nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

En Coyhaique, a veintidós de noviembre del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 20 de septiembre del año 2025, comparece don nombre reservado, sin ocupación, domiciliado en la comuna y ciudad de Puerto Aysén, quien deduce recurso de protección en contra del Ejército de Chile, representado para estos efectos por su comandante en jefe, General nombre reservado o de quien lo subrogue legalmente, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por la resolución que ordena su expulsión de la institución, lo que a su juicio, vulnera, priva y perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19, N°s2 y 4, de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva, se declare: “nula la resolución que ordena mi expulsión y ordenar mi reincorporación al Ejército de Chile, reestableciendo de esta forma el imperio del Derecho.”

Con fecha 9 de octubre del año 2025, don nombre reservado, Comandante de la División de Personal del Ejército de Chile, evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción, por las razones invocadas.

Con fecha 15 de noviembre del año 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 18 de noviembre del año 2025, se procede a la vista del recurso; alegando en esta causa, de manera telemática y contra el recurso, la abogado doña Tamara Oyarzo Hernández; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fundamenta su recurso, en que con fecha 20 de agosto del año en curso fue notificado de la Resolución Exenta RA 119291/1878/2025, de fecha 21 de julio del año 2025, acto administrativo terminal de un procedimiento administrativo, que terminó con su expulsión del Ejército de Chile.

Indica que, el motivo de su expulsión fue que con fecha 23 de mayo del año 2022, impuso a un soldado conscripto a su cargo, un castigo por faltarle el respeto en la instrucción consistente en “rellenar su cantimplora con agua, para luego ordenar que éste se recostara con los pies hacia arriba, vertiendo por el interior de sus pantalones dicha agua, mojándole”.

Señala que, el hecho llegó a conocimiento de su superior, el comandante del Regimiento, coronel nombre reservado, quien adoptó como primera medida la entrega de un informe, mediante reservado N° 1000/24/89/SD, de fecha 2 de junio del año 2022.

Precisa que, en su contra se dictó por parte del Regimiento del Comandante Chiloé, ya nombrado, la Resolución 1530/32700/332, de 5 de julio del año 2022, mediante la cual se le aplicó la sanción de licenciamiento del Servicio, por considerar los hechos como una falta a la disciplina cometida por su persona.

Expone que, contra dicha sanción, interpuso sucesivamente los recursos de reconsideración, reclamación y apelación, siendo todos rechazados, el último de ellos un recurso de apelación ante la Comandancia en Jefe del Ejército, en que pidió que se deje sin efecto la sanción y que se disponga en cambio una Investigación Sumaria Administrativa, con la finalidad de ejercer adecuadamente su derecho indubitado a la Defensa que estima conculcado arbitrariamente. Añade que, dicho recurso de apelación fue en contra de la Resolución dictada por el Comandante en Jefe de Operaciones Terrestres, don nombre reservado, de fecha 28 de febrero de 2023, en la cual rechaza los incidentes de nulidad administrativa y la invalidación del procedimiento, con la cual es despedido del Ejército y dado de baja, sin que de ninguna manera pueda volver a la Institución.

Refiere que, en todo el procedimiento administrativo seguido en su contra no se respetó la garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3 inc. 6 ° de nuestra Carta Fundamental porque era procedente la Investigación Sumaria Administrativa, porque en virtud de ella tenía la posibilidad cierta de ejercer debidamente su derecho a la defensa, presentando argumentos y pruebas a su favor que desembocaría en una absolución o en una sanción disciplinaria de mucho menor intensidad a la aplicada.

Fundamenta que, para los fines de establecer la irreprochable conducta anterior es indispensable tener a la vista su hoja de vida como servidor público, en la que aparecen dos anotaciones de demérito, a saber: 1) Por llegar tarde; y 2) Por no practicarse un examen de rutina. Agrega que, sin embargo, el mencionado comandante, arbitrariamente, agrega una tercera anotación de demérito con fecha 5 de julio del año 2022, totalmente desconocida, referente a los hechos que originan el procedimiento administrativo, el mismo por el cual es sancionado, la cual es calificada, además, de agravante de responsabilidad.

Señala que, resulta evidente la ilegalidad y arbitrariedad del comandante nombre reservado, porque esta tercera anotación la toma como una agravante de reincidencia, calificación del todo antojadiza y caprichosa; porque la reincidencia nunca puede basarse en hechos posteriores a los que motivan el asunto para agravar la sanción, por ese motivo la resolución violó el principio del non bis in ídem.

