PEÑA SPOERER Y CÍA S.A. con GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

Coyhaique, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 9 de mayo de 2023, Andrés Astudillo Sotelo y José Antonio Achondo Villaseca, abogados, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, favor de la Sociedad Peña Spoerer y CÍA S.A. deducen recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén, representado por doña nombre reservado, Gobernadora Regional de Aysén, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber incurrido en el acto ilegal y/o arbitrario al dictar la Resolución Exenta N° 0449, y el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, entregada por el adjudicatario; estimando que se conculcan las garantías previstas en los N° 24 e inciso 5 N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; pidiendo que se ordene se deje sin efecto la Resolución Exenta N°0449 de fecha 21 de abril de 2023, o bien, disponer todas las medidas que esta Corte estime procedente, con objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados, con costas.

Fundamenta su recurso, como antecedente previo, que con fecha 26 de diciembre de 2022, mediante Resolución Exenta N° 1974, el Gobierno Regional de Aysén adjudicó a su representada la Licitación Pública 1095439-23-LR22, denominada “Adquisición de camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios, Coyhaique”, código BIP RUT reservado, ítem 03 camiones polibrazos, por un monto total de $376.033.854.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario indica que con fecha 21 de abril de 2023, la recurrida, mediante Resolución Exenta N° 0449, dispuso sin previa audiencia de su representada, el término anticipado del contrato aprobado por Resolución Exenta N° 2088 de fecha 30 de diciembre de 2022 y ordenó el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada por PESCO, en atención al supuesto atraso en la entrega de los vehículos y el vencimiento del plazo dispuesto para levantar la totalidad de las observaciones realizadas por la Comisión Receptora.

En primer lugar, señala que su representada subsanó las observaciones levantadas por la Comisión de Recepción compuesta por don nombre reservado y don nombre reservado dentro del plazo señalado unilateralmente por la Gobernación, esto es, al 15 de marzo de 2023, sin perjuicio de que nunca fue notificada válidamente de las observaciones levantadas por la Comisión, actuando con la celeridad propia de quien de buena fe quiere cumplir con sus obligaciones.

Precisa que en efecto, en la cláusula séptima letra b.2) del contrato de adjudicación, la Gobernación estableció que si se efectúan observaciones a la recepción éstas serán remitidas a la empresa mediante carta certificada y el plazo para entregar las correcciones se contará desde el envío de esta comunicación. Añade que es del caso que las Actas de Recepción con observaciones de fechas 03 de febrero y 03 de marzo de 2023, fueron comunicadas únicamente por correo electrónico, faltando el envío por correo certificado para su válida notificación.

Aclara que la recurrida decidió no aplicar a su representada algún tipo de multa establecida en el contrato en virtud de los supuestos incumplimientos alegados, razón por la que no existe un monto determinado que deba ser cobrado a la recurrente ni mucho menos pagado con el dinero de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en caso de no pago.

Señala que el acto es ilegal por cuanto el artículo 72 del Reglamento de Compras Públicas establece que en caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato, la Entidad Licitante estará facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, sin embargo, en el caso de marras tal incumplimiento es inexistente, lo que le habría constado a la recurrida si hubiera actuado con estricto apego a la ley, confiriendo a su representada la oportunidad de realizar sus descargos y exponiendo de manera suficiente los motivos de su decisión en el acto administrativo de fecha 21 de abril de 2023. Asimismo, la recurrida al dictar la Resolución Exenta N° 0449 con fecha 21 de abril de 2023, vulneró lo dispuesto en el artículo 79 ter del Decreto 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Refiere que de la lectura de la Resolución denunciada, queda de manifiesto que no se le concedió traslado a su representada para realizar sus descargos, ni tampoco se fundamentó la gravedad del supuesto incumplimiento, resultando en una declaración carente de toda motivación, considerando que el dominio de los vehículos fue traspasado a la Municipalidad de Coyhaique, que se corrigieron las observaciones levantadas por la Comisión Receptora, que siempre existió comunicación entre las partes y que la recurrente estuvo dispuesta a colaborar con la recurrida ante la caída del árbol sobre los camiones, no teniendo la obligación de hacerlo.

