nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

Coyhaique, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 15 de diciembre de 2022, Ariel Wolfenson Rivas, abogado, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad De Lo Barnechea, representada legalmente por su alcalde don Cristóbal Lira Ibáñez, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la comisión del acto ilegal y arbitrario, que perturba y amenaza las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2, 3 inciso 5, 19 Nº 4, 19 Nº 24,, de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva que, se deje sin efecto la desvinculación forzada del recurrente; y que, la recurrida deberá entregar las remuneraciones que se hubieren devengado por todos los meses en que estuvo fuera de sus funciones, hasta su reincorporación efectiva.

Sostiene el recurrente, como cuestión previa, que en agosto del año 2014, firmó contrato a honorarios anual y renovable, con la Municipalidad de Lo Barnechea, cumpliendo jornadas laborales de lunes a viernes, bajo la supervisión del Jefe del Depto. de Vivienda de la comuna, que estaba bajo la dependencia de DIDECO. Agrega que el año 2017, el Depto. de Vivienda pasó a depender de SECPLA, sin embargo, su contrato siempre fue de trabajos desarrollados en el Depto. de Vivienda, Las Condes, Santiago de Chile, actualmente aún en funcionamiento.

Señala que durante el año 2020, le indica el jefe del Depto. Técnico por instrucciones del director SECPLA que para el año 2021, no realizarían la renovación de su contrato, por lo que debería presentar su carta de renuncia para que se hiciera efectiva su último mes de prestación de servicios en el Municipio. En caso de que no entregara dicha carta de renuncia, no procederían a pagarle las remuneraciones adeudadas. Agrega que durante más de 20 años de labores en organismos del estado en calidad de “honorarios” nunca he tenido un resguardo social ni estabilidad laboral, quedando a merced de las jefaturas públicas de turno.

Precisa que el acto arbitrario e ilegal se trata de la existencia de una destitución encubierta (invitación a renunciar) que tiene al recurrente hasta la fecha de hoy separado de sus funciones, impidiéndole reincorporarse a la función pública.

Indica que, el acto es arbitrario por cuanto carece de fundamento considerando que le supeditaron la entrega de remuneraciones a la renuncia voluntaria del cargo, más aun considerando el principio de confianza legítima que favorece al recurrente, luego de haber trabajado como arquitecto por más de seis años en la misma Municipalidad, y en cargos similares y/o idénticos. Del mismo modo, es ilegal por cuanto dichas conductas contravienen las normas laborales en cuanto a los deberes del empleador de respeto a la dignidad del trabajador, y lo establecido en el Código del Trabajo en su artículo 2, constituyendo un acto vulneratorio de las libertades laborales.

Por último, estima como garantías conculcadas la contenida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, esto es, el Derecho a la Privacidad y a la Honra de su persona, desde que el hecho de que sea coaccionado a renunciar para recibir sus remuneraciones es un atentado contra la honra del recurrente, por cuando se traduce en un abuso de poder económico y humillación de esta parte intolerable para el derecho chileno.

En segundo lugar, estima infringida también, el derecho al Debido Proceso en el sentido de Comisión Especial, garantizado por el incisos 5 y 6 del artículo 19 N° 3 de la Constitución, ya que al momento de forzarlo a renunciar, por cuanto no se le mantendría en el servicio, pese a haber trabajado en él más de seis años consecutivos, constituye un acto de desconocimiento de las normas laborales mínimas y el principio de confianza legítima, hecho por el cual se constituye la recurrida en una comisión especial vulneratoria del debido proceso.

Finalmente, se afecta el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha perdido su empleo, el que mantuvo por seis años y respecto del cual tenía proyecciones. Así las cosas, su economía personal se encuentra muy resentida y este recurso viene en corregir los daños producidos.

Con fecha 23 de diciembre de 2022, la parte recurrida informa el recurso de protección, solicitando que se rechace el presente recurso con costas.

Señala que el demandante el año 2020 prestó servicios para la municipalidad de lo Barnechea en virtud de un contrato a honorarios suscrito por las partes con una vigencia desde el 1 de enero al 27 de diciembre de 2020. Agrega que con fecha 26 de octubre de 2020, don nombre reservado presenta una Carta de Renuncia Voluntaria firmada por el, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, dirigida al alcalde.

Aclara que con fecha 12 de noviembre de 2020, se dicta el Decreto DAS N°2759 mediante el cual se decreta: “PÓNESE TÉRMINO a contar del día 01 de noviembre de 2020, al contrato de prestación de servicios sobre la base de honorarios suscrito con don nombre reservado, Rut: RUT reservado, de fecha 31 de diciembre de 2019, aprobado mediante Decreto DAS N°420 de 29 de enero de 2020, por renuncia voluntaria.”

