nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE

Coyhaique, nueve de Marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Que, con fecha veintinueve de Diciembre de dos mil diecisiete comparece doña nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, de actuales 5 años de edad, de su mismo domicilio y respecto de quien detenta el cuidado personal, recurriendo de protección en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado legalmente por su Director don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, por su actuación arbitraria e ilegal en la negativa de entrega de información y toma de decisiones respecto del estado de salud del padre de su hijo, nombre reservado, quien, el día 17 de Diciembre de 2017, sufrió una hemorragia subaracnoidea que incluso motivó su traslado a Puerto Montt no permitiéndosele acompañarlo, adoptando las decisiones sobre su situación de salud familiares del paciente sin que ella pudiese participar, perturbando y amenazando con ello las garantías constitucionales del artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, se ordene el acceso a la información y toma de decisiones con respecto a la salud de nombre reservado mientras éste se encuentre en estado de no poder expresar su voluntad; acompañando la documentación que señala.

Con fecha cinco de Enero de dos mil dieciocho se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe al recurrido.

Mediante escrito de 28 de Febrero de 2018, el recurrido informa al tenor del recurso, quien solicita su rechazo en virtud de los argumentos expuestos, con costas.

Con fecha seis de Marzo de dos mil dieciocho se trajo los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección, funda su acción cautelar indicando que desde el día 17 de Diciembre de 2017 no tienen información acerca del estado de salud de nombre reservado, padre de su hijo menor de edad, quien sufrió una hemorragia subaracnoidea, lo que motivó que fuese trasladado a Puerto Montt, y que, por no estar casada con éste, no pudo acompañarlo sino que una sobrina, negándosele asimismo toda información, diagnóstico y antecedentes sobre la real situación de salud de su pareja, y que, por datos entregados por familiares de éste, se encontraría en estado vegetal, inconsciente, conectado a máquinas que prolongarían su vida, y que, al ser retornado a Coyhaique, los familiares de su pareja le habrían señalado que los médicos del recinto hospitalario les habrían manifestado que si estaban de acuerdo, previa firma del consentimiento, lo desconectarían de la máquina en cuestión.

Sostiene, en consecuencia, que tales actos atentarían contra la garantía del artículo 19 n° 1 de la Carta Fundamental, esto es, de derecho a la vida e integridad física y psíquica, por cuanto eventualmente se podría producir una vulneración del citado derecho en perjuicio del padre de su hijo si la decisión de desconectarlo de la maquinaria necesaria para mantener su vida es entregada a sus hermanos, desconociendo el derecho de su hijo, y asimismo, arguye la infracción del derecho a la igualdad ante la ley, del numeral 2 de la misma disposición constitucional, al impedir su acceso a la información sobre el estado de salud y demás antecedentes del paciente, la que sólo se habría proporcionado a sus hermanos, a quienes se les habría entregado la decisión de mantenerlo conectado a las maquinarias que prolongan su vida.

SEGUNDO: Que, el recurrido, al evacuar su informe, pidió el rechazo de éste por improcedente e infundado, con expresa condena en costas, por estimar que el presente recurso seria improcedente al no existir acto arbitrario o ilegal ya que, en cuanto a la supuesta negativa de información, por aplicación del artículo 10 de la Ley 20.584, en caso de no estar el paciente en condiciones de recibir la información sobre su condición de salud, ésta se entrega a su familia, no constándole al personal si la recurrente era o no pareja del paciente. Asimismo señala que incluso la recurrente acompañó un certificado médico de 19 de Diciembre de 2017, suscrito por el doctor Sastre, que señala el diagnóstico del paciente, las unidades en las que estuvo sujeto a tratamiento, así como información sobre su traslado a Puerto Montt, razón por la cual si se encontraba en conocimiento del estado salud del paciente, motivo por el cual no procede la alegación de la recurrente de protección.

Por su parte, refiere que la propia recurrente habría firmado el consentimiento informado para realizarle al paciente una traqueotomía el día 30 de Diciembre de 2017, según además daría cuenta el certificado extendido por el doctor Days Avaria Ossandón, médico tratante del Sr. nombre reservado, con fecha 10 de Enero de 2018, quien indica que siempre informó a los familiares del paciente los aspectos más importantes del procedimiento, evolución, beneficios y potenciales riesgos, y que incluso la recurrente habría indicado sentirse satisfecha por la información recibida, habiendo podido formular todas las preguntas que estimase y aclarado sus dudas.

