nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

7 Coyhaique, a siete de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 31 de octubre de 2024, comparece doña nombre reservado, C.P.R. (Adm.) de Carabineros de Chile, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra Carabineros de Chile, representado por su General Director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; de la Contralora General de La República Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, domiciliada en domicilio reservado, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto u omisión arbitrario o ilegal, consistente en la respuesta terminal del procedimiento administrativo de cobro de remuneraciones adeudadas, beneficio que no fue pagado, afectando las garantías contenidas en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando, en definitiva: “ordene a los recurridos llevar a cabo las operaciones concernientes a regularizar su situación, pagando en un plazo determinado las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, como también se efectúe el ajuste de los descuentos pertinentes destinados a acrecentar la pensión de retiro y desahucio todo ello sin perjuicio que V.S.I., estime procedente acoger el recurso de protección por alguna otra infracción y reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que SS. Iltma. estime pertinente (SIC)”.

Que, con fecha 13 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 19 de noviembre de 2024, don nombre reservado, Coronel de Carabineros, Jefe de Zona Subrogante, incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 19 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de la República, incorporó el informe requerido.

Con fecha 28 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 31 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso, señala la recurrente que ingresó a la planta institucional con fecha 01 de abril de 1992 y que el día 01 de abril de 2012 cumplió veinte años de servicios efectivos, fecha desde la cual la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” es imponible, cómputo válido para el retiro con derecho a pensión y desahucio, el cual se concretó con fecha 18 de diciembre de 2013, siendo su entidad previsional y caja pagadora la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Ahora bien, indica que con fecha 17 de enero de 2014 reingresó a Carabineros de Chile bajo la modalidad de “Personal Contratado por Resolución”, civil no perteneciente a la planta institucional, calidad que mantiene a la fecha.

Precisa que, prestó servicios en la Región de Aysén desde el día 2 de enero del año 2007 hasta el 18 de diciembre de 2013, computando 7 años; que posteriormente al reingresar, presta servicios desde el día 17 de enero de 2015 hasta el día de hoy, computando 10 años y 9 meses en la región, totalizando 17 años y nueve meses en la Región de Aysén, periodo en el cual correspondía el pago de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo”, el que debía incluirse en la base de cálculo de la “Gratificación de Zona”, correspondiente al 105%.

Refiere que la Contraloría General de la República por medio del Dictamen E98928N21, de fecha 26 de abril de 2021, dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, en tanto que Carabineros de Chile, a través del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones, dictó la Resolución Exenta N° 726, de fecha 29 de octubre 2021, reconociendo el error de la base de cálculo reclamada y disponiendo que la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” fuese considerada en la base de cálculo de la “Asignación de Zona”, pago que fue ordenado de manera parcializada y que, de forma arbitraria e ilegal, solamente a contar del 1 de mayo 2021 en adelante, omitiendo el periodo anterior.

Añade que con fecha 12 de noviembre de 2023 se representó el error a la administración, por no resultar procedente la aplicación de la norma especial del artículo 99 de la Ley 18.834, ya que lo que se reclama no es el derecho a cobro de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” ni la “Gratificación de Zona”, sino más bien la rectificación del error de no considerar en la base de cálculo del 105% de gratificación de zona la asignación de especialidad al grado efectivo por el periodo que prestó servicios en la zona. Sin embargo, Carabineros de Chile, mediante Documento Electrónico N.C.U. 196568930, de fecha 11 de diciembre 2023, del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones de Carabineros (P.7), respondió a la actora expresando que la asignación de especialidad al grado efectivo habría sido considerada desde el 26 de abril de 2021, habiendo requerido a la sección asesoría y análisis legal si se mantendría dicha regla.

Agrega que, la Contraloría General de la República, por medio del Oficio N° E399.886 de 2023, habría dispuesto que respecto del derecho a cobro de la gratificación de zona corresponde la prescripción extintiva de cinco años contenida en el Código Civil, no obstante, el referido órgano, a través de la Resolución Exenta N°14.188/2024, habría cambiado drásticamente su criterio, señalando que la norma de prescripción aplicable es la contenida en el artículo 99 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a seis meses desde que el beneficio se hizo exigible, lo que estima es ilegal y arbitrario.