Indica que lo que ilustra de mejor manera el actuar abusivo, ilegal y arbitrario de la recurrida al dictar la Resolución Exenta de fecha 21 de abril de presente año, consiste en el hecho de que al declarar terminado anticipadamente el contrato y ordenar el cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento, no resuelve nada respecto al destino de los 3 camiones polibrazo, marca Fuso, modelo 1828, año 2023 inscritos en el Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil a nombre de la Municipalidad de Coyhaique, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases de Licitación y cuyo dominio fue transferido al momento de su entrega en dependencias municipales, lugar en el que todavía se encuentran resguardados.

Precisa que la recurrida mantuvo el dominio y posesión de los 3 camiones polibrazo de forma gratuita, ya que dispuso no pagar el precio acordado como contraprestación y, además, desembolsó a su favor la suma de $37.603.385.- por concepto de cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, lo que claramente constituye un enriquecimiento sin causa en desmedro de un particular, que debe ser corregido mediante la presente acción.

Agrega que todo ello, sin perjuicio de que considera que no era imprevisible el hecho de un evento climático en Coyhaique, que podría dar lugar a vientos que pudieran provocar la caída de árboles, de modo que la Municipalidad, al recibir los vehículos debió tomar las precauciones necesarias para asegurar su resguardo e integridad. Este punto es importante ya que resulta evidente, con la lectura de los hechos, que la actuación de la Administración, escudándose en un supuesto reclamo de una mora inexistente, en realidad es un intento de trasladar la responsabilidad de los daños provocados por el evento climático, intentando que ellos sean soportados por la adjudicataria después de haber entregado materialmente los vehículos y haber traspasado el dominio al órgano público.

Reitera que en la parte considerativa de la Resolución Exenta N° 0449 con fecha 21 de abril de 2023, se realizan una serie de aseveraciones acerca de un eventual incumplimiento por parte de su representada, sin que se haya citado a audiencia para dar cuenta del inicio del procedimiento, lo que conlleva a que tampoco haya podido realizar descargos o defensas, ni rendir prueba para dar cuenta de sus argumentos. Añade que el artículo 10 de la LBPA dispone que los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Indica que por otro lado, la falta de coherencia entre los hechos transcurridos, las actuaciones previas de la Administración y los resultados pretendidos con la resolución impugnada, obliga a concluir que esta última es una decisión inmotivada del órgano público, que carece de sustento fáctico y jurídico que permita justificarla.

El recurrente estima que el acto arbitrario e ilegal antes referido vulneraría su derecho de propiedad previsto en el N°24 del artículo 19 del mismo texto legal antes citado, porque la actuación de la recurrida en este caso, conculca el referido derecho señalado en la norma recién citada de nuestra Carta Fundamental, que garantiza a todas las personas, no sólo el derecho de propiedad sobre el bien que recae, sino que también protege los atributos y facultades esenciales del dominio.

En razón de los hechos expuestos, queda de manifiesto que la Resolución dictada por la recurrida al disponer de manera ilegal, arbitraria y abusiva el término anticipado del contrato y ordenar el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, perturban y amenazan el legítimo derecho de su representada de ejecutar el contrato de compraventa en el marco de una Licitación Pública.

Igualmente alega la vulneración del derecho de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, previsto en el inciso 5 N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de acceso a la justicia porque como se ha señalado, la recurrida cuenta con facultades para dar término anticipado a un contrato de licitación, mediante resolución fundada. Dicha actividad sancionatoria, sin embargo, se encuentra sometida a las normas que la propia ley ha establecido y que regulan de manera precisa la materia. De este modo, al vulnerar el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley de Contratación Pública y las demás normas citadas de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, en la forma expuesta precedentemente, y al dictar una Resolución Exenta que no cumple con las exigencias mínimas en lo relativo a su fundamentación, la recurrida ha transgredido las normas que le eran aplicables y que constituían precisamente garantías respecto de sus derechos a un debido y justo proceso.