Paralelamente don nombre reservado, con fecha 5 de noviembre de 2020 concurre a la Contraloría General de la República y mediante consulta W032600/2020 realiza un reclamo por el no pago del honorario correspondiente al mes de octubre de 2020, declarando que trabajo hasta el 1 de noviembre de 2020. Agrega que el no pago del honorario tendría su fundamento en que don nombre reservado no habría cumplido su cometido para el cual fue contratado. A su vez el pago se habría condicionado al cumplimiento del cometido en lo relativo a subsanar las observaciones a los proyectos por el elaborado, y respecto de los cuales tenia encomendado llevar a cabo.

Indica que, el recurrente, sin perjuicio de trabajar de manera independiente como arquitecto mientras prestaba servicios para la Municipalidad de Lo Barnechea (en consideración a que no tenía vinculo de subordinación y dependencia), con fecha 1 de enero de 2021, comenzó a prestar servicios para el SERVIU de la Región de Aysén hasta el día de hoy.

Precisa que, por lo expuesto, también carece de toda vedad lo declarado por el recurrente relativo a que se le habría impedido reincorporarse a la función pública, ya que renunció voluntariamente para asumir un nuevo desafío en SERVIU Coyhaique y ejerce actualmente una función pública.

Indica que, con fecha 26 de febrero de 2021, don nombre reservado presenta una demanda de reconocimiento de relación laboral en contra de la municipalidad de Lo Barnechea por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales adeudadas en contra de la Municipalidad de Lo Barnechea. En la citada demanda el recurrente no señala absolutamente nada respecto de la renuncia como tampoco de supuestas presiones para que renunciara. Agrega que con fecha 24 de julio de 2022 se dicta sentencia definitiva rechazando la demanda en todas sus partes, ya que el recurrente comunicó su renuncia voluntaria de prestación de servicios a la I. Municipalidad de Lo Barnechea, la que se haría efectiva a contar del 01 de noviembre de 2020. Hecho reconocido por el demandante al absolver posiciones en la audiencia de juicio.

Precisa que con fecha 5 de agosto de 2021 interpuso un recurso de nulidad para ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado, desde que el único presupuesto fijado es el que dice relación con el transcurso del tiempo entre el término del contrato de prestación de servicios a honorarios –por renuncia del demandante- y la presentación de la demanda, cuestión de la que no se hace cargo el impugnante.

Expuso que luego, ante el total rechazo del Recurso de Nulidad por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, don nombre reservado con fecha 29 de agosto de 2022, interpuso un recurso de Unificación de Jurisprudencia, generándose Rol de Ingreso N°102368-2022, el que fue rechazado en todas sus partes.

Igualmente, alega la extemporaneidad del recurso desde que su renuncia voluntaria se hizo efectiva el 1 de noviembre de 2021, y a la fecha de interposición del recurso en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, que fue el día 15 de diciembre de 2022, han transcurrido 409 días corridos, por lo que el recurso ha sido interpuesto de manera extemporánea.

Finalmente, señala que la terminación de la relación contractual del recurrente con su representada fue realizada con estricto apego a las disposiciones del contrato de prestación de servicios a honorarios suscritos por las partes, la cual es renuncia voluntaria. Luego de transcurrido 409 días desde la renuncia voluntaria de recurrente, sumado a que los tribunales de justicia en todas sus instancia resolvieron que entre las partes no existía relación laboral, y teniendo presente que el recurrente presta actualmente servicios en el SERVIU de la región de Coyhaique, es del todo improcedente que mediante la presente acción cautelar el Sr nombre reservado intente retractarse de su renuncia voluntaria de fecha 1 de noviembre de 2021 e intentar transformar su relación contractual del año 2021 en una relación estatutaria o laboral de carácter indefinido, lo que es del todo improcedente, contrario a ley e incluso a la lógica.

Con fecha 23 de enero de 2023, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 26 de enero de 2023, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal en la exigencia efectuada por la recurrida a presentar su carta de renuncia para que se hiciera efectiva su último mes de prestación de servicios en el Municipio, cuando se le comunicó que para el año 2021, no realizarían la renovación de su contrato de prestación de servicios a la Municipalidad de Lo Barnechea, la que más bien, a su juicio, constituye, una destitución encubierta, que tiene al recurrente, hasta la fecha de hoy, separado de sus funciones, impidiéndole reincorporarse a la función pública. Agrega que el acto es arbitrario por cuanto carece de fundamento considerando que le supeditaron la entrega de remuneraciones a la renuncia voluntaria del cargo, más aun considerando el principio de confianza legítima que favorece a su representado luego de haber trabajado como arquitecto por más de seis años en la misma Municipalidad, y en cargos similares y/o idénticos, y del mismo modo, es ilegal por cuanto dichas conductas contravienen las normas laborales en cuanto a los deberes del empleador de respeto a la dignidad del trabajador, y lo establecido en el Código del Trabajo en su artículo 2, constituyendo un acto vulneratorio de las libertades laborales de su representado.