Que, la referida Resolución Exenta N°14.188/2024 fue ampliamente difundida a través del Documento Electrónico N.C.U 215687222 de fecha 7 de octubre 2024 de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, el que fue puesto en su conocimiento de manera interna, comunicándole que, desde la fecha de su solicitud, ya había transcurrido el plazo de seis meses establecido por la ley para requerir el cobro de las cantidades adeudadas.

Luego de referirse a la procedencia de la acción, sostiene que la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile se rigen por el mismo marco normativo en materia de remuneraciones y pensiones, citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, existiendo una discriminación arbitraria, ya que la omisión del pago del derecho reclamado a una de las instituciones la deja en desigualdad respecto a la otra, por causa no imputable al afectado, sino que, a la negligencia de la Administración. Respecto del derecho de propiedad, se afecta en cuanto se omite pagar todo el periodo que la recurrente prestó servicios en la Región de Aysén, por todo el tiempo anterior a la fecha de presentación del recurso, por tanto, todo el periodo que prestó servicios en la Región de Aysén, esto es, desde enero de 2007 a diciembre de 2013 (primer periodo: 84 meses de servicio) y desde enero de 2014 a abril de 2021 (segundo periodo: 88 meses de servicio).

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Directora de Presupuestos, doña nombre reservado, solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, ya que, la legítima expectativa de percibir la asignación se habría originado en el mes de noviembre de 2021, con motivo de la regularización parcial del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones (P.7), fecha desde la que se debe computar el plazo, el que se encuentra vencido con creces. Por otro lado, añade, que en caso de computarse el plazo desde el día 7 de octubre de 2024, fecha de la respuesta terminal del procedimiento administrativo de cobro de remuneraciones adeudadas, ésta es de responsabilidad de Carabineros de Chile y no de la Dirección de Presupuestos, no habiendo su repartición participado del acto en cuestión.

En cuanto al fondo, sostiene la inexistencia de un acto y omisión atribuible a la Dirección de Presupuestos, así como la inexistencia de un derecho indubitado, en atención al reconocimiento por la actora de diversas tesis en materia de prescripción, por lo que estima que el derecho que impetra no es indubitable, lo que se refuerza con la Resolución Exenta N° 14.188/2024 de la Contraloría General de la República, conforme a la cual a la gratificación recibida por Carabineros de Chile, le resulta aplicable el artículo 99 del Estatuto Administrativo, esto es, un plazo de prescripción de 6 meses.

Luego de referirse a la gratificación de zona y a la asignación de especialidad de grado efectivo, aborda las actuaciones de la Dirección de Presupuestos, la que no es la entidad empleadora de la recurrente, no correspondiéndole determinar asignaciones ni gratificaciones, sino únicamente la proposición de asignación de recursos, por lo que, concluye que su representada no ha vulnerado las garantías fundamentales señaladas por la recurrente, habiendo actuado dentro de sus competencias legales.

TERCERO: Que, en el informe evacuado por Carabineros de Chile, luego de señalarse el periodo en que la recurrente prestó servicios, se indica que el 9 de noviembre de 2023 se remitió la solicitud de la recurrente al Departamento Beneficios Económicos y Registro de Datos del Personal (P.7) para que se le pagara lo adeudado por concepto de Asignación Zona, lo que fue respondido a través del documento electrónico N.C.U 196568930, de 11 de diciembre de 2023, en cuanto requerirse pronunciamiento a la Sección Asesoría y Análisis Legal Dipecar, si se mantienen las reglas de cálculo. Añade que, mediante documento electrónico N.C.U. 215687222, de 7 de octubre de 2024, de la Dirección Nacional de Personal, se comunicó a nivel nacional que “el derecho a cobro de la Asignación que se reclama prescribe en el plazo de seis meses, contado desde la fecha que se hizo exigible, conforme al artículo 98, de la Ley N° 18.834…”

Luego de hacer referencia a requerimientos similares ante la Contraloría General de la República y de distintos oficios emanados de dicho órgano, como del Departamento Beneficios Económicos y Registro de Datos del Personal (P.7), destaca que la Resolución N° 14.188/2024, de 13 de septiembre 2024, de la Contraloría General de la República, que aclara el Oficio N° E399.886, de 2023, dispone que el derecho a cobro de lo adeudado de la Asignación de Zona prescribe en un plazo de 6 meses, contados desde la fecha en que se hizo exigible.

