Protección contra Armada de Chile

En Coyhaique, a veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece con fecha 1 de noviembre de 2024, la abogada doña Viera Belén Rosas Barril, en representación de Sociedad Comercial La Cascada Ltda., representada por don nombre reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone Acción Constitucional de Protección, en contra de la Armada de Chile, representada legalmente por su Comandante en Jefe, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios, todo lo cual estima, perturba su legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 16 y 21, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva “a) Ordene a la Armada de Chile, acceda a la inscripción de la embarcación los torreones de Aysén, en el registro de naves menores de esta capitanía de Puerto; b) Disponer todas las medidas que S.S. Iltma. estime conducentes para restablecer el imperio del derecho. c) Todo lo anterior con expresa condenación en costas.” (sic)

Con fecha 5 de noviembre de 2024, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 15 de noviembre de 2024, se agregó el Ord. N° 1595/220/27 evacuado por la Comandancia en Jefe de la Armada, a través del Sr. nombre reservado, Capitán de Fragata, quien informa y suscribe, por orden del Sr. Comandante en Jefe de la institución, y en el cual, en definitiva, solicita el rechazo de la acción constitucional intentada.

Con fecha 2 de enero de 2025, se solicitó informe al tenor del recurso, al Servicio Nacional de Aduanas y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

El informe requerido se agregó en estos autos el 8 de enero del año en curso.

Por su parte, el 10 de enero del presente, se agregó informe evacuado por el Servicio Nacional de Aduanas.

Con fecha 17 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 20 del mismo mes y año, con la comparecencia de la abogada recurrente, doña nombre reservado, y contra el recurso el abogado del Consejo de Defensa del Estado, don Cristóbal Bardales Rioseco.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su pretensión en las siguientes circunstancias.

Que con fecha 14 de octubre de 2024, y luego de varias ocasiones en que concurrió ante la autoridad marítima, la Armada de Chile le comunica la negativa a su solicitud de inscripción de una embarcación importada desde el país de China, agregando que dicha nave llegó por partes, existiendo una demora en su construcción – desde el año 2022 – en razón de extravío de piezas, las que se repusieron de manera paulatina, hasta dejar la embarcación en óptimas condiciones de navegabilidad, ocurriendo esto recién a finales de 2023.

Indica que, presenta la documentación original de la embarcación ante el Servicio de Aduanas, pero al no encontrarse apostillados se dirige ante la Embajada de China en Santiago, sin embargo no obtuvo solución a su problemática, no obstante ello, sostiene que cumple con todos los requisitos señalados por la ley.

Sostiene que posteriormente a la revisión de la nave, la Armada otorga aprobación a ella, lo que permitió que navegue desde Valparaíso hasta Puerto Aysén. Pero, no obstante dicha visación, se mantiene a la fecha la negativa a inscribir, fundado en la insuficiencia de la documentación presentada, lo que la motiva a deducir la presente acción, por cuanto, todo ello le ha generado un menoscabo, al no poder utilizar la embarcación en su actividad productiva (viajes hacia la Laguna San Rafael), con las pérdidas monetarias evidentes.

En cuanto a la normativa, refiere que el artículo 12 del DL N° 2.222 señala que al solicitar la inscripción de una nave en el Registro de Matrícula, el o los propietarios, por sí o por mandatario debidamente autorizado deben presentar los títulos que acrediten su derecho sobre la nave. A continuación menciona el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, disposición que señala que las naves y artefactos navales adquiridos o construidos en el exterior para ser matriculados en Chile, y los que se construyan en Chile, para ser vendidos al exterior o para matricularse en el país, podrán navegar bajo pabellón nacional, sin más documento que un pasavante otorgado por el Cónsul de Chile o la Autoridad Marítima, según el caso, al que se anexarán el rol de dotación y el despacho otorgado por la Autoridad Marítima competente.

De este modo, advierte que habiéndose trasladado la embarcación en cuestión, desde el Puerto de Valparaíso, hasta esta Región de Aysén, estima que cumple con todos los requisitos legales establecidos en el artículo 22, motivo por el cual la negativa de la autoridad de proceder a la inscripción requerida, constituye un grave atentado al libre y legítimo ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por nuestra carta fundamental, en su artículo 19 N° 16, esto es, el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, como así también al artículo 19 N° 21, que contempla el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

SEGUNDO: Que evacuando el informe ordenado, la recurrida señala que durante el mes de agosto de 2024, el señor nombre reservado se presentó ante la Capitanía de Puerto Chacabuco, solicitando información para iniciar el trámite de inscripción de la embarcación en el Registro de Naves Menores, siendo atendido por el encargado de la División de Registro de Naves, haciéndosele entrega de la información requerida y los antecedentes necesarios para proceder al trámite pretendido.

