nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO AYSEN

Coyhaique, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 4 de septiembre de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, región Metropolitana de Santiago, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad De Aysén, representada legalmente por su Alcalde, don Luis Martínez Gallardo, o por quien debidamente le subrogue o reemplace en el cargo, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, por la dictación del Decreto Alcaldicio N.º 2.709, de fecha 28 de julio de 2025, mediante el cual se aprueba la vista fiscal y aplica la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 120 letra a), en relación al artículo 121 del Estatuto Administrativo, afectando las garantías contenidas en el artículo 19 N.° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: ‘‘restituyendo el imperio del Derecho y en definitiva dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N.°2709, de fecha 28 de julio del 2025, sobreseyéndome del cargo único por el que fui ilegalmente sancionado y vulnerado en las garantías constitucionales ya mencionadas en la presente acción.’’ (sic).

Con fecha 15 de septiembre de 2025, se evacua el informe de la recurrida de autos.

Con fecha 13 de octubre de 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 15 de octubre de 2025, se procedió a la vista del recurso, compareciendo el abogado don Rodrigo Concha Acevedo, por el recurso, y el abogado don Vicente Hernández Delgado, contra el recurso; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente interpone la presente acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la I. Municipalidad de Puerto Aysén, específicamente respecto del Alcalde Sr. Luis Martínez Gallardo, o quien lo subrogue en el cargo, con ocasión de la dictación del Decreto Alcaldicio N° 2709 de fecha 28 de julio del 2025, mediante el cual se aprueba la vista fiscal y le aplica la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 120 letra a), en relación al artículo 121 del Estatuto Administrativo, para funcionarios Municipales, la cual estima arbitraria e ilegítima que vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagrados en los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

SEGUNDO: Como cuestión preliminar, el recurrente sostiene que dicho acto, el cual considera arbitrario e ilegítimo, le fue notificado el día 06 de agosto del 2025, por lo que a la fecha de presentación de este libelo, no ha transcurrido el plazo de 30 días con que cuenta para su interposición.

Funda su presentación en que, con fecha 15 de octubre de 2023, ingreso en calidad de abogado al Departamento de Educación Municipal de la comuna de Puerto Aysén, desempeñándose en dicha entidad hasta el 31 de diciembre del referido año. Agrega que la I. Municipalidad de Aysén, mediante Decreto Alcaldicio N.º 545, de fecha 23 de febrero de 2024, regulariza y aprueba su contrato de trabajo de fecha 26 de octubre de 2023, para desempeñar labores como abogado en la Dirección de Asesoría Jurídica, con 44 horas, en calidad de titular.

Agrega que, con fecha 23 de diciembre de 2024, hizo uso de su feriado legal, el cual se extendió hasta el 20 de enero de 2025. Luego, indica que producto de aflicciones de salud, y que con fecha 17 de enero de 2025, debido a un cuadro de trastorno mixto de ansiedad, otorgado por la facultativo doña nombre reservado, y aunque no le dice expresamente, da a entender que habría hecho uso de un reposo laboral. Además. indica que, pese a sus intenciones de reincorporarse al trabajo, sus licencias médicas se extendieron hasta el 5 de junio de 2025, sin perjuicio de que, con fecha 30 de mayo de 2025, presentó su renuncia a la I. Municipalidad de Puerto Aysén.

Por otra parte, manifiesta que con fecha 4 de junio de 2025, fue notificado de la formulación de cargos en Sumario Administrativo, ordenado mediante Decreto Alcaldicio N.º 1.190, de fecha 8 de abril de 2025. Reitera que con fecha 6 de agosto de 2025, fue notificado del Decreto Alcaldicio N.º 2.709, de fecha 28 de julio de 2025, ya referido.

