Protección contra Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén

En Coyhaique, a veintidós de octubre del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 11 de septiembre del año 2025, comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Aysén del General nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén, representado por su Director Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Aysén del General nombre reservado, por la omisión del SERVIU al adoptar medidas de resguardo efectivas frente al acoso laboral, afectando las garantías contenidas en el artículo 19, N°s 1, 2, 4, 16 y 24, de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: ‘‘Acoja este recurso de protección en todas sus partes; Ordene al SERVIU Aysén cesar de inmediato cualquier acto de hostigamiento, represalias o amenazas;

Disponga la implementación de medidas cautelares efectivas para garantizar mi integridad y estabilidad laboral; Ordene expresamente a SERVIU Aysén abstenerse de despedirme, trasladarme, reducir funciones o modificar mis condiciones contractuales mientras se tramita la denuncia y este recurso; Supervise directamente el cumplimiento de estas medidas, dada la omisión reiterada del organismo recurrido.’’ (sic).

Con fecha 17 de septiembre del año 2025, se evacua el informe de la recurrida de autos. El 17 de octubre del mismo año, se ordenó traer los autos en relación y el 20 de octubre del corriente, se procedió a la vista del recurso, sin que comparecieran letrados para alegar, quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su solicitud, indicando que, desde 2022 ha sido objeto de actos de hostigamiento, presiones y exclusión laboral por parte de funcionarios dependientes del SERVIU, incluyendo a don nombre reservado (Contralor Interno), don nombre reservado (Encargado de Ingeniería), don nombre reservado (Jefe de Administración y Finanzas), doña nombre reservado (Ingeniero) y don nombre reservado (Abogado).

Expone que, en diciembre de 2024 y enero de 2025 presentó su denuncia ante la Contraloría Regional por hostigamiento laboral; en febrero de 2025, presentó denuncia formal por acoso laboral ante la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, bajo el amparo de la Ley Karin.

Refiere que, en paralelo, Contraloría Regional emite un documento instruyendo el deber de abstención de los funcionarios denunciados, ordenando que no participen en procedimientos relacionados con la recurrente. Pese a ello, SERVIU Aysén omite cumplir la instrucción y permite que estos funcionarios continúen interviniendo en procesos que afectan directamente su integridad y estabilidad.

Indica que, ese mismo mes, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado exigen indebidamente sus antecedentes médicos y datos personales, alegando falsamente que la recurrente realizó clases durante licencia médica.

Esta solicitud es arbitraria, invasiva y vulnera su intimidad, configurando además causal de destitución según el Estatuto Administrativo (art. 84, 85 y 87).

Sostiene que, SERVIU la traslada administrativamente de departamento, pero permanece físicamente en el mismo edificio, compartiendo espacios con los denunciados, por lo que, solicita teletrabajo como medida de resguardo, siendo su solicitud rechazada, manteniéndola expuesta.

Plantea que, en abril de 2025, nombre reservado y nombre reservado difunden un correo en el que denostan a un funcionario. Pese a que no haber participado en aquellos (sic), es citada a declarar en un sumario sobre dicho correo, lo que refuerza la sospecha de que el funcionario aludido es la recurrente.

Refiere que, en agosto de 2025, se comunicó con la Oficina de Buen Trato de la Subsecretaría, donde le informan que la denuncia Ley Karin está en análisis jurídico.

Expresa que, ha manifestado en diversas instancias que se siente desprotegida e invisibilizada y que probablemente, para que la situación sea escuchada y comprendida en su gravedad, podría verse empujada a hacer lo mismo que ocurrió con la colega de Temuco o la funcionaria del Ministerio de Hacienda, cuyos casos de acoso laboral extremo y falta de medidas de resguardo oportuno derivaron en hechos trágicos y lamentables que pudieron haberse evitado con una intervención temprana. Hace presente que esta referencia es para enfatizar que su situación actual es de riesgo real y concreto, que afecta su integridad psíquica, emocional y física, y que urge que se adopten medidas de protección inmediatas para prevenir consecuencias irreparables.

Agrega que, esta situación demuestra que las omisiones del SERVIU Aysén y la falta de medidas de resguardo efectivas la mantienen en una condición de riesgo real, inminente y permanente.

