nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Coyhaique, veintisiete de enero del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 19 de diciembre de 2022, comparece doña Romina Andrea Moreno Ruz, abogado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, para estos efectos domiciliado en su mismo domicilio, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado° piso, región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en el no pronunciamiento respecto de la solicitud de Permanencia Definitiva de fecha 13 de agosto del año 2020, todo lo cual estima que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de su derecho y garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se acoja el presente recurso, y se disponga “resolver la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente, ordenando a la recurrida, que cumplidos como han sido todos los extremos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, se le otorgue sin más demora al recurrente, la Permanencia Definitiva solicitada, o las medidas que SS Ilustrísima con su prudente arbitrio considere más pertinentes.” (SIC)

Con fecha 27 de diciembre de 2022, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 11 de enero de 2023, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación de la Dirección Regional de Aysén del Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido, y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con fecha 20 de enero de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 23 de enero de 2023, se llevó a cabo la vista de la causa, sin la comparecencia de abogados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso en lo sustancial, señalando que, se encuentra actualmente residiendo en Chile, y cuenta con trabajo estable hace cuatro años como vendedor de mesón en Sotocopias Computación Ltda. lo que le permite solventar sus gastos en el país.

Agrega que, llegó a Chile el 15 de mayo de 2018, y con el paso del tiempo y cumpliendo con lo establecido en el artículo 129 numeral 3° del Reglamento de Extranjería, envió su solicitud de Permanencia Definitiva con fecha 13 de agosto de 2020, la cual se recibió de forma exitosa, signada con el número 3592811.

Acusa que, habiendo transcurrido 28 meses desde el momento en que el recurrido tenía plazo establecido para entregar una respuesta a la solicitud del recurrente, a la fecha no ha ocurrido, no teniendo ninguna novedad o avance en la tramitación de su solicitud, ya que, solo hasta la fecha ha podido solicitar ampliaciones de su solicitud en trámite, manteniendo a recurrente en un clima de incertidumbre.

Sostiene que la demora le trae perjuicios tales como no obtener respuesta clara a la fecha del Servicio Nacional de Migraciones, sobre su solicitud de Permanencia Definitiva, pues no ha sido actualmente notificado bajo las formalidades que la ley le exige para conocer de su solicitud de Permanencia Definitiva, ocasionando un grave perjuicio.

Agrega que, los inconvenientes que ésta excesiva demora injustificada ha generado no sólo se limitan a trámites ante notaría o municipalidades, sino que han trascendido a otros aspectos, como el no poder acceder al sistema financiero y otros problemas que trae consigo el retardo de su solicitud. Por su parte, estima que cada día es más frecuente que las instituciones y organismos soliciten tener la Permanencia Definitiva para poder optar a mejores becas, y muchos otros beneficios a los que el recurrente se ha visto impedido de manera forzosa, como consecuencia de este proceso.

Por otra parte, señala que se encuentra con su cédula de identidad vencida con fecha 10 de noviembre de 2020, recalcando que el recurrente se ha esforzado por mantenerse y regularizar su situación dentro del país.

En cuanto al derecho señala que, la permanencia Definitiva es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad, sin más limitaciones que los que imponen las leyes vigentes, para lo cual efectúa una relación de los artículos 41, 42, 52, 80, 127 y 129 del Decreto Supremo N°597, señalando que son claros al establecer las circunstancias necesarias para el otorgamiento de la Permanencia Definitiva.

Indica que, si bien es cierto que no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Permanencia Definitiva presentadas, en caso de rechazarlas debe fundamentar estas decisiones de conformidad con la normativa aplicable y a los antecedentes aportados por el recurrente, pues esta discrecionalidad se encuentra reglada.

En este sentido, la motivación es un elemento fundamental en todo acto administrativo, siendo igualmente imprescindible, el conocimiento y fundamentos de estas decisiones adoptadas por los órganos de la Administración del Estado, y que afecten directamente los derechos e intereses de los administrados, todo lo cual debe ceñirse a la realidad fáctica que los envuelve, lo que a la fecha no se ha dado cumplimiento.