Que tras una revisión previa por parte del encargado, a los antecedentes que en ese momento mantenía el Sr. nombre reservado, se pudo constatar que se trataba de una embarcación adquirida en China, y que si bien contaba con algunos antecedentes documentales, y sus planos reglamentarios aprobados por la autoridad marítima, no contaba con un contrato o título debidamente apostillado, que acreditase la propiedad para su validación en Chile.

Sostiene que, luego de haber concurrido nuevamente durante el mes de agosto a la Capitanía de Puerto, oportunidad en que se le reiteró la documentación que necesitaba presentar para dar curso a su solicitud, ya con fecha 25 de septiembre de 2024, el Capitán de Puerto – de Puerto Chacabuco – recibió carta, mediante la cual el señor nombre reservado solicita la factibilidad de autorizar la inscripción de la nave denominada “Torreones de Aysén”, indicando los inconvenientes sufridos durante el proceso de traslado de la embarcación hacia territorio nacional, señalando no poseer la documentación propia de la adquisición de dicha nave. En razón de ello, y en respuesta, la Autoridad Marítima Local rechazó la solicitud, en virtud de las disposiciones del Reglamento.

Posteriormente, el recurrente solicitó la factibilidad de reevaluar la inscripción de la nave ya rechazada, ante lo cual, nuevamente la Autoridad Marítima Local no accede a ello, por falta de documentación para dar continuidad al trámite. Señala como antecedente, la efectividad de contar dicha nave con un pasavante otorgado por la Capitanía de Puerto de Valparaíso, durante el mes de enero de 2023, lo que le permitió navegar hasta Puerto Chacabuco, con el objeto de que posteriormente materializara su inscripción, lo que a la fecha no ha sucedido, por las consideraciones y fundamentos ya expuestos en su informe.

A renglón seguido, y ya dentro del capítulo de rechazo del recurso intentado, la recurrida alega, en primer término, la falta de legitimación pasiva, por cuanto los hechos en que se funda la alegación de la contraria, dice relación con una actuación de competencia exclusiva del Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del D.F.L N° 292 de 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo cuerpo reglamentario; con el D.L 2.222, Ley de Navegación y Reglamento de Registro de Naves y Artefactos Navales. Que a la luz de la normativa citada, se dispone que la referida Dirección General, en lo referente a la Marina Mercante Nacional, la seguridad de la vida humana en el mar, y lo que se refiere al orden, seguridad y disciplina dentro de la jurisdicción marítima, tendrá autonomía en sus decisiones, evidenciándose entonces una falta de legitimidad pasiva, desde que el rechazo de la inscripción reclamada, no corresponde a una decisión de competencia del Comandante en Jefe de la Armada.

En cuanto al fondo, solicita igualmente el rechazo de la acción de protección intentada, en virtud de que la regulación y la inscripción de matrícula de naves, se encuentra establecida en los artículos 830 y siguientes del Código de Comercio, en relación con el Título II del D.L 2.222 ya mencionado, y de esta manera, entre los requisitos necesarios para proceder a la inscripción en cualquier registro de naves del país, el requirente debe acreditar sus derechos mediante el título que corresponda, lo que en los hechos no ocurrió, considerando por ejemplo, que de los mismos dichos del peticionario y recurrente Sr. nombre reservado, es posible establecer que no presentó un contrato que cumpla con las exigencias antes indicadas, aportando a este efecto sólo un equivalente a una factura comercial, lo cual no satisface el mandato, que exige la escrituración del contrato, y firma de los otorgantes ante Notario, sumando a ello, de acuerdo al caso, la legalización o apostilla.

Dicho lo anterior, el Capitán de Puerto se encontraba en el imperativo de rechazar la inscripción, no siendo él la autoridad que decide discrecionalmente los requisitos de inscripción de las matrículas.

Finalmente indica que, la decisión del Capitán de Puerto no vulnera los derechos denunciados por el recurrente, toda vez que la libertad de trabajo y la libertad de ejercer actividades económicas son derechos de carácter absoluto.