Sostiene que pues bien, en la especie, sobre la base de lo expuesto, resulta evidente que la actuación del Consejo al dictar los actos recurridos ha amenazado y perturbado el derecho de la recurrente a no ser juzgado por una comisión especial, en circunstancias que tal posibilidad de juzgamiento está proscrita de manera expresa por la Carta Fundamental Con fecha 23 de mayo de 2023, nombre reservado, abogado, por la recurrida doña nombre reservado, en su calidad de Gobernadora Regional, evacúa su informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Como antecedentes de hecho indica que, con fecha 03 de febrero de 2023, se constituye la Comisión de Recepción del Contrato “adquisición de camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios, Coyhaique”, código bip 40043915-, ítem 03 camiones polibrazo “nuevos, sin uso”, recepción que no se realiza, levantándose acta con observaciones, indicando plazo de subsanación de 10 días corridos.

Refiere que, con fecha 7 de febrero de 2023, a las 16:38 horas, el encargado de contrato Subrogante, nombre reservado, funcionario de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Aysén, remite mediante correo electrónico acta con observaciones indicada en el punto anterior, al representante de la empresa Peña, Spoerer y Cia. S.A., a fin de que se levantaran las observaciones y se pudiere proceder con la recepción conforme de los camiones.

Precisa que, con fecha 17 de febrero, cumpliéndose el plazo de 10 días corridos otorgado por la comisión para subsanar las observaciones, la empresa informa mediante correo electrónico la subsanación parcial de las observaciones y con fecha 24 de febrero se remite nueva comunicación electrónica por parte de la recurrente informando que aún no se encuentran levantadas todas las observaciones, al no tener certeza de que se hayan recepcionado en Coyhaique, los productos remitidos desde Santiago. Así las cosas al 24 de febrero del presente año, la recepción conforme de los camiones recolectores de residuos sólidos domiciliarios nuevos; sin uso adquiridos, no había sido posible de realizar y el levantamiento de observaciones para el cual se tenía un plazo de 10 días, no se había ejecutado.

Refiere que, mediante ORD. N° 622 de fecha 02 de marzo de 2023, el Gobierno Regional de Aysén informa a PEÑA, SPOERER Y CIA. S.A., como plazo perentorio el día 15 de marzo de 2023, para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos QUINTO, Párrafo 5 “De la Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato – Procede a cobro de dicho instrumento” y Artículo SÉPTIMO “Supervisión y Seguimiento de la ejecución del Contrato”, letra b.2) “Si se formulasen observaciones a la Recepción” de los Contratos aprobados mediante Res. Exenta 2088 del 2022.

Precisa que, con fecha 06 de marzo de 2023, el Gobierno Regional de Aysén, mediante correo electrónico a PEÑA, SPOERER Y CIA. S.A., remitió acta con las observaciones levantadas el día 3 de marzo, resultado de la Comisión de recepción dando cuenta de las observaciones y de la imposibilidad nuevamente de recepcionar los productos. Adicionalmente se informa que el municipio de Coyhaique comunicó que a raíz de un evento climático ocurrido en la ciudad de Coyhaique, resultó que la caída de un árbol afectó a los camiones polibrazo, por lo cual se le solicitó a la empresa remitir informe sobre la situación, en el entendido que dichos bienes muebles son de su propiedad, ya que la recepción definitiva no se ha realizado por demora en el levantamiento de observaciones realizadas.