TERCERO: Sostiene el recurrente que el actuar de la recurrida sería vulneratorio, pues lesionaría sus garantías fundamentales, contenidas en numeral 3º, inciso quinto y numeral 16º, inciso primero, ambos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto a las garantías vulneradas, expone que se infringe aquella consagrada en los incisos cuarto y quinto, del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que, en primer lugar, la recurrida se atribuye competencias y facultades jurisdiccionales otorgadas a otros órganos del Estado. En este sentido, sostiene que, en virtud del sumario administrativo al que fue ilegal y arbitrariamente sometido, dado que en su concepto, la relación laboral que mantenía con la I. Municipalidad de Puerto Aysén estaba regida por el Código del Trabajo, y no obstante, se le atribuyó responsabilidad administrativa, en contravención de los numerales 160 N.º 1, letra a) y N.º 7 del Código del Trabajo, además del artículo 58 letra g) de la Ley N.° 18.883, Estatuto Administrativo Municipal, en concordancia con lo establecido en la ley 18.575 y 20.880.

Expone que el contenido del cargo único que se le formuló, dice relación con “ haber obtenido de manera irregular y haber hecho mal uso de diversas licencias médicas desde el 17 de enero de 2025 a la fecha “ ; y que según lo establecido en el artículo 63, letras c) y d), de la ley N.° 18.695, es al Alcalde a quien le corresponde velar por la observancia del principio de probidad administrativa y disponer las sanciones al personal de su dependencia, por lo que el legislador ha radicado en éste, en su calidad de máxima autoridad de la entidad edilicia y titular de la potestad disciplinaria, las más amplias facultades para ponderar las circunstancias que ameriten determinar las medidas pertinentes conforme al mérito del proceso disciplinario.

Lo anterior, no puede significar que, la referida potestad disciplinaria, pueda exceder o arrogarse facultades propias de otros servicios, puesto que, en determinados casos, como el analizado, existen necesariamente definiciones previas que son de exclusiva competencia de otros entes de la administración pública, de ahí estima el recurrente, la ilegalidad en el actuar de la recurrida.

Así las cosas, considera que, respectó del cargo que se le imputó, el cual dice relación con la obtención de licencias médicas de manera “irregular”, tal irregularidad, significaría que fue obtenida “fuera o contrario de la regla”, sin embargo, el ente competente para determinar esta situación es la COMPIN, dado que se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Salud y, por tanto, respecto del caso de autos, el órgano administrativo que lo juzgó y sancionó, rebasó su esfera de competencia, toda vez que se atribuyó, ilegal y arbitrariamente, la facultad de determinar la irregularidad de las licencias médicas, usurpando las facultades de otro órgano del Estado, como lo es, la referida COMPIN.

Subraya que, dicho de manera simple y concreta, quien debe determinar la eventual mal utilización de la licencia médica, o eventual inobservancia del reposo otorgado, es la COMPIN, careciendo evidentemente el Municipio señalado, a través de la potestad sancionatoria referida, de las competencias técnicas y legales para determinar que una licencia está siendo mal utilizada, o que su obtención ha sido de “manera irregular”, como se me pretende irrogar.

CUARTO: En este orden de ideas, refiere que no existe forma alguna en que se haya podido dar como acreditado el cargo en comento, puesto que las licencias médicas así cuestionadas, han sido aprobadas por la referida entidad competente, lo cual implica que no puede haber “obtención irregular” o “mal uso” respecto de ellas, en atención que para todos los efectos legales, las licencias médicas así obtenidas, son absolutamente válidas y se encuentran en regla ; por lo que esta validez no puede, en caso alguno, ser calificada o tenida como irregular, ilegal, fraudulenta o cuestionar los supuestos de hecho, así como los fundamentos clínicos que llevaron a su otorgamiento, la veracidad o no del domicilio informado en la misma ; puesto que, como ya ha indicado, todas esas situaciones las debió haber determinado la COMPIN.

QUINTO: En cuanto al cargo que se le formula al recurrente, a saber, el de ocasionar un grave perjuicio a la fe pública para justificar la inasistencia al trabajo y seguir percibiendo íntegramente la remuneración durante varios meses, transgrediendo la lealtad debida a las jefaturas y a sus compañeros, con la agravante de haber premeditado y anticipado dicha situación, indica que, no puede haber perjuicio a la fe pública, puesto que la aseveración del fiscal sumariante dice relación con la veracidad y validez de las licencias médicas, lo que se vincula con lo anteriormente expresado, toda vez que, si la COMPIN no ha invalidado, restringido o limitado de manera alguna las licencias médicas, no es posible que exista perjuicio alguno a la fe pública.