Manifiesta que, hasta la fecha, SERVIU Aysén sigue sin implementar medidas de resguardo efectivas. Si bien se han organizado cursos, talleres, charlas, actividades de coaching y capacitaciones internas para abordar el tema del buen trato y la prevención de acoso, y ha participado activamente en ellos, aun así, la realidad no cambia.

Plantea que, la ausencia de medidas de resguardo reales y efectivas demuestra que las acciones implementadas por el organismo son insuficientes y que su vulnerabilidad y exposición frente a los funcionarios denunciados persisten hasta hoy.

SEGUNDO: Que, don Richard Alberto Schadebrodt Bahamonde, abogado, en representación de la recurrida, evacua el informe requerido, interponiendo, primeramente, la excepción de extemporaneidad, toda vez que, de acuerdo al relato de los hechos denunciados por la recurrente y los documentos acompañados en su presentación, la supuesta acción arbitraria en que sustenta el presente recurso habría ocurrido en diferentes épocas, cuya data transcurre desde el año 2022 al 2025. Ratifica lo anterior, la denuncia que efectuó en la Contraloría General de la República, por los mismos hechos alegados en este recurso en diciembre del año 2024 y enero del 2025, lo anterior sumado a la denuncia por acoso laboral que realizó ante la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo al amparo de la Ley Karin en febrero del año en curso, proceso que se encuentra en su etapa resolutiva según lo señalado en su propia declaración, habiendo transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que la recurrente tuvo conocimiento de los hechos en que se funda su recurso.

En cuanto a lo señalado por la recurrente de la negativa a realizar teletrabajo, refiere que, el servicio solo actúa con estricto apego a lo establecido en la ley, en efecto, solo se dio cumplimiento con lo establecido en el proceso de postulación y selección de los postulantes a la modalidad de Teletrabajo del personal de este SERVIU Región de Aysén. De manera que no existe un actuar arbitrario ni ilegal en la revisión de las solicitudes que se presentan a consideración, como ocurre en la especie, ya que la recurrente no tiene ni acredita tener bajo su cuidado a un niño o niña menor de 14 años o a una persona con dependencia severa.

Respecto a la citación a declarar en sumario en curso que está llevando a cabo el servicio, sostiene que, está contemplado dentro de las obligaciones que les corresponden a los funcionarios públicos de colaborar con las investigaciones que se realizan en dichos procesos administrativos, tal como dispone el artículo 135 del DFL N°29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por lo anterior no se vislumbra de qué manera el cumplimiento de esta obligación estaría vulnerando los aludidos derechos fundamentales que indica la recurrente.

En relación con los hechos de amenazas y riesgos para sus testigos, aludiendo a que éstos fueron cometidos por un funcionario en particular, al respecto señala que, corresponde que dicha situación sea denunciada formalmente por los afectados en dichos términos, para el inicio de la respectiva investigación, toda vez que, tal como señala la recurrente, solo existe un correo remitido a la asociación de funcionarios que da cuenta de dicha situación, sin embargo, en caso alguno la recurrente puede atribuir que se trata de un hecho que vulnere sus garantías y los derechos constitucionales.

Expone que, una de las medidas adoptadas fueron intervenciones especificas hacia la funcionaria recurrente. En efecto, mediante Resolución Exenta N° NUM000, se da inicio a un procedimiento disciplinario, a fin de investigar los hechos denunciados por la recurrente en el marco de la Ley Karin; mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 14 de abril de 2025, se dispuso la destinación de la funcionaria desde el Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización al Departamento de Programación Física y Control del SERVIU Región de Aysén, en un esfuerzo por generar un ambiente laboral adecuado y acorde a sus necesidades; el 9 de junio de 2025, el Encargado y Analista de la Sección Gestión y nombre reservado sostuvieron una reunión con la funcionaria, con el propósito de conocer su estado emocional, brindarle contención y orientación institucional respecto de la denuncia interpuesta; como medida preventiva, y para evitar tensiones laborales, el jefe del Departamento Técnico facilitó el traslado de la funcionaria denunciada por la recurrente a otro piso del edificio, desde enero de 2025, permitiendo que la recurrente desempeñe sus funciones en un entorno sin contacto directo con las personas involucradas. Finalmente, se consignó que funcionarias del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas han brindado orientación a la funcionaria sobre su situación.

