 de octubre de 2020, luego de que don nombre reservado haya presentado su renuncia, realizando un trabajo propio de la delegación y que se continúa realizando luego de que la recurrente dejase de cumplir funciones en junio de 2021.

Así, mediante Resolución Exenta N°166 de la Gobernación Provincial de General Carrera de julio de 2021 se designa a la recurrente como funcionaria Encargada de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de General Carrera, cuyas funciones consistían, entre otras, lograr la eficiente administración de los recursos de la Gobernación para lo cual debía realizar la más amplia labor dentro del servicio para lograr dichos objetivos, con un carácter eminentemente técnico.

Señala que, tuvo la obligación de cumplir múltiples otras tareas administrativas y trabajo en equipo en la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera que son propias de la labor permanente de dicha delegación, durante todo el lapso de su vínculo, desempeño que ha sido óptimo, siendo calificada en todos los años en lista 1, teniendo incluso hasta 3 anotaciones de mérito en su hoja de vida funcionaria.

En este orden de ideas, indica que la recurrente ha estado contratada bajo la modalidad de contrata desde mayo de 2019, y, por tanto, durante todo el año 2020, 2021 y 2022, habiéndose cumplido a lo menos 3 renovaciones de contratas anuales completas, en cargos de carácter técnicos y esenciales del servicio.

Señala que, el día 29 de noviembre de 2022, es notificada de la Resolución Exenta RA N° 245/2624/2022, de fecha 29 de noviembre de 2022 que dispone la decisión de no prorrogar su contrata, que en principio se extiende hasta el 31 de diciembre, siendo ésta ambigua y carente de fundamentación, citando argumentos absolutamente genéricos, confusos, sin justificar una situación particular, y al no contar con la motivación suficiente, infringe el principio de legalidad, lo que a su vez demuestra su arbitrariedad al respetar la contrata de otros funcionarios que se encontraban en idéntica condición de su representado.

Posterior a referirse a los requisitos formales para la procedencia de la acción, señala que la decisión de la autoridad es ilegal, atentando contra el Estatuto Administrativo, citando el dictamen N°23.518 de 2016, del cual concluye, en síntesis, que para decidir no renovar una contrata es necesario fundar dicha decisión, así también indica que sólo excepcionalmente es posible poner término anticipado a la contrata.

Agrega que, el deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que también se encuentra establecido en la ley 19.880, específicamente en sus artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto.

Al respecto, cita los Dictámenes No 22.766 de 2016, Dictamen N° 85.700 de 2016, y Dictamen N° 6.400 de 2018, que actualiza y sistematiza los dos textos anteriores, los cuales señalan que un acto administrativo, debe ser un acto motivado de forma clara y precisa, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho en que se funda, con respeto al principio de confianza legítima que ampara a todo aquel funcionario que ha sido objeto de dos o más renovaciones sucesivas e ininterrumpidas.

Posterior a citar ampliamente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, referida a la confianza legítima, señala que ésta ha sido definida como “la legitima expectativa que se produce en un servidor público, cuando su contrata ha sido objeto de dos o más renovaciones anuales sucesivas e ininterrumpidas, creando la confianza legítima de que esa conducta se va a repetir en el futuro”.

Continúa señalando que, la referida institución busca preservar la legítima expectativa que tienen los funcionarios de la administración del Estado, para que la autoridad tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad en situaciones semejantes, agregando que la jurisprudencia indica que el funcionario a contrata que ha sido objeto de sucesivas e ininterrumpidas renovaciones de un empleo que originalmente es dispuesto a plazo fijo, generan en el interesado la expectativa real, plausible y certera, de que su empleo seguirá siendo prorrogado en el tiempo.

Señala que, la recurrente ha sido objeto de cuatro contratas, de las cuales tres contrataciones anuales sucesivas, continuas e ininterrumpidas, es decir, la contrata anual de los años 2020, 2021 y 2022. Siendo pertinente y debiendo recalcar también que nuestra representada ingresa a trabajar para la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera en mayo de 2019 a mediante el vínculo laboral de contrata.

Reitera que la recurrente cuenta con confianza legítima, y esperaba razonablemente que su vínculo contractual fuera respetado y posteriormente prorrogado para el año 2023. Confianza que se vio reforzada no sólo por la conducta reiterada en el tiempo de su empleador estatal, sino también, se justifica en la labor ejercida por nuestra representada, perteneciendo a la esencia y propiedad del giro, desempeñándose en cargos de carácter eminentemente técnicos y no de confianza. Por tanto, difícilmente podrían calificarse las funciones ejercidas por nuestra representada de transitorias, prescindibles y de confianza.

