nombre reservado CONTRA nombre reservado

Coyhaique, once de agosto del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 15 de mayo de 2023, comparecen, doña nombre reservado, actriz, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, micro empresario, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, administrativa, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, técnico en párvulos, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, docente, con domicilio en domicilio reservado; don nombre reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado; don nombre reservado, mecánico, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, operador de maquinarias, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, diseñadora, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, trabajadora social, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, ingeniero informático, domiciliado en domicilio reservado, región Metropolitana; doña nombre reservado, ingeniera informática, domiciliada en domicilio reservado, región Metropolitana; don nombre reservado, ingeniero civil industrial, domiciliado en domicilio reservado, región Metropolitana; don nombre reservado, ingeniero informático, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana; don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, dueña de casa y transportista, domiciliada en domicilio reservado; y doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, camino a Yungay, parcela Santa Isabel, comuna de Chillán, quienes, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, desconoce ocupación, domiciliado en domicilio reservado, (segunda pasarela río caracol), comuna y ciudad de Aysén, por cuanto estima que el recurrido ha cometido una acción ilegal y arbitraria, que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en el numeral 24, de la Constitución Política de la República; consistente en impedir el ejercicio de los atributos del dominio de los actores sobre 1446 metros cuadrados, ubicados en el sector Río Caracol, de la misma comuna, imposibilitando el ingreso de los propietarios a su propiedad y gozar de ella, o de hacerlo con graves y amenazantes dificultades de tránsito; solicitando, en definitiva: “• Que el recurrido proceda de forma inmediata a derribar todo aquello que bloquee el acceso y libre tránsito a la servidumbre de paso de los predios; , lo que se deberá cumplir dentro del plazo de 5 días desde que quede firme y ejecutoriada la resolución que lo ordene. • Que el recurrido se abstenga de realizar cualquier nuevo acto igual o similar a los descritos. • Que el recurrido se obligue a realizar la servidumbre mediante su respectiva escritura pública , para que una situación de hecho pase a ser una situación de derecho y de esta forma se le ordene sub inscribir la respectiva servidumbre.” (SIC)

Los recurrente, fundamentando su acción, refieren que desde abril de 2023, en el punto dos que indican en el mapa que acompañan a su presentación, se inició la construcción de un portón, y el 15 de abril del presente año, en el punto tres se termina de colocar ripio y escombros, sin embargo la postura del ripio ha impedido el paso a los dueños, dicho portón y postura de ripio fue realizado por don nombre reservado, cuyo campo atraviesa el punto dos (portón) y en el punto 3 (camionada de ripio y escombros), la servidumbre de paso que hasta el día de hoy está obstaculizada, existe desde mucho antes que los vecinos llegaran a vivir al sector.

Sostienen que, adquirieron la propiedad mediante diferentes escrituras públicas pertenecientes a la sucesión nombre reservado no teniendo ningún tipo de problemas antes del año 2022 ya que el problema inicial nace luego que fallece el padre de don nombre reservado.

Así, a lo largo de los años, los recurrentes han realizado diversas visitas de rutina para verificar el estado del terreno, evaluar si amerita la necesidad de limpieza, cambio de cierres perimetrales y verificación de la mantención del status quo respecto al pequeño tramo de servidumbre de tránsito o de paso contigua que no sólo beneficia al predio signado si no que a todos los copropietarios.

Señala que, durante los días 15 y 16 de abril de 2023, uno de los propietarios, nombre reservado, alrededor de las 16.00 horas, llegó junto a familiares con su vehículo a la parcela con el fin exclusivo de ingresar, sacar algunas fotografías, realizar algunas mediciones y verificar el estado de su casa, sin embargo, se encontró con que terceros, sin autorización o consentimiento, y vulnerando completamente su derecho al goce y uso, habían ingresado al predio y con un claro ánimo desafiante de las normas que rigen el Estado de Derecho, decidieron blanquear la servidumbre de transito; pudiendo constatar una flagrante violación a su garantía constitucional.

Lo anterior, perjudica a todos los vecinos, ya que se han detenido obras de construcción, venta de terrenos ya que potenciales compradores no han podido acceder a sus terrenos además, se han perdido proyectos de luz eléctrica vecinal de paneles solares, familias completas que no han podido ingresar a sus casas, y existe una persona de tercera edad, don nombre reservado, que con mucho esfuerzo construyó su cabaña y no puede vivir ahí ya que se le impide el acceso.

Agrega que, la persona responsable de todo es don nombre reservado, a quien se han dirigido para pedir explicaciones, pero dicha persona les señala que él y su familia eran los dueños de la servidumbre y que impediría el paso.

Posterior a referirse a la naturaleza de la acción, refiere que lo ocurrido, manifiestamente priva y perturba su legítimo ejercicio del derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 N°24, de la Constitución Política de la República, y amparado por la acción de protección, prevista en el artículo 20 de la misma carta, pues de manera incuestionable se han visto impedidos de ejercer las facultades que les confiere tal calidad.

Por su parte, agrega que el artículo 582 del Código Civil, acota que el dominio o propiedad es un derecho real que permite usar, gozar y disponer de la cosa, atributos que se han visto perturbados por los actos del recurrido, quien ha privado del uso y goce de los inmuebles, además de limitar severamente su facultad de disposición, todo lo cual constituye una verdadera negación al derecho de propiedad.

