Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Coyhaique, veintidós de agosto del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de Protección de esta Corte N°219-2023, con fecha 16 de mayo de 2023, comparece don nombre reservado, profesor de castellano, con domicilio en domicilio reservado interior de la ciudad y comuna de Coyhaique, quien deduce recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber cometido un acto arbitrario e ilegal, que vulnera sus derechos establecidos en el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en que con fecha 18 de abril de 2023, la SUSESO dicta la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-51303-2023, en la cual expresa: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”; solicitando, en definitiva, “(...) acogerlo en todas sus partes declarando arbitrario e ilegal lo resuelto por la SUSESO dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que la licencia médica: N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, quedan aceptadas, autorizando su pago.

Señala que la resolución impugnada, indica como motivo del rechazo, “Reposo prolongado con periodos autorizados suficientes para su recuperación y no se acredita rol terapéutico de los periodos señalados” sin dar razón de los fundamentos de tal determinación y en definitiva de una motivación suficiente que permitan entender por qué no se acredita el rol terapéutico de los periodos señalados.

Con fecha 18 de mayo de 2023, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 02 de junio de 2023, la parte recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, a través del abogado don Roberto Barraza Saavedra, evacua el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional intentada.

Con fecha 16 de agosto de 2023, se trajeron los autos en relación y el 18 de agosto del mismo año, se procedió a la vista del recurso, sin la comparecencia de abogados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, en síntesis expone, el 18 de abril de 2023, la SUSESO dicta la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-51302-2023, en la cual expresa: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°12610252, 12812085, 12987509, 13188794.”

Refiere que se señala que el rechazo sería por “reposo prolongado con periodos autorizados suficientes para su recuperación y no se acreditó el rol terapéutico de los periodos señalados”, sin dar razón de los fundamentos de tal determinación y en definitiva de un motivo suficiente que permitan entender porque no se acredita el rol terapéutico de los periodos señalados.

Señala el recurrente que la Resolución incumpliría el artículo 11 inciso 2 de la Ley N°19.880 y con ello, la posibilidad que como persona pueda conocer a ciencia cierta los hechos y las normas que motivaron la calificación de injustificado del reposo, lo que desde ya vulneraría su derecho a la integridad psíquica y por cierto su derecho a la salud, en cuyo legítimo ejercicio debió someterse a un tratamiento médico orientado a recuperarse, por haber padecido una patología diagnosticada y tratada clínicamente y que efectivamente le imposibilito por el tiempo de extensión de las licencias médicas, mantener una vida normal y con ello desempeñarse en su trabajo habitual.

Así estima vulneratorio recibir un rechazo en los términos que indica la resolución, que evidentemente no considera la condición de salud que subyace al reposo, en cuyo tratamiento han participado diversos profesionales.

Señala el recurrente, que luego de estar 1 año 9 meses realizando un trabajo intensivo por su función de Inspector General donde tuvo que asumir y realizar diversas tareas y cumplir roles de contención tanto de los alumnos (2 suicidios de alumnos), apoderados, colegas, funcionarios no docentes producto de la pandemia que afectó a toda la comunidad educativa, agudizando síntomas como ansiedad, angustia, insomnio, desánimo, inapetencia, irritabilidad, debiendo probar varios fármacos que no lograban el efecto deseado. El proceso inconcluso y al haberse enterado de la cantidad numerosa de licencias médicas rechazadas, ha generado una angustia y preocupación enorme lo que incide negativamente en el avance de la mejora de su salud mental.

Indica el recurrente que el 30 de octubre de 2022, fue atendido por la doctora nombre reservado ante la falta de horas con psiquiatra, evitando postergar su tratamiento, se atendió hasta fines del año 2022. Si bien las licencias médicas extendidas por la facultativa eran de 15 días, las 4 licencias médicas fueron de continuidad, bajo el mismo diagnóstico médico, obedecieron a que no podía extenderla más del tope por no ser profesional con la especialidad de psiquiatría, tratamiento que finalizó el 29 de diciembre de 2022, continuando con atenciones con la psiquiatra nombre reservado y el psicólogo nombre reservado rut RUT reservado.