Finalmente, alega que el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, referida a la igualdad ante la ley, pues se ha afectado únicamente a la recurrente, en contraposición a otros funcionarios que se encuentran en idénticas condiciones, lo que consta en el propio acto administrativo, tomando dicha decisión en base a criterios subjetivos y no técnicos.

Asimismo, estima que se vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el referido artículo 19 N°24 de la misma Carta Fundamental, desde que pese a que existe la legítima confianza de la renovación, el recurrido vulnera su derecho no renovando su contrata, privando a la recurrente de las remuneraciones que legítimamente le correspondía percibir durante el año 2023.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando el recurso de protección, solicita su rechazo, en razón de que mediante Resolución Exenta N° 245/863/2019, de fecha 08 de junio de 2019, del Servicio de Gobierno Interior, se designó a doña nombre reservado, como contrata profesional asimilado a grado 9° E.U.S., bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, asumiendo sus funciones desde el 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2019, para desempeñarse en la entonces Gobernación Provincial de General Carrera.

A su vez, señala que conforme consta en el Oficio Ordinario N°182, de 18 de abril de 2019, del entonces Gobernador de la Provincia de General Carrera, dirigido a la Jefa de División de Gobierno Interior de la Subsecretaría del Interior, la contratación de la parte recurrente fue requerida para que asumiera como Jefa de Gabinete del Gobernador Provincial, por cuanto se señala que la recurrente “cumple con el perfil del cargo y cuenta con las competencias y la confianza de esta autoridad para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades inherentes a su cargo”, de lo que se deja constancia en la referida resolución exenta RA N°245/863/2019, que señala en su numeral 6 que esta “cumple con los requisitos para ingresar en la Administración y el perfil del cargo que se pretende proveer…”

Posteriormente, mediante las resoluciones exentas RA N°245/72/2020, de fecha 17 de enero de 2020, RA N° 245/388/2021, de fecha 28 de abril de 2021, y RA N° 245/703/2022, de fecha 25 de febrero de 2022, todas del Servicio de Gobierno Interior, se prorrogó la contrata de la parte recurrente, en los mismos términos señalados precedentemente.

Así, mediante resolución exenta RA N°245/2624/2022, de fecha 29 de noviembre de 2022, del Servicio de Gobierno Interior, se resolvió no renovar la designación a contrata de la parte recurrente a contar del 1 de enero de 2023.

En dicho contexto, con fecha 29 de diciembre de 2022, la parte recurrente interpuso la presente acción de protección en contra del Servicio de Gobierno Interior, denunciando, a su juicio, la vulneración y amenaza a sus garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que, la acción de protección es de naturaleza cautelar, autónoma y excepcional, limitándose a aquellos actos u omisiones cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, agregando que el ordenamiento jurídico posee otras vías idóneas y de lato conocimiento para tales fines, tanto ante la Contraloría General de la República, como judiciales ante los Juzgados de Letras del Trabajo en caso de procedimientos de tutela laboral.

Agrega al respecto que, antes de recurrir por esta vía cautelar, la parte recurrente efectivamente activó la vía administrativa ante la Contraloría General de la República, presentando el reclamo N° R007450/2022, de fecha 09 de diciembre de 2022, exponiendo los mismos hechos y sosteniendo la misma pretensión que en el caso de autos, en virtud de lo cual la referida entidad solicitó un informe a este Servicio a través de resolución exenta electrónica N° 9039/2022, de fecha 23 de diciembre de 2022, circunstancia que este servicio hizo presente al ente contralor.

Posterior a relacionar el marco normativo que regula el Servicio de Gobierno Interior, señala que la transitoriedad es un elemento de los empleos a contrata, según lo refieren los artículos 3, letra c), y 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda, y que disponen que los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y, por lo mismo, su duración puede corresponder, a lo sumo, una anualidad, por lo que la estabilidad en el empleo a contrata viene dada, precisamente, por la garantía de que su término se verificará de acuerdo con los procedimientos que, al efecto, han establecido el legislador y la Contraloría General de la República, todo lo cual, por cierto, se verificó en la especie.

Arguye que, el principio de confianza legítima no es aplicable al caso concreto, desde que de conformidad al Instructivo E156.769/2021 de la Contraloría General de la República, la recurrente no se encontraba amparada por el principio de la confianza legítima, pues bien, en el caso de autos, la recurrente fue contratada en el año 2019 para desempeñarse como jefa de gabinete, cargo que ejerció de manera ininterrumpida y respecto de dos autoridades provinciales distintas (nombre reservado y nombre reservado) hasta el 1 de julio de 2021.