SEXTO: En otro orden de consideraciones, expone que la recurrida aplicó ilegalmente normativa improcedente, en atención a la calidad jurídica de la contratación. En efecto, sostiene el recurrente que durante toda su vinculación contractual con la recurrida, estuvo regido por el Código del Trabajo, lo cual hace improcedente la aplicación de un sumario administrativo, puesto que dicho procedimiento es exclusivo para funcionarios públicos, sean estos Municipales o dependientes de otras reparticiones del Estado. Destaca que con ello, se evidencia el actuar fuera del ordenamiento jurídico de la recurrida, la cual lo consideró culpable del cargo único que se le imputa, aplicándole la medida de destitución, la que reitera, resulta improcedente por encontrarse regido por el Código del Trabajo, pudiéndose solamente aplicar en su caso, el artículo 160 de dicho cuerpo legal. Enfatiza que con este actuar, se le aplica una sanción que no contempla el Código del Trabajo, a saber, la destitución, sanción ésta que es propia de los funcionarios públicos, creando un híbrido que mezcla normas del Código del Trabajo con el Estatuto Administrativo de funcionarios Municipales, siendo éste un actuar burdo, evidentemente ilegal, el cual desconoce normativas legales básicas. Asimismo, con tal accionar, se infringe la libertad de trabajo, consagrado en el artículo19 N.° 16 de la Carta Fundamental, desde que las consecuencias del actuar ilegal de la recurrida, al imponer la sanción de destitución, le resulta gravoso, pues ella implica una inhabilidad o prohibición para ejercer cargos en la administración del Estado por el lapso de cinco años, lo cual restringiría su ámbito de desarrollo y desempeño laboral solamente a la labor privada.

Finalmente, manifiesta que, a su juicio, igualmente se vulnera el artículo 19 N.° 4 de la Constitución Política de la República, en cuanto éste consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, dado que en este caso, se le ha sindicado como un ofensor de la fe pública, en tanto habría hecho mal uso de licencias médicas, que cometió actos ilícitos, que mintió sobre su estado de salud, situación que ha repercutido en su entorno laboral y social dentro de la comunidad de Aysén, habida consideración que es una ciudad pequeña, en la cual ha sido víctima de escarnio público debido al ilegal actuar de la recurrida.

SEPTIMO: Que don Vicente Hernández Delgado, abogado, en representación de la recurrida, evacua el informe requerido, interponiendo, primeramente, la excepción de extemporaneidad, toda vez que el Decreto en comento, fue enviado al recurrente, al domicilio indicado por él mismo en sus descargos, mediante carta certificada, el día 29 de julio de 2025, siendo un hecho reconocido que tomo conocimiento por dicha misiva.

Manifiesta que, en base a lo dispuesto en el artículo 129 del Estatuto Administrativo Municipal, el recurrente se entiende notificado, para todos los efectos legales, desde el día 2 de agosto de 2025. En ese contexto, queda de manifiesto, que la acción presentada debe ser declarada inadmisible por extemporánea, toda vez que fue presentada el día 4 de septiembre de 2025, siendo que el último día para interponerla era el día 31 de agosto.

En cuanto al fondo de la acción, expone que, mediante Decreto Alcaldicio N.° 1190, de fecha 8 de abril de 2025, se instruye sumario administrativo por parte de la primera autoridad comunal, el cual tuvo por objeto establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren estar comprometidas respecto de ciertos hechos que podrían constituir infracciones a deberes y obligaciones funcionarias en relación al Sr. nombre reservado, dependiente de la Dirección de Asesoría Jurídica de la I Municipalidad de Puerto Aysén, relacionado con la presentación de diversas licencias médicas, luego de hacer uso de su feriado legal, y el hecho de haber anticipado esa situación a funcionarios Municipales. En este sentido, indica que el fiscal del proceso, tras haber finalizado la etapa indagatoria, determinó formular un cargo único por infracción grave al contenido ético jurídico del contrato de trabajo y falta grave al principio de probidad administrativa, establecido en el artículo 160° N°1 Letra a) y N°7 del Código del Trabajo, además del artículo N°58 letra g) de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo Municipal, en concordancia con lo establecido en la ley 18.575 y 20.880, en virtud de cuyas normas, el trabajador debe tener una vida privada acorde con la dignidad de la función, deber de observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