Precisa que, el artículo 98, letra f), de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, contempla la Asignación de Zona, contenida en el Estatuto del Personal de Carabineros; luego, cita el artículo 99, el que establece que en cuanto “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Descarta la conculcación de la igualdad ante la ley, ya que, conforme a la jurisprudencia administrativa, la solicitud fue realizada fuera de plazo, además que la institución tiene la obligatoriedad de acatar los criterios jurisprudenciales de la Contraloría General de la República. En cuanto al derecho de propiedad, también lo desestima, por haber prescrito el derecho de la recurrente.

Finalmente, refiere que la recurrente carece de un derecho indubitado, ello en atención a la Resolución N° 14.188/2024, de la Contraloría General de la República, no cumpliéndose con el supuesto básico del recurso de protección, por lo que la acción no puede prosperar.

CUARTO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Contraloría General de la República, solicita el rechazo de la acción constitucional, señalando que a propósito de una reclamación realizada, se efectuó un nuevo estudio, esta vez circunscrito al plazo de prescripción y en dichas circunstancias se dictó la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, que concluyó que de conformidad con lo establecido en los artículos 98 y 99 de la ley N° 18.834, el cobro de las asignaciones establecidas en el citado artículo 98 -entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales, como ocurre con la asignación que se reclama- prescribe en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.

Afirma que, lo reclamado por la actora no corresponde ser dilucidado por medio de la presente acción cautelar, toda vez que ésta no constituye una instancia para discutir el alcance, sentido e interpretación que efectúa la Entidad de Control en el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República y las leyes le han conferido.

Además, sostiene que la recurrente no detenta un derecho indubitado y que el presente recurso no sustituye al juicio declarativo de cobro de pesos.

Hace presente que la asignación cuyo pago motiva el presente recurso, no puede considerarse como una prestación de seguridad social, por lo que no es posible considerarla como imprescriptible, como asegura la actora, sino que se encuentra sujeta al plazo de prescripción de seis meses, que dicha determinación se encuentra fundada en la remisión que hace el artículo 99 del Estatuto Administrativo, respecto del artículo 98 del mismo, siendo una norma especial que prevalece por sobre las normas subsidiarias del Código Civil.

Finalmente, sostiene que no habría vulneración del derecho a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, ya que en uso de sus atribuciones se ha limitado a aplicar la normativa vigente y, a su vez, operó el plazo de prescripción extintiva respecto del recurrente.

QUINTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarla del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los recurridos, de manera transversal, desestiman lo sostenido por el recurrente, sosteniendo todos ellos que resultan aplicables los artículos 98 y 99 del Estatuto Administrativo, por lo que el cobro de las asignaciones reclamadas se encuentra prescrito, lo que se refuerza con la dictación de la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, de la Contraloría General de la República, orientada en dicho sentido.

NOVENO: Que, como ya se señaló en el motivo sexto, la presente acción exige que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que, sin embargo, no ocurre en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene la recurrente y en base a la cual funda su petición, se encuentra dubitado por las alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones sostenidas por las partes, en un procedimiento diverso y de lato conocimiento y no, en consecuencia, por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional, de urgencia y dotada de objetivos distintos, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable, de modo que encontrándose controvertido el aquí reclamado, necesariamente el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

DÉCIMO: Que, en torno a la extemporaneidad alegada por la recurrida Directora de Presupuestos, doña nombre reservado, en cuanto la legítima expectativa de percibir la asignación se habría originado en el mes de noviembre de 2021, fecha desde que -estima- se debe computar el plazo, cabe tener a la vista que la acción u omisión reclamada tendría efectos permanentes, lo que lleva a rechazar la alegación formulada por la parte recurrida.

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo sostenido en los motivos precedentes, cabe concluir que, atendida la controversia planteada, no es posible a estos sentenciadores, tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado de la recurrente, que haya sido afectado producto de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal de la Administración del Estado y que, en consecuencia, le habilite para obtener una sentencia favorable a sus intereses, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, de la Contralora General de La República en esa época Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Fiscal nombre reservado, Juan Patricio Silva Pedreros.

Rol N°: 233-2024 (Protección).