nombre reservado con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO REGIÓN DE MAULE

En Coyhaique, a dos de marzo del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 13 de diciembre de 2022, comparece Antoine Laurent Peñaloza Carrillo, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; quien conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en relación con lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, interpuso Acción Constitucional de Protección en favor de doña nombre reservado, trabajadora; doña nombre reservado, trabajadora; doña nombre reservado, trabajadora; doña nombre reservado, trabajadora; doña nombre reservado, trabajadora; doña nombre reservado, trabajadora; y doña nombre reservado, trabajadora; todas domiciliadas, para estos efectos en domicilio reservado; y en contra del SERVICIO AGRÍCOLA y GANADERO DE LA REGIÓN DE AYSEN, en adelante SAG, servicio público descentralizado funcionalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme las normas del artículo 1° de la ley 18.755, representado por su Director Regional (s), VALERIA CARRASCO SÁEZ, ignoro profesión u oficio, o quién lo subrogue o reemplace legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado; por el acto administrativo infundado, arbitrario, ilegal e inconstitucional consistente en que la Resolución dictada por el SAG N° 1045/2022, no certifica la subdivisión del inmueble inscrito a fojas 3240, N° 1980 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2014, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile solicitando ordenar a la recurrida reiniciar el proceso de certificación del proyecto de subdivisión referido, ordenando se pase a Etapa II, que se otorgue la certificación debida al proyecto y dentro de plazo, atendido que cumple con todos los requisitos legales para ello, o en subsidio, arbitre las medidas estime procedente, todo lo anterior con condena en costas.

Indica el recurrente que en la Resolución N° 1045/2022 de fecha 15.11.2022, emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén, que motiva la presente acción, informó lo siguiente:

- Se deben individualizar a todos los herederos y sus rut.

- Se debe indicar todos los datos que digan relación al predio.

- Sólo se debe marcar el punto 6.3 de la solicitud.

- Profesional del proyecto no se encuentra inscrito ante el SAG, por lo que debe adjuntar copia de cédula de identidad vigente por ambos lados y copia de certificado de título, fotocopia de título autorizada ante notario o certificado emitido por el Registro Civil.

- No se adjuntó título de dominio vigente.

- Planos de croquis deben indicar puntos cardinales.

Conforme lo anterior, no se cumplen los requisitos de la Resolución Exenta N° 3.904/2019.

Fundamenta su recurso en que, al ser la certificación de subdivisión un acto administrativo y dado el tiempo transcurrido desde su solicitud, el plazo establecido por la Ley 19.980 en su artículo 24, se encuentra excedido con creces. Hace presente que conforme lo prescrito en el artículo 1°, inciso 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el artículo 2° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, sus normas se aplican a los órganos de la Administración del Estado, en su integridad, debiendo observar sus prescripciones en materia procesal y administrativa, tanto el Ministerio de Agricultura como el SAG. Continúa analizando los fundamentos constitucionales y legales que deben poseer los actos administrativos para gozar de legalidad.

Sostiene que existe una vulneración flagrante del principio de legalidad, pues el fundamento legal que aduce el SAG está constituido por la Resolución Exenta 3.904/2019 que determina la forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos, pero esta norma no guarda sintonía con la Ley 19.980, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Indica que todas las observaciones efectuadas en forma pretérita a la recurrida, como la que es objeto directo de la presente acción, son subsanables, de oficio, por el órgano recurrido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 19.980 (Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites…). Manifiesta que la recurrida ha opuesto todo tipo de trabas superfluas a la tramitación del expediente en comento, reingresado más de 3 veces, señalándose a modo meramente ejemplar, la exigencia de acompañar certificado de avalúo actualizado, en circunstancias que es el propio Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos el que lo emite, en forma actualizada y con una simple consulta en su página web, en forma totalmente gratuita.

Prosigue señalando que el artículo 17 de la Ley 19.980 indica: Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: d) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento o que emanen y se encuentren en poder de cualquier órgano de la Administración del Estado. En este último caso, dichos documentos deberán ser remitidos por el órgano que los tuviere en su poder a aquel que estuviere tramitando el procedimiento administrativo.

Sostiene que nada de lo establecido por la Ley 19.980 ha sido observado por la recurrida, por cuanto existen muchos antecedentes que obran en poder de los órganos de la administración del Estado y como se ha expuesto, no solo no se evitan los trámites dilatorios, sino que se los exige y en forma intensiva.

Argumenta que las eventuales observaciones planteadas a los recurrentes son absolutamente subsanables por la propia recurrida, sin necesidad de declararlo inadmisible o rechazarlo.