En contravención a los principios precedentes, se le formularon cargos al recurrente por haber obtenido de manera irregular y haber hecho mal uso de diversas licencias médicas desde el 17 de enero de 2025 a la fecha, ocasionando grave perjuicio a la fe pública, con el fin de justificar su inasistencia al trabajo y seguir percibiendo íntegramente su remuneración durante varios meses, transgrediendo la lealtad debida a sus jefaturas y a sus compañeros, con la agravante de haber premeditado y anticipado dicha situación, a lo menos, a una colega de trabajo. En este sentido, destaca que consta en el expediente sumarial los antecedentes suficientes para garantizar cualquier exigencia de motivación y fundamentación de la decisión y convicción formada en el Fiscal, la misma que fue ratificada posteriormente por la máxima autoridad comunal, en el sentido que el recurrente transgredió el contenido ético jurídico del contrato de trabajo, por falta grave a la probidad administrativa, lo cual no se desvirtuó en ningún momento del procedimiento.

Por el contrario, se acreditó en el respectivo sumario que el inculpado se despidió de los funcionarios cercanos sabiendo que no volvería a la región de Aysén, manifestando expresamente esa decisión a sus ex colegas de la Dirección de Educación, entregando, incluso, la vivienda que arrendaba, lo cual fue corroborado por la persona que vive actualmente en tal domicilio, consignado por el propio inculpado para hacer el reposo total indicado en sus licencias. De la misma forma, se acreditó en dicha investigación, que el recurrente manifestó a una testigo, previamente, que haría uso de 1 o 2 licencias antes de renunciar, lo cual evidencia y acredita la agravante de premeditación. En efecto, la intención del recurrente, según se evidencia, fue la de ocupar todas sus vacaciones y días administrativos pendientes, para luego, sin solución de continuidad, obtener diversas licencias médicas y así seguir percibiendo íntegramente su remuneración, hasta encontrar otro trabajo en la ciudad de Santiago, desde donde es originario.

Igualmente, se acreditó que el inculpado, mientras se encontraba de vacaciones en Brasil, pocos días antes de la fecha en que debía reincorporarse a su funciones en la I. Municipalidad de Aysén, obtuvo licencia médica, por 28 días, por “estrés y otras dolencias” con una médico general (no psiquiatra), lo cual revela un claro incumplimiento del reposo total domiciliario prescrito en la licencia médica así otorgada, y que además sabía, al menos antes del 9 de enero de 2025, que debía volver a Chile, el 23 de enero de ese año, para reincorporarse a sus labores.

En consecuencia, el actor pretende imputar al Municipio, el arrogarse facultades que corresponderían a otra Institución, situación ésta completamente equivoca y alejada de lo que se acaba de exponer; dado que en el procedimiento disciplinario, lo que se buscó establecer, fue la existencia o no, de responsabilidad administrativa del inculpado, tras haber acreditado, más allá o mejor dicho, independiente de las facultades de la COMPIN y procedimiento regulado por el Decreto N°3 de 1984, formándose convicción el Fiscal, en el sentido que, premeditadamente, el actor obtuvo licencias médicas, incluso estando en el extranjero, sin padecer absolutamente enfermedad alguna y con absoluta conciencia de que nunca volvería a Puerto Aysén.

A este respecto, refiere que al recurrente le eran plenamente aplicables las disposiciones del Título V del Estatuto Administrativo Municipal, por disposición expresa de su contrato, mediante la cláusula quinta, consentida y no objetada por el mismo, quien además debe señalarse, es abogado. Así las cosas, en relación al contenido del recurso, además de contener errores e imprecisiones formales, omite antecedentes sumamente relevantes en su relato de hechos. En efecto, omite señalar que antes de hacer uso de feriado legal, hizo uso de todo permiso administrativo y devolución de tiempo (ya que tenía claro que no regresaría a Puerto Aysén) ; omite que anticipó a más de un funcionario de la Municipalidad, que se iba de la región y que renunciaría al terminar sus vacaciones y licencias médicas que obtendría con posterioridad a dicho descanso. En este sentido, consta en el expediente sumarial la declaración de 3 testigos, donde particularmente doña nombre reservado, cercana al recurrente, indica que éste le manifestó que se iría de la región, que no volvería y presentaría su renuncia al terminar su feriado, pero que cuando recibió la primera licencia del recurrente, lo llamo para preguntar y él le dijo que tiraría “una o dos licencias antes de renunciar”. Asimismo, omite que la “facultativa” que le otorgo la licencia, es médico general, no psiquiatra o especialista; omite indicar también que, tres días antes de volver al trabajo, presentó esta licencia médica, estando en Brasil de vacaciones. Otra omisión del recurrente es que con fecha 23 de abril se le tomó declaración en el procedimiento disciplinario, y que tras tomar conocimiento de los hechos que se estaban investigando, en los cuales el fiscal le observó el hecho que quien le emitió la licencia “psiquiátrica” era solo un médico general, cambió de médico tratante, después de obtener 4 licencias con médico general, así, la siguiente licencia, es por primera vez, emitida por especialista psiquiatra; finalmente, omite señalar que presentó su renuncia sabiendo que estaba sujeto a un procedimiento disciplinario, como inculpado.

