nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, a cuatro de Diciembre del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 24 de Octubre del año 2024, comparece don Francisco Javier García Retamal, abogado, en favor de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del señor Director General de nombre reservado, don Jorge Cristian Hinojosa Riquelme, domiciliado en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº 2777-1193-2024 de fecha 25 de Septiembre del año 2024, la cual amenaza, perturba y priva del ejercicio legítimo de las garantías contenidas en el artículo 19, N°s 2, 3, inciso 5° y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “A. Que, la Resolución Exenta Nº 2777-1193-2024 de fecha 25 de septiembre del año 2024, dictada por el Director Nacional de Movilización y mediante la cual dispone el rechazo de recurso de reposición interpuesto por el Sr. nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta N° 2003-0810-2024 de fecha 05 de Agosto del 2024, es un acto arbitrario e ilegal, por cuanto afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nºs 2 y 3 inciso 4º y artículo 24 de la Constitución Política de la República. B. Que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 2777-1193-2024 de fecha 25 de septiembre del año 2024, así como, la Resolución Exenta N° 2003-0810-2024 de fecha 05 de Agosto de 2024, ambas dictadas por el Director Nacional de Movilización, disponiendo dejar sin efecto la cancelación de inscripción de las armas de fuego y disponer su devolución a su propietario nombre reservado. C. Que ordene reestablecer el imperio del derecho adoptando TODA otra medida que SSa., Iltma., estime pertinente conforme al mérito de autos. D. Que condene en costas a la recurrida (SIC)”.

Con fecha 6 de Noviembre del año 2024 se incorporó el informe por don nombre reservado, General de Brigada, Director General de nombre reservado.

Con fecha 29 de Noviembre del año 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 2 de Diciembre del presente año, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su recurso señalando que, a propósito de una causa penal llevada en contra de don nombre reservado, en la que fue condenado a una pena de 41 días de prisión y multa, como autor del delito de Manejo en Estado de Ebriedad, se le notificó la Resolución Exenta N° 2003-0810-2024 de fecha 05 de Agosto del 2024, dictada por el Director Nacional de Movilización Nacional, la que dispone la Cancelación de la Inscripción del Permiso de Tenencia de Armas de fuego respecto de las armas: Pistola serie Nº L77391, Id 190638; Rifle serie N° 4803, Id 566305; Rifle serle Nº 6778, Id 570184; Pistola serie Nº AAL171, Id 625517; Pistola serie N° AZB590, Id 636766 y Fusil serie Nº ME 141, Id 708361, lo anterior fundado en el Art. 5, letra e), de la Ley 17.798 y su Reglamento Complementario.

Luego de citar las condenas que mantiene el recurrente, sostiene que éstas no se encuadran dentro de la hipótesis del articulo 5, letra e), de la Ley ya citada, toda vez que el actor no ha sido condenado por simple delito, sino solo por una falta, donde si bien la pena en abstracto corresponde a una de simple delito (61 a 540 días), en el caso concreto se le condenó a una pena de falta de 60 días de prisión, más multa.

Refiere que ante dicha resolución interpuso un recurso de reposición ante la misma Autoridad, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 2777-1193-2024 de fecha 25 de septiembre de año 2024, indicando en sus fundamentos que el Artículo 5 A, letra e), de la ley de Control de Armas y articulo 76, letra f), del Reglamento, ocupan los verbos “no haber sido condenado”, sin distinguir la pena aplicada.

En cuanto a las garantías conculcadas, invoca la de no ser juzgado por comisiones especiales, arguyendo que el Director Nacional de Movilización, al rechazar el recurso de reposición interpuesto y dictar la Resolución Exenta Nº 2777-1193-2024 de fecha 25 de septiembre del año 2024, actuó como una comisión especial que no respetó el debido proceso, actuando así deliberadamente, confundiendo la discrecionalidad que le otorga la ley con la arbitrariedad, arrogándose facultades que no le corresponden; también el derecho de propiedad, en cuanto dispuso cancelar la inscripción de las armas de fuego de propiedad del recurrente; así como la igualdad ante la ley, la que no desarrolla.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, el recurrido solicita su rechazo.

Señala que al recurrente se le autorizó para inscribir a su nombre 6 armas de fuego, 1 para defensa personal, 3 para deporte y 2 para caza, encontrándose inscrito como deportista, pero sin permiso para el transporte.

Ahora bien, precisa que el recurrente fue condenado el 5 de septiembre de 2022, por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén a la pena de 60 días de prisión en su grado máximo, a una multa de 2 UTM y a multa de 1 UTM, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños, y autor del delito de negativa injustificada a someterse a prueba respiratoria o examen científico, en causa RIT 95-2022, por lo que la Autoridad Fiscalizadora N° 95 Aysén, a cargo del control de armas, suspendió todas las autorizaciones otorgadas al recurrente y le incautó las armas cuya tenencia le fue autorizada. Que, posteriormente, dicha autoridad remitió los antecedentes a la Dirección General a fin de dictar la resolución pertinente para cancelar las inscripciones debido a la existencia de inhabilidad sobreviniente.

En ese sentido, mediante la Resolución Exenta N° 2003-08120-2024 de fecha 5 de agosto de 2024, se cancelaron las inscripciones de armas del recurrente al tenor de lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento Complementario de la Ley N° 17.798, ya que se dejó de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5 A letra e) y 76 letra f) del Reglamento. Agrega que la resolución recurrida corresponde al rechazo del recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución antes individualizada.

