nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Coyhaique, a dos de Marzo del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 14 de Diciembre del año 2022, comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado (arrendatario de local aledaño al suyo) y en contra de don nombre reservado (propietario del local que arrienda), domiciliados en domicilio reservado, de Puerto Aysén, por afectarle, el actuar de los recurridos, las garantías consagradas en el artículo 19 números 16 y 24, de la Constitución Política de la República, dado que arrienda al señor nombre reservado un local que utiliza como pescadería, que le solicitaron entregara el local con contrato vigente y al no acceder a sido objeto de hostigamientos del propietario y de su cuñado instalado a su lado, con cortes de agua y energía eléctrica, por lo que solicita “se ordene a los recurridos cesar en todo tipo de hostigamientos presente, así como también en lo sucesivo; restableciendo los suministros básicos de agua y luz para poder hacer funcionar mi local, y mantener mis productos frescos; y que se respete el contrato que hemos celebrado.”.

En el segundo otrosí, acompaña los antecedentes que dice probarían sus asertos, como también aquellos allegados los días 12 de Enero y de 24 de Enero, ambos del año 2023.

Con fecha 19 de Diciembre del año 2022, se declaró admisible el recurso de protección.

Con fecha 26 de Diciembre del año 2022, evacuan informe los recurridos, solicitando el rechazo del recurso, con costas, acompañando documentos en el otrosí de su presentación, relativos a pagos por consumos de energía eléctrica y de agua potable.

El 24 de Febrero del año 2023, se dictó la providencia Autos en Relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamentando el recurso deducido, refiere que es arrendataria de un local comercial en el que se estableció con una pescadería, que es su único sustento económico y de su hija enferma, con un 70 % de discapacidad.

Agrega que está con contrato al día y pagos correspondientes quedándole dos años de contrato, sin embargo el dueño le está solicitando el local para instalar una botillería, a lo cual se negó por lo cual la denunciaron pidiendo su desalojo (lo cual todavía no se resuelve en tribunal de Puerto Aysén), denuncia acompañada de hostigamiento del dueño, nombre reservado y su cuñado nombre reservado, quien se estableció con un local del mismo rubro y ahora quiere poner una botillería en el local que ella arrienda, por lo cual se le solicita la entrega del local.

Indica que el hostigamiento comenzó hace tres meses cuando le cortaron la luz, por lo que hasta el día de hoy le pide a un vecino para poder seguir trabajando, y que el 13 de Diciembre cortaron el agua, interviniendo las cañerías y colocando una llave de corte por dentro de su local (llave que antes pasaba por fuera) por lo que ella no puede acceder a darla, por lo que llamó a personal de Aguas Patagonia, los que no pudieron hacer nada debido a la negativa de don nombre reservado, por lo que no puede seguir trabajando y tendrá que rechazar un pedido de mariscos y sierras frescas en camino desde Puerto Montt, por lo que se verá seriamente afectada.

Estima, como garantías vulneradas, los numerales 24 y 16 del artículo 24 de la Constitución Política de la República, referidos al derecho de propiedad y a la libertad de trabajo y su protección, respectivamente.

SEGUNDO: Que, evacuando su informe, los recurridos, solicitan el rechazo del recurso, con costas, basado en que es efectivo que actualmente la recurrente arrienda un local que se encuentra en la misma dirección, con contrato vigente, pero, se encuentran en litigio civil en causa C-419-2022, ante el Juzgado de Letras de Puerto Aysén, por incumplimiento de contrato por parte de ésta, ya que no ha enterado los pagos mensuales correspondientes además de mantener deudas de servicios.

