nombre reservado con SECCIÓN REMUNERACIONES POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

En Coyhaique, a diecisiete de Febrero del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 28 de Octubre del año 2024, comparece Natalia Andrea Aguilar Rodríguez, abogada, en representación de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; y, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, en adelante JENAPERS, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión de pago de los saldos remuneratorios adeudados de la “asignación de grado efectivo”, desde el período de ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N°s 24 y 2, de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, solicitando, en definitiva: “se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021”. (SIC)

Que, con fecha 19 de Diciembre de 2024, Omar Castro Torres, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, evacuó el informe requerido.

Con fecha 8 de Febrero del año 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 11 del mismo mes y año, alegando a favor de éste la abogada doña Natalia Aguilar Rodríguez, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los recurrentes fundamentando su recurso señalan que, don nombre reservado, ingresó a la Institución el día 2 de febrero de 2004; don nombre reservado, lo hizo con fecha 1 de febrero del 2006; por su parte, don nombre reservado, inició sus labores el 1 de febrero de 2011; y, por último don nombre reservado, hizo lo propio el 1 de febrero del 2011.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración, se paga en la planta de oficiales desde el grado de Detective y sucesivamente en los demás cargos superiores, y que desde el egreso de la Escuela de Investigaciones, al cargo de Asistente Administrativo, se le generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían el derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021, la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Precisa que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria, debido a que teniendo el deber de regularizar sus obligaciones incumplidas de sus empleados activos y en retiro de la institución por la precisión que hizo el fallo emanado de la Corte Suprema, ésta ha hecho pago de aquellos montos adeudados por el período del ingreso a la institución al 26 de abril de 2021, sólo respecto de algunos con lo cual ha hecho diferencias arbitrarias respecto de otros ex funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad.

Agrega que, en cuanto el derecho de propiedad, la asignación de grado efectivo es remuneración y los recurrentes tienen sobre ésta un derecho de propiedad y el hecho de no pagar aquellos montos adeudados de la asignación de grado efectivo por el período que media entre el ingreso a la Institución al 26 de abril de 2021, conculca el derecho de propiedad que tiene el recurrente sobre el saldo insoluto no pagado de sus remuneraciones por el tiempo que sirvió en la institución.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, alega primeramente la incompetencia de esta Ilustrísima Corte para conocer de la acción constitucional intentada, señalando que sin perjuicio de que los recurrentes al indicar domicilio en la región de Aysén, consta a folio 7, con fecha 27 de Noviembre del año 2024, la certificación del señor receptor que da cuenta que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, no son ubicados ni conocidos en el domicilio indicado.

Aparte, agrega que todos los recurrentes al momento de la dictación del dictamen de la Contraloría General de la República cumplían funciones en la Región Metropolitana.

En cuanto a las alegaciones de fondo y referente a la asignación de especialidad al grado efectivo, en el texto original del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968, no estaba contemplado como beneficio, sin embargo, el artículo 41, del Decreto Ley Nº3.551, de 1980, estableció un beneficio denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, en favor del personal que indica, entre ellos, el de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos montos serían los que allí se expresan, añadiendo en su inciso final, que el reseñado estipendio no debía ser considerado para los efectos de la asignación de zona.

Destaca que, a través del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, se sustituyó el artículo 46 del citado Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, estableciéndose un nuevo beneficio, también denominado “asignación de especialidad al grado efectivo”, cuyo monto en moneda nacional y reajustado en conformidad a la ley, se fijará de acuerdo con el grado jerárquico o de encasillamiento respectivo, en conformidad al Decreto Ley N°3.551, de 1980 y sus modificaciones.

Sostiene que, en armonía con el criterio sostenido en los dictámenes 38.004, de 2005 y 57.527, de 2015, de ese origen, el establecimiento del beneficio recientemente señalado importó, respecto de los servidores de Carabineros y de Investigaciones, la derogación tácita del estipendio de similar denominación concedido originalmente por el artículo 41, del citado Decreto Ley N°3.551, de 1980, con excepción de la regulación relativa a montos, por cuanto el artículo 46, letra r), del mencionado decreto con fuerza de ley N°2, de 1968, se remite expresamente a ella para efectos de establecer los valores a los que ascenderá la nueva asignación de especialidad al grado efectivo.

Agrega que, en abril de 2021 y tras los cambios normativos, la Contraloría General de la República, se pronunció sobre la incorporación de la citada asignación de especialidad en la base de cálculo de la gratificación de zona, cuyo criterio adoptado dio lugar a diferencias en las sumas a ser enteradas al personal con derecho a la gratificación.

