nombre reservado con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

Coyhaique, a veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En presentación de fecha 1 de noviembre de 2024, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por la conducta ilegal y arbitraria consistente en cobrar de manera retroactiva contribuciones de un inmueble de su propiedad, conculcando sus derechos como contribuyente, solicitando, en definitiva: “… acogerlo, declarando que el SII debe informar oportunamente de los aumentos en las contribuciones de las propiedades o exigir que la Municipalidad o el CBR le informe en el menor tiempo o un plazo razonable para no provocar detrimento en mi patrimonio al verme enfrentados a un cobro retroactivo de tantos años.” (sic)

Con fecha 15 de noviembre de 2024 se incorporó el informe por don nombre reservado, abogado, Jefe del Departamento Jurídico de la D.R. Coyhaique del Servicio de Impuestos Internos.

Con fecha 18 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 20 del mismo mes y año, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su presentación, señalando que en el año 2021 presentó regularización del inmueble en el que habita, aprobándose por parte de la Municipalidad de Coyhaique, motivo por el que quedó a la espera de que se le informara algún cambio en sus contribuciones trimestrales, las que ha pagado de forma constante, sin mantener deuda en el Servicio de Impuestos Internos ni en la Tesorería General de la Republica, procediéndose a cobrar de manera retroactiva dicho impuesto sin que se le haya comunicado el aumento de ellas, por lo que estima que se vulneró su derecho a ser informado oportunamente, dado que de forma abusiva y arbitraria el Servicio de impuestos Internos cobró de manera retroactiva contribuciones de su hogar, por lo que solicita paralizar el referido cobro retroactivo a fin de pagar solo desde el día que fue informado de la deuda.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida expone los antecedentes del inmueble rol N° 01001-00274 de la comuna de Coyhaique, el que corresponde a un predio rural ubicado fuera de los límites urbanos, cuyo destino principal es la habitación. Luego, detalla las actualizaciones históricas catastrales del inmueble, explicando que, a través de las Resoluciones N°A11.14.00011886 y N°A11.14.00011887, ambas de fecha 25 de septiembre 2024, mediante actuación de oficio por del Servicio N° 51488780 de fecha 3 de mayo 2024, se realiza la fiscalización catastral contando con la documentación de la Dirección de Obras Municipales, a través de Recepción Definitiva N° 01 de fecha 6 de enero de 2016, Permiso de Edificación N° 270 de fecha 18 de diciembre 2014, en la cual se recepcionaron 293,64 m2 de construcción. Que, mediante dichas resoluciones se emiten giros suplementarios respecto al rol de avalúo afecto al pago de contribuciones, con vigencia Primer Semestre año 2021 en adelante.

Explica que, su actuar se ajusta al Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT) 2024, donde uno de los aspectos de interés es la “Actualización del Catastro de Bienes Raíces producto de la transformación del territorio y su impacto en el giro del impuesto territorial”, estrategia que se inserta en un plan de fiscalización masiva durante el año 2024, sobre captura y procesamiento de expedientes de Recepciones Definitivas y Regularizaciones de construcciones otorgadas por las Municipalidades y el Ministerio de Urbanismo y Construcción (MINVU) de la Región, relativa a antecedentes que no fueron informados en su oportunidad tanto por los contribuyentes ni por las entidades respectivas.

Luego, en cuanto a la información captada, indica que se advierte la existencia de Recepción Definitiva N° 01 de fecha 6 de enero de 2016, Permiso de Edificación N° 270 de fecha 18 de diciembre de 2014, asociada al Rol 01001- 00274, la que no fue informada con anterioridad.

Por lo que, continua, la actualización catastral realizada por el Servicio responde a la oportunidad en la cual la Institución contó con la documentación de Dirección de Obras, estando facultada, según lo establecido en el Art. 200° DL 830 de 1974, para realizar cobros retroactivos cuando los antecedentes lo certifiquen.

