nombre reservado con SECCION REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a diez de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°232-2024, en lo principal de la presentación de fecha 30 de octubre de 2024, comparece doña Natalia Andrea Aguilar Rodriguez, abogada, en representación de don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada legalmente por el Prefecto Inspector, don nombre reservado, a cargo de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el Art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.” (SIC)

Con fecha 20 de diciembre de 2024, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 3 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a su vista el día 6 del mismo mes y año, contando únicamente con el alegato de doña nombre reservado, en nombre de los recurrentes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundamentan su recurso señalando que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 21 de octubre de 1991, y se acogió a retiro temporal en el grado de Asistente Policial, materializando su retiro efectivo el 1 de Septiembre de 2022; respecto de doña nombre reservado, hizo ingreso a la P.D.I. el 4 de mayo de 1998, encontrándose en funciones al día de hoy en el cargo de Asistente Administrativo.

Precisan que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique.

Refieren que, en el mes de mayo de 2019, la P.D.I. informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se cancelaría de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 2 de Julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del ente contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indican que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al requerimiento de la P.D.I. mediante el Dictamen N° E98928 / 2021, que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisan que, a raíz de distintos fallos dictados en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos destinados a pagar dicha remuneración; no obstante, ese pago se haría solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente” como elemento decisivo para la fijación de los pagos, cancelando sólo el período que va desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, aducen que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invocan la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de dominio.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, de forma previa el representante de la entidad recurrida se refiere a las alegaciones del recurrente y, luego de abordar la naturaleza de la asignación de grado efectivo, expresa que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijaría de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Manifiesta que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulada en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Por otro lado, refiere que respecto del recurrente nombre reservado, efectuó un pago por el monto de $608.758, y respecto de la recurrente nombre reservado, igualmente efectuó un pago por el monto de $208.827, ambos correspondientes al término comprendido entre abril de 2021 a noviembre de 2022.

Finalmente, solicita que esta Corte de Apelaciones se declare incompetente para conocer el presente recurso, y en caso contrario, manifiesta que no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, negando que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes.

TERCERO: Que, sobre este último punto, evacuando el traslado concedido en virtud de la excepción de incompetencia interpuesta, la representante de los recurrentes señaló que, lo reclamado es la “asignación de zona” correspondiente a la Región de Aysén, específicamente a la comuna de Coyhaique, y que incluso el domicilio declarado por los recurrentes al momento de la interposición de la acción correspondía al domicilio que ellos tenían mientras desempeñaron las labores efectivas en el momento y lugar en donde se incurrió en la omisión arbitraria e ilegal que hoy se reclama.

Por lo anterior, solicita desestimar la alegación de incompetencia formulada por la recurrida.

CUARTO: Que, primeramente, esta Corte de Apelaciones ha de hacerse cargo de la excepción de incompetencia planteada por la recurrida.

En este ámbito, debe recordarse que el Auto Acordado 94-2015, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente”. De este modo, resulta evidente que nos encontramos en la primera hipótesis de la norma, pues si bien los recurrentes hoy se encuentran domiciliados en un territorio jurisdiccional diverso al que corresponde a esta Corte de Apelaciones, no es menos cierto que, al momento de verificarse la omisión denunciada a través del presente arbitrio, vale decir, el no pago del importe de la asignación de zona completa en favor de los recurrentes, éstos se encontraban domiciliados en dicho territorio jurisdiccional, según consta de los antecedentes acompañados por los recurrentes en el escrito mediante el cual contestaron el traslado concedido, más allá que en la actualidad los recurrentes no lo conserven en tal lugar; de todo lo cual se sigue que este Tribunal de Alzada ha pasado a ser competente para conocer de la presente acción y, en consecuencia, resulta procedente su pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

QUINTO: Que, así las cosas, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlos del pago íntegro de la asignación de zona a que tuvieron derecho mientras permanecieron en este región, por no haber considerado en su base de cálculo la asignación de especialidad del grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de aquélla, que tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a sus patrimonios; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, a fin de abordar apropiadamente el asunto que es materia de conocimiento por esta Corte, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 21 de Octubre de 1991, y se acogió a retiro temporal con el grado de Asistente Policial, materializando su retiro efectivo el 1 de septiembre de 2022; y doña nombre reservado, hizo ingreso a la P.D.I. el 4 de mayo de 1998, encontrándose en funciones al día de hoy en el cargo de Asistente Administrativo.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225 de 30 de mayo de 2019, de la JENAPERS, se informó al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones de Chile habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona para quienes tuvieran derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N° 285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarían pagándose, utilizando la base de cálculo original, ello hasta tener por recibida la respuesta del ente contralor, en la que se requirió un pronunciamiento respecto a la base de cálculo, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la P.D.I. evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo, que actualmente recibía el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio.

5.- Que, en liquidación de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago, en el caso de doña nombre reservado, por el monto de $208.827 por concepto de “zona retroactiva”.

6.- Que, en liquidación de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago, en el caso de don nombre reservado, por el monto de $608.758 por concepto de “zona retroactiva”.

DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que debían efectuarse los cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competían para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo; lo anterior por cuanto esta interpretación deviene al menos en inexacta en relación con lo dictaminado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa una data constitutiva ligada al nacimiento original de los derechos del recurrente, sino que corresponde únicamente a una resolución consultiva sobre la materia y, por ende, está dotada de un alcance meramente declarativo.

DUODÉCIMO: Que, consecuente con ello, estos sentenciadores estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile en su Sección de Remuneraciones, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la que se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación, que forma parte integrante de las remuneraciones a que tienen derecho los recurrentes de autos, y respecto de las cuales ostentan un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que los actores dejen de percibir durante todo este tiempo parte de sus emolumentos por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la conculcación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Carta Fundamental, esto es, de su derecho de propiedad, al impedir el ingreso de los mismos a su patrimonio, sin perjuicio de su exacta determinación cuantitativa en la sede administrativa correspondiente.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación a la igualdad ante la ley a que tienen derecho los recurrentes, reconocida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria en relación a los demás funcionarios de la misma entidad policial, quienes en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación en forma íntegra.

DÉCIMO TERCERO: Que, de este modo, habiéndose apreciado que la institución recurrida ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal, que ha privado a los recurrentes de las garantías constitucionales ya enunciadas, cabrá a esta Corte decidir favorablemente el presente arbitrio, tal como en lo resolutivo se dirá, sin perjuicio de determinarse en la sede administrativa correspondiente el cálculo y liquidación de las sumas que en efecto sea procedente solventar, considerando los distintos factores e institutos legales que pudiesen estar involucrados.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de incompetencia planteada por la entidad recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodriguez, abogada, en representación de don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, organismo que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago íntegro de las sumas adeudadas a los recurrentes, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 232-2024 (Protección).