FARMACIAS CRUZ VERDE CONTRA nombre reservado

En Coyhaique, a ocho de Abril del año dos mil quince.

VISTOS:

De fojas 21 a 30, comparece don Sergio Rojas Barahona, abogado, en representación de la sociedad Farmacias Cruz Verde S.A., persona jurídica del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado y en ésta en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Inspector Provincial y en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Coyhaique, por su acción arbitraria e ilegal con ocasión de la dictación de la resolución número 119, de fecha 10 de Febrero del año 2015, que le ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en los números 2, 3 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que el recurso de protección sea acogido “íntegramente y en todas sus partes, disponiendo se deje sin efecto la Resolución Ordinario 119 de fecha 10 de Febrero de 2015, ordenando al órgano administrativo conocer de la solicitud de reconsideración de la resolución de multa N° 7645/14/006 presentada por esta parte.”.

En apoyo de sus pretensiones, el recurrente acompañó, en el segundo otrosí de su recurso, que rolan de fojas 1 a 16, documentos relativos a su presentación.

De fojas 49 a 52, el recurrido evacua el informe solicitado, por medio de la abogada doña Dina Victoria Sierra Salas, solicitando el rechazo del recurso ya que su servicio ha dejado sin efecto el acto recurrido y ordenado el conocimiento del recurso administrativo deducido por la recurrente, en tanto advirtió el vicio alegado, sin costas.

De fojas 38 a 48, el recurrido acompañó antecedentes atingentes al informe.

A fojas 54, se trajeron los autos en relación.

A la vista de la causa, por la recurrente, reiterando los fundamentos del recurso y peticiones concretas, con expresa solicitud de no condenar en costas a la recurrida, alegó la abogada doña Vanessa Vásquez Elgueta; por la Inspección Provincial del Trabajo, lo hizo la abogada informante, doña Dina Victoria Sierra Salas.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo sustancial, la recurrente indicó que su representada fue notificada de la Resolución de Multa número 7645/14/006 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de acuerdo con el acta de notificación que señaló erradamente lo fue con fecha 5 de Diciembre del año 2014, en circunstancias que debió señalar que era el 6 de Diciembre de manera que computa arbitrariamente el plazo del artículo 508 del Código del Trabajo, multa que encontraría su antecedente en la fiscalización efectuada por el fiscalizador Hugo Segundo Gómez al local de Farmacia de calle Antonio (sic) Prat número 378, con fecha 17 de Noviembre del año 2014, donde se habría constatado “mantener excluido de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales a los trabajadores químico farmacéuticos: nombre reservado y nombre reservado, cuya naturaleza de sus servicios no cumple con los requisitos legales establecidos en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, al no desempeñar efectivamente labores administrativas sin fiscalización superior inmediata, además de contar con turnos rotativos, generándose una jornada laboral ordinaria”, condenándose a su representada al pago de una multa equivalente a 60 Unidades Tributarias Mensuales, por infracción al artículo 45 del Código del Trabajo. Ante ello, por flagrante error de hecho, hizo presentación de reconsideración administrativa, ingresada a la Dirección del Trabajo, el día 5 de Enero del año 2015, habiéndose negado lugar a la tramitación de dicha solicitud, ya que el ordinario número 119 del 10 de Febrero, suscrito por el recurrido, se le notificó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración ya que no se había presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación, notificada el día 18 de Febrero, lo que evidencia un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías que señala ya que se computó mal el plazo por el ente fiscalizador, discurriendo acerca de que el cómputo del plazo de 30 días es de días corridos, por aplicación del artículo 25 de la Ley número 19.880, citando al efecto jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal de Justicia.