Indica que, la gratificación de zona para el personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra regulado en el artículo 3°, letra d), del D.S. N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional y respecto del Dictamen N°E98928, de 2021, de la Contraloría General de la República, refiere que, este pronunciamiento no tuvo en ningún caso efecto retroactivo, acotando que la locución “actualmente”, contenida en dicho pronunciamiento, significa “en el tiempo actual”.

En cuanto al pago efectuado, indica que de conformidad a lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado, de la Policía de Investigaciones de Chile, tal institución no procedió al pago de los recurrentes, señalando que para el caso de nombre reservado, no se efectuó el pago por cuanto a la fecha del dictamen se encontraba cumpliendo funciones en la Región Metropolitana, desde el año 2020, no correspondiendo la asignación de zona; respecto de nombre reservado, igualmente no se realizó el pago, toda vez que a la fecha del dictamen se encontraba cumpliendo funciones en la Región Metropolitana, desde el año 2021, no correspondiendo asignación de zona; en relación a nombre reservado, no se procedió al pago por encontrarse a la fecha de la dictación del dictamen cumpliendo funciones en la región Metropolitana, desde el año 2020, donde no corresponde la asignación de zona; finalmente, en cuanto a nombre reservado, igualmente no se efectuó el pago, toda vez que a la fecha del dictamen se encontraba cumpliendo funciones en la Región Metropolitana, desde el año 2020.

Finalmente, solicita que esta Corte de Apelaciones se declare incompetente de conocer el presente recurso, y en caso contrario, manifiesta que no ha existido actuar ilegal o arbitrario de la Policía de Investigaciones de Chile, que atente contra los derechos fundamentales de los recurrentes, por cuanto la recurrida ha realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios a los que les asiste la asignación referida, en el cual para el caso de marras no corresponde.

TERCERO: Que, evacuando el traslado concedido en virtud de la excepción de incompetencia, la representante de los recurrentes señaló que, el Auto Acordado 94-2015, de la Excma. Corte Suprema, señala dos opciones al momento de elegir la Corte de Apelaciones donde ha de presentarse el respectivo recurso de protección, esto es, donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales o la Corte competente donde se produjeron sus efectos.

Añade que, lo reclamado es la “asignación de zona” correspondiente a la Región de Aysén, específicamente a la comuna de Coyhaique y Aysén, e incluso el domicilio declarado por los recurrentes al momento de la interposición de la acción correspondía al domicilio que éstos mantenían mientras desempeñaban las labores efectivas en el momento y lugar en donde se incurrió en la omisión arbitraria e ilegal que hoy se reclama.

CUARTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, corresponde a esta Corte de Apelaciones hacerse cargo de la excepción de incompetencia planteada por la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que según consta de la Certificación efectuada por el señor nombre reservado, de fecha 27 de Noviembre de 2024, los recurrentes nombre reservado y nombre reservado no fueron ubicados en los domicilios señalados en el recurso, indicándose que no se les conocía, y agrega que al momento de dictarse el Dictamen de Contraloría General de la República, todos los recurrentes cumplían funciones en la Región Metropolitana, siendo esta Corte incompetente para conocer de la presente acción constitucional, alegación que ha de ser acogida, toda vez que no se verifica ninguna de las hipótesis contenidas en el numeral 1° del Auto Acordado 94-2015, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, al establecer que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, lo que en la especie no ocurre, desde que la omisión de pago imputada a la Sección de Remuneraciones de la recurrida, tiene su origen en la Región Metropolitana y sus efectos se radican en Santiago, en el caso de don nombre reservado, en Maipú en relación a don nombre reservado, en Macul tratándose de don nombre reservado, y en Providencia en lo concerniente a don nombre reservado, por encontrarse actualmente sus domicilios en tales comunas, según lo reconoce expresamente la abogada recurrente en su presentación de Folio 9, por ende, es precisamente en ellas donde actualmente se producen los efectos de la omisión que atacan los recurrentes, por tanto, en virtud de lo ya expuesto, este Tribunal de Alzada es incompetente para conocer de la presente acción, y en consecuencia, el presente recurso no puede prosperar, y así se declarará, debiendo concurrir, según lo estimen, ante la Corte de Apelaciones pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

I. Que, se acoge la excepción de incompetencia opuesta por la recurrida.

II. Que, se omite pronunciamiento sobre el fondo de la acción deducida por los mismos motivos.

III. Que, no se condena en costas a los recurrentes, por estimarse que tuvieron motivos plausibles para recurrir.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol Corte Nº 229-2024 (Protección).