Luego de referirse someramente a las alegaciones del recurrente, precisa que el recurrente fue condenado por simple delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad y por el simple delito de negativa injustificada a someterse a prueba respiratoria o examen científico mediante resolución de fecha 5 de septiembre de 2022, siendo condenado de manera posterior a las fechas de inscripción de todas las armas de fuego, siendo totalmente aplicable la causal de inhabilidad sobreviniente. Adiciona que la ley no faculta a la autoridad a analizar las características particulares de las condenas y que las referencias que hace el legislador son generales, no distinguiendo al efecto.

Concluye que el actuar de la Dirección General de nombre reservado no es ilegal ni arbitrario, citando jurisprudencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Iquique al efecto.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la dictación de la Resolución Exenta Nº 2777-1193-2024, de fecha 25 de Septiembre del año 2024, de la Dirección Nacional de Movilización, mediante la cual se rechaza el recurso de reposición deducido por el recurrente respecto de la Resolución Exenta N° 2003-08120-2024, de fecha 5 de Agosto de 2024, la cual ordena la cancelación de la inscripción de sus armas de fuego, conculcando las garantías contenidas en el artículo 19, N°s 2, 3, inciso 5° y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Que, a don nombre reservado se le autorizó para inscribir a su nombre 6 armas de fuego, las que fueron realizadas los años 1989, 1996, 1997, 2000 y 2001.

2.- Que, con fecha 5 de septiembre de 2022, don nombre reservado fue condenado a 60 días de prisión en su grado máximo, a multa de 2 UTM y multa de 1 UTM, por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultados de daños y de negativa injustificada a someterse a prueba respiratoria o examen científico, en causa RIT 95-2022, del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.

3.- Que, mediante Resolución Exenta N° 2003-08120-2024, de fecha 5 de Agosto de 2024, se ordenó la Cancelación de la Inscripción del Permiso de Tenencia de Armas de fuego respecto de las armas: Pistola serie Nº L77391, Id 190638; Rifle serie N° 4803, Id 566305; Rifle serle Nº 6778, Id 570184; Pistola serie Nº AAL171, Id 625517; Pistola serie N° AZB590, Id 636766 y Fusil serie Nº ME 141, Id 708361, lo anterior fundado en el Art. 5, letra e), de la Ley 17.798 y su Reglamento Complementario.

4.- Que, se interpuso recurso de reposición en contra de la resolución precedentemente individualizada, la cual fuere rechazada mediante la Resolución Exenta Nº 2777-1193-2024, de fecha 25 de Septiembre del año 2024.

OCTAVO: Que, por otro lado, conviene tener a la vista la normativa aplicable, esto es, el Decreto 400, del 6 de Diciembre del año 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, Sobre Control de Armas, en ese sentido, el artículo 5 A, exige determinados requisitos para inscribir un arma de fuego, destacando el literal e) que reza “No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se acreditará con el respectivo certificado de antecedentes”.

Por su parte, el Decreto 83, de 22 de Febrero del año 2007, del Ministerio de Defensa Nacional, que “APRUEBA REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE LA LEY Nº 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS Y ELEMENTOS SIMILARES”, en su artículo 78, contempla hipótesis de circunstancias sobrevinientes que hacen perder las calidades o aptitudes al poseedor o tenedor de un arma de fuego, conteniéndose dentro de éstas, la de ser condenado por crimen o simple delito, lo que mandata a la Dirección General de nombre reservado para cancelar la respectiva inscripción.

A mayor abundamiento, el artículo 5 C, de la Ley 17.798, dispone que, si el poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita es condenado por crimen o simple delito, o por infracción a la ley N° 20.066, el tribunal ordenará la cancelación de todas sus inscripciones de armas de fuego en la sentencia definitiva.

NOVENO: Que, ahora cabe dilucidar si existe ilegalidad como reclama el recurrente, para lo cual se tiene a la vista los hechos asentados contenidos en el motivo Séptimo, constando que don nombre reservado fue condenado como autor de los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultados de daños y de negativa injustificada a someterse a prueba respiratoria o examen científico, lo anterior en la causa RIT 95-2022, del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, imponiéndosele una pena de 60 días de prisión en su grado máximo, multa de 2 UTM y multa de 1 UTM.

En ese sentido, al cumplirse una de las hipótesis previstas en el artículo 78, del Reglamento Complementario de la Ley 17.798, esto es, haber sido condenado el poseedor o tenedor de un arma de fuego por crimen o simple delito, la autoridad dispuso la cancelación de todas las armas de fuego inscritas a nombre del recurrente, actuar que, por cierto, se encuadra dentro de la esfera de sus atribuciones, conforme la legislación vigente ya estudiada.

Sobre este punto, cabe precisar que, a contrario de lo sostenido por el recurrente, en cuanto no haber sido condenado por simple delito, sino por una falta, ello en razón de la pena asignada en concreto, esto es, 60 días de prisión y multa, esto se debe desestimar, desde que el recurrente fue efectivamente condenado por la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad tipificado en el artículo 196, del Código Penal, ello sin perjuicio de la penalidad asignada en el caso particular por el sentenciador de fondo.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, esta Corte no advierte un actuar caprichoso por parte de la recurrida, desde que ésta sustenta su actuar en un presupuesto fáctico, como lo es el hecho que el recurrente fue sido condenado por simple delito, lo que se explica debidamente en la resolución recurrida, que rechaza el recurso de reposición deducido, así como en la resolución que ordena la cancelación de la inscripción de armas de fuego del recurrente, lo que fuere acreditado en autos.

UNDÉCIMO: Que, atendido lo razonado y expuesto precedentemente, no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, como se dirá, sin necesidad de entrar en el análisis de las garantías invocadas.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Francisco Javier García Retamal, abogado, en favor de nombre reservado, en contra del señor Director General de nombre reservado, don Jorge Cristian Hinojosa Riquelme.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

No firma la Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol N° 227-2024. (Protección).-