Manifiesta que, la recurrente omite deliberadamente explicitar en su escrito que asumió como Jefa de Gabinete durante la mayor parte del tiempo que se desempeñó en la Delegación, faltando a la verdad al afirmar en más de una ocasión que siempre se desempeñó en cargos técnicos.

Señala que, en los documentos como en una serie de actos de la autoridad, constan el cargo de jefa de gabinete, por ejemplo en la Resolución Exenta N°732 de la entonces Gobernación Provincial de General Carrera, tal documento precisa que entre los objetivos y funciones del cargo ejercido por la recurrente se incluyen el apoyar y asesorar política y comunicacionalmente la gestión de la autoridad en la Provincia; el coordinar y ejecutar los Programas y Políticas Públicas del Gobierno; elaborar, coordinar y fijar agenda de actividades de la autoridad; y representar a la autoridad en casos que lo requieran.

Sostiene que la designación a contrata de la parte recurrente el año 2019, y posteriores prórrogas de la misma los años 2020 y 2021, no son útiles para configurar el principio de confianza legítima a su favor, por cuanto estas se trataron de contrataciones para desempeñarse como Jefe de Gabinete del Gobernador Provincial de General Carrera, Luego, sólo a mediados del año 2021, por decisión de la Gobernadora Provincial de General Carrera, se la designa como Encargada de Administración y Finanzas de la Delegación Presidencial Provincial, ante la renuncia del funcionario a contrata que desempeñaba esas funciones, tal como consta en la Resolución Exenta N°166, de 1 de julio de 2021.

En conclusión, la ex funcionaria no cuenta con la confianza legítima de que su contrata sea renovada para la anualidad 2023, por cuanto desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 1 de julio de 2021, desempeñó funciones de confianza política en el Gabinete del Gobernador Provincial de General Carrera, por lo que, como señala expresamente la Contraloría “las renovaciones de que fueron objeto en los gabinetes no son aptas para generar la expectativa legítima”.

Por su parte, señala que la dictación de un acto administrativo fundado para disponer la no renovación de la contrata de la parte recurrente no era un requisito esencial para verificar sus efectos, desde que conforme el mismo Instructivo referido anteriormente, en los casos que no aplica la confianza legítima, las contratas terminan por el cumplimiento del plazo por el cual se dispusieron, sin que resulte necesario dictar un acto que fundamente la no renovación, expirando por el solo ministerio de la ley, una vez que se cumple el plazo por el cual fue dispuesta, resultando innecesaria la dictación de un acto administrativo que contenga la decisión y los fundamentos para resolver no renovar la contrata. Por lo mismo, malamente podría reprocharse un actuar ilegal o arbitrario de este organismo, ya que la dictación del acto administrativo que dispuso la no renovación de la contrata de la parte recurrente para el año 2023, no era un requisito para verificar los efectos de la determinación de la autoridad.

Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de promover los principios de transparencia y publicidad, igualmente el organismo dictó un acto administrativo fundado que dispuso la no renovación de la contrata de la parte recurrente.

Manifiesta que la dictación de un acto administrativo terminal para la no renovación de la contrata no era un requisito esencial, corresponde aclarar que tal determinación resulta coherente con el tipo de funciones que desempeñaba, y que explican que en su respectiva designación a contrata se haya incorporado expresamente la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, sumado a que ese mismo acto se indica que la razón por la cual el cargo en cuestión no se proveyó a través de un procedimiento de reclutamiento y selección, se debe a que se trataba de una contrata inferior a un año calendario, tal como se desprende del considerando 5° de la resolución exenta N°245/863/2019, del Servicio de Gobierno Interior, que designó a la recurrente.

Así, posterior a transcribir la resolución exenta RA N° 245/2624/2022, del Servicio de Gobierno Interior, en la cual se expresaron las razones por las cuales los servicios de la parte recurrente dejaron de ser necesarios, indica que, el acto administrativo impugnado se refiere al grado de confianza que requiere el ejercicio de las funciones encomendadas a la parte recurrente, apreciándose que la autoridad estimó necesario contar con profesionales de su confianza que cumpliesen el perfil del cargo asociado a las funciones encomendadas a la parte recurrente.