Precisa que a pesar de la contundencia de los argumentos alegados y lo obrado en el procedimiento, el recurrido confirmó la resolución apelada, manteniéndola a firme mediante resolución exenta N°119; 31/1878/2025, de fecha 21 de julio de 2025, y ordena su retiro absoluto del Ejército de Chile, siendo notificado el 20 de agosto de 2025, acto terminal de todo el Procedimiento Administrativo.

Arguye que, por los hechos que causan el procedimiento sumario se hizo una denuncia ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, la que dictó en su contra el auto de procesamiento de tenerlo como autor del delito contemplado en el artículo 331 N°4 del Código de Justicia Militar, de la cual apeló ante la Corte Marcial, la que revocó dicho auto de procesamiento porque no se cumplían los requisitos del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, es decir, los hechos no son constitutivos de delito, por medio de la sentencia del 10 de diciembre de 2024, causa RIT 462-2024.

Expone que, la medida disciplinaria vulnera arbitrariamente la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución, pues la ponderación de las circunstancias atenuantes y agravantes rigen por igual para todos los habitantes de la República, tanto en materia penal como administrativa. Lo mismo, rige para las circunstancias agravantes. De tal manera que quien es llamado a aplicarlas no puede desconocer las primeras e inventar una reincidencia, para algunos de aquellos que debe juzgar y a otros no.

Señala que, si el recurrido no hubiere sido arbitrario en su procedimiento y sanción, absolutamente desproporcionada e injusta, le habría permitido demostrar que las dos anotaciones de demérito en su hoja de vida son levísimas, y que no tienen la gravedad suficiente para no considerar su irreprochable conducta anterior en el Ejército y, de esta manera, el juzgador cumple con el artículo 32 inciso 1° parte final del DNL N°911, que dispone como un deber de un buen comandante “hacer u uso moderado de sus atribuciones disciplinarias”.

Finalmente expone que, se vulnera arbitrariamente la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución, desde que arbitrariamente, se le ha afectado su honra, específicamente el honor militar como soldado del Ejército de Chile, bien extrapatrimonial apreciado que le corresponde, especialmente en lo que se refiere a la lealtad hacia la Patria, a la institución y a sus superiores; a la disciplina, mantener la actitud moral, la honestidad y el respeto a la verdad. Añade que, de estos valores se le ha privado, y que salir del Ejército en la forma como se pretende por el recurrido es vergonzoso para cualquier soldado que haya pertenecido a la institución.

SEGUNDO: Que, en representación de la recurrida evacúa el informe requerido, solicitando que este sea rechazado en todas sus partes, por las razones de hecho y derecho que expone a continuación.

Primeramente alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que según la pretensión del recurrente, se debería anular la Resolución Exenta RA N°119291/1878/2025, de 21 de julio de 2025, notificada el 20 de agosto de 2025, que dispuso su retiro absoluto a contar de su total tramitación, es decir a contar del 20 de agosto, el recurrente se encuentra desvinculado de la institución, por lo que una acción cautelar para impugnar dicho acto administrativo, se debía presentar a más tardar el 19 de septiembre de 2025 y el recurrente interpuso la acción cautelar el 20 de septiembre, por lo que se solicita se declare la extemporaneidad del recurso.

En cuanto al fondo sostiene que, al recurrente se le aplicó una causal de retiro forzoso y definitivo, dispuesto en el artículo 57 letra e) de la Ley Orgánica N°18.948, por cuanto la disposición reglamentaria aplicada es el DS N°1445 de 1951 “Reglamento de disciplina de las fuerzas armadas”, cuyo fundamento se encuentra en la aplicación de una sanción disciplinaria expulsiva, aplicable al personal del Cuadro Permanente, que se encuentra regulado en el artículo 49 B letra g) del Reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas, al establecer que el licenciamiento del servicio consiste en la eliminación de las filas del afectado por la causal “necesidades del servicio” con la nota de conducta que la superioridad estime conveniente.

Precisa que dicha medida se sustenta en las necesidades del servicio y en la nota de calificación ponderada discrecionalmente por la autoridad militar de conformidad a la conducta infraccional cometida por el afectado, la que debe ser grave y/o perjudicial para el servicio, pues constituye la sanción disciplinaria más severa que se puede aplicar como castigo al personal del cuadro permanente.