En cuanto a las garantías supuestamente vulneradas que invoca el recurrente de autos, sostiene que no se acredita en su recurso, ni acompaña documento o antecedente alguno, que acredite la vulneración de tales garantías invocadas.

OCTAVO: Que se debe tener presente que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

NOVENO: Que como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

DÉCIMO: Que como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

UNDÉCIMO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la dictación del Decreto Alcaldicio N.º 2.709, de fecha 28 de julio de 2025, el cual se fue notificado con fecha 6 de agosto de 2025, mediante el cual se aprueba la vista fiscal y aplica la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 120 letra a), en relación al artículo 121 del Estatuto Administrativo, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los N.° 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

DUODÉCIMO: Que de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los cuales fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que mediante Decreto Alcaldicio N.° 545, de fecha 23 de febrero de 2024, de la Ilustre Municipalidad de Aysén, se regulariza y aprueba contrato de trabajo de fecha 26 de octubre de 2023 suscrito con don nombre reservado, por el cual se compromete y obliga a desempeñar labores y funciones como abogado de la Dirección Jurídica Municipal de Aysén, con jornada de 44 hrs. en calidad de titular.

2.- Que mediante Memorándum N.° 120/2025, de fecha 8 de abril de 2025, de la Ilustre Municipalidad de Puerto Aysén, el asesor jurídico informa a la máxima autoridad comunal respecto de ciertos hechos que podrían constituir infracción a deberes y obligaciones funcionarias respecto a don nombre reservado, relacionado con la presentación de diversas licencias médicas, luego de hacer uso de su feriado legal y el hecho de haber anticipado esa situación a funcionarios Municipales, todo lo cual hace dudar de la legalidad y legitimidad de dicha situación.

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio N.° 1190, de fecha 8 de abril de 2025, de la Ilustre Municipalidad de Puerto Aysén, se instruye sumario administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades en relación a los hechos expuestos en Memorándum N.° 120/2025 del asesor jurídico, designando como Fiscal a don Vicente Hernández Delgado, y en el cual figura como investigado el recurrente nombre reservado.

4.- Que mediante copia de Ord. N.° 35/2025, de fecha 10 de junio de 2025, de la Policía de Investigaciones de Chile, se acredita que el recurrente de autos, nombre reservado, salió del país con fecha 9 de enero de 2025 con destino a Brasil, siendo su fecha regreso el 23 de enero de 2025.

5.- Que mediante Decreto Alcaldicio N.° 2709, de fecha 28 de julio de 2025, de la Ilustre Municipalidad de Puerto Aysén, se aprueba la Vista Fiscal, mediante la cual se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad administrativa de don nombre reservado, trabajador de la Municipalidad indicada, en calidad de autor de los hechos materia del cargo único formulado en el procedimiento disciplinario ordenando instruir mediante Decreto Alcaldicio N.° 1190/2025, aplicándose la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 120 letra a) en relación al artículo 121 del Estatuto administrativo para Funcionarios Municipales, en relación a la concurrencia de una infracción de la suficiente gravedad para aplicar la terminación del contrato de trabajo, en los términos del artículo 160 N.° 1 letra a) y N°7, del Código del Trabajo, por los hechos y cargos formulados.

I.- En cuanto a la extemporaneidad de la acción.