Señala que, de la resolución impugnada se aprecia que la autoridad estimó necesario contar con profesionales de su confianza que cumpliesen el perfil del cargo asociado a las funciones encomendadas a la parte recurrente, en razón de lo cual se efectuó un proceso de análisis de los antecedentes de la parte recurrente en virtud de lo cual se constató que, no obstante ésta cuenta con un título profesional, en el ejercicio profesional se podía advertir una falta de experiencia, preparación técnica y competencias necesarias para asumir las responsabilidades inherentes a la función de Encargada de Administración y Finanzas.

Alega que, se puede advertir que la falta de adecuación para el perfil del cargo de Encargada de Administración y Finanzas de la parte recurrente, es una consecuencia lógica de que su contratación fue requerida para servir otro perfil de cargo, que exige una experiencia y competencias muy distintas, como lo es desarrollar la función de Jefa del Gabinete del Gobernador Provincial de General Carrera.

En efecto, dentro de los objetivos y funciones que debía ejercer la recurrente para el cargo de jefa de gabinete para el cual fue contratada, se encuentran, apoyar y asesorar política y comunicacionalmente la gestión de la autoridad en la Provincia; el coordinar y ejecutar los Programas y Políticas Públicas del Gobierno; elaborar, coordinar y fijar agenda de actividades de la autoridad; y representar a la autoridad en casos que lo requieran.

Por otra parte, un adecuado y eficiente desempeño del cargo de Encargada del Departamento de Administración y Finanzas, requiere contar con experiencia y competencias en áreas muy distintas y sensibles para el servicio tales como capacitación sobre la aplicación de la Ley N°19.886 de compras públicas, manejo de sistemas informáticos, seguimiento y administración de contratos, gestión y control de problemas administrativos, eficiente supervisión de las labores realizadas por funcionarios, entre otros, por lo que la determinación de no renovar la contrata de la parte recurrente se encuentra debidamente fundada, a pesar de que a su respecto no se haya configurado el principio de confianza legítima y que, por ende, no fuese necesario materializar aquello mediante un acto administrativo.

Por otra parte, indica que no es procedente imponer a la Administración un estándar desproporcionado de justificación que torne inaplicable su facultad de no renovar los empleos a contrata, toda vez que no sería posible considerar al acto administrativo recurrido como infundado o arbitrario, por cuanto existen argumentos de hecho y derecho que lo sustentan, agregando que distinto es que la parte recurrente, o terceros ajenos a la relación estatutaria, no compartan los fundamentos de hecho allí establecidos, lo que no puede derivar en el cuestionamiento de la legalidad o razonabilidad del acto.

En efecto, la fundamentación que se puede exigir de los actos administrativos en comento debe cumplir un cierto estándar de razonabilidad, el cual en caso alguno puede ser llevado al extremo de pretender que resista todo cuestionamiento en contrario, puesto que tales decisiones, por motivos ciertamente entendibles, siempre se encontrarán sujetas al escrutinio y rechazo de las personas a las que afectan, citando al respecto el Dictamen N° 69.998/2011 de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Por lo anterior, indica que parece al menos razonable considerar que esta parte ha cumplido debidamente todas las obligaciones que a su respecto recaen en estas materias, de lo que concluye que las facultades que tiene la autoridad en torno a las contratas, y en particular en cuanto a decidir su no renovación cuando rige la cláusula de “mientras sean necesarios sus servicios” u otra similar, no puede entenderse como inaplicable en base a un estándar de justificación desproporcionado.

Agrega que, el acto administrativo que dispuso el término anticipado de la contrata a la parte recurrente fue debidamente notificado, tal como consta en la firma y datos estampados en la carta enviada por la Jefa del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas a la recurrente, de noviembre de 2022, sin que la recurrente haya alegado la falta o nulidad de la comunicación del acto, por lo que la sola presentación de la acción de protección de la especie constituye una gestión suficiente para efectos de considerarla tácitamente notificada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N°19.880.

Manifiesta que, es posible afirmar que el acto administrativo que dispuso la no renovación de la contrata de la parte recurrente se ajustó a derecho, al no encontrarse aquella amparada por el principio de la confianza legítima y al haber sido dictada por la autoridad competente, previa investidura regular, dentro de su competencia y en la forma en que prescribe la ley, observándose, por ende, una estricta sujeción a los principios de legalidad y juridicidad establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, todo lo cual se materializó mediante un acto administrativo fundado debidamente notificado, dando cumplimiento al artículo 45 de la ley N°19.880.

Finalmente, señala que no se aprecia la privación, perturbación ni amenaza del legítimo ejercicio de los derechos señalados por la parte recurrente, no afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por cuanto la parte recurrente no aporta casos similares en donde este organismo haya resuelto un actuar de manera diversa en su desmedro, requisito esencial para este tipo de casos.