Indica que relacionado a lo anterior se encuentra el artículo 35 del DS N°1445, que indica que no procederá la instrucción de una ISA cuando la falta conste hasta la evidencia, (sic) debiendo la autoridad hacer uso de sus facultades de mando, administrativas y disciplinarias. Agrega que el licenciamiento del servicio como medida disciplinaria, emana de la potestad discrecional de la autoridad administrativa militar, sanción que se podrá aplicar ipso facto en caso de presentarse una de las condiciones anteriormente señaladas.

Aclara que respecto de los efectos del retiro absoluto impugnado, el artículo dispone que no puede ser dejado sin efecto, de acuerdo al artículo 256 del Estatuto del Personal de Fuerzas Armadas, el cual tiene por objeto dar seguridad y certeza jurídica, respecto del retiro de las filas.

Indica que el retiro absoluto también provoca el cese de las remuneraciones, por cuanto deja de desempeñar funciones y en la especie, el recurrido al no contar con 20 años de servicio, no le corresponde el beneficio de la pensión de retiro del artículo 77 de la LOC N°18.948.

Señala que el proceso sancionatorio del recurrente, se inició a través de la Resolución 1530/32700/332 de 05 de julio de 2022, dictada por el Comandante del Regimiento N°8 Chiloé, que dispuso el licenciamiento del servicio por aplicar un castigo disciplinario riguroso, desproporcionado y vejatorio al soldado conscripto que consistió en ordenar que se recueste de espalda al suelo, levantando las piernas y derramar al interior de sus pantalones el agua que contenía su cantimplora, sin considerar las bajas temperaturas de la zona, vulnerando el artículo 38 del Reglamento de disciplina, configurándose las faltas de los N°15 y 40 del artículo 76 del mismo reglamento.

Aclara que el recurrente ejerció la vía impugnatoria de acuerdo al artículo 78 y siguientes del DS 1445, por cuanto presentó recurso de reconsideración, reclamación y apelación. Agrega que, tuvo aplicación el artículo 35 del D.S. N°1445, por cuanto no solo el propio recurrente reconoció haber cometido el castigo riguroso y abusivo en contra del SLC afectado, sino que también hubo declaraciones de testigos contestes en los hechos, razón por la que el comandante se encontraba habilitado para disponer de inmediato la sanción disciplinaria del licenciamiento.

Señala que la decisión institucional de aplicar dicha medida en contra del recurrente, así como la decisión de rechazar las impugnaciones a la misma, no es arbitraria, ilegal ni antojadiza, toda vez que se ejerció en forma criteriosa, en uso de las facultades legales y ajustada a derecho, todo lo que se encuentra en armonía con el deber de velar por el buen servicio de la institución para el cumplimiento de sus fines.

Luego, alega la improcedencia de la acción cautelar por incumplimientos de requisitos, fundando en que la resolución que dispuso el retiro absoluto de encuentra debidamente motivada en conformidad a la normativa aplicable, por lo que se descarta la arbitrariedad y la ilegalidad.

Precisa que, no se ejerce por el recurrente un derecho indubitado, por el contrario, existe controversia respecto del planteamiento esgrimido por el actor referido a la posible existencia de vicios de nulidad relacionados con el proceso disciplinario, particularmente, con la decisión institucional de mantener la sanción de licenciamiento al ejercer la vía recursiva del afectado, por lo que esta instancia no es la vía idónea para ejercer el control de legalidad judicial esperado por el recurrente, sino que necesariamente debe accionar de nulidad, conforme a las reglas generales.

Aclara que, el recurso deducido no cumple con los presupuestos de impugnar un acto ilegal y arbitrario, por cuanto el recurrente, si bien identifica un acto recurrido, éste cumple con todos los elementos y requisitos para ser un acto válido, particularmente, cuenta con motivación técnica suficiente. Agrega que el recurrente intenta en sede cautelar rebatir la procedencia de los fundamentos técnicos del acto impugnado, de modo que no solo se incumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de protección, sino que además, se verifica que no estamos en presencia de un derecho indubitado.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas el recurrente, éste no especifica cómo y de qué manera se produjo una conculcación de la igualdad ante la ley y respecto de otros funcionarios institucionales que se encuentren en su misma situación.

