nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Coyhaique, trece de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 18 de octubre de 2024, comparece don Pedro Antonio Rivero Chacón, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad peruana, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria respecto al pronunciamiento sobre la solicitud ratificación de residencia temporal, solicitada por el recurrente, vulnerando la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “ordenar informar al Servicio Nacional de Migraciones sobre los hechos antes descritos que afectan la garantía constitucional del recurrente relativa a la Igualdad ante la Ley, y, en consecuencia, se le ordene restablecer así el imperio del derecho y conceder el remedio solicitado con expresa condenatoria en costas (sic)”.

Con fecha 25 de octubre de 2024 se incorporó el informe evacuado por doña María José Astudillo Vásquez, abogada, en representación Servicio Nacional de Migraciones, en el que solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta.

Con fecha 9 de diciembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a su vista el día 11 del mes y año en curso, escuchando alegato presencial, de la apoderada de la recurrida, contra el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud en que, ingresó a Chile cumpliendo con todos los controles migratorios, a través del aeropuerto nombre reservado y que con fecha 14 de enero de 2022 presentó solicitud de visa temporaria bajo el N° 14693/2022, siendo aprobada mediante Resolución Exenta 116842, de fecha 26 de diciembre de 2022, procediendo el recurrente a realizar el pago respectivo, no obstante, no pudo descargar el estampado electrónico dentro del plazo previsto para ello, por lo que, con fecha 2 de octubre de 2023, realizó solicitud de ratificación de residencia temporal otorgada, bajo el N° 67393871, acompañando a dicha solicitud una carta explicativa notariada, y el resto de la documentación que da cuenta que aún cumple con los requisitos del beneficio aprobado, sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta alguna.

Refiere que, desde que realizó la solicitud de ratificación de residencia temporal otorgada, y hasta la fecha en la que se incoa la presente acción constitucional, han transcurrido más de 12 meses y 10 días, sin que haya pronunciamiento, agregando que se encuentra de manera irregular.

Luego de referirse al plazo de interposición del recurso, afirma que el procedimiento de las solicitudes de residencia es de carácter administrativo, por lo cual deben sujetarse a la Ley N°19.880, en consecuencia, a ceñir su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental, haciendo énfasis en que han transcurrido más de 12 meses, no obstante el artículo 27 del citado cuerpo normativo, fija un plazo que no podrá exceder de 6 meses.

En cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que se le da un trato desigual al recurrente con respecto a otros solicitantes, con omisiones que han obstaculizado y dilatado la materialización del beneficio migratorio otorgado.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la apoderada del Servicio Nacional de Migraciones, refiere que el recurrente, nombre reservado, de nacionalidad peruana, ingresó al país el 15 de diciembre de 2021, a través del paso fronterizo nombre reservado, en calidad de turista, que con fecha 06 de abril de 2022, solicitó permiso de Residencia Temporal, el que mediante Resolución Exenta N° 1168442, de 26 de diciembre del mismo año, mediante Resolución Exenta N° 116842, le fue concedido, y en consecuencia se le otorga el permiso solicitado, por el periodo de 2 años en calidad de titular.

Ahora bien, precisa que, una vez otorgado el permiso de residencia solicitado, el beneficiario tendrá un plazo de 6 meses para descargar el Estampado Electrónico que garantiza su condición de residente, sin embargo, señala que no hay constancia que el recurrente descargara el Estampado Electrónico y materializara el beneficio migratorio otorgado, lo cual es exclusiva responsabilidad de la persona extranjera solicitante.

Agrega que, con fecha 02 de octubre de 2023, el recurrente solicitó ratificación de su residencia temporal bajo el número de solicitud ID 67393871, la cual actualmente se encuentra en estado Pendiente, en etapa de Análisis Residencia Temporal.

En lo que respecta a los antecedentes de derecho, transcribe el artículo 50 de la Ley N° 21.325, Ley de Migración Extranjería, en cuanto “La solicitud de permisos de residencia temporal podrá realizarse tanto desde el extranjero como en el territorio nacional…”, así como el 4 artículo del Decreto N°177 de 2022, que regula la forma de realizar las solicitudes de permiso de residencia temporal, las que deberán realizarse desde el extranjero, salvo las excepciones en ella contenidas.

Luego de referirse al trámite de ratificación, aborda el tiempo de tramitación, precisando que, según lo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad, las que han tenido un aumento en más de un 100% en relación a las solicitudes presentadas el años 2022. Que lo anterior ha significado un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, que ha sido reconocido en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, además de estimarse por ésta que dicho plazo no es fatal, debiendo la Autoridad pronunciarse en un plazo razonable.

Sostiene que la tramitación de la solicitud del recurrente sigue el mismo curso legal y reglamentario que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, el peticionario puede libremente salir y retornar al país, sin más limitaciones que las que establece la ley, e igualmente mantiene plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en esa línea y conforme los antecedentes existentes en la presente causa, debe consignarse, que en la acción constitucional materia del presente arbitrio, el conflicto de marras radica en el hecho que don nombre reservado, con fecha 02 de octubre de 2023 solicitó ratificación de su residencia temporal ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante solicitud ID 67393871, sin que a la fecha de interposición del recurso, esto es, el día 18 de octubre de 2024, se haya resuelto sobre ésta, lo que configura, a su juicio, una omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, todo lo cual le ha provocado diversos perjuicios.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que, a juicio de esta Corte de Apelaciones, no existe transgresión al artículo 27 de la Ley N°19.880, en los términos que señala la recurrente, por el solo hecho de haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento alguno sobre la solicitud de residencia temporal, desde que, como se ha sostenido por la jurisprudencia en relación a este plazo, el mismo no es fatal y tal norma debe interpretarse en el sentido de que la Administración se encuentra obligada a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable.

Así, entonces y en concordancia con lo expuesto, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse sobre la solicitud de residencia temporal de la recurrente, dentro de un plazo razonable, a fin de evitar mantener en la incertidumbre a la peticionaria.

OCTAVO: Que, por su parte, se encuentra acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento legalmente reglado, que consta de diversas etapas, y que en dicha progresión en ningún caso se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por el actor, ni aún en grado de amenaza, máxime si se ha comprobado que la solicitud de don nombre reservado se encuentra en etapa de “Análisis Residencia Temporal”, esto es, en tramitación, debiendo, en consecuencia, desestimarse la presente acción, sin perjuicio de que el Servicio recurrido deba ocuparse de emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de Residencia Temporal del referido recurrente, dentro de un plazo razonable, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N° 21.325, y en el artículo 3 de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

NOVENO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado don Pedro Antonio Rivero Chacón, en favor de don nombre reservado, contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de ratificación de residencia temporal, de conformidad al artículo 37, de la Ley N° 21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don Enrique Antonio Velásquez Trujillo.

Rol Corte Nº 217-2024 (Protección).