Esgrime que, nuestro máximo tribunal ha expresado que, las acciones relativas al cercado de predios sin acuerdo de sus propietarios colindantes importan no sólo una alteración del status quo vigente, citando al respecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, sostiene que en cuanto al bloqueo de espacios destinados a servidumbres entre predios, resulta evidente que ello imposibilita el uso, el goce y la disposición íntegra del inmueble de los recurrentes, ya que impide el acceso y el libre tránsito de su predio vulnerando su derecho de propiedad, agregando que, el reconocimiento expreso y por escrito de la existencia de una servidumbre de tránsito gratuita y perpetua a favor de los predios data de hace veinte años atrás, por lo que su cierre constituye en un acto ilegal y arbitrario, y, en consecuencia, concurren los elementos fundamentales para esta acción cautelar.

Con fecha 30 de junio de 2023, se prescindió del informe ordenado, en razón de haber transcurrido el término concedido para que el recurrido informe, respecto del recurso de protección, sin perjuicio de haber sido emplazado en la forma debida por Carabineros de Chile, con fechas 23 de mayo y 14 de junio, del año 2023.

Con fecha 09 de agosto de 2023, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 11 de agosto de 2023, se procedió a la vista de la causa, quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, resulta pertinente, establecer el hecho que es denunciado, el cual a juicio del recurrente, se erige como ilegal y arbitrario, y que de acuerdo a lo expuesto por éste en su presentación, consistiría en que en el mes de abril del presente año, el recurrido inició la construcción de un portón, y el día 15 del mismo mes y año, colocó ripio y escombros en la servidumbre de paso utilizado por los propietarios de los predios contiguos, la cual existiría desde mucho antes que los vecinos llegaran a vivir al sector, todo ello sin autorización o consentimiento de los propietarios.

Que, lo anterior representa un atentado al derecho de propiedad de los recurrentes, desde que no pueden usar ni gozar de sus predios, además de significar la detención de obras de construcción, venta de terrenos, pérdida de proyectos de luz eléctrica vecinal de paneles solares, entre otras perturbaciones.

QUINTO: Que, como hecho de la causa, consta de los antecedentes acompañados al recurso, especialmente, de las fotografías acompañadas en su presentación principal, la existencia de un camino amplio, de cuya observancia se estima que se trata de un camino transitado permanentemente, y de larga data, dada las huellas vehiculares que se plasman en éste, el que se encuentra, actualmente, interceptado por un cerco metálico alto de color negro, y de reciente construcción, que impide el acceso al resto del camino.

Asimismo, de las imágenes acompañadas, se aprecia en otro sector del camino, la existencia de un portón de madera de dos tranqueras, que se encuentra abierto, y permite el tránsito por un camino de visible uso, con huella vehicular marcada, sin embargo, actualmente, se aprecia que se encuentra, intencionalmente, obstaculizado por una acumulación de ripio.

SEXTO: Que, con fecha 23 de mayo de 2023, Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, informa a esta Corte de Apelaciones que, con dicha fecha, se concurrió por la funcionaria, Sgto. 2° nombre reservado, hasta el domicilio indicado en el recurso de protección, notificando personalmente al recurrido, nombre reservado, haciendo entrega de copia de los antecedentes, quien firma en el acto para constancia.

Que, con fecha 12 de junio de 2023, se reitera la petición de informe al recurrido, quien, nuevamente, fue notificado personalmente, por el funcionario de Carabineros de Chile, Cabo 2°, nombre reservado, con fecha 14 de junio del presente, en su mismo domicilio, según consta del informe evacuado con fecha 15 de junio del 2023, por Carabineros de Chile, de la Segunda Comisaría de Aysén, firmando el recurrente para constancia de la diligencia.

Que, en virtud de lo anterior, con fecha 30 de junio del presente se prescindió del informe ordenado, en virtud de haber transcurrido el término concedido para ello, no obstante haber sido notificado, personalmente, en dos oportunidades.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal de Alzada, en consideración a los elementos allegados al proceso, se encuentra en condiciones de sostener que la situación descrita en el considerando Quinto, puede ser calificada como un acto arbitrario e ilegal, desde que el proceder del recurrido, consistente en construir un cerco metálico, y la acumulación de ripio descrita precedentemente, privan a los demás propietarios de los predios contiguos, de un libre tránsito hacia éstos, siendo impedidos de llegar hasta su propiedad, lo que altera de forma unilateral una situación de hecho preexistente, erigiéndose como una conducta de auto tutela, configurando un actuar de propia mano, modificando el statu quo imperante hasta la concurrencia de los hechos reprochados, todo lo cual se traduce en una actuación que debe calificarse como arbitraria, constituyéndose el recurrido, como una comisión especial, vulnerando así el derecho de propiedad de los recurrentes, privándoles de las facultades que otorga el derecho de dominio, por lo que habrá de acogerse la presente acción, por cuanto la situación actual, de interceptar los caminos e impedir el libre tránsito de los actores hacia sus predios, sin un acuerdo previo entre éstos y el recurrente, ni existir una autorización judicial, configura la adopción de una decisión unilateral que restringe el derecho de propiedad de los recurrentes, verificándose una privación, perturbación y amenaza de sus garantías consagradas en el artículo 19, números 3, inciso quinto y 24, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, en razón de lo consignado precedentemente, esta Corte hará lugar a la acción constitucional deducida, de forma tal que se ponga término a la situación actual que afecta a los recurrentes, en los términos que se consignarán en lo resolutivo de la sentencia.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

I.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por doña doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, y doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y en consecuencia, se ordena al recurrido la remoción del portón de acceso y de la acumulación de ripio y/o cualquier otro obstáculo que impida el acceso al inmueble del recurrente; y que el recurrido se deberá abstener, en lo sucesivo, de ejecutar conductas que constituyan vías de hecho contrarias al imperio del derecho y que interfieran en la normal ejercicio de las actividades que los recurrentes realizan en su inmueble y que se han visto interrumpidas e impedidas por la actuación del recurrido.

II.- Que, no se condena en costas a la parte recurrida, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 217-2023. (Protección).