En lo referente al derecho de propiedad, estima que éste no ha sido infringido, desde que en consideración a la naturaleza transitoria de las funciones que desempeñan los funcionarios a contrata, y más aún quienes lo hacen sin el amparo del principio de confianza legítima, como es el caso de la recurrente, no tiene cabida la concepción patrimonial que involucra el dominio, por cuanto se puede desempeñar una función pública en tanto no existe una causal legal de alejamiento, citando al respecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expresado por la recurrente y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

· Que, con fecha 18 de abril de 2019, mediante Oficio N°182, del Gobernador Provincia General Carrera, don nombre reservado, dirigido a doña nombre reservado, Jefa División Gobierno Interior, solicita el nombramiento a Contrata Profesional Grado 9, a contar del día 25 de abril del 2019, de doña nombre reservado, para que asuma como Jefa de Gabinete de esta Gobernación Provincial.

· Que, con fecha 8 de junio de 2019, mediante Resolución Exenta RA N°245/863/2019, el Servicio de Gobierno Interior, resolvió contratar a doña nombre reservado, a contar del 1 de mayo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, como Profesional, asimilado a grado 9º Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 13 de noviembre de 2019, mediante Resolución Exenta N°732, el Gobernador Provincial de General Carrera, don nombre reservado, resolvió aprobar la designación a contrata de doña nombre reservado, a contar del 1 de diciembre de 2019, como Jefa de Gabinete, escalafón de Profesionales, grado 9º Escala Única de Sueldos.

· Que, con fecha 17 de enero de 2020, mediante Resolución Exenta RA N°245/72/2020, el Servicio de Gobierno Interior, resolvió prorrogar la contrata de doña nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, como Profesional, asimilado a grado 9º Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 28 de abril de 2021, mediante Resolución Exenta RA N°245/388/2021, el Servicio de Gobierno Interior, resolvió prorrogar la contrata de doña nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, como Profesional, asimilado a grado 9º Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 1 de julio de 2021, mediante Resolución Exenta N°166, la Gobernadora Provincial de General Carrera, doña nombre reservado, resolvió designar a contar de la misma fecha a doña nombre reservado, profesional grado 9° de la Escala Única de Remuneraciones, como Encargada de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de General Carrera.

· Que, con fecha 12 de julio de 2021, mediante Resolución Exenta N°181, la Gobernadora Provincial de General Carrera, doña nombre reservado, resolvió aprobar la designación a contrata de doña nombre reservado, a contar del 12 de julio de 2021, como Jefa de Gabinete, escalafón de Profesionales, grado 9º E.U.R.

· Que, con fecha 28 de febrero de 2022, mediante Resolución Exenta RA N°245/703/2022, el Servicio de Gobierno Interior, resolvió prorrogar la contrata de doña nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, como Profesional, asimilado a grado 9º Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 29 de noviembre de 2022, mediante Resolución Exenta RA N° 245/2624/2022, el Servicio de Gobierno Interior, resolvió no prorrogar la designación a contrata de doña nombre reservado, en el cargo Profesional, grado 9º Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 1 de enero de 2023.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, el acto impugnado y que atentaría contra los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, es la Resolución N° 245/2624/2022 del 29 de noviembre de 2022, notificada el día 30 de noviembre de 2022, el Servicio de Gobierno Interior, resolvió no prorrogar la designación a contrata de doña nombre reservado, en el cargo Profesional, grado 9º Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 1 de enero de 2023.

SÉPTIMO: Que, de los hechos establecidos en autos y de las presentaciones principales de las partes, esto es, el libelo pretensor e informe respectivos, se advierten como hechos controvertidos la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado mediante el presente arbitrio, dado que la recurrente sostiene que carece de una debida motivación y justificación, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto el acto que se impugna es vago e impreciso, desde que no acredita los argumentos de hecho y de derecho en que se funda, lo que lo convierte en ilegal y arbitrario y no se encuentra en sí mismo proporcionalidad, ni racionalidad.

Por otra parte, resulta menester determinar si la función de la recurrente, corresponde a una prestación de servicios bajo la modalidad de exclusiva confianza, lo que no implica gozar del derecho a la carrera funcionaria ni estabilidad en el empleo, permaneciendo en su cargo sólo mientras cuenten con la confianza de la autoridad o por el contrario, determinar si le asiste a la actora la legítima confianza de estabilidad en el empleo dadas sus sucesivas e ininterrumpidas prórrogas de nombramientos, durante los años 2020, 2021 y 2022 en calidad de contrata, como profesional grado 9º.

