nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Coyhaique, a tres de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 25 de octubre de 2024, comparece don nombre reservado, Sargento 1° de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra Carabineros de Chile, representado por su General Director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; en contra de la Contralora General de La República Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, domiciliada en domicilio reservado, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto u omisión arbitrario o ilegal, consistente en la respuesta terminal del procedimiento administrativo de cobro de remuneraciones adeudadas, beneficio que no fue pagado, afectándose las garantías contenidas en el art. 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando, en definitiva: “ordene a los recurridos llevar a cabo las operaciones concernientes a regularizar su situación, pagando en un plazo determinado las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, como también se efectúe el ajuste de los descuentos pertinentes destinados a acrecentar la pensión de retiro y desahucio todo ello sin perjuicio que V.S.I., estime procedente acoger el recurso de protección por alguna otra infracción y reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que SS. Iltma. estime pertinente (SIC)”.

Que, con fecha 6 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), incorporó el informe requerido a dicha entidad.

Que, con fecha 11 de noviembre de 2024, don Federico J. Schwerter Villarroel, abogado, en representación de Carabineros de Chile, incorporó el informe requerido.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2024, doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de la República, incorporó el informe requerido.

Con fecha 24 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 27 del mismo mes y año.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundamentando su recurso, señala el recurrente que es funcionario activo de Carabineros de Chile, ingresando a la Institución con fecha 16 de octubre de 2000, computando a la fecha de presentación del recurso, 24 años y fracción de servicios efectivos, y que desde el día 16 de octubre de 2020 cumplió veinte años de servicios efectivos, fecha desde la cual la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” es imponible, cómputo válido para el retiro con derecho a pensión y desahucio, siendo su entidad previsional y caja pagadora la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Precisa que, prestó servicios en la Región de Aysén desde el mes de enero del año 2019 hasta febrero del año 2024, periodo en el cual correspondía el pago de la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo”, el que debía incluirse en la base de cálculo de la “Gratificación de Zona”, correspondiente al 105%.

Refiere que la Contraloría General de la República por medio del Dictamen E98928N21, de fecha 26 de abril de 2021, dispuso que la asignación de especialidad al grado efectivo debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona, en tanto que Carabineros de Chile, a través del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones, dictó la Resolución Exenta N° 726, de fecha 29 de octubre 2021, reconociendo el error de la base de cálculo reclamada, disponiendo que la “Asignación de Especialidad al Grado Efectivo” fuese considerada en la base de cálculo de la “Asignación de Zona”, pago que fue ordenado de manera parcializada, pero de forma arbitraria e ilegal, solamente a contar del 1 de mayo 2021 en adelante, omitiendo el periodo anterior.

Añade que con fecha 2 de noviembre de 2023 se representó el error a la administración, conforme a las reglas generales de prescripción extintiva previstas en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, correspondiente a cinco años desde que la obligación se haya hecho exigible y no a la norma especial del artículo 99 de la Ley 18.834, sin embargo, Carabineros de Chile requirió del órgano contralor, mediante Oficio N°1875 de fecha 21 de diciembre de 2023 de la Dirección Nacional de Personal, se aclarara el plazo de prescripción que debe operar respecto del cobro de diferencias insolutas por la asignación de zona, respondiéndose por la Contraloría General de la República, a través de la Resolución Exenta N°14.188/2024, que la norma de prescripción aplicable es la contenida en el artículo 99° de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a seis meses desde que el beneficio se hizo exigible, lo que estima es ilegal y arbitrario.

Que, a raíz de lo anterior, con fecha 29 de septiembre de 2024, se notificó personalmente a su representado el Documento Electrónico N.C.U. 215210633, del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones de Carabineros (P.7), comunicándole que desde la fecha de su solicitud, ya había transcurrido el plazo de seis meses establecido por la ley para requerir el cobro de las cantidades adeudadas, correspondientes al período comprendido entre el mes de enero del año 2019 al 30 de abril de 2021, razón por la cual su cobro se encuentra prescrito.

Luego de referirse a la procedencia de la acción, sostiene que la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile se rigen por el mismo marco normativo en materia de remuneraciones y pensiones, citando al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, existiendo una discriminación arbitraria, ya que la omisión del pago del derecho reclamado a una de las instituciones la deja en desigualdad respecto a la otra, por causa no imputable al afectado, sino que, a la negligencia de la Administración, y el derecho de propiedad, en cuanto se le omite pagar todo el periodo que el recurrente prestó servicios en la Región de Aysén, con anterioridad al 1 de mayo de 2021.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la Directora de Presupuestos, doña nombre reservado, solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, ya que, la legítima expectativa de percibir la asignación se habría originado en el mes de noviembre de 2021, con motivo de la regularización parcial del Departamento de Beneficios Económicos y Remuneraciones (P.7), fecha desde la que se debe computar el plazo para interponer el recurso, el que se encuentra vencido con creces. Por otro lado, añade, que en caso de computarse el plazo desde el día 29 de septiembre de 2024, relativo a la respuesta terminal del procedimiento administrativo de cobro de remuneraciones adeudadas, ésta es responsabilidad de Carabineros de Chile y no de la Dirección de Presupuestos, no habiendo participado del acto en cuestión.

En cuanto al fondo, sostiene la inexistencia de un acto y omisión atribuible a la Dirección de Presupuestos, así como la inexistencia de un derecho indubitado, en atención al reconocimiento por el actor de diversas tesis en materia de prescripción, por lo que estima, que el derecho no es indubitable, lo que se refuerza con la Resolución Exenta N° 14.188/2024 de la Contraloría General de la República, que hace presente que a la gratificación recibida por Carabineros de Chile, le resulta aplicable el artículo 99 del Estatuto Administrativo, esto es, un plazo de prescripción de 6 meses.