Finalmente, que las Resoluciones N°A11.14.00011886 y N°A11.14.00011887 fueron notificadas en plazo mediante correo electrónico registrado en el SII y que a la fecha no existe petición administrativa por parte del contribuyente que se encuentre en revisión para el rol 01001-00274 de la Comuna de Coyhaique.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, entonces aparece claramente que el recurso de protección posee una naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de carácter excepcional orientado a la realización de la justicia en forma pragmática y efectiva. Siendo así, una herramienta que no tiene por objeto obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia o inexistencia del derecho invocado por el actor, cuestión que sólo puede ser establecida en un juicio de lato conocimiento, limitándose su ejercicio a la protección provisional de derechos indubitados o de apariencia fuerte, evitando que la ritualidad y el formalismo de un juicio, prive de la debida protección a los derechos que se pretende resguardar.

SEXTO: Que, al efecto, se debe centrar la controversia de autos, en el sentido que el recurrente, en síntesis, ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el cobro retroactivo que habría efectuado el Servicio de Impuestos Internos respecto a un aumento de contribuciones de su propiedad, por una regularización de ésta, lo que constituye estima una vulneración a sus garantías constitucionales, solicitando paralizar el referido cobro retroactivo, a fin de pagar solo desde el día que fue informado de la deuda.

A su turno, la recurrida cuestiona el derecho de la recurrente, en el sentido que considera que procede el cobro retroactivo de la carga impositiva de que se trata, desde tomo conocimiento de las modificaciones inmobiliarias a raíz de una fiscalización, ya que ni el municipio ni el actor le informaron de ello como lo dispone el artículo 16 de la Ley 17.235, sobre Impuesto Territorial, procediendo a dictar un acto administrativo de reavalúo y de cobro retroactivo del mismo, de conformidad al artículo 13 de la referida ley, la cual se enmarca dentro de los plazo de tres años de prescripción que establece el artículo 200 del Código Tributario.

SÉPTIMO: Que, de consiguiente, el derecho de la recurrente a dejar sin efecto el acto administrativo de cobro reatroactivo del reavalúo de su propiedad y se le cobre éste solo a partir desde la fecha en que se le fue informado, aparece cuestionado, dudoso o controvertido, desde que la recurrida sostiene que ello no es procedente, ya que se ampara un proceso procedimiento administrativo de fiscalización, cumpliendo los plazos de prescripción, de modo que no se encuentra indubitada su pretensión, no siendo ésta la vía adecuada para declarar su derecho, por tratarse de una acción de emergencia de cautela de derechos preexistentes, según ya se explicó.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el actuar de la recurrida se encuadra dentro de la esfera de sus atribuciones, conforme la legislación vigente, específicamente dentro del artículo 200 del Código Tributario, no advirtiéndose un actuar caprichoso ni ilegal por su parte, desde que ésta sustenta su actuar en un presupuesto fáctico, como lo es el hecho que no se contaba con información actualizada del bien raíz de propiedad del recurrente, puesto que ni el actor ni el ente municipal remitieron los antecedentes en su oportunidad, habiendo dado con éstos debido al plan de fiscalización masiva durante el año 2024 que se describe en el informe.

NOVENO: Que, en consecuencia, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente y que lo habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en ninguno de sus numerales, que por lo demás no los precisa el recurrente, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza, quien fue del parecer de acoger el recurso de protección que se conoce, por estimar que el actuar de la recurrida deviene en arbitrario, toda vez que, el ejercicio de la prerrogativa contenida en el artículo 200 del Decreto Ley 830 de 1974 no resulta imperativo para el Servicio, sino que es facultativo, no fundamentándose debidamente por la recurrida su aplicación en el caso concreto, ello en comparación al resto de los más de 5.000 expedientes recabados en total que se mencionan en el informe, de los que no se entrega mayores detalles sobre si se efectuaron o no cobros retroactivos respecto a éstos, o de otros contribuyentes en la misma situación que el recurrente; por otro lado, el recurrente, como bien señala y acredita con los certificados emanados de la Tesorería General de la República allegados al proceso, se encuentra al día con el pago de las contribuciones del bien raíz en cuestión, no registrando deudas por tal concepto, de modo que, la presente acción de emergencia se debe acoger a juicio de este disidente.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría del Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo y, del de disidencia, su propio autor, quienes no firman por encontrarse, ambos, haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Corte Nº 234-2024 (Protección).