OCTAVO: Que, el marco normativo que regula la materia ventilada en el presente recurso, se encuentra contenido en la Ley 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo y en la Ley 19.880.

Que, en lo pertinente el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, siendo el artículo 3° de dicho cuerpo normativo el que establece que los empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal, puesto que, en principio, se funda en disposiciones legales que autorizan el acto administrativo y dentro del marco de atribuciones de quien lo emitió.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse lo dispuesto en el DFL 1-19.653 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Artículo 49 dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los Nº 9º y 10º del Artículo 32 de la Constitución Política de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá, en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios públicos, a los Subdirectores y a los Directores Regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionados, la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no se considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales citadas en el inciso precedente.

Con todo, la ley podrá también otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza a todos aquellos que conforman la planta de personal de la Presidencia de la República.

Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.”

DÉCIMO: Que, cabe hacer presente que en lo que respecta a la eventual ilegalidad del acto en cuestión, no es discutido el hecho de que la decisión se encuentre dentro del marco de las atribuciones de la autoridad recurrida, toda vez que, en su tramitación se observó, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que la resolución recurrida no es ilegítima desde éste punto de vista, por cuanto se procedió por quien reviste la debida autoridad y goza de la facultad para hacerlo, sumado a que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, radicado el núcleo controversial de esta litis, en el cumplimiento por la administración del estándar de motivación requerido legalmente para validar el acto administrativo que dispone no prorrogar la contrata de la recurrente, cabe tener en consideración la particularidad de la designación de doña nombre reservado, quien ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, en calidad jurídica Contrata, Profesional, Grado 9° EUS, según consta en Resolución Exenta RA N°245/863/2019, del 8 de junio de 2019.

Que, a la designación de la Resolución Exenta referida, se suma posteriormente aquella en la cual con fecha 13 de noviembre de 2019, mediante Resolución Exenta N°732, el Gobernador Provincial de General Carrera, don nombre reservado, resolvió aprobar la designación a contrata de doña nombre reservado, a contar del 1 de diciembre de 2019, como Jefa de Gabinete y Encargada del Programa Gobierno en Terreno, escalafón de Profesionales, grado 9º Escala Única de Sueldos, contrata que sería prorrogada de manera continua y sucesiva durante los años 2020, 2021.

Posteriormente, habiendo sido designada como Encargada de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial de General Carrera el 1 de julio de 2021, su contrata fue prorrogada por el periodo 2022.

DUODÉCIMO: Que, de los antecedentes consta que mediante Resolución Exenta N°732, del 13 de noviembre de 2019, don nombre reservado, asignó diversas funciones y responsabilidades a la recurrente como Jefa de Gabinete, entre las cuales se destaca: “1. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de la autoridad a nivel territorial y otras vinculadas al Servicio. 2. Gestionar la coordinación y promoción de políticas públicas y programas, entre la Gobernación y los diferentes entes públicos y privados. 3. Representar a la autoridad en casos que lo requiera (actos oficiales, reuniones, etc.). 4. Elaborar, coordinar y fijar agenda de actividades de la Autoridad (reuniones, actividades en terreno, audiencias, etc.). 5. Diseñar y gestionar la difusión de programas, proyectos y políticas a través de los medios de comunicación de la zona. 6. Preparar y revisar informes y documentos elaborados por las distintas Unidades de la Gobernación. 7. A solicitud de la autoridad, recopilar la información necesaria y dirigir la elaboración semanal y/o mensual de informes de alteraciones al orden público y matrices proyectivas de conflictos sociales y/o políticos. 8. Redacción y confección de oficios, informes y otros documentos de la Unidad; y otros, a solicitud de la autoridad.”

A lo anterior se suman diversas responsabilidades, entre las que se destacan, la responsabilidad administrativa; por el funcionamiento del Gabinete del Gobernador, siendo responsable de coordinar la gestión territorial de la Gobernación; Por la ejecución del Programa Gobierno en Terreno, planificando, elaborando y ejecutando de manera completa y oportuna las actividades programadas; Por la ejecución de la gestión comunicacional de la Gobernación, a nivel provincial, regional y nacional; Por información confidencial, protección de la información o datos confidenciales que maneja en razón de su cargo, cualquiera que sea su naturaleza, y de los antecedentes necesarios para la elaboración y dictación de los respectivos actos administrativos de la Institución; y en la toma de decisiones, siendo su área de decisión o competencia la del Gabinete del Gobernador y la gestión territorial del mismo.