QUINTO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 26 de octubre de 2020, se recibió en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, la renuncia voluntaria de prestación de servicios, por parte de don nombre reservado, en los siguientes términos: “Por intermedio de la presente comunico a ustedes con fecha 22 de octubre de 2020 mi renuncia voluntaria de prestación de servicios a la Municipalidad de Lo Barnechea, la cual se hará efectiva a contar del 01 de noviembre del año 2020.”

2.- Con fecha 12 de noviembre de 2020, se dicta el Decreto DAS N°2759, por la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Lo Barnechea, mediante el cual se decreta poner término, a contar del día 01 de noviembre de 2020, al contrato de prestación de servicios sobre la base de honorarios suscrito con don nombre reservado, Rut: RUT reservado, de fecha 31 de diciembre de 2019, aprobado mediante Decreto DAS N|420 de 29 de enero de 2020, por renuncia voluntaria.

3.- El recurrente, con fecha 5 de noviembre de 2020, presenta consulta W032600/2020 ante Contraloría General de la República y mediante aquella formula un reclamo por el no pago de los honorarios correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre de 2020, declarando que trabajó hasta el 1 de noviembre de 2020 y que el motivo indicado para el no pago del honorario se debe a que éste se habría condicionado a subsanar las observaciones formuladas respecto de los proyectos ingresados a Serviu, emitidas con fecha 2 de noviembre de 2020.

4.- El presente recurso fue interpuesto el 15 de diciembre de 2022.

SEXTO: Que, primeramente, se debe tener presente que el numeral 1° del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, siendo un hecho que el acto administrativo imputado por el recurrente como arbitrario e ilegal, consiste en el término de contrato por la renuncia voluntaria del cargo efectuada con fecha 26 de octubre de 2020, el presente recurso de protección resulta extemporáneo, toda vez que el plazo de 30 días corridos para interponer la presente acción, en la especie, se cuenta desde que la renuncia voluntaria se hizo efectiva el 1 de noviembre de 2020, por lo que forzoso es concluir que de ésta data a la fecha de presentación de la presente acción constitucional, a saber, el día 15 de diciembre de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo fatal de 30 días corridos para deducirla, ya que, precisamente, tal término se computa desde que el recurrente tuvo noticia del acto administrativo que decretó poner término al contrato de prestación de servicios por renuncia voluntaria; razón por la cual, deberá acogerse la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

En cuanto al fondo de la acción deducida.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, del estudio pormenorizado de los antecedentes que obran en autos, a juicio de esta Corte, no existe un acto arbitrario e ilegal de la recurrida y por ello debe desestimarse el presente arbitro constitucional, según lo que se razonará a continuación.

NOVENO: Que, en efecto, la decisión que dispuso el término al contrato de prestación de servicios sobre la base de honorarios suscrito con don nombre reservado, contenida en Decreto DAS N°2759 de fecha 12 de noviembre de 2020, emitido por la Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Lo Barnechea, no constituye un actuar ilegal por parte de la recurrida, desde que, por una parte, aquel ha emanado de la autoridad competente, en ejercicio de sus potestades legales; y por otra lado, tampoco aparece que el actuar de la recurrida haya sido arbitrario, ya que conforme a lo asentado precedentemente, a juicio de estos sentenciadores, la decisión de poner término al contrato de prestación de servicios sobre la base de honorarios, emitido por la autoridad recurrida, resulta debidamente fundada, por cuanto de su sola lectura y del análisis conjunto de los antecedentes que se tuvieron a la vista para su emisión, se advierte que la razón suficiente por la cual aquella se dispone es la renuncia voluntaria del recurrente, lo que fue consignado expresamente en el acto recurrido.

DÉCIMO: Que, igualmente, se debe tener presente que, la supuesta presión ejercida por la recurrida, que en caso de que no entregara dicha carta de renuncia, no procederían a pagarle las remuneraciones adeudadas, invocada por la parte recurrente, no ha sido acreditada en estos autos de modo alguno, de tal manera que dicha alegación, igualmente, debe ser desestimada, máxime si en el reclamo que el recurrente presentó a Contraloría, por el no pago de los honorarios correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre de 2020, declara que el motivo indicado por la recurrida para rechazar el pago del honorario se debe a que éste se habría condicionado a subsanar las observaciones formuladas respecto de los proyectos ingresados a Serviu, emitidas con fecha 2 de noviembre de 2020, pero no sujeto a su renuncia; como tampoco esta condicionante se vislumbra en la demanda de nulidad de despido y despido injustificado interpuesta por el recurrente.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus números 2, 3 inciso 5, 4, y 24, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta inoficioso al faltar un requisito previo de procedencia de la acción, como lo es, la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto denunciado, según ya se indicó.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por Ariel Wolfenson Rivas, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad De Lo Barnechea, representada legalmente por su alcalde don Cristóbal Lira Ibáñez, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°: 2331-2022.-