nombre reservado con SECCION REMUNERACIONES POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, diez de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°231-2024, en lo principal de presentación de fecha 29 de octubre de 2024, comparece doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, región de Aysén; don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, región de Aysén; doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, región de Aysén; y, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, región de Aysén, quienes deducen recurso de protección en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada legalmente por el Prefecto Inspector, don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el Art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la jurisprudencia en los asuntos de esta naturaleza, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 (SIC)”.

Con fecha 20 de diciembre de 2024, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

El 3 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista el día 6 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundamentan su recurso señalando que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 1 de febrero de 1998, actualmente ocupa el cargo de Subprefecto en la Brigada de Robos; respecto de don nombre reservado ingresó a la PDI el 02 de Febrero del 2006, en la actualidad ocupa el cargo de Subcomisario en la Brigada BIPE, mientras que doña nombre reservado ingresó a la PDI el 01 de Febrero del 2012, en la actualidad ocupa el cargo de Inspector en la Brigada Investigadora de Robo, y respecto de don nombre reservado ingresó a la PDI el 01 de Febrero del 2012, en la actualidad ocupa el cargo de Inspector en la Brigada de Investigación Criminal.

Precisan que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique.

Refieren que, en el mes de Mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N° 225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se cancelará de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en Junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N° 285 de fecha 02 de Julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indican que, con fecha 26 de Abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N° E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de Mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisan que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de Abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida opone de manera previa la excepción de incompetencia, fundado en que ninguno de los recurrentes fue ubicado en los domicilios señalados, según consta en la certificación del señor nombre reservado de fecha 27 de noviembre de 2024.

Alega que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº 3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Refiere que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes N°38.004, de 2005 y N°57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado, importó respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N° E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

Por otro lado, refiere que sí se procedió a pagar retroactivamente al recurrente desde el mes de abril de 2021 a noviembre de 2022, en la liquidación del mes de diciembre de 2022, por el monto de $7.930.135.

Finalmente, indica que, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, y en conclusión, niega que se atente en contra de los derechos fundamentales de los recurrentes, negando que el dictamen tenga efecto retroactivo y expresando que no procede el pago del período anterior al del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, evacuando el traslado concedido en virtud de la excepción de incompetencia, la representante de los recurrentes señaló que, lo reclamado es la “asignación de zona” correspondiente a la Región de Aysén, específicamente a la comuna de Coyhaique y Aysén, y que incluso el domicilio declarado por los recurrentes al momento de la interposición de la acción, correspondía al domicilio que ellos tenían mientras desempeñaron las labores efectivas en el momento y lugar en donde se incurrió en la omisión arbitraria e ilegal que hoy se reclama.

Por lo anterior solicita desestimar la alegación de incompetencia formulada por la recurrida.

CUARTO: Que, la recurrida ha fundado su excepción de incompetencia, en que ninguno de los recurrentes fue ubicado en los domicilios señalados, manifestándose incluso que eran desconocidos en el sector.

Sin embargo, esa alegación deberá ser desestimada, desde que el Auto Acordado 94-2015, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente”. De este modo, resulta evidente que nos encontramos en la primera hipótesis de la norma, pues si bien los recurrentes hoy se encuentran domiciliados en un territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones, no es menos cierto que, al momento de verificarse la omisión denunciada a través del presente arbitrio, esto es, el no pago correspondiente a la “asignación de zona” en favor de los recurrentes, éstos se encontraban domiciliados en la jurisdicción que es de competencia de este Ilustrísimo Tribunal, según consta de los antecedentes acompañados por el recurrente en su escrito mediante el cual efectúa el traslado concedido, por lo que se entiende que, independientemente que en la actualidad los recurrentes no tengan domicilio en la jurisdicción, la omisión recurrida se cometió en este territorio jurisdiccional, al encontrarse en éste el domicilio de los actores al momento de verificarse la omisión denunciada, por tanto, en virtud de lo ya expuesto, este Tribunal de Alzada pasa a ser competente para conocer de la presente acción, y en consecuencia, corresponde su pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

QUINTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, los recurrentes han hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en haberles privado del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24, de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado ingresó a la Institución el día 1 de febrero de 1998, encontrándose actualmente en servicio activo; don nombre reservado, ingresó a la Institución el 2 de febrero de 2006, y se encuentra actualmente en servicio activo; doña nombre reservado ingresó a la Institución el 1 de febrero de 2012 y se encuentra en servicio activo; y don nombre reservado, ingresó a la Institución el día 1 de febrero de 2012 y se encuentra en servicio activo.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, mediante Radiograma N° 225 , de la JENAPERS, se informó al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019, mediante Radiograma N° 285, se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original, ello hasta recibida la respuesta del ente contralor, en la que se requirió un pronunciamiento respecto a la base de cálculo, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N° E98928 / 2021, en el que se dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo, que actualmente recibía el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debía ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio.

5.- Que, en liquidación de sueldo de fecha 15 de diciembre de 2022, se procedió al pago, en el caso de don nombre reservado, por el monto de $8.619.703 por concepto de “zona retroactiva”.

DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos, labor que cumple a través de la emisión de informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto que aclarara la manera en que debía conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, que fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competían para satisfacer el pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tuviera derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo; lo anterior por cuanto esta interpretación deviene al menos en inexacta en relación con lo dictaminado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa una data constitutiva ligada al nacimiento original de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia y, por ende, está dotada de un alcance meramente declarativo.

DUODÉCIMO: Que, consecuente con ello, estos sentenciadores estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile en su Sección de Remuneraciones, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la que se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tienen derecho los recurrentes de autos, respecto del período en que se desempeñaron en la Región de Aysén y que constituye un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que los actores dejen de percibir durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la conculcación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Carta Fundamental, esto es, de su derecho de propiedad, desde que se ha impedido que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenían derecho, ingresen a sus patrimonios.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación a la igualdad ante la ley a que tienen derecho los recurrentes, reconocida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se les ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios de la misma entidad policial, quienes en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación en forma íntegra.

DÉCIMO TERCERO: Que, de este modo, habiéndose apreciado que la institución recurrida ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal, que ha privado a los recurrentes de las garantías constitucionales ya enunciadas, cabrá a esta Corte decidir favorablemente el presente arbitrio, tal como en lo resolutivo se dirá.

Lo anterior, sin perjuicio de las alegaciones que pudieren realizarse por la recurrida en el procedimiento administrativo de cálculo de las sumas que deben pagarse a las recurrentes.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de incompetencia planteada por el recurrido, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y, don nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago íntegro de las sumas adeudadas a los recurrentes y que han sido motivo de la presente causa.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Sra. Ministra Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol 231-2024 (Protección).