Que a lo anterior se debe agregar la coordinación y planificación de los programas “Gobierno en Terreno” y “Gobierno Presente”, entre otras labores de exclusiva confianza del Gobernador.

DÉCIMO TERCERO: Que a su vez, consta en la Resolución Exenta N°181, del 12 de julio de 2021, que le fueron asignadas, en los mismos términos, esta vez bajo la autoridad de la Gobernadora Provincial de General Carrera, doña nombre reservado, diversas funciones y responsabilidades como Encargada del Departamento de Administración y Finanzas, entre las cuales se destaca: “a) Formular y presentar el Proyecto de Presupuesto de la entidad. b) Distribuir el presupuesto de acuerdo a las necesidades y a los recursos existentes. c) Aplicar y velar por el cumplimiento de los procedimientos de control interno contables y financieros, según las normas y los criterios de la Contabilidad Gubernamental Nacional, de la Contraloría de la República y de las instrucciones emanadas del Ministerio del Interior. d) Custodiar los fondos, documentos, valores y otros bienes de la Institución. e) Ejecutar y controlar los pagos de los compromisos financieros contraídos por el Servicio, además de ser el usuario aprobador en el sistema SIGFE 2.0. f) Elaborar y remitir informes de estados de situación y balances presupuestarios requeridos por los distintos niveles jerárquicos del Servicio. g) Asesorar a las autoridades sobre materias de índole presupuestaria contables. h) Asesorar en el ámbito financiero y presupuestario a las Unidades encargadas de ejecutar programas y/o proyectos. i) Proveer en forma oportuna y eficaz la información y los recursos financieros que requieran las distintas unidades de la entidad para su funcionamiento, según disponibilidad presupuestaria. j) Ejecutar, dirigir y controlar las actividades referidas a la administración de personal y de recursos físicos o materiales. k) Organizar y administrar el proceso de calificaciones tendientes a promover el desempeño eficiente del personal. l) Elaborar una programación de autorización de pago de horas extraordinarias y/o de los correspondientes descansos compensatorios. m) Velar por el cumplimiento de las medidas disciplinarias emanadas de Investigaciones y Sumarios Administrativos, con su correspondiente registro. n) Supervisar y/o ejecutar el cumplimiento del programa anual de capacitación funcionaria, definido por la instancia respectiva. o) Programar y supervisar la adquisición y/o contratación de los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la unidad, de acuerdo a la legislación vigente y a la disponibilidad presupuestaria del Servicio. p) Implementar sistemas de normas y procedimientos para servicios generales y logísticos. q) Autorizar y supervisar la adquisición de bienes y servicios de consumo que requiere la unidad para su funcionamiento, según la normativa legal vigente en materia de compras y contrataciones públicas. r) Gestionar y supervisar el cumplimiento de los contratos o convenios con empresas contratistas que prestan servicios a la Gobernación. s) Participar en las distintas instancias relacionadas con la Administración, el Personal y la Contabilidad Gubernamental. t) Mantener actualizado el estudio de la estructura organizacional, así como el diseño y definición de las funciones por Unidades y cargos. u) Efectuar estudios, proponer planes y medidas de organización y racionalización de funciones y procedimientos, para optimizar la gestión del Servicio. v) Revisar periódicamente perfil de la Gobernación en plataforma informática del Servicio de Impuestos Internos, particularmente respecto de documentos tributarios electrónicos recibidos. w) Responsable de valores fiscales del Servicio. x) Asesorar a la autoridad sobre materias de índole presupuestario contable.” Entre otras.

A lo anterior se suman diversas responsabilidades, entre las que se destacan, la responsabilidad administrativa; por el funcionamiento del Departamento de Administración y Finanzas, siendo responsable de velar por la correcta utilización de los recursos con que cuenta esta Gobernación, ya sean materiales o humanos; Por el funcionamiento de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y de la Oficina de Partes y Personal; Por la gestión de recursos humanos; Por la gestión de los recursos materiales o bienes del Servicio; Por información confidencial, esto es, la protección de la información o datos confidenciales que maneja en razón de su cargo; y En la toma de decisiones, siendo su área de decisión o competencia es el Departamento de Administración y Finanzas.

DÉCIMO CUARTO: Que, del examen de la Resolución Exenta recurrida, que dispone la no prorrogación de la contrata para el periodo 2023, se advierte que resulta ajustada a derecho y a la normativa vigente, ya que este acto administrativo, razona en su considerando primero acerca del carácter transitorio de los empleos a contrata. En el considerando Tercero, Quinto y Sexto se precisa el carácter de la función encomendada a los Jefes de Gabinetes, la cual se funda en la exclusiva confianza con el Gobernador Provincial de la época, como consta en las resoluciones que indica, en cuya virtud el Gobernador Provincial confió en la recurrente las funciones y responsabilidades que se analizaron el motivo precedente, por lo tanto, las funciones que le fueron asignadas se encomendaron en consideración a una relación atendida la naturaleza de confianza entre el Gobernador Provincial y la actora.