Finalmente expone que, respecto de la supuesta vulneración a su honra, sólo se trata de una percepción subjetiva que tiene acerca de la sanción disciplinaria de que fue objeto, pero no dimensiona que dicha medida fue aplicada por la institución, precisamente, porque su obrar como superior jerárquico fue vulneratorio de la honra de un soldado, por cuanto lo menospreció públicamente en su unidad militar y sin considerar las extremas condiciones climáticas del lugar, por lo que su comportamiento fue considerado como reprochable por parte de la autoridad que ejerció la acción disciplinaria que concluyó con su retiro absoluto.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República, establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal. Igualmente, este Recurso Constitucional sólo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en que la Resolución Exenta RA 119291/1878/2025, del Comando de Personal del Ejercito, de fecha 21 de julio del año 2025, notificada el 20 de agosto del mismo año, dispone el retiro absoluto de don nombre reservado, lo que, según se desprende de la lectura del escrito, vulnera, priva y perturba las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, N°s2 y 4, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes y antecedentes acompañados, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Mediante Resolución N°1530/32700/332, “Toma de Razón”, de 05 de julio de 2022, dictada por el comandante del Regimiento N°8 “Chiloe”, se dispuso el licenciamiento del servicio del recurrente por la causal “necesidades del servicio”, al disponer el día 23 de mayo de 2022, como forma de acción disciplinaria extralimitada a un soldado conscripto, ordenarle ir por su cantimplora con agua para luego recostarse de espalda con las piernas en el aire y verter el contenido de la misma por el interior de su pantalón y piernas, mojándole, teniendo presente el registro de bajas temperaturas en la ciudad de Coyhaique y de localidades cercanas en dicha fecha, estimando de esta manera que se observa una conducta que se aparte de las acciones disciplinarias permitidas en la normativa reglamentaria institucional y estimando la misma como un trato abusivo y vejatorio en contra del SLC. nombre reservado, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 38 del DS 1445 “Reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas”, así como lo prescrito en los artículos 76 N°15 Y N°40, en relación con la orden del servicio emitida por el CJ IV DE mediante Oficio IV de CG II/2b (R) N°2420/3674 de 12 de agosto de 2019, a través de la cual se reiteraron diversas disposiciones institucionales, las que de manera clara e inequívoca prohíben cualquier forma de maltrato, abuso y/o trato vejatorio hacia el personal de Soldados Conscriptos.

2.- A través de la Resolución CDO CJE SGE AJ ( R) N° 1580/151, del Comandante de Operaciones Terrestres, de 28 de febrero de 2023, que rechaza incidentes de nulidad, solicitud de invalidación y el primer recurso de apelación, debiendo mantenerse la sanción de licenciamiento del servicio por la causal “necesidades del Servicio”, en virtud de las consideraciones que ahí se consignan, y, en lo pertinente en: “5.- Finalmente este Comandante ha constatado que en la totalidad de las anotaciones de demérito que se aprecian en la hoja de vida del recurrente, esto es, en las fechas 17 DIC2019, 27JUL2021 Y 05JUL2022, se observa el constante incumplimiento por parte del recurrente, de las ordenes impartidas por sus superiores y que denotan un patrón de conducta en cuanto a la inobservancia del deber militar previsto en el artículo 12 del DNL 911, esto es, cumplir las prescripciones reglamentarias y las órdenes de sus superiores, y que en atención a su reiteración, no permiten evidenciar una intención del CB2 nombre reservado de modificar su conducta sobre el particular, alejándose de las virtudes militares”.

3.- Con fecha 15 de octubre de 2024, la recurrida dicta la Resolución CDO CJE SGE AJ ( R) N°1580/127/2697, que rechaza el segundo recurso de apelación y las alegaciones sobre la existencia de vicios de procedimiento por no instruir ISA y aplicar el artículo 35 del Reglamento de Disciplina.

4.- Que, por medio de la Resolución Exenta RA 119291/1878/2025, del Comando de Personal del Ejercito, de fecha 21 de julio del año 2025, se dispone el retiro absoluto de don nombre reservado, Cabo 2°, grado 16, de la escala de las fuerzas armadas, planta de cuadro permanente, del Servicio de Ejército de Chile, por la causal de eliminados por sanción disciplinaria expulsiva.

OCTAVO: Que, con miras a una acertada resolución, se debe tener presente la siguiente normativa al efecto:

El artículo 52, de la Ley N°18.948, Ley Orgánica Constitucional de las fuerzas Armadas, que dispone: “El personal deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas por retiro o fallecimiento.