Indica que lo anterior, vulnera directa y flagrantemente el principio de legalidad, que es una manifestación del principio de seguridad jurídica al que toda persona debe y tiene derecho, siendo la Constitución Política, la norma superior que otorga seguridad en el tráfico jurídico mínimo, indispensable para que los actores privados y las personas tomemos decisiones en función de reglas legales preestablecidas y aplicables en el tiempo, sin variaciones caprichosas por parte de los órganos del Estado.

Así, el SAG ha actuado sin facultad legal ni reglamentaria habilitante alguna, vulnerando un principio básico del sistema constitucional chileno, deviniendo, por ese sólo hecho, en ilegal lo obrado.

Prosigue señalando que, es de importancia no solo que el Acto Administrativo, en cuanto manifestación de voluntad tendiente al bien común, contenga la decisión de la situación específica puesta bajo el conocimiento de un Órgano de la Administración, sino también la motivación de la misma. En tal orden de ideas, refiere, la hipótesis fáctica en virtud de la cual se paraliza y suspende el proyecto en cuestión, no cumple con ningún criterio de justificación, tanto en su racionalidad como en elementos de juicio suficientes para sostener tal decisión, por lo que, careciendo de tales elementos mínimos de juicio, el acto administrativo impugnado queda vacío de contenido fáctico y, en forma patente, del jurídico, siendo insalvablemente nulo.

En caso de primar la hipótesis de que el acto administrativo denunciado, posee cierto cariz de legalidad, el mismo sería absolutamente arbitrario. Lo anterior, debido que el acto administrativo denunciado carece de fundamentación, por incumplir los parámetros legales y jurisprudenciales que al efecto se han desarrollado por el máximo tribunal del país, así como por la más autorizada doctrina en la materia.

Indica el recurrente que el SAG ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 19, N°2 de la Constitución Política, por cuanto proyectos similares, son aprobados sin ningún obstáculo, a contrario del presente, evidenciando un tratamiento discriminatorio que no responde más que una decisión antojadiza, sin fundamento legal, científico ni académico, lo que significa que el acto y actuaciones devienen en ilegal, arbitraria e inconstitucional.

Finaliza señalando que el SAG también ha vulnerado el derecho de propiedad, contenido en el artículo 19, N°24 de la Constitución Política, al afectar uno de sus atributos, cual es disponer del bien, en lo que no sea contrario a derecho; se expropia uno de los atributos de su dominio, por lo que lo actuado por la recurrida constituye un evidente acto expropiatorio de una de las facultades más trascendentales del dominio, sin ley habilitante para ello y sin un precio justo y de mercado de por medio.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte ordenar a la recurrida a reiniciar el proceso de certificación del proyecto de subdivisión referido, a la brevedad, ordenando que se pase a Etapa II; que otorgue la certificación debida, en atención a que el proyecto de subdivisión cumple con todos los requisitos legales para ello, y dentro de los plazos que al efecto contempla la ley 18.575 y 19.880; con condena en costas; y en subsidio, solicita a esta Corte arbitre todas las medidas que estime procedente en Derecho, con costas.

Informando el recurso don HÉCTOR CUEVAS GÓMEZ, abogado, en representación de la parte recurrida SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, alegó la improcedencia de la acción de protección y solicitó a esta Corte rechazarla en todas sus partes.

Indica que el Servicio Agrícola y Ganadero, no ha ejecutado actuación, ni ha incurrido en omisión alguna, que pueda ser consideradas arbitraria o ilegal, en contra del recurrente, que le hayan hecho sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el texto constitucional vigente, singularizados por el recurrente.

La recurrida en sus descargos explicita cada una de las cartas enviadas a la recurrente, en las que se pueden ver detalladas las observaciones realizadas por el servicio y el motivo por el cual se realizan o se ha declarado inadmisible, en ese momento, las distintas presentaciones realizadas por la recurrente ante el SAG. Al realizar observaciones a la solicitud de subdivisión, el servicio, además, solicita sean subsanadas.

Continúa la recurrida señalando que, se debe tener presente que, no obstante haberse ingresado este recurso de protección con fecha 13 de diciembre de 2022, se omite en éste lo comunicado por el Servicio en la Carta N° 1108/2022, de 06 de diciembre de 2022, suscrita por la Jefa Oficina (S) Sectorial Coyhaique, doña nombre reservado, en la que se expresa a la recurrente que:

“…En relación con las Cartas N° 1045/2022 y N° 1061/2022 de este proceso de Subdivisión Predial y a la solicitud de revisión de observaciones, realizada por Ud. en forma personal, informo a Ud. que se hizo una revisión de estas, por lo que se solicita dar respuesta a los siguientes puntos a fin de continuar con el proceso de Subdivisión:

1.- En el Formulario de Solicitud, numeral 1 sobre Antecedentes del Propietario, se deben individualizar a todos los herederos de la Sucesión, como también, llenar las otras casillas de este numeral con la información referida a cada uno de ellos.