Manifiesta que, el procedimiento establecido para las solicitudes de Permanencia Definitiva es de carácter administrativo, conforme la definición contenida en el artículo 3° de la ley 19.880.

Es así como el artículo 4 de la referida Ley 19.880 establece que “los procedimientos administrativos están regidos por el principio de celeridad, el cual debe ser impulsado de oficio en todos los trámites del procedimiento en conformidad con el artículo 7” el cual establece el Principio de celeridad.

Por su parte, señala que el artículo 14 establece el principio de inexcusabilidad, conforme al cual “la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”, mientras que el artículo 17 a) de la misma Ley establece como derecho de toda persona, el poder “conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados”.

A su turno, también el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que las “resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. y el artículo 27 dispone que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Por otra parte, cita el artículo 16, referido al “Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él...” Estimando que, el fundamento de esta decisión, a su vez, debe cumplir con el Principio de Imparcialidad establecido en el artículo 11 de la citada norma.

En lo que refiere a las garantías constitucionales que estima vulneradas, señala que, la omisión de la recurrida vulnera el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, referido a la igualdad ante la ley, y el artículo 19 N°3 de la misma Carta Fundamental, entendiendo que no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes.

Agrega que la recurrida ha infringido la garantía constitucional, precedentemente señalada, referida a la Igualdad ante la Ley, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, a los que encontrándose en iguales circunstancias o incluso menos favorables les fue otorgada la Permanencia Definitiva, y al recurrente a la fecha aún no se ha realizado la respuesta ante su solicitud.

En consecuencia, considera que el acto ilegal y arbitrario corresponde a la presunta notificación a través de la cual la solicitud de permanencia definitiva del recurrente fue recepcionada, pero no resuelta, de manera arbitraria e injustificada, conculcando sus garantías constitucionales señaladas, específicamente de Igualdad ante Ley.

SEGUNDO: Que, don Israel Villavicencio Chávez, abogado, en representación de la Dirección Regional de Aysén del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo en todas sus partes del presente recurso señalando que, el recurrente ingresó por primera vez al país con fecha 15 de mayo de 2018, por paso fronterizo Aeropuerto Internacional nombre reservado, por motivos de trabajo.

Así, señala que con fecha 31 de julio de 2018, solicitó por primera vez visa sujeta a contrato la cual fue otorgada mediante resolución exenta número 1040 de fecha 26 de octubre de 2018 por la Gobernación Provincial de Coyhaique, con vigencia de un año a contar del 09 de noviembre de 2018.

Agrega que, con fecha 16 de septiembre de 2019, solicitó prórroga de su visa, la que fue otorgada mediante resolución exenta número 44 de fecha 13 de enero de 2020, por la Gobernación Provincial de Coyhaique, por el periodo de un año a contar del 10 de noviembre de 2019.

En este orden, indica el Servicio que el recurrente con fecha 17 de agosto de 2021, solicitó el beneficio de residencia definitiva, que a la fecha de este informe presenta un avance del 50%, estando actualmente en la etapa de “evaluación intermedia”, en los términos de la Circular Nº 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021. La resolución exenta que señala el mencionado estado de avance es la número 21255557, de fecha 05 de diciembre de 2021.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, señala que el artículo 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Norma que se encontraba reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería.

Agrega que, el artículo 125 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Así entonces, respecto de la situación migratoria actual, manifiesta que, la solicitud de permanencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en virtud de ello, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste, dicha regularidad tiene como fundamento los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Sostiene que, en el caso de autos, el recurrente posee la cédula de identidad para extranjeros y que si bien, se encontraría vencida a la fecha de este informe, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

Así las cosas, sostiene que, al tener el recurrente acceso a un certificado de permanencia definitiva en trámite, su cédula de identidad se encuentra vigente y es también un documento suficiente para acreditar su situación migratoria regular.

Respecto al tiempo de tramitación, indica que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria, agregando que el plazo establecido para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración.