En cuanto a la alegación planteada por la recurrente de que no pudo acompañar al paciente a Puerto Montt en el avión ambulancia porque representantes del Hospital Regional le habría señalado que por no ser su cónyuge no podía invocar tal derecho, y que habría viajado en compañía de una sobrina, refiere que efectivamente el paciente fue trasladado el 19 de Diciembre de 2017 al Hospital Base de Puerto Montt para la realización de exámenes por medio de avión ambulancia Aerotac, y que existen correos electrónicos de la empresa en cuestión que informan que el paciente fue trasladado sin acompañante, y en el viaje de regreso lo hizo acompañado por su hermano nombre reservado, explicando que en casos graves los pacientes viajan acompañados de paramédicos y no de familiares, razón por la cual a su regreso en el avión ambulancia lo acompaño su hermano, quien incluso debió costear su pasaje de ida a Puerto Montt en un avión comercial, por lo que señala que sería absolutamente falso que no se le haya permitido viajar junto con el paciente por no ser su cónyuge, así como también que hubiese sido acompañado por una sobrina.

De otro orden, en lo que respecta a no haber sido considerada en el posible consentimiento para desconectar al padre de su hijo de las máquinas que le permiten subsistir, informa que no sería efectivo que se le hubiese dado a los hermanos de éste tal atribución, por cuanto no existe documento que así lo manifieste, e inclusive, el paciente evolucionó positivamente y, en consecuencia, fue trasladado de regreso a Coyhaique para continuar con su rehabilitación, planteándose a la familia opciones terapéuticas para la conservación del paciente, por lo que jamás se habría discutido la desconexión del Sr. nombre reservado del ventilador mecánico en el período en que así lo requirió su estado de salud. Refrenda lo anterior la circunstancia que el paciente está de alta en su domicilio, siendo egresado del Hospital Regional el 05 de Febrero de 2018, con diagnóstico e indicaciones que señala detalladamente y la prescripción de control en 10 días, conforme consta en epicrisis neurología suscrita por el doctor nombre reservado, neurólogo de la unidad de neurología-neurocirugía del Hospital Regional de Coyhaique.

Arguye que en definitiva no existiría la arbitrariedad invocada por la recurrente, motivo por el cual el presente recurso carecería de todo sustento y procede en consecuencia su rechazo por improcedente e infundado, con costas.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, así entonces, deberá resolverse si las alegaciones que motivan la presente acción, esto es, la supuesta negativa de información acerca del estado de salud del paciente nombre reservado, y no haber sido considerada la recurrente en el posible consentimiento para desconectar al padre de su hijo de las máquinas que le permiten subsistir, han existido en los términos expuestos por la recurrente y, en su caso, si dichas actuaciones han sido ilegales o arbitrarios.

SEXTO: Que, respecto a la primera imputación que se plantea en el presente recurso, cabe señalar que, conforme al mérito de autos, y en particular del certificado médico emitido por el doctor nombre reservado. de fecha 19 de Diciembre de 2017, que fuera solicitado por la recurrente para ser presentado en su lugar de trabajo y que fuera acompañado al recurso, queda de manifiesto que la recurrente si tuvo la información inicial del diagnóstico que aquejaba al Sr. nombre reservado, como también de la unidad en la que se encontraba internado, y de la decisión de traslado a Puerto Montt para la toma de exámenes con fecha indefinida de retorno, por lo que inicialmente si contó con información respecto del estado de salud de éste y de las acciones que se realizarían para abordar su condición.

Con lo mismo, conforme señala el doctor Days Avaria Ossandón, en su certificado que acompaña el informe de fecha 10 de Enero de 2018, quien es facultativo especialista del Hospital Regional de Coyhaique y médico tratante de don nombre reservado, éste siempre habría entregado la información de la situación del paciente a sus familiares y a quien lo requiriese dentro del contexto familiar, y que, luego de una explicación acabada de las circunstancias fisiológicas del paciente y de su condición actual, éste estaría estable con evolución discretamente favorable, movilidad en las cuatro extremidades de manera asimétrica, mirada atingente intermitente, sin comprensión del lenguaje aun, con traqueotomía sellada que se practicó el 30 de Diciembre de 2017 con el consentimiento informado de la recurrente, ahondando en que se le había brindado al paciente rodo el soporte médico en la unidad de tratamiento intensivo, y que su traslado a sala obedeció a la posibilidad de manejo sin ventilación mecánica, descartando una progresión del cuadro inicial que amerite cirugía.