2.- No se tiene a la vista la Inscripción de Dominio Vigente del predio a subdividir, por lo tanto, se deberá entregar el o los títulos de dominio respectivo(s), cuya información deberá ser coincidente con aquella señalada con los diferentes numerales (cuando corresponda) del Formulario de Solicitud…”

Señala la recurrida, que de lo anterior resulta que las observaciones contenidas en la Carta 1045/2022, en contra de la cual se dirige este recurso, fueron reducidas a las dos observaciones contenidas en la Carta N° 1108/2022 de su Informe.

Manifiesta que mediante Resolución Exenta N° 3904, de 24 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional del SAG, se estableció la forma de expedir los certificados de subdivisión de predios. Se establecieron en síntesis 2 etapas, siendo aquellas las siguientes:

ETAPA I: REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS ANTECEDENTES ACOMPAÑADOS, entre otros, formulario de solicitud de certificación, individualización de solicitante, fotocopia del Rut, inscripción de dominio vigente, certificado de hipotecas, avalúo fiscal, proyecto de plano de subdivisión, etc. Una vez cumplidos con los aspectos formales, se procede al avance a la etapa siguiente.

ETAPA II: ANÁLISIS TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN. La Etapa II comprende principalmente determinar por parte del SAG, si los planos presentados cumplen con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos solicitada por el usuario, requisitos que le recurrida detalla en su informe.

La recurrida hace presente que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 9 inciso final y 32 de la Ley 19.880, la Resolución Exenta N° 3904/2022, de 24 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional del SAG, establece un plazo de 20 días hábiles para la tramitación de una solicitud de subdivisión predial, e indica que no dar respuesta a las solicitudes en el plazo establecido, obedece fundamentalmente a la alta demanda por solicitudes de certificación de proyectos de subdivisión predial que se ha registrado en los últimos años; sin embargo, señala que los plazos para la administración púbica no son fatales, esto es, que transcurrido el plazo que la norma señala no se extingue la facultad de certificar, por cuanto el interés público no puede verse afectado por el incumplimiento de un plazo.

Manifiesta que, no habiéndose reingresado hasta la fecha por parte del solicitante las observaciones formuladas por este Servicio en la Carta N° 1045/2022, el plazo de 20 días se encuentra actualmente suspendido, según lo señalado en el N° 1.3 de la Resolución Ex. N° 3.904 de fecha 24 de mayo de 2019.

Señala que, en cuanto a la vulneración flagrante del principio de legalidad, se debe tener presente que ni la individualización de todos los herederos y demás datos relativos a cada uno de ellos, ni la inscripción de dominio con certificación de vigencia, indicados en la Carta N° 1108/2022 transcrita en el N° 7) de su Informe, son documentos que puedan obtenerse directamente por dicho Servicio. Lo mismo ocurre con los antecedentes y documentos indicados en la Carta 1045/2022 transcrita en el N° 1) del Informe, que incluyen datos que deben ser entregados por el solicitante; y que la exigencia de acompañar la inscripción de dominio con certificación de vigencia, es esencial para la tramitación de este tipo de solicitudes.

Tampoco existe de parte del SAG vulneración del principio de legalidad ni falta de fundamentación o arbitrariedad, pues los antecedentes entregados por el SAG permiten al solicitante identificar con claridad y precisión las observaciones formuladas y los fundamentos normativos que exigen subsanarlas.

En cuanto a los derechos constitucionales presuntamente afectados al recurrente, indica que no se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley, pues tanto la Carta N° 1045/2022, como la Carta N° 1108/2022, se fundan en disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas que contienen criterios aplicables erga omnes, respecto a solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos. No ha existido en este caso, ni discriminación, ni diferencias arbitrarias en el trato, pues se basan en normativas y disposiciones generales, de público conocimiento, que se adoptan en vista del interés general y para el cumplimiento que debe observar el SAG a su mandato legal.

Por otra parte, señala que la garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N°24 del texto constitucional vigente, esto es, el derecho de propiedad, no se ha visto afectado por el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero, pues el servicio no ha hecho más que ejercer las atribuciones y facultades entregadas por disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas para el cumplimiento de sus objetivos. Se trata de la utilización por parte de la Administración de elementos que le confiere el ordenamiento jurídico para proceder a la mejor toma de decisiones. En absoluto el SAG está privando o perturbando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad al recurrente. Éste sigue teniendo las facultades de goce, uso y disposición sobre su predio. Tales garantías deben ser ejercidas conforme a las limitaciones particulares que cada normativa legal señale.