Indica que, el plazo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, siendo un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, citando jurisprudencia al efecto.

Señala que, la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Esgrime que, la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. Dicho silencio, constituye una garantía para los ciudadanos de que, si han transcurrido los plazos legales sin que la administración resuelva el procedimiento, este puede tener efectos estimatorios (silencio positivo) o desestimatorios (silencio negativo). Agregando que al no ser un plazo de carácter fatal y no tener una sanción de caducidad asociada de forma expresa en la ley, el incumplimiento de dicho plazo por parte de la Administración tiene por único efecto la presunción de los efectos del acto administrativo.

Asimismo, entiende que el mecanismo de silencio administrativo aplicable al caso concreto es el del silencio administrativo negativo, establecido en el artículo 65 de la Ley N° 19.880, debido a que la solicitud planteada por el recurrente tiene por objeto la concesión de un permiso de residencia, el cual por regla general e imperativa se encuentra sujeto al pago de derechos, cuyo monto es determinado a través de los mecanismos establecidos por el artículo 40 de la Ley N° 21.325. En consecuencia, la solicitud de la contraparte afecta el patrimonio público, en concreto, el patrimonio de la autoridad migratoria y hace solamente aplicable a los permisos migratorios la institución del silencio administrativo negativo.

Por otra parte señala que, la vía judicial ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, pues existen actualmente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022 en contra de este Servicio, donde más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia.

Añade que la consecuencia directa de lo anterior es la urgencia aplicada a este reducido universo de casos en cumplir los requerimientos judiciales, dando prioridad a esos recurrente en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad recurrida. Así, es un grupo reducido, pero que a la vez se ha constituido en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, circunstancia que pugna con la garantía de la igualdad ante la ley.

Finalmente, considera relevante reflexionar que en forma previa a disponer cualquier medida cautelar o de tutela de derechos, el órgano jurisdiccional debe realizar siempre la ponderación de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de aquellas que le son requeridas o de las que oficiosamente puedan ordenarse. Así, estima que es necesario concluir los procedimientos administrativos en la forma prevista por la Ley N° 19.880, esto es, a través de un acto de autoridad, salvaguardando así las garantías de la igualdad ante la ley, evitando la creación de grupos privilegiados de extranjeros que ven sus solicitudes resueltas en un menor tiempo respecto de aquellos que han realizado una solicitud de igual naturaleza en igual tiempo o, incluso, con anterioridad a aquellos.

En conclusión, señala que, no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19, de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna en los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que el recurrente con fecha 13 de agosto de 2020, remitió en tiempo y forma su solicitud de permanencia definitiva ante el entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hoy Servicio Nacional de Migraciones, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es el día 19 de diciembre de 2022, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, y lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite demorado.

SÉPTIMO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente lo previsto en los artículos 7° y 8° de la ley N°19.880, el cual impone a la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; así como de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, comunicándola en tiempo razonable, dando así estricto cumplimiento al principio de celeridad y del principio conclusivo, debiendo, además, observar en dicho procedimiento los principios de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez a que se refieren los artículos 3°, 5°, inciso primero y 8°, inciso primero de la ley N°18.575; obligaciones que a juicio de este Tribunal de Alzada, se encuentran insatisfechas, toda vez que desde la iniciación de los trámites, esto es, la solicitud de permanencia definitiva de fecha 13 de agosto de 2020, hasta la fecha de interposición del presente recurso el día 19 de diciembre de 2022, ha transcurrido 2 años, 4 meses, y 6 días, excediendo con creces los seis meses el procedimiento administrativo desde su iniciación para pronunciarse sobre la materia de autos, no pudiendo estimarse razonable la alegación de la recurrida consistente en el amparo de la excepción estatuida en el artículo 27 de la Ley N° 19880, la cual señala que, “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, sobre todo teniendo presente que el estado de excepción constitucional que regía en nuestro país, cesó el día 30 de septiembre de 2021.