Luego, la recurrente, analiza el derecho que le asiste al respecto, en relación a las disposiciones del Código del Trabajo y Ley 19.880, en lo pertinente y termina solicitando lo ya transcrito.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado respecto del recurso intentado, la abogada mencionada, en lo pertinente, luego de una relación de hechos, informó que del acta de notificación de la multa administrativa número 7645/2014/6, se desprende que existió un error en la fecha informada a la empresa, relativa al depósito en Correos de Chile, cuestión que llevó al empleador a incurrir en un error en el cómputo del plazo de la notificación propiamente tal según el artículo 508 del Código del Trabajo, como en el plazo para interponer el recurso administrativo y por ende llevó a dicha Inspección a declarar inadmisible el recurso. En base a los antecedentes que citó y revisados, argumentos expuestos por la recurrente, dicha autoridad administrativa precedió, con fecha 04.03.2015, a través de Resolución número 12, de igual fecha, a dejar sin efecto el Ordinario número 119, de fecha 10.02.2015, donde se informó la inadmisibilidad del recurso de reconsideración administrativa, ordenándose en el mismo acto el reingreso del recurso administrativo de reconsideración respecto de la multa 7645/2014/6, el que ya se encuentra en trámite, según dan cuenta la Resolución de Invalidación de oficio número 12 de fecha 04.03.2015 y Ordinario número 155, de fecha 04.03.2014 (sic), donde se notifican e informan dichas circunstancias a la empresa recurrente, documentos que fueron acompañados a estos autos, por lo que concluye que no existe derecho conculcado o que restablecer a la fecha del informe ya que el error, además, en ningún caso fue injustificado, puesto que se informó involuntariamente una fecha distinta a la fecha en que efectivamente se efectúo dicha diligencia.

Luego, se explaya controvirtiendo la tesis del recurrente en orden a si al referido plazo se le aplica o no la Ley 19.880, citando excepciones legales y dictámenes de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, de los antecedentes reseñados en los motivos precedentes se tiene que, el acto denunciado como ilegal y arbitrario por parte de la sociedad Farmacias Cruz Verde S.A., consiste en que, el recurrido dictó la Resolución número 119, del 10 de Febrero del año 2015, a través de la cual se declaró la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa, deducida por la recurrente, por haberse presentado fuera del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

SEXTO: Que, consta en los antecedentes y de la sola lectura de las presentaciones de ambas partes, que la recurrida acepta los hechos que fundan el recurso, en cuanto al fondo del asunto, aunque hace presente su reparo en cuanto a la calificación del plazo, a si éste es de días corridos o no, cuestión accesoria al problema que nos ocupa, y que a raíz de la presente acción cautelar motivó el que se expidiera por la Inspectora Provincial del Trabajo de Coyhaique, la Resolución de Invalidación de Oficio número 12, del 4 de Marzo del año 2015, basado en vicios de legalidad en el Acta de Notificación de la resolución número 7645/2014/6 y en el Ordinario número 119, de fecha 10 de Febrero del año 2015, dejando, de oficio, sin efecto éste, ordenándose, además, el reingreso en el sistema informático de dicho servicio la solicitud de reconsideración administrativa de multa deducida por la recurrente, ordenándose, además, la resolución a la brevedad de dicha solicitud, de manera que el acto que se dice y pretende vulneratorio de los derechos de la sociedad Farmacias Cruz Verde S.A., a la fecha de la vista de la causa, había cesado en sus efectos, cuyo era, también, el objeto final de esta acción cautelar, razones y circunstancias que ameritan que el presente recurso sea rechazado, por haber perdido oportunidad.

SÉPTIMO: Que, en relación a lo razonado en el motivo anterior, el recurso de protección es una acción constitucional tutelar y urgente, por la cual las Cortes de Apelaciones, examinando sin forma de juicio, un hecho que ocasiona actual privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales respectivos, busca el restablecimiento inmediato del pleno goce de la garantía o derecho constitucional privado, perturbado o amenazado, y por la cual se requiere, como requisito esencial para acogerla, la contemporaneidad o la permanencia de los efectos del acto del cual se reclama como ilegal o arbitrario, de suerte tal que, si este acto ha