SERVICIOS INDUSTRIALES KAMAR LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO AYSEN

Coyhaique, a dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°226-2025, el 24 de septiembre de 2025, comparece don Aldo Fendez Pacheco, abogado, en representación convencional de SERVICIOS INDUSTRIALES KAMAR LIMITADA, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSÉN, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión ilegal y arbitraria, consistente en haber publicado en Tesorería General de la República a la empresa de Servicios Industriales Kamar Limitada con multas impagas que corresponden a la Resolución de multa N°8781/24/67-1, 2 y 3, lo que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en el numeral 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva: “ordenar que la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSÉN, enmiende tal acto, ordenando que se elimine tal información de morosidad conforme al mérito de los antecedentes, con expresa condena en costas.”. (SIC).

Con fecha 1 de octubre de 2025, don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Aysén - Juez Sustanciador, evacúa el informe ordenado.

El 20 de octubre de 2025, doña Daniela Bórquez Cárcamo, Abogada de la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, por la recurrida, evacúa el informe ordenado.

Con fecha 4 de noviembre de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose, el día12 de igual mes y año, a la vista de la causa, en la que alegaron, de manera telemática, por el recurso, el abogado don Aldo Féndez Pacheco y, en contra del mismo, la abogada doña Daniela Bórquez Cárcamo; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su acción en que la empresa ‘‘Servicios Industriales Kamar Ltda.’’ fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, la que dio lugar a la aplicación de la multa N°8781/24/67, de fecha 28 de agosto de 2024, que fue impugnada el 5 de noviembre de 2024, confirmándose mediante Resolución Exenta N°1102-18707/2025.

Expone que, con fecha 7 de agosto de 2025, estando dentro de plazo, interpuso reclamo judicial conforme el artículo 503, inciso tercero, del Código del Trabajo, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, en causa R.I.T. I-22-2025, admitiéndose a tramitación con el 27 de agosto pasado.

Luego, refiere que, con fecha 5 de septiembre de 2025, se rechazó la reclamación interpuesta por extemporánea. En contra de dicha resolución, interpuso Recurso de Apelación, el que actualmente está siendo tramitado ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, bajo el Rol N°77-2025. En consecuencia, a la fecha de interposición del presente recurso, la multa aplicada no se encuentra ejecutoriada.

No obstante lo anterior, indica que con fecha 24 de septiembre del presente año, al revisar la página de Tesorería General de la República, constató que la multa reclamada judicialmente se encontraba ya informada por un total de $13.853.000.

Alega que, evidentemente, la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, ha cometido un acto arbitrario e ilegal, atentando contra su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19, numeral 24, de la Constitución Política de la República, así como su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2 del citado artículo, toda vez que, no obstante haber deducido el correspondiente reclamo judicial de multa dentro de plazo y encontrándose pendiente de resolución, se procede a informar a la Tesorería General de la República que se adeuda a la referida Inspección del Trabajo tres multas por un total de $13.853.000, lo que perjudica a la empresa al no poder optar a créditos e impedir que organismos fiscales puedan emitir órdenes de compra, lo que puede significar la quiebra de la empresa.

Agrega que ‘‘Servicios Industriales Kamar Ltda’’, es una empresa cuyo giro y actividad es brindar servicios de aseo industrial y de acuicultura, cuyos trabajadores se verán directamente comprometidos por el acto arbitrario e ilegal emanado de la Inspección del Trabajo, pues, si se mantiene a la empresa informada en Tesorería, no se podrá cobrar a las instituciones y empresas las órdenes de compra o facturas adeudadas, por lo que no se podrá cumplir con las obligaciones correlativas.

SEGUNDO: Que, Tesorería General de la República, únicamente informa que en los sistemas de seguimiento de la cobranza y en el de Cuenta Única Tributaria del Servicio, figura al 1 de octubre de 2025, un total de deuda morosa de $13.180.200, la que corresponde a formulario 42, relativo a multas giradas por la Dirección del Trabajo.

Seguidamente, y respecto a la Orden de No Innovar decretada, cabe hacer presente que la recurrida podrá materializar la eliminación de la deuda, pues mantiene lo atributos informáticos para cargar y descargar dichas multas desde la Cuenta Única Tributaria de la recurrente.

TERCERO: Que, la recurrida, solicita el rechazo de la acción deducida, fundando, en lo sustancial, en que luego del rechazo de la reconsideración administrativa deducida por la reclamante y recurrente de autos, la multa procedió a “cargarse” automáticamente a Tesorería, no existiendo por parte del Servicio, en ningún caso, mala fe o intencionalidad de perjudicar a la empresa y/o sus intereses, lo anterior, ya que nunca fueron emplazados de la reclamación formulada en causa R.I.T. I -22-2025 del Juzgado de Letras de Aysén, por lo que no teniendo conocimiento, por medio de la respectiva notificación judicial, de la reclamación de la multa, no se pueden desplegar todas las conductas pertinentes en orden a gestionar con la unidad competente y el funcionario respectivo la “descarga de la multa”, como lo solicita la recurrente.