Refieren que no es efectivo que la recurrente se encuentre al día con los pagos, ya que ellos tuvieron que cancelar deudas por servicios básicos ya que si no se pagaba se les cortaría el suministro a ellos de igual forma, acompañando los documentos de pago que dan fe de aquello, agregando que los acompañados por la recurrente sólo indican un estado de deuda pero nada informan respecto sobre la persona que los pagó; que jamás la han hostigado, solamente llamado la atención para que abandone el inmueble producto de sus incumplimientos y, finalmente, sobre el supuesto corte de agua y la afectación de sus derechos fundamentales, no se condicen con la realidad ya que simplemente no ocurrió y la presente acción judicial se trataría una vez más de dilatar la entrega del inmueble de forma sensata y razonada, pero lamentablemente se tuvo que recurrir a los tribunales para resolver el conflicto.

TERCERO: Que, de la relación de los hechos descritos en lo motivos primero y segundo, se tiene que lo que se estima como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente, es el hecho de que teniendo contrato de arrendamiento vigente, se realizan actos de hostigamiento consistentes en corte de energía eléctrica y servicio de agua potable con lo que no puede desempeñar la actividad de pescadería en el inmueble arrendado.

Que, además, habiéndose dictado orden de no innovar en la presente causa respecto de que se le sigan proveyendo los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable y ante el incumplimiento, denunció los hechos a Carabineros de Chile, recibida por la Fiscalía Local del Ministerio Público, con fecha 27 de Enero del año 2023, por desacato.

Que es un hecho pacífico que la recurrente arrienda un local comercial a don nombre reservado, encontrándose contestes ambas partes en tal circunstancia.

No obstante, los recurridos niegan los actos de hostigamientos y por el contrario, aducen incumplimiento de contrato de la arrendataria en cuanto a no pago de rentas y deudas por servicios de consumos de energía eléctrica y agua potable, lo que motivo se incoara causa civil en el Juzgado de Letras de Aysén, rol número C-419-2022.

CUARTO: Que, se ha sostenido, reiteradamente, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1, del Código Civil-, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete-, y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el Tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, de lo razonado anteriormente, se tiene que el recurso de protección es una acción tutelar, que permite a las Cortes de Apelaciones y eventualmente, a la Excma. Corte Suprema, examinar, sin forma de juicio y por vía solamente indagatoria, si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legitimo ejercicio de los derechos que consagra el artículo 20, de la Constitución Política de la República; por lo que la interposición de este recurso, por los hechos descritos en el libelo pretensor no es susceptible de ser resuelto mediante la presente acción que se examina, atendido el carácter contradictorio de las pretensiones de ambas partes, propios de un juicio de lato conocimiento, ya que la acción de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea de una total y absoluta claridad, indiscutible e incontrovertible, situación que no ocurre en autos al estar dubitados, precisamente, los derechos de las partes, esto es la vigencia del contrato de arrendamiento como deudas que de él derivan, tanto a renta cuanto al pago de servicios básicos.

Cuestiones que actualmente se encuentran siendo conocidas tanto en sede civil, Juzgado de Letras de Aysén, en rol C-419-2022; cuanto en sede penal, a través de investigación desformalizada practicada por el Ministerio Público, a partir del 27 de Enero del año 2023.

Por lo que, no siendo la tramitación y fallo de un recurso de protección propio de un juicio declarativo, no es posible usar el recurso de protección como medio de sustitución de las acciones ordinarias que permitan el debate de las diferencias jurídicas con plenitud de igualdades procesales que debe brindar un debido proceso, por lo que, necesariamente, éste deberá ser rechazado.

SÉPTIMO: Que, atendido lo razonado precedentemente, huelga referirse, en particular, a los derechos y garantías que la recurrente estima afectadas.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA, por improcedente, sin costas, el recurso de protección deducido con fecha catorce de Diciembre del año dos mil veintidós, por doña nombre reservado, ya individualizada, en contra de don nombre reservado y en contra de don nombre reservado, también ya individualizados.

Dejase sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha diecinueve de Diciembre del año dos mil veintidós.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

No firma el Abogado Integrante don Marcos Gallegos Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en dicha función.

Rol N°: 2323-2022 (Protección).-