El retiro puede ser temporal o absoluto.”

Por su parte, la letra e), del artículo 57, de la misma ley, señala que: “El retiro absoluto del personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, procederá por alguna de las siguientes causales: e.- Por estar comprendido en las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las eliminaciones.”.

A su turno, el inciso 1°, del artículo 32, del D.S.N°1445 de 1951, que establece el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, indica que: “El castigar o reprimir las faltas es un deber militar cuya ejecución se exige en vista de la necesidad imprescindible que tienen las Fuerzas Armadas de mantener una disciplina a toda prueba. Pero un buen Comandante, Director o Jefe de repartición militar debe obtener de sus subalternos disciplina, laboriosidad y eficiencia, sin necesidad de castigar o haciendo un uso moderado de sus atribuciones disciplinarias.”.

El artículo 33, del mismo Reglamento, dispone que: “Los superiores a quienes este Reglamento confiere atribuciones disciplinarias, castigarán todas las faltas contra el orden y la disciplina cometidas por Oficiales, Empleados Militares, Navales y de Aviación, Tropa y Gente de Mar y Empleados Civiles, que no alcancen a constituir delitos penados por el Código de Justicia Militar.”.

El artículo 34, señala que: “Las faltas se castigan de acuerdo con las atribuciones disciplinarias de que está investido cada superior y con arreglo a su propio juicio. Los Oficiales con facultades disciplinarias deben proceder con rectitud, moderación y elevado espíritu de justicia para garantizar ampliamente la firmeza en la resolución y la absoluta corrección en el procedimiento.”.

Asimismo, el artículo 35, del referido reglamento refiere que: “No procederá la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa cuando la falta conste hasta la evidencia, sea por la propia observación, parte oficial, otros antecedentes verbales o escritos o por la propia confesión del inculpado. No procederá tampoco la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa, en aquellos casos en que los hechos que podrían originarla aparezcan claramente establecidos en los partes, denuncias y diligencias preliminares, debiendo los Comandantes de todas las jerarquías hacer uso inmediato de todas sus facultades de mando, administrativas o disciplinarias informando su resolución cuando fuere del caso, por los canales de mando o técnicos. El superior, antes de hacer uso de sus atribuciones disciplinarias, deberá conocer la defensa o justificación del acusado.

No dándose los presupuestos del inciso anterior, o aun apareciendo ellos, si aún le asisten dudas a la autoridad sobre los hechos o el grado de culpabilidad, deberá iniciarse la correspondiente ISA, para ejercer la acción disciplinaria.”.

Por su parte, el artículo 36, del Reglamento en comento, expone que: “La calidad y extensión del castigo se determinarán, en lo posible, sin herir el honor del afectado. Se tomará muy en cuenta para determinar el castigo:

a) La idiosincrasia del culpable;

b) La naturaleza y gravedad de la falta (perjuicio que ella pueda ocasionar a la moral en general, a la disciplina en particular o simplemente al servicio, escándalo o mal ejemplo);

c) La conducta anterior y servicios que haya prestado el culpable;

d) Si desempeña un cargo o función superior a su grado; y e) Si es reincidente.

Aparte de lo que se deduzca del estudio sereno de la falta, tomando en cuenta el párrafo anterior, se considerarán atenuantes: la buena conducta anterior y lo prescrito en la letra d); y agravantes: la mala conducta anterior y lo establecido en la letra e).”.

La letra g), del artículo 49 B, preceptúa que: “g) Licenciamiento del servicio. Consiste en la eliminación de las filas del afectado por la causal de "Necesidades del Servicio", con la nota de conducta que la superioridad estime conveniente.”.

Y el N°16, del artículo 76, del mentado Reglamento, indica que: “Son faltas contra la disciplina, entre otras, las siguientes:16) Reprender al subalterno en términos indecorosos u ofensivos o vejarlo en alguna forma”.

Finalmente, se debe considerar, lo estatuido en el “Reglamento De Investigaciones Sumarias Administrativas De Las Fuerzas Armadas", en su artículo 2, N°6, dispone que: “La autoridad institucional, antes de ordenar la substanciación de una Investigación Sumaria Administrativa, deberá estudiar en detalle los antecedentes que la originan, la trascendencia del hecho denunciado y la necesidad que existe en su investigación, a fin de pronunciarse sobre su procedencia y el plazo en que deberá ser realizada.

