Protección contra Gobierno Regional de Aysén

Coyhaique, nueve de Mayo de dos mil catorce.

VISTOS:

De fojas 4 a 8 comparece don nombre reservado, técnico en administración de empresas, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce, en lo principal, recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén, representado legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por habérsele vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 números 3, 21 y 24 de La Constitución Política de la República, por haber puesto término unilateralmente al contrato de honorarios de suma alzada, contraviniendo las cláusulas del contrato celebrado entre las partes. Pide que éste se acoja, se declare ilegal y arbitraria la resolución N° 324, de fecha 14 de Marzo de 2014, que ordena el término del contrato de prestación de servicios, por vulnerar las garantías constitucionales señaladas y, en definitiva, se proceda a restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución indicada, por ser ilegal y arbitraria, o bien las providencias que se determinen para el restablecimiento del derecho.

En lo principal de la presentación de fojas 28 a 32, don nombre reservado, Gobernador Provincial de Coyhaique, en rol de Intendente Regional de Aysén Subrogante, domiciliado en domicilio reservado, comparece informando el recurso, solicitando su categórico rechazo, con costas.

A fojas 34 se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su pretensión en que, con fecha 16 de Abril de 2010, ingresó a trabajar como Técnico de Planes y Programas del Gobierno Regional, hasta el mes de Noviembre de 2012, ya que en Diciembre del mismo año, fue trasladado, en comisión de servicio, a la Intendencia Regional para desempeñar funciones en OIRS, aún como funcionario del Gobierno Regional de Aysén, en calidad de contrata. Agrega, que en Octubre de 2013 fue cambiada su modalidad de contrato a honorarios, para desempeñarse como Jefe de Gabinete, mencionando las funciones que realizó. El 5 de Marzo de 2014 se realizó la última modificación a su contrato, derivándolo al Departamento de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Aysén en funciones de Técnico del Departamento de Personal, El 14 de Marzo de 2014 fue llamado a una reunión con la Intendenta recurrida, en la que ésta le pidió que renuncie, a lo que respondió que no lo haría. El 19 de Marzo de 2014 fue notificado por la Jefa de Departamento de Personal del Gobierno Regional, mediante Resolución N° 324, de 14 de Marzo de 2014, que sus servicios no son necesarios para el buen funcionamiento del servicio administrativo del Gobierno Regional de Aysén.

En cuanto al derecho, citando el artículo 1545 del Código Civil, expone que la medida adoptada es ilegal, al notificarle el término del contrato en forma unilateral, contraviniendo lo dispuesto en el Anexo del contrato celebrado, y al imponerle una medida que priva y limita gravemente el ejercicio de su derecho de propiedad sobre la ejecución de un contrato de servicios con el Gobierno Regional.

Respecto a la vulneración del artículo 19 n° 3 de la Constitución Política de la República, plantea que el acto en que ha incurrido la recurrida ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa judicial, ya que pone término al contrato de prestación de servicios en forma unilateral, sin poder efectuar alegaciones para revertir la decisión de la recurrida.

En cuanto a la garantía del artículo 19 n° 21 de la Carta Fundamental, manifiesta que el acto de la recurrida le priva del derecho a ejercer la actividad económica a que está obligado, según el contrato de prestación de servicios, enumerando tales actividades.

Finalmente, respecto de la garantía contenida en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política de la República, expone que es titular del contrato de prestación de servicios, derecho que forma parte de su patrimonio; además se le priva de percibir un pago de los servicios prestados. Además, en el anexo del contrato se establece que radica en el contratado la posibilidad de poner término anticipado al contrato de prestación de servicios, y no en el contratante, esto es el Gobierno Regional, el cual podrá poner fin al contrato, una vez que termine el plazo de vigencia del mismo.

SEGUNDO: Que, en lo principal de la presentación de fojas 28 a 32, don nombre reservado, Gobernador Provincial de Coyhaique, en su rol de Intendente Regional de Aysén Subrogante, domiciliado en domicilio reservado, comparece informando el recurso, solicitando su categórico rechazo, con costas, señalando en síntesis, que es improcedente el presente recurso de protección, dado que no es idóneo para resolver materias de naturaleza litigiosa, como ocurre con la interpretación de los contratos y con el término o resolución de los mismos, por lo que se requiere que los jueces del fondo puedan conocer pormenorizadamente el sentido y alcance de las cláusulas. Se ha puesto término a un contrato a honorarios, no a un nombramiento, por lo que el recurrente no puede arrogarse la condición de funcionario público, ya que no la tiene.

Agrega, que la relación que unía a la Administración con el recurrente es estrictamente civil, y no funcionaria. El “derecho al empleo” le asiste sólo a los trabajadores sujetos a relación laboral, la cual no se aplica al recurrente. Sus labores son accidentales, por lo que no podría convertirse en una permanencia indefinida, imponiendo condiciones a la nueva Administración, ya que ello atentaría contra la esencia del ejercicio del poder público.