Expone que, el plazo de ejecución de la iniciativa contratada a la empresa PEÑA, SPOERER Y CIA. S.A., era de 15 días corridos, y que a la fecha 20 de abril de 2023, llevaba un total acumulado de 96 días corridos de atraso, resaltando además que previo al caso fortuito de la caída del árbol que afectó los vehículos, la empresa acumulaba un atraso de 37 días corridos en la entrega y en el plazo para levantar observaciones sin subsanar la totalidad de ellas, no habiéndose podido proceder a la recepción conforme de los productos por no levantamiento de observaciones, que en definitiva daban cuenta que el producto adquirido no estaba siendo entregado en los términos contratados, por lo que la recepción de ellos nunca se perfeccionó.

Aclara que de esta manera y de acuerdo con los antecedentes expuestos los camiones nunca dejaron de ser de propiedad de Pesco y así también se deduce de dos sendas cartas remitidas a este Gobierno Regional los días 14 y 15 de marzo del año 2023 por uno de los recurrentes, en que se expone que: “Mientras mi representada estaba trabajando en solucionar las observaciones hechas por la comisión de Recepción, dentro del plazo otorgado para ello, desde la Municipalidad se informó que el día lunes 5 de marzo de 2023 se produjo un temporal de lluvia y viento, el cual derribó árboles que cayeron sobre los camiones ya inscritos a nombre de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y que se encontraban en sus dependencias”, ya que, el hecho de la inscripción en el registro de vehículos motorizados es solo un medio de publicidad y no opera como modo de adquirir.

Así las cosas, los daños sufridos por los camiones en proceso de adquisición por parte del Gobierno Regional debía soportarlas su propietario, es Pesco, quien no dio cumplimiento a las obligaciones que impone el contrato, no levantó observaciones dentro de plazo, no cumplió con la entrega de acuerdo a las bases técnicas ni propuso fórmula de reparación o reemplazo de los camiones a fin de que el contrato llegara a buen término, viéndose la administración en la obligación de dar término anticipado al contrato procediendo al cobro de la garantía de fiel cumplimento dispuesto por el contrato, no siendo su actuar ni ilegal ni arbitrario como se denuncia.

Expone que respecto de las garantías que se estiman vulneradas, se destaca que el Gobierno Regional de Aysén estaba facultado por ley, bases administrativas y contrato de adquisición para proceder como lo hizo no erigiéndose en tribunal o comisión especial fuera del marco legal, lo que ocurrió es que el recurrente no accionó interponiendo los recursos y acciones que tenía a su haber en la oportunidad legal.

Precisa que no se vislumbra cómo puede afectarse el derecho de propiedad de la empresa Pesco, si los camiones que estaba vendiendo al Gobierno Regional de Aysén para la Municipalidad de Coyhaique nunca salieron de su patrimonio, ya que nunca se realizó recepción definitiva por que no se cumplió con exigencias de bases y no se levantaron observaciones dentro del plazo existente para ello, ni hubo tradición o transferencia de dominio de los mismos, como ya latamente se ha expuesto y respecto de la garantía, una vez liquidado el contrato debe hacerse devolución del excedente, lo que se encuentra pendiente pero el envío a cobro de la misma no afecta su derecho de propiedad ya que el cobro fue resultado de la terminación anticipada del contrato por incumplimiento del proveedor.

Con fecha 30 de junio de 2023, Reinaldo Reyes Garrido, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad De Coyhaique, en calidad de tercero informante, evacúa su informe en los siguientes términos: - Que la Municipalidad de Coyhaique presentó para la aprobación y financiamiento por parte del Gobierno Regional de Aysén, bajo la modalidad establecida en la Circular N°33, de 2009 del Ministerio de Hacienda, que establece la modalidad para la adquisición de activos no financieros, Subtitulo 29, un proyecto para la adquisición de camiones que recolecten residuos domiciliarios.

- Que, el proyecto aprobado consiste en la adquisición de los señalados camiones recolectores de residuos domiciliarios para la comuna de Coyhaique.

- Que, para poder concretar tal adquisición el Gobierno Regional de Aysén realizó diversos procesos licitatorios.

- Que, dentro de esos procesos se encuentra el que es objeto de los presentes autos asociado a la adquisición de 3 camiones polibrazos.