Señala que las licencias fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPINN, mediante Resolución N° 287-2023 de fecha 24 de febrero de 2023, que por este medio impugna.

Las licencias médicas que se refiere tal resolución son: 4-12610252 reposo comprendido 30.10.2022 al 13.11.2022, 4-12987509 reposo comprendido entre 29.11.2022 al 13.12.2022, 4-13188794 reposo comprendido entre el 14.12.2022 al 28.12.2022 y 4-12812085 reposo comprendido entre 14.11.2022 al 28.11.2022.

Acusa que, el acto recurrido es ilegal, pues infringe artículo 19 N°9 y 20 de la Constitución Política, el derecho a la protección de la salud.

Agrega que el estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Solicita Orden de no innovar y acoger el recurso de protección en su totalidad dado que se está vulnerando el derecho Constitucional que es el derecho a la salud.

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD SEGUNDO: Que, la recurrida primeramente, expuso que el presente recurso de protección resulta extemporáneo desde que han transcurrido más de 30 días desde la fecha de interposición de la presente acción, esto es, 18 de abril de 2023, por cuanto la recurrente ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si el primer dictamen de este servicio sobre las licencias reclamadas es la Resolución Exenta N° R-01-UME-26673-2023 de 27 de febrero de 2023 y la solicitud de reconsideración fue interpuesta con fecha 01 de marzo de 2023, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula.

TERCERO: Que, deberá desestimarse la alegación anterior, desde que claramente aparece que el acto del cual se recurre es la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-51302-2023 de 18 de abril de 2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas, siendo aquella el acto terminal y no esta última; y considerando que la presente acción fue interpuesta con fecha 16 de mayo de 2023, es decir, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde que la recurrente tuvo conocimiento del mismo, coligiéndose, lógicamente, que aquella tomó conocimiento del acto recurrido en una fecha posterior a ésta, lo que no ha sido punto de controversia por las partes, por lo que, en consecuencia, el recurso de protección que se conoce fue deducido en tiempo y forma.

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL CUARTO: Que, en segundo lugar, la recurrida alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, derecho establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

QUINTO: Que, igualmente, esta alegación deberá ser rechazada, desde que el recurrente invoca como garantías vulneradas por el supuesto actuar de la recurrida, las consignadas en los números 2; N° 3 inciso 1, 2 y 6; y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que de acuerdo al tenor literal del artículo 20 de la carta fundamental, se encuentran dentro de los derechos y garantías protegidas por esta acción, no apareciendo, a juicio de esta Corte, que veladamente el recurso haya planteado la vulneración de la garantía alegada por la recurrida.

EN CUANTO AL FONDO SEXTO: Que, la Superintendencia de Seguridad Social, informa el recurso de protección, solicitando que éste sea rechazado al describir que el recurrente, en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que el Sr. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 01 de marzo de 2023, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-26673-2023, por el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 30 de octubre de 2022, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, la SUCESO estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Lo señalado es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R01-UNAAD-51302-2023, de fecha 18 de abril de 2023.

Señala la recurrida que es importante destacar que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente del recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Ficha Médica. R-25348-2023 (…) Fundamentos de la resolución: Hombre de 60 años, con 45 días de reposo autorizado. LM emitida por médico general en modalidad libre elección. Apela 60 días. Según carta de presentación con sobrecarga laboral por evento traumático en lugar de trabajo. Con nueva jefa que produjo trastorno adaptativo laboral hace varios años. No aporta informe de psicoterapia de apoyo. IMC (informe médico complementario) sin escala de gravedad, refiere ajustes de dosis, pero no describe cual fue el ajuste farmacológico. Tampoco describe el esquema farmacológico, sólo infusión de Melissa. Visto lo anterior, faltan antecedentes y mayores detalles del plan terapéutico. Se sugiere rechazar”.