OCTAVO: Que, conforme lo razonado en los considerandos anteriores, se debe tener presente que el procedimiento administrativo en comento, más allá del estado actual en que se encuentra, según lo informado por la recurrida en su informe, ha incurrido en demoras excesivas que pugnan con la razón, y se oponen de manera hostil a los principios referidos en la presente sentencia, omisión que, además, se estima innecesaria e injustificada, lo que la torna arbitraria e ilegal. Tal irregularidad, como se señaló, constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración la ley vigente y los principios citados.

A mayor abundamiento, de la lectura del informe evacuado por la recurrida, se desprende que las razones que ésta esgrime para justificar la omisión denunciada, resultan ser impertinentes, genéricas y poco razonables para el lapso habido entre la solicitud de permanencia definitiva y la fecha de presentación del presente recurso, ya que la observancia del principio de celeridad que debe regir a la Administración, está dirigido en beneficio del administrado, lo que conlleva estimar que la omisión en el pronunciamiento de un acto administrativo conclusivo, no se condice con el deber de celeridad y de eficiencia, eficacia, simplificación y rapidez que deben dirigir los actos administrativos.

NOVENO: Que la omisión en que incurrió la recurrida, es calificable de arbitraria e ilegal, de conformidad a los antecedentes establecidos, y a la normativa legal aplicable, lo que además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en tanto implica una discriminación arbitraria en contra del recurrente, y que se manifiesta en el trato diferenciado en relación a otros solicitantes que, en estado y condiciones jurídicas similares, han podido tramitar debidamente sus solicitudes de permanencia definitiva, obteniendo un pronunciamiento administrativo terminal acerca de la solicitud efectuada, obteniendo una resolución fundada y oportunamente notificada en la que se contienen las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, permitiendo de este modo, a esos otros administrados, requerir, de ser ello procedente, la revisión jurisdiccional del acto respectivo.

DÉCIMO: Que, es preciso por esta Corte, atender a lo estipulado en el documento acompañado por la recurrida, conforme al cual con fecha 5 de diciembre de 2021, el Servicio Nacional de Migraciones, informa al recurrente, a través de Resolución Exenta N° 21255557, que se aprueba, el avance de solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, certificando que su trámite se encuentra en la etapa de "Evaluación intermedia".

Que, si bien es cierto, la tramitación de este tipo de documentación es regida por un procedimiento establecido, tal y como expresa la resolución referida, incluyendo el análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o Apostillados, según corresponda, todos ellos, aspectos de forma que en nada altera o modifica lo razonado por este Tribunal de Alzada, toda vez que la demora y la omisión en el pronunciamiento acerca de la solicitud efectuada, cuyo lapso excede en demasía los referidos 6 meses, siendo la demora de completa responsabilidad del Servicio, pues no se advierte que exista alguna actuación pendiente del recurrente, por lo que no le es imputable a ésta, la irregularidad en el cumplimiento de los plazos y observancia de los principios que rigen la tramitación de los actos administrativos.

UNDÉCIMO: Que, resulta útil indicar que esta Corte ha de limitarse a disponer de las providencias necesarias para dar continuidad al proceso por el cual se tramita la respectiva solicitud, a objeto de otorgar la debida protección a las garantías fundamentales vulneradas, restableciendo, de este modo, el imperio del derecho, para finalmente compeler a la recurrida a modificar su actuar, y una vez enmendado, se proceda como en derecho corresponda a fin de obtener un pronunciamiento terminal oportuno por parte del Servicio recurrido sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, por lo que el presente recurso de protección habrá de prosperar, y consecuentemente, se acogerá en los términos que se consignarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por doña Romina Andrea Moreno Ruz, abogado, en favor de don nombre reservado, debiendo en consecuencia, pronunciarse el Servicio Nacional de Migraciones, perteneciente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sobre la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, dentro de un plazo de 60 días contados desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Fiscal Suplente, don Rafael Sergio Alvarado Borgel.

Rol Corte Nº 2351-2022 (Protección).