DECIMOTERCERO: Que en tal sentido, se debe tener presente que, el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

DECIMOCUARTO: Que en tal orientación, cabe tener presente que el acto impugnado corresponde al Decreto Alcaldicio N.º 2.709, de fecha 28 de julio de 2025, el cual aparece debidamente notificado al recurrente mediante carta certificada con fecha 6 de agosto de 2025, pues ésta le fue entregada en esta data, según consta de la copia de seguimiento de la referida carta adjuntada al libelo recursivo, lo que ha sido reconocido por la recurrida en sus alegatos vertidos en estrados, desvirtuando de este modo la presunción legal alegada por ésta al efecto.

En consecuencia, entre la notificación del acto y la presentación del presente recurso, con fecha 4 de septiembre de 2025, no ha transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos establecido por la normativa aplicable; por lo cual deberá rechazarse la solicitud de extemporaneidad.

II.- En cuanto al fondo de la acción.

DECIMOQUINTO: Que, conforme al artículo 160 N.° 1, letra a), y N°7 del Código del Trabajo y al artículo 58, letra g), de la Ley N.° 18.883, sobre Estatuto Administrativo Municipal, en concordancia con lo establecido en las Leyes N.° 18.575 y 20.880, los funcionarios públicos están obligados a observar una conducta funcionaria ética intachable y a actuar con la debida lealtad y probidad en el desempeño de sus funciones, con preeminencia del interés general sobre el particular.

DECIMOSEXTO: Que de los antecedentes acompañados en autos, así como del procedimiento sumarial, se acredita que el recurrente hizo uso previo a sus licencias médicas, de permisos administrativos, devolución de tiempo y feriado legal, situación que fue anticipada, develada y confirmada en el expediente sumarial a través de diversas declaraciones testimoniales, incluyendo la de funcionarios cercanos, quienes manifestaron que el recurrente tenía planificada su salida y renuncia, con el uso de tales herramientas, incluyendo reposos de orden médico.

Asimismo, se acredita que el recurrente se encontraba fuera del país —en Brasil— al momento de solicitar una licencia médica, dando como lugar de reposo, una dirección al interior del territorio nacional, situación que devela su actuar premeditado, buscando justificar su ausencia de manera ilegítima, lo cual constituye una falta grave al principio de probidad y a la buena fe exigida en el vínculo laboral.

Refuerza lo anterior que, el recurrente presentó su renuncia con pleno conocimiento de que estaba siendo investigado en un procedimiento disciplinario por estos hechos, lo cual denota una intención de evadir las responsabilidades administrativas y demuestra una conducta contraria a la honestidad y lealtad requeridas a todo funcionario público.

DECIMOSEPTIMO: Que, todo lo anterior, permite a estos sentenciadores llegar a la convicción de que el recurrente incurrió en infracciones graves al principio de probidad administrativa, configurándose la causal de destitución contemplada en el artículo 123 del Estatuto Administrativo, al obtener y utilizar licencias médicas de manera irregular desde el 17 de enero de 2025, justificando así indebidamente su inasistencia al trabajo para continuar percibiendo su remuneración íntegra durante varios meses.

DECIMOCTAVO: Que las referidas conclusiones, en nada interfieren con las facultades de otro organismo como la COMPIN, puesto que la investigación sumaria en comento, seguida en contra del recurrente nunca ha tenido por finalidad determinar si se encontraba enfermo o no aquél, la naturaleza de sus afecciones y duración de las mismas, sino verificar su conducta funcionaria y la relación ética que conlleva la mima hacia su empleador y la función misma, que por cierto, en nada interfieren con las facultades de aquella Institución, de aprobar, limitar o rechazar licencias médicas.

DECIMONOVENO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, se evidencia que la resolución impugnada por la presente acción constitucional fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, por tener motivo plausible para ello, no advirtiéndose, por tanto, acto ilegal alguno de parte de la autoridad recurrida que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA, la excepción de extemporaneidad, deducida por la recurrida.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad De Aysén, representada legalmente por su Alcalde, don Luis Martínez Gallardo, o por quien debidamente le subrogue o reemplace en el cargo.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Titular, Sr. nombre reservado.

Rol N.°: 212-2025. (Protección).-