nombre reservado con SECCIÓN REMUNERACIONES POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, siete de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 28 de octubre de 2024, comparece Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Villa los Ganaderos en la ciudad de Coyhaique, XI Región, quien deduce recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°24 y 2 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021 (SIC).”

Que, con fecha 19 de diciembre de 2024, don Omar Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe requerido.

Con fecha 31 de enero de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 3 de febrero del mismo año, alegando, por el recurso, la señora abogada doña Natalia Aguilar Rodríguez, quedando la presente causa, con esa fecha, en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso señalando que fue funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile, encontrándose en la actualidad en situación de retiro, que su ingreso a la Institución fue el día 01 de febrero del año 2001, y se acogió a retiro temporal como Subcomisario, materializando su retiro efectivo en el mes de junio del 2017, prestando servicio por más de 15 años.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, y que desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Asistente Administrativo, se le generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique, en la cual el recurrente prestó funciones entre los años 2011 al 2016, posteriormente siendo destinado a la ciudad de Antofagasta.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los proceso para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, y el derecho de propiedad, en cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y el recurrente tiene sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida opone de manera previa la excepción de incompetencia, fundado en que el recurrente no fue ubicado en el domicilio individualizado en el recurso, según consta en la certificación del señor nombre reservado a folio 7, y que, según rola a folio 9, la recurrente rectifica el domicilio, señalando que se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, no dándose la hipótesis establecida en el numeral uno del Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de protección.

En cuanto al fondo indica que la asignación de especialidad al grado efectivo en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº2 de 1968 no estaba contemplado como beneficio; sin embargo, el artículo 41 del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980, y sus modificaciones.

Refiere que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41 del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021, y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”, por lo que se refiere a la época del pronunciamiento de la Entidad Contralora, esto es el dictamen E98928, de fecha 26 abril de 2021.

Por otro lado, refiere que la institución policial no procedió a pagar al recurrente, toda vez que a la fecha del señalado dictamen se encontraba en situación de retiro desde el 12 de julio de 2017.

Finalmente, solicita que esta Corte de Apelaciones se declare incompetente para conocer el presente recurso, y en caso contrario, manifiesta que no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, pues se ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, negando que se atente en contra de los derechos fundamentales del recurrente, negando que el dictamen tenga efecto retroactivo y expresando que no procede el pago del período anterior al del dictamen del Órgano Contralor.

TERCERO: Que, evacuando el traslado concedido en virtud de la excepción de incompetencia, la representante del recurrente señaló que, lo reclamado es la “asignación de zona” correspondiente a la Región de Aysén, específicamente a la comuna de Coyhaique, y que incluso el domicilio declarado por el recurrente al momento de la interposición de la acción correspondía al domicilio que éste mantenía mientras desempeñaba las labores efectivas en el momento y lugar en donde se incurrió en la omisión arbitraria e ilegal que hoy se reclama.

Por lo anterior, solicita desestimar la alegación de incompetencia formulada por la recurrida.

CUARTO: Que, la recurrida ha fundado su excepción de incompetencia, en que el recurrente no fue ubicado en el domicilio señalado, manifestándose incluso que era desconocido en el sector.

Sin embargo, esa alegación deberá ser desestimada, desde que el Auto Acordado 94-2015, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente”. De este modo, resulta evidente que nos encontramos en la primera hipótesis de la norma, pues si bien el recurrente hoy se encuentra domiciliado en un territorio jurisdiccional diverso al de esta Corte de Apelaciones, no es menos cierto que, al momento de verificarse la omisión denunciada a través del presente arbitrio, esto es, el no pago correspondiente a la “asignación de zona” en favor del recurrente, éste se encontraba domiciliado en la jurisdicción que es de competencia de este Ilustrísimo Tribunal, según consta de los antecedentes acompañados por el recurrente en su escrito mediante el cual efectúa el traslado concedido, lugar en donde finalmente se incurre en la omisión, por ser el domicilio del recurrente el lugar en donde debía verificarse el pago, por lo que se entiende que, independientemente que en la actualidad el actor no tenga domicilio en la jurisdicción, la omisión recurrida se cometió en este territorio jurisdiccional, al encontrarse en éste el domicilio del recurrente al momento de verificarse la omisión, razón por la cual, este Tribunal de Alzada pasa a ser competente para conocer de la presente acción, y en consecuencia, corresponde su pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

QUINTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en haberle privado del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse al cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio; vulnerando así, su garantía constitucional reconocida en los N°2 y 24, de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución el día 01 de febrero del año 2001, y se acogió a retiro temporal como Subcomisario, en el mes de junio del 2017.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019 mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019 mediante Radiograma N°285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

DÉCIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N°285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

UNDÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N°E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo, lo cual resulta ser una interpretación equivocada de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el nacimiento de los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución consultiva sobre la materia.

DUODÉCIMO: Que, consecuente con ello, estos sentenciadores estiman que la recurrida Policía de Investigaciones de Chile en su Sección de Remuneraciones, actuó de forma arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la que se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, respecto del período en que se desempeñó en la Región de Aysén y que constituye un derecho de carácter indubitado y preexistente, por lo que no resulta procedente, en consecuencia, que el actor deje de percibir durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la conculcación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19, en su numeral 24, de la Carta Fundamental, esto es, de su derecho de propiedad, desde que se ha impedido que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación a la igualdad ante la ley a que tiene derecho el recurrente, reconocida en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria, en relación a los demás funcionarios, quienes en semejantes circunstancias han podido gozar de la señalada asignación en forma íntegra.

DÉCIMO TERCERO: Que, de este modo, habiéndose apreciado que la institución recurrida ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal, que ha privado al recurrente de las garantías constitucionales ya enunciadas, cabrá a esta Corte decidir favorablemente el presente arbitrio, tal como en lo resolutivo se dirá.

Lo anterior, sin perjuicio de las alegaciones que pudieren realizarse por la recurrida en el procedimiento administrativo de cálculo de las sumas que deben pagarse al recurrente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de incompetencia planteada por la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile.

II.- QUE SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, en representación de don nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de Policía de Investigaciones de Chile, la que deberá adoptar todas las providencias que sean necesarias para disponer el pago de las sumas adeudadas al recurrente que son motivo de la presente causa.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo, quien fue del parecer de acoger la excepción de incompetencia planteada por la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, y, en consecuencia, declarar la incompetencia de esta Corte para conocer de estos antecedentes, en atención a que el numeral 1° del Auto Acordado 94-2015, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, establece que la acción de que se trata se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, lo que no ocurre en la especie, ya que la falta imputada acaece en la Sección de Remuneraciones de la recurrida, ubicada en la Región Metropolitana, y los efectos de ella se radican en esa región, por encontrarse actualmente allí el domicilio del recurrente, esto es, la comuna de Renca, Santiago, según lo indica su abogada en su presentación de folio 9 y, por ende, es precisamente en él donde actualmente se producen los efectos de la omisión denunciada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría de la Abogada Integrante, doña Ximena Jiménez Ulloa y, del de disidencia, su propio autor.

No firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol 230-2024 (Protección).