Para efectos de un mejor entendimiento, indica que para evitar que se cargue la multa en T.G.R., se deben deducir los recursos administrativos o judiciales que señala el Código del Trabajo, los cuales si bien han sido planteados por la parte reclamante en sede administrativa, particularmente, le fue rechazado el recurso de reconsideración por las razones contenidas en la Resolución N°1102-18707/2025, mientras en el Juzgado de Aysén, por haber sido interpuesto ese reclamo fuera de plazo. En este último punto aduce que es la propia ley la que confiere los medios recursivos para evitar las consecuencias de dicha resolución, como lo es el recurso de apelación ya deducido, en el cual también se puede deducir una Orden de No Innovar, conforme al art. 192 del Código de Procedimiento Civil, cuerpo legal de carácter supletorio, no siendo esta acción cautelar el mecanismo idóneo para ello.

Precisa, en tanto, que la pretensión del recurrente se circunscribe al cuestionamiento del actuar del Servicio, es decir, va en búsqueda de la descarga de la multa de su sistema y del de Tesorería, lo que no se produjo porque se declaró extemporáneo su reclamo judicial, sin haber sido emplazados de éste, por lo que la “descarga” de la multa a de su plataforma y la de T.G.R. se encuentra concatenada a la circunstancia que se les notifique de la reclamación judicial de la multa cursada en causa R.I.T. I-22-2025 del Juzgado de Letras de Aysén como en derecho corresponde, cuestión que no ha sucedido aún al momento de evacuar el informe, ya que se declaró extemporáneo y esa decisión se encuentra pendiente de apelación en causa Rol Corte 77-2025, utilizando este proceso cautelar para malamente “acelerar” los efectos de una eventual decisión favorable.

Descarta que el Servicio haya incurrido en una conducta ilegal y/o arbitraria, la que, según el libelo de la recurrente, vendría dada por el hecho de haberse cargado la multa en la plataforma de la Tesorería General de la República, existiendo un procedimiento judicial pendiente y sin que la referida multa se encontrare ejecutoriada, sosteniendo que tal planteamiento es erróneo, desde que nunca fueron emplazados del reclamo judicial que se declaró extemporáneo, se dijo, a consecuencia de lo cual es que se produjo la aludida carga de la multa en el sistema. Puntualiza que, en atención a ello y mediante este recurso de protección, más la orden de no innovar decretada, al encontrarse en conocimiento de lo ordenado por este Tribunal de Alzada, pese a que no se le ha notificado en causa E-539-2025 del Juzgado de Letras de Aysén, se ha procedido a la solicitud de descarga. Concluye que el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén ha sido dentro de la normativa y no ha sido de carácter arbitrario, porque se ha obrado con esta empresa recurrente tal como se actúa con todas aquéllas a las que se les rechazan los recursos administrativos, por tanto, no se configura la ilegalidad y arbitrariedad que pretende sostener la recurrente.

Aclara que, el actuar del Servicio se ha circunscrito a los lineamientos e instrucciones institucionales, contenidos en la Circular N° 35, de 17 de marzo de 2016, que señala el procedimiento de la Dirección del Trabajo para la descarga de las multas, que da cuenta de la responsabilidad del abogado de los registros en los sistemas de la reclamación judicial de las multas, pero solo cuando son notificadas, sino obviamente se ignoraría que se ha deducido reclamación ante la falta de emplazamiento.

Precisa que no es correcto que la empresa recurrente espere que se descargue la multa solo con la interposición de su reclamación judicial y el envío de un correo electrónico avisando de la interposición del reclamo, ya que para que ello proceda se debe notificar a la Inspección del Trabajo conforme lo dispone el Juzgado y ello sucede respecto de todos los reclamantes.

Culmina manifestando que no existe, por ende, ningún acto arbitrario de parte del Inspector del Trabajo de Aysén, el que se ha ajustado a las instrucciones internas, ya que, rechazado un recurso administrativo y transcurrido el plazo legal, sin que se notifique de un reclamo judicial conforme a lo dispuesto en la normativa laboral, se entiende que ésta se encuentra ejecutoriada, por lo que se produce el traspaso y carga de la multa a Tesorería, a fin que esta última inicie el proceso de cobro, procedimiento que por lo demás es aplicable a todas las empresas que son sancionadas y que deducen recursos administrativos, por lo que la arbitrariedad debe ser descartada.