Concluye su presentación acompañando una serie de documentos para un mejor conocimiento del asunto.

TERCERO: Que en cuanto al informe evacuado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en dicho documento se ratifica lo señalado por la recurrida en su informe de fecha 15 de noviembre de 2024. Agrega que, la regulación relativa a la inscripción de matrícula de naves se encuentra establecida en los artículos 830 y siguientes del Código de Comercio, en relación con el título II del D.L N° 2.222 – Ley de Navegación y el reglamento de registro de Naves y Artefactos Navales – aprobado por el D.S N° 163, de 1981.

Así, y conforme a la normativa vigente, entre los requisitos exigidos para inscribir una nave, en cualquier registro del país, es necesario que el requirente acredite sus derechos sobre la misma, mediante el título correspondiente. A este respecto, cita la disposición contenida en el artículo 12 del D.L. 2.222.

Añade que, ante la eventualidad de que la nave sea adquirida en Chile, tratándose de una nave menor, el contrato deberá constar por escrito y las firmas de los otorgantes deberán ser autorizadas por notario. Pero, si el contrato fue otorgado en el extranjero, como es el caso, se regirá por la ley del lugar de su otorgamiento, no obstante cuando la transferencia del dominio y la constitución de derechos reales que puedan producir efecto en Chile, deberán constar, a lo menos, en instrumentos escritos cuyas firmas estén autorizadas por un ministro de fe, y además, se inscribirán y anotarán en los registros respectivos de nuestro país. Lo dicho, con prescindencia de estar ante una nave mayor o menor.

Continúa aludiendo a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en cuanto establecen la obligación de legalizar o apostillar los documentos públicos otorgados en el extranjero, según si el país de origen del documento se encuentra o no adscrito a la Convención de La Haya. Así las cosas, la forma de acreditar los derechos sobre una nave que haya sido adquirida en el extranjero, es mediante el correspondiente contrato firmado por ambas partes, autorizado ante el ministro de fe, el que deberá encontrarse apostillado o legalizado, reiterando en este punto la insuficiencia para salvar dicha exigencia, de una factura.

En ese sentido, indica que la negativa del Capitán de Puerto – de Puerto Chacabuco – se ampara en el artículo 9 del Reglamento de Registro de Naves, siendo el cumplimiento de los requisitos de matrícula, de carácter copulativo, por tanto faltando cualquiera de ellos, no será posible practicar la inscripción.

Igualmente, hace presente la importancia de determinar si la embarcación que se intenta inscribir, ha sido construida en su totalidad en el extranjero, o en Chile. Esto, por cuanto de haber sido construida en Chile, bastaría con el contrato de construcción más el acta de entrega o bien, una declaración de autoconstrucción, pero en el caso que nos ocupa, la autoridad marítima rechazó la inscripción pretendida, por tratarse de una embarcación adquirida y construida en el extranjero, y por lo tanto, respecto de la cual se hace necesaria y obligatoria la presentación de toda la documentación informada al representante legal de la empresa interesada.

CUARTO: Que, como último informante, el Servicio Nacional de Aduanas, en su presentación escrita señala que durante el periodo de mayo 2023 a diciembre 2024, la Sociedad Comercial La Cascada Ltda. ha efectuado importaciones bajo diferentes regímenes aduaneros (los que explica sucintamente en su informe): Régimen General; Régimen Tratado de Libre Comercio Chile- China; y Régimen de Zona Franca.

Así, durante el período ya referido, se efectuaron diversas importaciones a saber, mediante la Solicitud de Registro de Factura N° 769, de 9 de mayo de 2023, tramitada por el Usuario de Zona Franca Servifranca Spa ante la Administración de Aduana de Puerto Aysén, el importador Sociedad Comercial La Cascada Limitada, declara la importación de un catamarán nuevo sin uso, para pasajeros, cuyo país de origen corresponde a China. Respecto a esta importación, como consta del mismo documento, se efectuó bajo régimen de Zona Franca.