Destaca que, con la finalidad de mejorar el clima laboral y potenciar el buen trato entre los funcionarios, se han tomado una serie de acciones y medidas en este sentido, tales como: durante los días 22 y 23 de abril de 2025, se realizaron capacitaciones sobre la Ley Karin, enfocadas en reforzar el buen trato; el 5 de junio de 2025, se dictaron charlas sobre la Ley N° 21.643, en las que participó la funcionaria recurrente; El 9 de junio, como ya se señaló, se sostuvo reunión de contención y orientación; Mediante Resolución N° 1123, del 3 de julio de 2025, se aprobó y difundió el nuevo protocolo VALS para el personal del SERVIU Aysén; mediante Resolución N° 1126, del 3 de julio de 2025, se aprobó y difundió el decálogo y compromiso por el buen trato laboral, el cual fue suscrito por 48 funcionarios, incluida la recurrente; En seguimiento a estas capacitaciones, el 19 de agosto de 2025, se realizó una jornada dirigida exclusivamente a jefaturas y encargados de departamento, reforzando la Ley Karin; los días 28 y 29 de agosto se iniciaron sesiones de coaching comunicacional para diferentes niveles de mando y funcionarios, en las que la recurrente ha participado y está programada para seguir participando.

Alega que, no se logra determinar qué acción u omisión ilegal o arbitraria podría generar la privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente y que de acuerdo al artículo 20 de nuestra carta fundamental pueden ser objeto de este recurso. Asimismo, sostiene que, los hechos descritos por la recurrente han sido abordados, tal como se describió, han existido una serie de acciones pertinentes para dar protección a la recurrente y en general al funcionario, en el marco de la normativa vigente, velando por el cumplimiento de los procesos.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20, antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la supuesta omisión por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén, en adoptar medidas de resguardo efectivas hacia la recurrente de autos, vulnerando así, sus garantías constitucionales reconocidas en los Nºs 1, 2, 4, 16 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos: 1.- Que, mediante Resolución Exenta N.º NUM001, del 14 de abril de 2025, emitida por Serviu región de Aysén, se resuelve la destinación al Departamento de Programación Física y Control de la funcionaria recurrente. 2.- Que, con fecha 23 de abril de 2025, se llevó a cabo ‘’Capacitación presencial sobre la Ley Karin N.º 21.643’’. 3.- Que, con fecha 25 de junio de 2025, se llevó a cabo ‘’Decálogo buen trato SERVIU Aysén’’. 4.- Que, mediante Resolución Exenta N.º 1126/2025, de fecha 3 de julio de 2025, emitida por Serviu Región de Aysén, se aprueba decálogo y compromiso por el buen trato laboral para la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén. 5.- Que, mediante Resolución Exenta N.º 1123/2025, de fecha 3 de julio de 2025, emitida por Serviu Región de Aysén, se aprueba nuevo protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo para el personal del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén.

OCTAVO: Que, de acuerdo a los hechos precedentemente asentados, a juicio de estos sentenciadores, no se advierte un actuar ilegal o arbitrario de parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén, consistente en la omisión en la adopción de medidas de resguardo efectivas hacia doña nombre reservado —la recurrente—, por cuanto no se ha logrado acreditar de manera indubitada la existencia de una afectación efectiva a las garantías constitucionales invocadas en su recurso. Los antecedentes aportados, tan solo describen diversas situaciones aparentemente conflictivas en el ámbito laboral y no demuestran fehacientemente la concurrencia de actos arbitrarios o ilegales que vulneren derechos fundamentales, requisito esencial para la procedencia de la presente acción constitucional.

NOVENO: Que, conforme al informe evacuado por el servicio recurrido, se advierte que los hechos que originan la presente solicitud están siendo abordados y que se han adoptado medidas administrativas tendientes a prevenir y corregir eventuales situaciones de acoso laboral.

Tales medidas incluyen la realización de procedimientos disciplinarios, la implementación de capacitaciones y talleres, así como acciones concretas para promover y fortalecer la convivencia laboral, lo que evidencia el compromiso de resguardar los derechos y el bienestar de la recurrente, como del resto de los funcionarios.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose justificado el acto arbitrario o ilegal que motiva la presente acción, se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, sin que se advierta, por ende, una vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, esto es, aquellas establecidas en los numerales 1, 2, 4, 16 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política, cuyo análisis pormenorizado resulta inoficioso al faltar un requisito previo para su procedencia.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Señor Presidente Titular, don nombre reservado

nombre reservado.

Rol N°: 211-2025. (Protección).-