CUARTO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

QUINTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SÉPTIMO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la circunstancia de haber publicado la recurrida, en Tesorería General de la República, a la empresa de Servicios Industriales Kamar Limitada, como deudora de multas impagas asociadas a la Resolución de multa N°8781/24/67-1,2 y 3; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

OCTAVO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 28 de agosto de 2024, la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, dictó la Resolución de multa N°8781/24/ 67-1,2 y 3, en contra de la recurrida, Servicios Industriales Kamar Limitada ascendente la primera de ellas a 40 Unidades Tributarias Mensuales, la segunda de ellas a 120 Unidades Tributarias Mensuales, y la tercera de ellas a 40 Unidades Tributarias Mensuales, consignándose expresamente que: “b) Ejecutoriada la presente resolución su pago deberá efectuarse mediante formulario N°42-A, que se debe obtener en la Tesorería General de la República y pagarse a cualquier institución financiera, debiendo acreditarse este pago en la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, o con la modalidad de pago en línea, a través del portal web institucional www.direcciondeltrabajo.cl”. (sic)

2.- La referida Resolución fue impugnada con fecha 5 de noviembre de 2024, en el correspondiente procedimiento administrativo, en el que se resolvió dicha reconsideración mediante la Resolución Exenta N°1102- 18707/2025, de fecha 15 de julio de 2025, que confirmó las tres multas aplicadas.

3.- La recurrente, interpuso reclamo judicial de multa conforme el artículo 503 inciso tercero del Código del Trabajo, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, en causa R.I.T. I- 22-2025, con fecha 7 de agosto de 2025, encontrándose en actual tramitación un recurso de apelación interpuesto ante esta Corte, en contra de la resolución de 1 de septiembre de 2025, mediante la cual no se dio lugar a la reclamación por extemporánea.

4.- En la actualidad, la multa reclamada judicialmente se encuentra informada ante Tesorería General de la República, por un total de $13.853.000.

NOVENO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

El artículo 503 del Código del Trabajo, dispone que: “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones, regirá la norma del artículo 4° de este Código.

La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación.

Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código.”

DÉCIMO: Que, en el caso que se revisa, la recurrida arguye que procedió a publicar automáticamente la multa en Tesorería General de la República, pues ha circunscrito su actuar a los lineamientos e instrucciones institucionales, impartidos en la Circular N°35, de 17 de marzo de 2016, la cual señala el procedimiento previsto por la Dirección del Trabajo para la descarga de las multas, dando cuenta de la responsabilidad del abogado, de los registros en los sistemas de la reclamación judicial de las multas, pero sólo cuando son notificadas, por cuanto, en caso contrario, obviamente el Servicio ignora que se ha deducido reclamación a consecuencia de la falta de emplazamiento, alegación que se encuentra contradicha por la recurrente.

UNDÉCIMO: Que, del estudio pormenorizado de los antecedentes que obran en autos, constituye un hecho asentado en la causa que la resolución de multa reclamada por el recurrente no se encuentra ejecutoriada, por existir una tramitación judicial pendiente, precisamente, de un recurso de apelación deducido ante esta Corte en causa Rol N°77-2025, Libro Laboral, en contra de la resolución dictada con fecha 1 de septiembre de 2025, por parte del Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, que no dio lugar a la reclamación judicial de multa, conforme el artículo 503 inciso tercero del Código del Trabajo, teniendo por base su extemporaneidad.

DUODÉCIMO: Que, en línea con lo descrito, esta Corte estima que la entidad recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, actuó de manera al menos arbitraria, al haber informado y publicado automáticamente las multas impuestas al recurrente ante Tesorería General de la República, pese a encontrarse con tramitación judicial todavía pendiente, por cuanto consta en esta sede que la referida resolución aún no tiene el carácter de firme o ejecutoriada, sin olvidar que ha sido la misma recurrida quien consignó en sus alegaciones, a título de condición, precisamente el estado de ejecutoriedad de la resolución de multa para los efectos de proceder recién con fecha posterior a exigir su pago o, en defecto, a su carga en la plataforma de deudores de dicho organismo de recaudación.

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, estimándose que ha incurrido la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén en un actuar al menos arbitrario, en cuanto su conducta procedimental se apartó de los cánones de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación entre el medio y fin pretendido, lo que ha traído aparejada una clara privación al actor de la garantía constitucional de igualdad ante la Ley con impacto eventual en su patrimonio, del modo como ha sido descrito acorde a su giro empresarial, lo que afecta también su derecho de propiedad, consagrados, respectivamente, en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental; sólo cabe a esta Corte acoger el presente arbitrio, a fin de restablecer el imperio del derecho quebrantado adoptando las medidas pertinentes a conceder la debida protección del recurrente a dicho propósito, de la manera como que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, por don Aldo Féndez Pacheco, abogado, en representación de SERVICIOS INDUSTRIALES KAMAR LIMITADA, en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSÉN, por lo que, en consecuencia, se ordena que, de forma inmediata, en la medida que aún no lo hubiere concretado, la recurrida proceda a descargar o rebajar de la respectiva plataforma, o bien, requerir se haga por parte de la Tesorería General de la República, la información de morosidad de las multas que han sido reclamadas judicialmente y que han constituido el objeto de esta acción.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

No firma el Fiscal Judicial Titular, don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse en cometido funcionario.

Rol N°226-2025. (Protección).