Otras importaciones a nombre de la recurrente, fueron tramitadas en la Aduana Metropolitana, de acuerdo al siguiente detalle: i) Declaración de Ingreso N° 401967392-3, de 09 de junio 2023, importando partes para motor desde China, bajo Régimen de Importación General; ii) Declaración de Ingreso N° 236810841-6, de 13 de septiembre 2023, declarando la importación de partes de bomba desde China, bajo Régimen de Importación General; iii) Declaración de Ingreso N° 402044054-1, de 30 de enero 2024, declarando importación de motor de arranque desde China, bajo Régimen de Importación General; iv) Declaración de Ingreso N° 2120197732-8, de 26 de septiembre 2024, que declara importación de hélices desde China, bajo Régimen de Importación TLC - CHCHI.

Finalmente, señala como conclusiones que, en lo referente a la embarcación consistente en el catamarán objeto de la acción de protección, se importó bajo régimen de Zona Franca, cuyos beneficios impositivos y restricciones se encuentran regulados en el derecho aduanero interno, lo que supone que su internación fue beneficiada con la liberación del pago de arancel aduanero y de IVA. Ello implicaría que dicha embarcación podría ser utilizada libremente dentro de las aguas de la zona de extensión de la Zona nombre reservado, por tanto, su uso en otras zonas se vería limitado a la autorización del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la emisión de un Título de Admisión Temporal. Por tales consideraciones, a tal embarcación no le resultan aplicables las normas contenidas en el Tratado de Libre Comercio Chile-China, como supone el recurrente.

QUINTO: Que, en la materia que nos ocupa, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEXTO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías expresamente protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

I. EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

OCTAVO: Que, en cuanto a esta incidencia, planteada por la recurrida, ya desde la presentación de su informe, y reiterada durante el alegato en estrados, se debe considerar primeramente lo preceptuado en el artículo 7 del D.F.L. N°292 del año 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, que reza: “La Dirección estará a cargo de un Almirante o Capitán de Navío en servicio activo que ejercerá el mando y dirección de los servicios del Litoral.

El Director dependerá militar y operativamente de la Comandancia en Jefe de la Armada. Para los asuntos de carácter administrativo cumplirá las disposiciones, directivas e instrucciones del Director General de los Servicios de la Armada (Material) y del Director del Personal de la Armada (Personal); sin embargo, en lo referente a la Marina Mercante Nacional, a la seguridad de la vida humana en el mar y en lo que se refiere al orden, seguridad y disciplina dentro de la jurisdicción marítima especificada en el artículo 3.o, letras c, d, e, f, g, h, i, k, l tendrá autonomía en sus funciones.”

Así entonces, y en directa relación con el artículo 3 letra k) del referido D.F.L. N° 292, que señala textualmente: “k) Otorgar títulos, matrículas, licencias, permisos y libretas de embarques en conformidad a la ley y, en los demás casos, permisos de seguridad;”; queda de manifiesto que en la materia que nos ocupa, el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, no actúa supeditado o a orden de la Comandancia en Jefe de la Armada, sino que es funcionalmente autónomo.

Que, en consecuencia, esta Corte estima que en razón de tratarse de labores que le competen directamente al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el recurso que tuvo su origen ante la negativa de la inscripción de una embarcación menor, debió ser dirigido ante la autoridad llamada por ley a desarrollar dicha función, tal como lo estipulan las normas transcritas precedentemente, de manera tal que, resulta verificable la falta de legitimidad pasiva de la recurrida, Comandancia en Jefe de la Armada de Chile, motivo que llevará a que dicha alegación sea acogida, y así se declarará en lo resolutivo de la sentencia.

A mayor abundamiento, y en cuanto a este capítulo, cabe hacer presente que no hubo pronunciamiento de la recurrente, ni durante la tramitación de la presente acción cautelar, como tampoco durante su alegación en estrados.

II. EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, los presupuestos fácticos alegados por la recurrente en su libelo recursivo, han sido del todo controvertidos, tanto por la recurrida, como así también se han visto cuestionados en los informes adicionales que se han aportado tanto por la Comandancia en Jefe del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, como también por el Servicio Nacional de Aduanas.

Que, en lo pertinente al caso en cuestión, según se ha advertido, el recurrente hace consistir el acto arbitrario o ilegal, en que con fecha 14 de octubre de 2024 la Armada de Chile comunica la negativa de proceder a la inscripción de una embarcación importada desde China, por cuanto no cumpliría con los requisitos exigidos por la normativa, al no contar con documentación original de la embarcación apostillada.