Por regla general, corresponde instruir investigación sumaria administrativa: 6.- Por actuaciones del personal que, a juicio de la respectiva autoridad, afecten su responsabilidad funcionaria.”.

Y en su artículo 3, inciso 2°, señala que: “No dándose los presupuestos anteriores, o aun apareciendo ellos, si a la autoridad aún le asisten dudas sobre los hechos o el grado de culpabilidad, deberá iniciarse la correspondiente investigación sumaria administrativa para ejercer la acción disciplinaria.”.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso NOVENO: Que, se debe tener presente que el numeral 1°, del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

DÉCIMO: Que, la recurrida, aduce que el plazo de treinta días para interponer el recurso de protección en contra de la resolución de retiro absoluto, notificada el 20 de agosto de 2025, venció a lo menos, el 19 de septiembre de 2025 y el recurrente presentó la acción cautelar el día 20 de septiembre de 2025, por lo que el presente recurso resulta extemporáneo; que no obstante, en el aspecto cuestionado, más allá de las dudas de la recurrida respecto a la data de efectivo conocimiento adquirido por el recurrente en torno a la situación que motiva el actual arbitrio, cabe tener presente que la acción u omisión reclamada acarrea efectos de carácter permanente, toda vez que el retiro del funcionario recurrente, en la especie se ha hecho efectivo, fundamento que basta para desestimar la alegación de extemporaneidad formulada por la primera, sin perjuicio de que el acto terminal administrativo se produjo en una fecha posterior a la que cita el recurrido.

EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA UNDÉCIMO: Que, es necesario considerar que, si bien el régimen disciplinario del personal militar difiere del estatuto aplicable a los funcionarios de la Administración Pública, en razón a las características propias del quehacer castrense, eminentemente jerarquizado, ello no es fundamento plausible para que en ejercicio de la facultad disciplinaria, la autoridad extralimite el castigo, sin consideración, a la antigüedad del personal en el servicio, al principio de estabilidad en el empleo que se reconoce a todo funcionario público, a la trascendencia de la falta, no tan solo desde el punto de vista conceptual sino también desde la perspectiva práctica y la debida proporcionalidad que se exige de la sanción.

DUODÉCIMO: Que, de otra parte, de una atenta lectura del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, contenido en el DS.N°1445, de 1951, en especial de lo dispuesto en los artículos 35 y 38, antes transcritos, se tiene que la circunstancia de ejercer la autoridad militar su potestad sancionatoria sin necesidad de una previa investigación sumaria, no exime a la recurrida de conocer formalmente la defensa o descargos del funcionario y si aun así existieren dudas sobre los hechos o la culpabilidad de aquél, debe iniciarse la correspondiente investigación sumaria, para dar cabal cabida al principio contradictorio, permitiendo el suministro de pruebas, asesoramiento de defensa letrada, en su caso, interponer recursos y en general, dar cumplimiento a un procedimiento racional y justo, lo que a juicio de estos sentenciadores no se ha cumplido en la especie, según se dirá.

DÉCIMO TERCERO: Que, efectivamente, la autoridad militar inició un proceso sancionatorio contra el recurrente, por medio de la Resolución N°1530/32700/332, de 05 de julio de 2022, disponiendo el licenciamiento del servicio por aplicar un castigo disciplinario riguroso, a su entender, desproporcionado y vejatorio a un soldado conscripto, prescindiéndose de la instrucción de una debida investigación sumaria, pese a que únicamente, pidió un informe al recurrente y a que, principalmente, no existe claridad sobre el tenor de la denuncia que se efectuó en su contra, limitándose la resolución a indicar que habría tomado conocimiento mediante denuncia telefónica por familiares de supuestos malos tratos contra el soldado; asimismo, la actuación recurrida no pondera de manera alguna la supuesta falta del recurrente, calificando inmediatamente de vejatorio el actuar del funcionario, sin dar mayores fundamentos al respecto, considerando, especialmente, que en el caso concreto la conducta infractora desplegada, consistente en “arrojar agua a un soldado conscripto”, no se encuentra tipificada dentro del catálogo de faltas, reconduciéndola, en términos generales, a un tipo más amplio y en blanco, contemplado en el N°16, del artículo 76, del Reglamento en estudio, como lo es, “reprender al subalterno en términos indecorosos u ofensivos o vejarlo en alguna forma”; defectos que, permiten colegir a estos sentenciadores un actuar desproporcionado de la autoridad recurrida.