La resolución recurrida, además señala expresamente que en virtud del tiempo desempeñado en su cargo actual, el cual ha sido renovado solamente por un periodo, no es posible computar el tiempo trabajado como Jefe de Gabinete de la Delegación a fin de configurar el principio de confianza legítima, no siendo objeto de dos renovaciones anuales de su contrata “en otras dependencia de la misma institución”, consignando a su vez como justificación de la decisión que la recurrente no cuenta con la confianza ni competencias requeridas por la autoridad provincial para el desempeño de las labores indicadas.

Que, a mayor abundamiento, en lo concerniente a la duración de la designación a contrata de la reclamante, efectuada con fecha 8 de junio de 2019, mediante Resolución Exenta RA N°245/863/2019, sin perjuicio de haber sido prorrogada, se incorporó la frase "hasta que sus servicios sean necesarios", lo que desvirtúa la ilegalidad y arbitrariedad que reprocha la recurrente respecto de la decisión de la Autoridad de poner término a su contrata, modalidad bajo la cual se desempeña.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, si bien, es un hecho de la causa que, la recurrente prestó servicios para el Servicio de Gobierno Interior de la Provincia de General Carrera, siendo objeto de renovación de la contrata, no resulta procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, dada la naturaleza de las vinculaciones laborales de la recurrente con la administración, según especifica el considerando Duodécimo y Décimo Tercero, en cuanto, conforme a las resoluciones citadas en el considerando Tercero, emanadas de Gobernadores Provinciales, don nombre reservado y doña nombre reservado, doña nombre reservado fue contratada de manera exclusiva y específica para cumplir funciones como Jefa de Gabinete, de don nombre reservado, y como Encargada del Departamento de Administración y Finanzas, de doña nombre reservado, ambos quienes ejercieron funciones como Gobernadores Provinciales de la Provincia del General Carrera, vínculo fundado en la exclusiva confianza que existía entre los Gobernadores anteriormente señalados y la recurrente.

DÉCIMO SEXTO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto en el artículo 41, del mismo cuerpo legal.

En el caso sub lite, la resolución impugnada consigna diez motivos de justificación de la decisión de no prorrogar la contrata de la recurrente para el periodo 2023, apareciendo de toda racionalidad y razonabilidad los argumentos referidos en relación al carácter transitorio o temporal y la permanencia del empleo, sin perjuicio de agregarse la frase “mientras sean necesarios sus servicios” y a la naturaleza del vínculo, el cual se sostenía indiscutiblemente en la “exclusiva confianza” habida entre la funcionaria y los Gobernadores de la Provincia, contratación que amén de no ser apta para generar una expectativa legítima de ser renovada, desvirtúa la ilegalidad y arbitrariedad que reprocha la recurrente respecto de la decisión de la Autoridad de no prorrogar su contrata, modalidad bajo la cual se desempeña.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que de la sola lectura del acto administrativo recurrido contenido en la Resolución Exenta ya referida, se advierte que cumple todos los requisitos de forma y fondo para entender debidamente fundado y justificado el mismo, no obstante es la propia naturaleza de la prestación de servicios encomendada a la recurrente, la que no permite generar la expectativa de estabilidad en el empleo o el derecho de permanecer desempeñándose y recibir su remuneración, más allá de lo que en derecho le corresponde, conforme su nombramiento en un cargo de exclusiva confianza, lo que confiere a la autoridad las facultades legales para decidir la renovación o no renovación de las contratas de los funcionarios en esta calidad; no siendo, tampoco, arbitrario, pues no es producto del mero capricho o sólo arbitrio del recurrido, ya que como se razonó ampliamente en los considerandos anteriores, el sustento de la decisión consignada en la Resolución Exenta objeto del presente arbitrio, haya su procedencia y pertinencia en la naturaleza del vínculo que unía a la recurrente con la administración y, en las facultades legales que inviste la autoridad administrativa recurrida, por lo que el recurso deberá ser desestimado, como se dirá.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados, don Rodrigo Fernando Flores Osorio y don Emanuel Isaías Cuadra Suárez, en representación de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Gobierno Interior, representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol Protección N° 2366-2022.-