Estima que la decisión del recurrido le genera un menoscabo desde que, la nave cumpliría con todos los requisitos mecánicos y de seguridad, como igualmente los exigidos en virtud del artículo 22 del D.L 2.222 del año 1978, añadiendo que posterior a una revisión por medio de los ingenieros navales, se otorgó aprobación para la navegación, la que se concretó desde el Puerto de Valparaíso hasta Puerto Aysén.

Concluye que los actos calificados de arbitrarios e ilegales, habrían vulnerado sus garantías constitucionales, específicamente aquellas establecidas en el artículo 19 N° 16 y 21, de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, para efectos de una mejor resolución del asunto, cabe indicar que de los documentos acompañados por el recurrente, y siendo apreciados conforme a la sana crítica, se puede dar por acreditado, como hecho que, con fecha 14 de octubre de 2024, el Capitán de Puerto de Puerto Chacabuco, mediante ORD. N°12.000/1076, comunica su decisión de no acceder a la inscripción de la embarcación “Torreones de Aysén” en el Registro de Naves Menores, por no contar con el título o contrato que acredite el dominio sobre la nave.

DÉCIMO PRIMERO: Que, sobre el hecho asentado, conviene tener a la vista la normativa aplicable al caso, como es el Decreto Supremo N° 163 de febrero de 1981, que establece el Reglamento de Registro de Naves y Artefactos Navales, el que señala en su artículo 4°: “Toda nave o artefacto naval perteneciente a una persona natural o jurídica chilena, deberá inscribirse en alguno de los Registros de Matrícula indicados en el artículo 2° de este reglamento. Asimismo, deberá anotarse al margen de la respectiva inscripción en el registro correspondiente, bajo sanción de ser inoponible a terceros, toda transferencia o transmisión de dominio que afecte a alguna nave o artefacto naval que ya se encuentre matriculado.”

Que igualmente, en su artículo 10 inciso segundo, sostiene: “La parte perjudicada con la negativa de la Autoridad Marítima, podrá recurrir al Juez de Letras de turno en lo civil del Departamento, quien en vista de la solicitud y los motivos expuestos por la Autoridad Marítima, resolverá sin más trámite lo que en derecho corresponda”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de conformidad a lo señalado precedentemente, se colige que el legislador ha establecido un procedimiento especial que tiene por objeto obtener una resolución del fondo, siendo un tribunal de instancia, como es el Juzgado de Letras en lo Civil, el llamado a conocer de las peticiones y los fundamentos sostenidos en el libelo de autos, debiendo analizarlos mediante un procedimiento contencioso administrativo, sin que la vía proteccional intentada sea la oportuna para la correcta resolución del asunto del fondo.

DÉCIMO TERCERO: Que, en concordancia con lo explicitado en los considerandos Quinto y Sexto precedentes, resulta pertinente establecer que ésta es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de forma tal que, no resulta posible a través de este procedimiento, discernir sobre el cumplimiento o no de la documentación exigida conforme a la normativa reglamentaria, para la oportuna verificación de la inscripción pretendida, desde que se infiere de lo razonado en el motivo Décimo Primero, que el legislador ha establecido un procedimiento cuya culminación requiere de una discusión y tramitación en un juicio declarativo breve y sumario. Esto se ve reforzado, cuando del propio debate sostenido por las partes, no existe claridad ni certeza, acerca de si enfrentamos una situación respecto de embarcación adquirida en el extranjero (íntegramente), o la adquisición fue parcial, y su armado y habilitación fue en territorio nacional. Esta disyuntiva es primordial para poder siquiera analizar las demás cuestiones de fondo.

Que así las cosas, el presente recurso no puede prosperar, desde que se constata que el recurrente adolece de un derecho indubitado que lo habilite para hacer valer frente a las eventuales actuaciones arbitrarias e ilegales que se reportan, lo que torna infructuoso el análisis acerca de la forma específica en que dicho actuar pudo afectar alguna de las garantías que se reclaman como infringidas.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, cabe concluir que no advirtiéndose por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista a la recurrente y que la habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, se descarta, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 16 y 21, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 19 N°4, y artículo 20, de la Constitución Política de la República; y Auto Acordado del 24 de Junio del año 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Viera Belén Rosas Barril, abogada, en representación de Sociedad Comercial La Cascada Ltda., representada por don nombre reservado, en contra de La Armada de Chile, representada legalmente por su Comandante en Jefe, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Velásquez Trujillo.

Rol Corte N°: 236-2024 (Protección)