Expone, a continuación, la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales señaladas en el recurso, puesto que la contemplada en el numeral 3, sólo puede cumplirse mediante una sentencia en juicio ordinario civil. En cuanto a la garantía del numeral 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, dicha vulneración tampoco tiene fundamento, ya que la Autoridad Regional no tiene las facultades para prohibir las actividades económicas del recurrente. Respecto a la tercera garantía, esto es la del n° 24 del artículo 19, tal circunstancia no corresponde a la realidad, se trata de prestaciones de servicio que se van sucediendo en el tiempo y que están sujetas a continua evaluación, se trata de labores accidentales, no habituales en la Administración, por lo que escapan a la categorización de “bien corporal”. En su alegato ante estrados a través del abogado Javier González Jara, ratifica los fundamentos de su recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, del examen de los antecedentes acompañados, aparece que por medio de Resolución Exenta número 028, del 2 de Enero del año 2014, el Gobierno Regional de Aysén a través del Intendente Subrogante don Néstor Mera Muñoz, contrató a honorarios a suma alzada, a don nombre reservado, administrativo, a fin de apoyar las labores del Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén el que indica como fecha de término al 31 de Marzo del año 2014, pactándose que podía ser resuelto el contrato por cualquiera de las partes, sin aviso previo ni expresión de causa y no dará derecho su término ni devengará para el contratado, compensación económica ni indemnización de ningún tipo, salvo los honorarios profesionales que corresponda conforme a derecho; luego por Resolución Exenta número 301 del Gobierno Regional a través de la Intendenta doña nombre reservado, con fecha 5 de Marzo del año 2014, se modificó el mencionado contrato, cambiando las funciones del prestador de servicio para la colaboración en todas las tareas concernientes a la División de Administración y Finanzas, específicamente en materia de administración de personal, fijándose como fecha de término el día 31 de Diciembre del año 2014, declarándose, ahora, que el prestador de servicio podrá poner término al presente contrato, previo aviso por escrito al Gobierno Regional de Aysén, con a lo menos 30 días de anticipación; finalmente, a dicho contrato, a través de la Resolución Exenta número 324, del 14 de Marzo del año 2014, emanada del Gobierno Regional de Aysén, suscrito esta vez, por la Intendenta doña nombre reservado, se le puso término a contar del día 19 de Marzo del año 2014, en atención a que las “nuevas funciones de don nombre reservado, no son necesarias para el buen funcionamiento del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén”

SEXTO: Que, de la relación de las alegaciones descritas en lo motivos Primero y Segundo, se tiene que lo que se estima como ilegal y arbitrario por parte de la recurrente, según el escrito de fojas 4 y siguientes y que determina la controversia y objeto del recurso, es la dictación de la resolución Exenta número 324, del 14 de Marzo del año 2014, del Gobierno Regional de Aysén, suscrita por la señora Intendenta, doña nombre reservado, mediante la cual se pone término al contrato a honorarios a suma alzada, del que es titular el recurrente, cuyo objeto era apoyar las labores desarrolladas por el Ejecutivo del Gobierno Regional de Aysén, funciones de aquél, que la autoridad recurrida estimó que no eran necesarias para el buen funcionamiento del Servicio Administrativo del Gobierno Regional.

SÉPTIMO: Que, como es sabido, el recurso de protección es una acción tutelar, que permite a las Cortes de Apelaciones y eventualmente, a la Excma. Corte Suprema, examinar, sin forma de juicio y por vía solamente indagatoria, si se ha cometido una acción u omisión ilegal o arbitraria que haya producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 19 del mismo cuerpo legal; por lo que, acorde con los hechos descritos en el libelo pretensor de fojas 4 y siguientes, y señalados sucintamente aquí, y lo planteado por cada una de las partes en controversia, tiene relación con la interpretación que cada una de ellas realiza respecto del contrato de prestación de servicios que los une como contratantes, en los términos que describe el artículo 1545 del Código Civil: norma en que el propio recurrente se asila, para justificar su acción.

OCTAVO: Que, así, atendido el carácter contradictorio de las pretensiones de ambas partes, a juicio de estos sentenciadores, son propias de un juicio de lato conocimiento, al estar dubitados, precisamente, los derechos de las partes respecto a la adecuación de la autoridad administrativa a la dispositiva contractual, legal y reglamentaria que les rige, lo que conllevaría una resolución propia de un juicio declarativo, improcedente en la acción de protección como la ejercida en este caso, la cual supone que la titularidad del derecho del recurrente sea de una total y absoluta claridad, indiscutible e incontrovertible; por lo que, necesariamente, el recurso en análisis deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 4 a 8, por don nombre reservado en contra del Gobierno Regional de Aysén, representado por la Intendente Regional de Aysén, doña nombre reservado.

Se previene que el señor Ministro Titular don Luis Daniel Sepúlveda Coronado concurre a la decisión de mayoría, teniendo, además, presente las siguientes consideraciones:

1.- Que la decisión de poner término a los servicios del recurrente es la consecuencia de un contrato de orden civil regulado por el derecho sustantivo, y previeron anticipadamente la no expresión de causa y la forma de comunicación del cese de funciones, que no es un despido sino un acuerdo de voluntades.

2.- Que, en consecuencia, el contrato a honorarios genera derechos y obligaciones para las partes, y el trabajador al no poseer la calidad de funcionario público no le es aplicable las normas del Estatuto Administrativo ni la del Código del Trabajo, sino las normas contractuales del Código Civil.