SÉPTIMO: Que, asimismo, resulta necesario además tener presente que, en lo que respecta a las actuaciones de la autoridad de salud, la Ley 20.584 establece en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y comprensible, por parte del médico u otro profesional tratante, acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Cuando la condición de la persona, a juicio de su médico tratante, no le permita recibir la información directamente o padezca de dificultades de entendimiento o se encuentre con alteración de conciencia, la información a que se refiere el inciso anterior será dada a su representante legal, o en su defecto, a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que haya recuperado la conciencia y la capacidad de comprender, deberá ser informada en los términos indicados en el inciso precedente. Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir, de aquellas en que la falta de intervención inmediata e impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional grave para la persona y ella no esté en condiciones de recibir y comprender la información, ésta será proporcionada a su representante o a la persona a cuyo cuidado se encuentre, velando porque se limite a la situación descrita. Sin perjuicio de lo anterior, la persona deberá ser informada, de acuerdo con lo indicado en los incisos precedentes, cuando a juicio del médico tratante las condiciones en que se encuentre lo permitan, siempre que ello no ponga en riesgo su vida. La imposibilidad de entregar la información no podrá, en ningún caso, dilatar o posponer la atención de salud de emergencia o urgencia. Los prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad durante la entrega de esta información, así como la existencia de lugares apropiados para ello”.

Así, el fundamento de esta obligación para la autoridad de salud reside en el derecho a la información tanto al paciente como de sus cercanos, lo que, en el caso que nos ocupa, ocurrió desde sus inicios ya que, tal como se señalara en los motivos que anteceden, la recurrente si contó con la información referente al diagnóstico, unidad de tratamiento, así como de la decisión de ser trasladado el paciente para la realización de exámenes de mayor complejidad, dado el cuadro que aquejaba al Sr. nombre reservado, y con posterioridad, conforme señalara el médico especialista tratante, siempre se le brindó la información acerca de su estado de salud a quienes la requirieran dentro del contexto familiar, motivo por el cual queda de manifiesto que no existió la negativa alegada por la recurrente.

OCTAVO: Que, por su parte, en cuanto a la circunstancia esgrimida de no haber sido posible para la recurrente acompañar al paciente en el avión ambulancia a la ciudad de Puerto Montt, por no ser su cónyuge, del mérito del correo electrónico de la empresa Aerotac de 21 de Febrero de 2018, se desprende que el Sr. nombre reservado fue trasladado el 19 de Diciembre de 2017 a Puerto Montt sin acompañante, en tanto que en su regreso de 29 de Diciembre de 2017, lo fue acompañado por su hermano nombre reservado, por lo que, en consecuencia, tampoco tiene asidero la alegación de la recurrente ya que no consta, de modo alguno en esta causa, que se le haya impedido u obstaculizado, de algún modo, poder viajar acompañando a su pareja.

NOVENO: Que, en lo que respecta a la alegación invocada de no haber sido considerada la recurrente en el posible consentimiento para desconectar al padre de su hijo de las máquinas que le permiten subsistir, queda en evidencia que con una condición estable del paciente, y la evolución positiva que el propio médico tratante informa, que desechó del todo una eventual desconexión del ventilador mecánico y por ende de requerir el consentimiento a los familiares para tales efectos, no es efectiva pues resulta del todo ilógico plantear tal hipótesis de desconexión ante una situación de recuperación del paciente, por lo que también carece de todo sustento la alegación de la recurrente y la consecuente vulneración de garantía constitucional al efecto.

DÉCIMO: Que, habiéndose establecido lo anterior, estos sentenciadores estiman que los hechos denunciados no han existido ni se vislumbra hayan acontecido y, en consecuencia, no es posible advertir la vulneración de garantía constitucional alguna que fuese provocada por acción u omisión arbitraria o ilegal de la recurrida, por lo que resulta del todo improcedente el presente recurso de protección, razón suficiente para desestimar la acción cautelar de autos, tal como se dirá.

Con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de 24 de Junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso sobre Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del Hospital Regional de Coyhaique, representado legalmente por su Director don nombre reservado.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrente por estimarse tuvo motivos plausibles para recurrir.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol N° 215-2017 (Protección).