Finalmente, el Servicio Agrícola y Ganadero no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrarios o ilegales que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna garantía constitucional de la recurrente, esto debido a que ha actuado con estricto apego y en pleno cumplimiento del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 del texto constitucional vigente, y de las facultades legales otorgadas por distintos cuerpos normativos, la Ley 18.755, la Ley 18.575, 19.880 y Decreto Ley 3.516.

Manifiesta que el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero no ha provocado una real y efectiva afectación a los derechos y garantías constitucionales invocados en este recurso, toda vez que lo obrado por el Servicio, ha sido encuadrado dentro de las acciones tomadas en el ámbito de las materias propias de competencia del SAG, por lo que solicita el rechazo en todas sus partes del recurso.

Con fecha 24 de febrero de 2023, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la presente acción constitucional, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que el SAG, mediante carta N° 1045/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022, realizó observaciones a la solicitud de subdivisión del inmueble inscrito a fojas 3240, N° 1980 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2014, por lo que se encuentra pendiente de pasar a la Etapa II del proceso de realización de una subdivisión de predio agrícola ante el SAG.

CUARTO: Que, es necesario tener presente que entre las funciones del SAG para proceder a la subdivisión de predios rústicos, debe el Servicio certificar el cumplimiento de la normativa vigente, según se establece en el Título II “Disposiciones Generales” de la Ley 18.755, específicamente el artículo 46 y que mediante Resolución Exenta N° 3904, de 24 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional del SAG, se estableció la forma de expedir los certificados de subdivisión de predios y los requisitos y trámites a fin de emitir dichos certificados, es decir mediante dicha resolución exenta se concreta la forma en que debe actuarse y los requisitos que deben cumplirse a fin de obtener la certificación de una subdivisión predial.

QUINTO: Que, de esta forma, la recurrida, SAG, no ha actuado de una forma arbitraria ni ilegal, ya que cumple con requerir los antecedentes señalados en la Resolución Exenta N° 3904, de 24 de mayo de 2019, por lo que su actuar se basa en normativas y disposiciones generales, de público conocimiento, que contienen criterios aplicables erga omnes, respecto a solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos. No ha existido en este caso, ni discriminación, ni diferencias arbitrarias en el trato, pues se basan en normativas y disposiciones generales, de público conocimiento, que se adoptan en vista del interés general y para el cumplimiento que debe observar el SAG conforme a su mandato legal.

No resulta procedente, en consecuencia, el reclamo de vulneración de garantías constitucionales, cuando el recurrido se atiene a la normativa que lo rige, y que aplica erga omnes, más aún, cuando del resultado de su accionar no resulta perjuicio para el recurrente, toda vez que el servicio aún no se pronuncia sobre la solicitud realizada por el recurrente, ya que hasta el momento sólo se han realizado observaciones que deben ser subsanadas por éste; no obstante que las exigencias primitivas señaladas en la carta N° 1045/2022 aparecen excesivas, éstas fueron rectificadas mediante la carta N° 1108/2022, en que se solicitan antecedentes que no es posible recabar por el servicio, como acompañar el certificado de dominio con inscripción de vigencia del predio cuya subdivisión se solicita, requisito indispensable para la realización del trámite que se persigue.

No es atendible el reclamo de la recurrente, en orden a que el Servicio debe recabar el certificado de dominio vigente, porque el interés de la gestión es en beneficio propio y no de la administración; por otro lado, incumbe al solicitante acreditar los supuestos facticos y documentales de su solicitud de subdivisión predial y no puede ser subvencionado por el servicio, salvo atendibles razones, las que no se visualizan en el presente caso. Por último, la correcta individualización de los integrantes de la sucesión hereditaria y la prueba del dominio, que en nuestro sistema registral se inicia con la copia de inscripción del dominio, con certificación de vigencia, emitido por el Sr. Conservador de Bienes Raíces respectivo, no puede ser soslayada por el solicitante, porque incide en la preparación y dictación de un eventual acto terminal, del cual si derivarían responsabilidades para el Servicio.

Así, de la manera indicada, esta Corte, no observa infracción alguna a las garantías constitucionales que se dicen amagadas por la recurrente, debiendo aquella ceñirse al procedimiento establecido para la subdivisión predial.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

SE RECHAZA el recurso de protección, sin costas, deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado, en contra del SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO REGION DE AYSEN.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Marcos Gallegos Rodríguez, quien no firma por haber cesado en dicha función.

Rol 2321-2022 Protección.