DÉCIMO CUARTO: Que, en lo tocante a la sanción impuesta, la resolución recurrida, tampoco explica el motivo por el cual se aplica la máxima y más gravosa sanción, como lo es disponer de inmediato la sanción disciplinaria de licenciamiento, en circunstancias que el deber de castigar haciendo un uso moderado de sus atribuciones disciplinarias, impone a la autoridad proceder con rectitud, moderación y elevado espíritu de justicia, razón por la cual primeramente procedía revisar el contexto en que se sucedieron los hechos imputados -previos y posteriores- y examinar, a la luz de los hechos acreditados, el catálogo de sanciones que ofrece el reglamento, a objeto de determinar si existen otras menos gravosas que pudieren resultar más adecuadas a la falta que se penaliza, en atención a la dinámica de los hechos y lo que emana del proceso sancionatorio aplicado, constatándose que caben dudas acerca de la gravedad o trascendencia de los hechos que se imputan al recurrente, lo que permite concluir que pudieron resultar más adecuadas sanciones de menor rigor.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, el actuar de la autoridad militar, resulta arbitrario, al configurar como una agravante de responsabilidad aplicable al recurrente, una anotación de demérito por los mismos hechos que sanciona, infringiendo de esta manera el principio del non bis in idem, la que ponderó en contra del funcionario en la Resolución al disponer que se aprecian en la hoja de vida del recurrente tres anotaciones de demérito, concluyendo que se observa el constante incumplimiento por parte del recurrente, de las ordenes impartidas por sus superiores y que denotan un patrón de conducta en cuanto a la inobservancia del deber.

Sin embargo, del mérito del proceso, consta que las dos anotaciones de demérito practicadas al recurrente, consistentes en llegar tarde y por no practicarse un examen de rutina, no constituyen antecedentes afines para considerar como reprochable la conducta anterior del recurrente, como contrariamente estimó la recurrida, toda vez que la reincidencia a que se alude debe poseer el carácter o naturaleza de lo que se ha denominado una reincidencia específica y no de carácter general.

DÉCIMO SEXTO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, la resolución recurrida resulta arbitraria, por cuanto la aplicación de la medida disciplinaria de licenciamiento del servicio, aparece desproporcionada, según se desprende del artículo 36, del referido Reglamento de Disciplina, al disponer que la calidad y extensión del castigo se determinarán, en lo posible, sin herir el honor del afectado, tomando en cuenta para determinar el castigo la idiosincrasia del culpable; la naturaleza y gravedad de la falta (perjuicio que ella pueda ocasionar a la moral en general, a la disciplina en particular o simplemente al servicio, escándalo o mal ejemplo); la conducta anterior y servicios que haya prestado el culpable; si desempeña un cargo o función superior a su grado; y si es reincidente; atendiendo, especialmente, la antigüedad del funcionario, que presta servicios en dicha institución hace más de diez años, a sus antecedentes laborales, y a la disponibilidad de sanciones menos rigurosas ofrecidas por el Reglamento para un caso como el expuesto, a la restricción de su derecho a ser oído antes del despacho del acto sancionatorio.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, de lo señalado en los motivos precedentes y normativa aplicable al caso que se conoce, el acto arbitrario que se impugna, coloca al recurrente en una situación de privación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por haber sido objeto de un trato discriminatorio, al negársele el derecho a ser debidamente oído antes de haberse ordenado el retiro absoluto dispuesto por la institución como una sanción disciplinaria expulsiva, y, principalmente, el derecho a ser sometido a una investigación sumaria a fin de tener una instancia procesal para ejercer la defensa de sus derechos.

Principios básicos de la potestad sancionatoria del Estado o sus órganos, los que se aprecia han sido inobservados.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20, de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, cuyo texto refundido se encuentra en el Acta Número 94, del año 2015, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Ejército de Chile y en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N°119291/1878/2025 del veintiuno de julio del año dos mil veinticinco, que dispone el retiro absoluto del recurrente por aplicación de la sanción disciplinaria de licenciamiento del servicio, ordenándose que el funcionario debe ser reintegrado al servicio en forma inmediata, con todos sus derechos y beneficios, debiéndosele enterar el total de sus remuneraciones por el tiempo que estuvo separado de sus funciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la Vista y Acuerdo de la presente causa, por encontrase ausente.

Rol N°224-2025. (Protección).-