Que, no obstante lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección. En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos. Asimismo, es importante agregar que lo resuelto por SUSESO es consistente con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médicas, que expresamente dispone: “Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud, y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá respecto de determinadas patologías, guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas”.

Al efecto, el D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las PATOLOGÍAS MENTALES, en su en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal.

Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquíatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquíatra más frecuente). Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”. Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, SUSESO debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, SUSESO se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado. 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de SUSESO, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese Organismo de Control.

Concluye en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes; solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

SEPTIMO: Que, ya reseñadas las presentaciones de recurrente y recurrida, es menester recordar el objeto central y exigencias propias del arbitrio que nos ocupa.

En tal sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenidamente resuelto, entre otras, en sentencia dictada el 16 de mayo de 2019, en causa rol N° 78-2019: “(…) según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a)

Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)

La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c)

Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.”

OCTAVO: Que, congruente con el descrito criterio jurisprudencial, para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal, que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso. Asimismo, esa privación, perturbación o amenaza ha de conculcar o afectar precisamente, sea de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y, finalmente, el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

NOVENO: Que, del tenor del recurso interpuesto, se distingue como foco central del asunto susceptible de ser dirimido por esta vía, la dictación de la Resolución Exenta R-01-UNAAD-51302--2023, de fecha 18 de abril de 2023, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, lo cual se estima vulneración de las garantías constitucionales consignadas en los numerales vulnerándose con ello las garantías constitucional prevista en el N° 2, N°3 inciso 1, 2 y 6 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

DECIMO: Que, con el objeto de despejar la resolución del asunto planteado, a partir del mérito de los antecedentes acompañados, examinados de conformidad con los principios que disciplinan el sistema de ponderación probatorio de sana crítica, incumbe dejar asentado que:

1. El Sr. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 01 de marzo de 2023, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-26673-2023, por el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 30 de octubre de 2022., por reposo no justificado.

2. La Superintendencia de Seguridad Social estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que ameritara efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por ese Servicio. Lo señalado es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya habían sido ponderados por nuestros especialistas, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R01-UNAAD-51302-2023, de fecha 18 de abril de 2023.

3. En atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente del recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Ficha Médica. R-25348-2023 (…) Fundamentos de la resolución: Hombre de 60 años, con 45 días de reposo autorizado. LM emitida por médico general en modalidad libre elección. Apela 60 días. Según carta de presentación con sobrecarga laboral por evento traumático en lugar de trabajo. Con nueva jefa que produjo trastorno adaptativo laboral hace varios años. No aporta informe de psicoterapia de apoyo. IMC (informe médico complementario) sin escala de gravedad, refiere ajustes de dosis, pero no describe cual fue el ajuste farmacológico. Tampoco describe el esquema farmacológico, sólo infusión de Melissa. Visto lo anterior, faltan antecedentes y mayores detalles del plan terapéutico. Se sugiere rechazar”.

UNDECIMO: Que, allanado el camino mediante el establecimiento de los presupuestos fácticos de la presente acción, cabe ahora tener presente la normativa atingente para la decisión de este asunto.

En tal sentido, viene en auxilio lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, el cual señala que:

“Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda.”.

Por su parte, en suplemento el artículo 3 de la Ley N°16.395, indica que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.

La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

DUODECIMO: Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, a juicio de estos sentenciadores, no se advierte que el servicio recurrido haya incurrido en un actuar ilegal o arbitrario al dictar la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-51302-2023, de fecha 18 de abril de 2023, que desestimó la reconsideración y confirmó el rechazo de las licencias médicas N°4-12610252, 4-12987509, 4-13188794, 4-12812085, desde que, en el orden fáctico, fruto de la apreciación de los antecedentes acopiados en el expediente virtual contenedor del recurso, en armonía con la normativa legal que resulta aplicable en el ámbito jurídico, se ha podido concluir que la recurrida se erige en la autoridad técnica idónea para concretar la actividad de fiscalización y control de las instituciones de previsión, así como del cumplimiento de sus prestaciones. De esta forma, en ejercicio de sus atribuciones legales, se ha verificado que ésta actúo dentro de la órbita de su competencia, en el marco de un procedimiento reglado que ha respetado los estándares de un debido proceso, incluyendo la formulación de las acciones e impugnaciones que franquea la ley y los respectivos reglamentos, por lo que mal pudiera estimarse como ilegal el actuar de la recurrida en este ámbito.

DÉCIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que el acto administrativo que ratifica el rechazo de las licencias médicas N°4-12610252, 4-12987509, 4-13188794, 4-12812085, aparece fundado, desde que la decisión de la Superintendencia se ha cimentado en el estudio previo de los antecedentes médicos recopilados dentro del historial del paciente que ha recurrido, de manera tal que ha sido con el mérito de éstos, que el órgano arribó a la conclusión en orden a que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado.

Así pues, los antecedentes acompañados por el propio recurrente no han hecho factible establecer una incapacidad laboral temporal, que se proyecte más allá del período de reposo que ya había sido autorizado hasta la fecha, sin que se contara de su parte en complemento de información.

DÉCIMO CUARTO: Que, por estos motivos, los antecedentes descritos no han podido formar la convicción necesaria en la entidad fiscalizadora para la procedencia de ponderar, en esta ocasión, justificado el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, máxime si a propósito del rechazo no se adjuntaron antecedentes que hicieran variar la decisión adoptada.

De esta manera, a juicio de esta Corte, tampoco se desprende arbitraria la decisión del organismo fiscalizador consistente en haber refrendado el rechazo de las licencias médicas detalladas en el recurso, desde que ni siquiera se acreditó por el recurrente el rol terapéutico asociado al reposo indicado en éstas, por las razones claramente esgrimidas en la resolución recurrida y que le dotan del necesario sustento técnico; por lo que lejano se está del riesgo de capricho en su adopción, entendiéndose, por lo demás, satisfecho el estándar general de fundamentación exigido por la concatenación de los artículos 3, 18 y 41 de la Ley N°19.880, para todos los órganos de la Administración, complementado con el artículo 16 del D.S. Nº3/1984 del Ministerio de Salud, aplicable específicamente a aquéllos del sector sanitario y en relación con el otorgamiento, modificación o rechazo de licencias médicas.

DÉCIMO QUINTO: Que, por último, no resulta atendible, mediante este arbitrio sumarísimo, cautelar y de urgencia, procurarse una nueva instancia de revisión del fondo de un asunto ya evaluado con suficiencia por la vía administrativa, así como tampoco pretender la sustitución de atribuciones respecto de otros órganos del Estado, en particular, de aquéllos dotados de competencias técnicas especializadas como la Superintendencia que nos ocupa, intervención que únicamente se justifica al afrontar vicios manifiestos de procedimiento, evidentes vulneraciones de garantías en su tramitación o resoluciones carentes de motivación suficiente; presupuestos que no se avizoran presentes en este caso.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, al no haber advertido la calidad de ilegal o arbitraria de la resolución denegatoria reprochada, según lo consignado en los considerandos que preceden, se sigue la inconcurrencia de uno de los requisitos elementales para que una acción de esta índole pueda prosperar, así como queda en duda la existencia del derecho cuya tutela se persigue por esta vía de naturaleza constitucional; razón por lo que habrá de resolverse de modo congruente a tal reflexión, debiendo descartar como secuela toda posible transgresión de las garantías constitucionales citadas en el recurso numeral 9, ni en los numerales 1, 2, 3 y 24, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta R-01-UNAAD-51302-2023, pronunciada con fecha 18 de abril de 2023, por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, en cuya virtud se denegó la reconsideración del rechazo de las licencias médicas N°4-12610252, 4-12987509, 4-13188794, 4-12812085, extendidas a favor del actor.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada Integrante doña Paola Etelvina Aguilar Gallardo.

Rol N° 219-2023.- (Protección)