- Que, así las cosas, este municipio tomó conocimiento que la licitación pública “Adquisición De Camiones Recolectores De Residuos Sólidos Domiciliarios, Coyhaique”, Código Bip RUT reservado, Item Máquinas y Equipos (03 Camiones Polibrazo)” llamada por el Gobierno Regional de Aysén, fue adjudicada a la parte recurrente, con fecha 26 de diciembre de 2022, la que se formalizó mediante la celebración del respectivo contrato, con fecha 30 de diciembre de 2022 - Que el 3 de febrero de 2023, la comisión de recepción del contrato formula observaciones a la entrega de los 3 camiones, concediendo un plazo para que la recurrente subsane los defectos.

- Que el 3 de marzo de 2023, la comisión de recepción mantiene las siguientes observaciones que impiden tal recepción de los tres camiones: Baliza frontal; Faenero Tipo Led en todos los puntos de operación; Logos Municipalidad de Coyhaique y Logos Gore Aysén – Medida de 40 centímetros de Diámetro.

- Que el 6 de marzo de 2023, el municipio informó a las partes que, producto del frente de mal tiempo, un árbol caído dañó los camiones de cuya recepción se trata.

- Que, hasta la fecha, el municipio no ha manifestado su voluntad en orden a recibir y menos en cuanto a adquirir el dominio de los tres camiones referidos.

Con fecha 11 de agosto de 2023, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 21 de agosto de 2023, se procedió a la vista de la causa, se anunciaron y alegaron en esta causa, por video conferencia a través de plataforma Zoom, los abogados don Andrés Astudillo Sotelo, por el recurso y doña nombre reservado, en contra de éste; quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, la recurrente ha sostenido, en síntesis, que el hecho base, que constituye el acto ilegal y/o arbitrario cometido por la recurrida, corresponde a la Resolución Exenta N° 0449, de fecha 21 de abril de 2023, que dispuso sin previa audiencia, el término anticipado del contrato aprobado por Resolución Exenta N° 2088 de fecha 30 de diciembre de 2022 y ordenó el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada por la Sociedad PEÑA SPOERER y CÍA S.A., en atención al supuesto atraso en la entrega de los vehículos y el vencimiento del plazo dispuesto para levantar la totalidad de las observaciones realizadas por la Comisión Receptora; lo que vulneraría sus garantías, previstas en los N°3, inciso 5 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, primeramente, corresponde analizar la ilegalidad o arbitrariedad del acto impugnado, esto es, la Resolución Exenta N° 0449, de fecha 21 de abril de 2023, que el recurrente hace consistir en que el Gobierno Regional de Aysén al dictar la referida Resolución, vulneró lo dispuesto en el artículo 79 ter del Decreto 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, toda vez que no se le concedió traslado a su representada para realizar sus descargos, ni tampoco se fundamentó la gravedad del supuesto incumplimiento, resultando en una declaración carente de toda motivación, considerando que el dominio de los vehículos fue traspasado a la Municipalidad de Coyhaique, que se corrigieron las observaciones levantadas por la Comisión Receptora, que siempre existió comunicación entre las partes y que la Sociedad PEÑA SPOERER y CÍA S.A., estuvo dispuesta a colaborar con la recurrida ante la caída del árbol sobre los camiones, no teniendo la obligación de hacerlo.

SEXTO: Que, al efecto, resulta conveniente tener presente que el artículo 79 ter del Decreto 250 que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios dispone que: “En caso de incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, la Entidad podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen, las que deberán encontrarse previamente establecidas en las bases y en el contrato.

Con todo, las medidas que se establezcan deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento. Si la medida a aplicar consistiere en el cobro de multas, las bases y el contrato deberán fijar un tope máximo para su aplicación.

Asimismo, las bases y el contrato deberán contemplar un procedimiento para la aplicación de las medidas establecidas para los casos de incumplimientos, que respete los principios de contradictoriedad e impugnabilidad. En virtud del mencionado procedimiento siempre se deberá conceder traslado al respectivo proveedor, a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. La medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.”.