Luego de referirse a la gratificación de zona y a la asignación de especialidad de grado efectivo, aborda las actuaciones de la Dirección de Presupuestos, indicando que no es la entidad empleadora del recurrente, no correspondiéndole determinar asignaciones ni gratificaciones, sino únicamente la proposición de asignación de recursos, por lo que concluye, que ésta no ha vulnerado las garantías fundamentales del recurrente, habiendo actuado dentro de sus competencias legales.

TERCERO: Que, evacuando el informe requerido, Carabineros de Chile, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Luego de mencionar la destinación del recurrente y distintos oficios de la Contraloría General de la República, destaca que la Resolución N° 14.188/2024, de 13 de septiembre 2024, de la Contraloría General de la República, que aclara el Oficio N° E399.886, de 2023, dispone que el derecho a cobro de lo adeudado de la Asignación de Zona prescribe en un plazo de 6 meses, contados desde la fecha en que se hizo exigible.

Indica a continuación, que en noviembre de 2023 el recurrente presentó una solicitud al Departamento Beneficios Económicos y Registro de datos personales (P.7) a fin que se le pagara lo adeudado por concepto de Asignación Zona, desde enero del 2019 al 30 de abril 2021, petición respondida a través del documento electrónico N.C.U 215210633, del 28 de septiembre 2024, señalando que su derecho a cobro se encuentra prescrito, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República en la resolución ya individualizada.

Precisa que, el artículo 98, letra f), de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, contempla la Asignación de Zona, contenida en el Estatuto del Personal de Carabineros, citando luego el artículo 99, conforme al cual “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”, por lo que descarta una vulneración de los derechos invocados.

Agrega de otra parte, que el recurrente carece de un derecho indubitado, ello en atención a la Resolución N° 14.188/2024, de la Contraloría General de la República, no cumpliéndose con el supuesto básico del recurso de protección, por lo que la acción no puede prosperar CUARTO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Contraloría General de la República, solicita el rechazo.

Señala que, a propósito de una reclamación realizada, se efectuó un nuevo estudio, esta vez circunscrito al plazo de prescripción y en dichas circunstancias se dictó la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, que concluyó que de conformidad con lo establecido en los artículos 98 y 99 de la ley N° 18.834, el cobro de las asignaciones establecidas en el citado artículo 98 -entre las que se encuentran las contempladas en leyes especiales, como ocurre con la asignación que se reclama- prescribe en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.

Afirma que, lo reclamado por el actor no corresponde ser dilucidado por medio de la presente acción cautelar, toda vez que ésta no constituye una instancia para discutir el alcance, sentido e interpretación que efectúa la entidad de Control en el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República y las leyes le han conferido.

Además, sostiene que el recurrente no detenta un derecho indubitado y que el presente recurso no sustituye un juicio declarativo de cobro de pesos.

Hace presente que la asignación cuyo pago motiva el presente recurso, no puede considerarse como una prestación de seguridad social, por lo que no es posible considerarla como imprescriptible como asegura el actor, sino que se encuentra sujeta al plazo de prescripción de seis meses, que dicha determinación se encuentra fundada en la remisión que hace el artículo 99 del Estatuto Administrativo, respecto del artículo 98 del mismo, siendo una norma especial que prevalece por sobre las normas subsidiarias del Código Civil.

Finalmente, refiere que no habría vulneración del derecho a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, ya que en uso de sus atribuciones se ha limitado a aplicar la normativa vigente y, a su vez, operó el plazo de prescripción extintiva respecto del recurrente.

QUINTO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

OCTAVO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en privarlo del pago íntegro de la asignación de especialidad al grado efectivo, estipendio que debía aplicarse el cálculo de la gratificación de zona, el cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los Nos. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los recurridos, de manera transversal, desestiman lo sostenido por el recurrente, alegando que resultan aplicables los artículos 98 y 99 del Estatuto Administrativo, por lo que el cobro de las asignaciones reclamadas se encuentra prescrito, lo que se refuerza con la dictación de la Resolución Exenta N° 14.188, de 13 de septiembre de 2024, de la Contraloría General de la República, orientada en dicho sentido.

NOVENO: Que, como ya se señaló en el motivo sexto, la presente acción exige el que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que, sin embargo, no ocurre en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene el recurrente y en base al cual funda su petición, se encuentra dubitado por las alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusión y controversia que debe ser dilucidada, en cuanto a las pretensiones sostenidas por las partes, en procedimiento diverso y de lato conocimiento, y no, en consecuencia, por la presente vía del recurso de protección, que tiene una naturaleza jurídica excepcional, de urgencia y dotada de objetivos distintos, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho que sea incuestionable, de modo que encontrándose controvertido el aquí reclamado, necesariamente el recurso de protección intentado debe ser desestimado.

DÉCIMO: Que, conforme lo sostenido en el precedente motivo, cabe concluir que, atendida la controversia planteada, no es posible a estos sentenciadores tener por acreditada la existencia de un derecho indubitado del recurrente, que haya sido afectado producto de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal de la Administración del Estado y que, en consecuencia, le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin que, por lo mismo, haya podido constatarse una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2 y 24, cuyo análisis pormenorizado, atendido lo antes expuesto, resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, de la Contralora General de La República en esa época Subrogante, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, y de la Directora de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Fiscal nombre reservado, Juan Patricio Silva Pedreros.

No firma la Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N° 228-2024 (Protección).