SÉPTIMO: Que, en estos antecedentes no consta que se haya concedido traslado al respectivo proveedor, esto es, al recurrente, a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento que se le imputa, tanto es así que en la resolución impugnada por esta acción cautelar, no se hace referencia alguna al traslado antes referido, ni a la existencia de eventuales descargos.

Que, igualmente, se debe tener presente, al efecto, que la recurrida no hace alusión alguna a haber cumplido esta exigencia legal en su informe, es más omite toda referencia a este punto; en tanto que en sus alegatos en estrados señaló que tal obligación, de audiencia previa de descargos, sí se practicó en el ORD. N° 622 de fecha 02 de marzo de 2023, en que el Gobierno Regional de Aysén informa a la Sociedad PEÑA SPOERER y CÍA S.A., el plazo perentorio para la ejecución del contrato, como también, en la reunión vía Meet, efectuada el día 17 de marzo del presente año; lo que será desestimado por esta Corte, por cuanto el ORD.N° 622, antes indicado, únicamente informa a la recurrente que el plazo máximo para la recepción de las adquisiciones será el día 15 de marzo de 2023 y que de no cumplir con dicho plazo perentorio, se procederá al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y liquidaciones de los mismos, y no consta que se le haya otorgado el traslado para descargos como ella lo indicó. Por otro lado, no consta en estos antecedentes el acta de la reunión vía Meet ya aludida, de modo que no se puede justificar lo obrado en ella, sin perjuicio que de la resolución reclamada se advierte que aquella solo tuvo por objeto lograr acuerdos generales y particulares para la ejecución del contrato, la que fue solicitada por la misma recurrente, de modo que no fue convocada por la recurrida a fin de comunicar el traslado ya tantas veces citado, ni que aparezca que haya tenido dicho fin.

OCTAVO: Que, en estas condiciones al no haberse conferido traslado para efectuar descargos a la empresa recurrente a fin de poner término anticipado al contrato, la resolución exenta impugnada mediante esta acción de protección que precisamente dispone tal medida, surge del todo ilegal y arbitraria, desde que no respeta los principios de contradictoriedad e impugnabilidad, como en derecho corresponde, respecto del procedimiento que debe preceder a la decisión antes indicada, especialmente, en cuanto se debe conceder siempre traslado al respectivo proveedor, a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento.

NOVENO: Que, así las cosas, el acto arbitrario e ilegal antes referido afecta a la garantía del inciso 5 del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto la recurrida efectivamente ha actuado fuera del ámbito de sus atribuciones, que prevé el Decreto 250 que Aprueba Reglamento de La Ley Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin ajustarse a un procedimiento previo, racional y justo, adoptando una decisión unilateral sin forma de juicio, y, en consecuencia, se ha erigido como una Comisión Especial.

Asimismo tal acto vulnera el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19 N°24 del nuestra Carta Magna, desde que la Resolución dictada por la recurrida al disponer el término anticipado del contrato y ordenar el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, perturba y amenaza el legítimo derecho de la recurrente de ejecutar el contrato de compraventa en el marco de una Licitación Pública y lo priva de las eventuales prestaciones a que tendría derecho a percibir la recurrente, lo cual afecta su patrimonio.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la recurrida en un acto arbitrario e ilegal que priva al recurrente de las garantías constitucionales señaladas, se deberá acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE ACOGE, el recurso de protección deducido a favor de la Sociedad Peña Spoerer y CÍA S.A. en contra del Gobierno Regional de Aysén, representado por doña nombre reservado, Gobernadora Regional de Aysén, y, en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 0449, de fecha 21 de abril de 2023, que dispuso sin previa audiencia, el término anticipado del contrato aprobado por Resolución Exenta N° 2088 de fecha 30 de diciembre de 2022 y ordenó el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada por la recurrente, sin costas, por haber tenido la recurrida motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N° 211-2023 (Protección).