nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL DE AYSEN

2 Coyhaique, a nueve de diciembre del año dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 8 de octubre de 2024, comparece doña nombre reservado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Sr. Tesorero Regional de Aysén, don nombre reservado, a fin de que se declare que se han vulnerado sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°2 y N° 24 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley y derecho a la propiedad, respectivamente, y en consecuencia, reestableciéndose el imperio del derecho, se le restituyan las indemnizaciones ilegalmente retenidas o compensadas, mediante el acto arbitrario e ilegal efectuado por la recurrida, consistente en la retención y compensación de sumas obtenidas mediante sentencia judicial a título de remuneraciones/indemnizaciones laborales y aplicación de reajuste e interés, viéndose privada arbitrariamente de lo que en derecho le corresponde, solicitando, en definitiva que, acogiéndose el recurso deducido, se ordene:

1. Que se declare que la retención y compensación informada y percibida por la recurrida respecto de mi persona ha sido ilegal y/o arbitraria.

2. Que se ponga término a la vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, ordenando a la recurrida o a quien corresponda que se restituyan íntegra y debidamente reajustadas las indemnizaciones, prestaciones laborales y cualquier otro concepto retenido o compensado por Tesorería General de la República que me correspondan, por la suma de $3.164.866.-, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro.

3. Expresa condena en costas de la recurrida.

Con fecha 22 de octubre de 2024, se declaró admisible el recurso de protección pidiéndose informe a la recurrida.

Con fecha 24 de octubre de 2024, se agregó el informe evacuado por el abogado Leandro Javier Barros Millar, en representación de la recurrida.

Con fecha 30 de noviembre de 2024, se ordenó traer los autos en relación y con fecha 3 de diciembre, se procedió a la vista de la causa, compareciendo por la recurrente, la abogada Daniela Riffo Cárdenas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección, en lo sustancial y en lo relativo al acto que les agravia, expuso que con fecha 13 de octubre de 2023, el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, en los autos RIT T-7-2022, acogió parcialmente la demanda subsidiaria por ella deducida en contra de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, declarando la existencia de la relación laboral entre las partes, que se extendió desde el 1 de abril de 2022 al 22 de abril de 2022, acogiéndose la demanda de despido injustificado también por ella deducida, declarando que el despido de la actora, ocurrido el 22 de abril del 2022 fue injustificado, ordenando el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por $1.500.000, recargo legal del 50%, por $750.000, así como el pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas entre el 01 de abril del 2022 y el 22 de abril del 2022 en AFP, Fonasa y AFC Chile S.A.

En atención a que la demandada, no pagó lo ordenado, se derivó la causa a cumplimiento en sede de cobranza laboral, agregando que la liquidación del crédito fue realizada con fecha 14 de marzo de 2024, por la suma de $3.033.516.

Agrega que, tras 7 meses de espera, con fecha 30 de septiembre de 2024, se enteró que el pago fue compensado por formulario 34, reteniéndose el 100%, esto es, la suma de $3.164.866, por una deuda que registra por concepto de Crédito Universitario Aval del Estado “CAE”.

Sostiene que se trata de un acto arbitrario e ilegal, señalando que del artículo 17 de la Ley 20.027, el cual cita, faculta a la Tesorería sólo a retener de la devolución de impuestos, los montos por concepto de crédito universitario, pero que no puede hacer retenciones de los valores que nacen de un crédito laboral (correspondiente a remuneraciones de la recurrente).

Alega que, cualquier compensación debe hacerse valer en juicio declarativo ante un órgano jurisdiccional, debiendo acreditar Tesorería que concurren los requisitos de la compensación, sin que hayan existido acciones judiciales en su contra, por lo que no hay resolución judicial que autorice a la recurrida a obrar como lo hizo.

Concluye indicando que el actuar de la recurrida, vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente, la contenida en el numeral 2 y 24, relativos a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, la recurrida, informando el recurso y tras citar el artículo 30 del Decreto Ley N°1.263 de 1975; artículo 752 del Código de Procedimiento Civil; letra p) del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.346, señala que mediante Resolución Exenta N° 2737, de fecha 13 de septiembre de 2024, del Ministerio de Justicia y DDHH, se ordenó a Tesorería, pagar a la recurrente la suma de $3.033.516, debidamente actualizada a la fecha de pago, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, en sus autos RIT T-7-2022 y RIT N°C-3-2024, pago que sin embargo, no se verificó por cuanto con fecha 25 de septiembre de 2024, operó una compensación entre deudas recíprocas de la recurrente y del Fisco, por concepto de crédito con aval del Estado, contenida en el formulario 34, Folio N° 145623, por la suma actualizada de $ 3.164.866.

Agrega que tal facultad se encuentra contenida en artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, la que se relaciona con el artículo 1.656 del Código Civil, que señala que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

Sostiene que la compensación, es procedente en estas materias en atención a lo dispuesto en el artículo 7° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, el cual no se constriñe a la compensación de tributos, sino también a otros créditos fiscales.

Aparte, manifiesta que es infundada la aseveración de la recurrente al señalar que no sería procedente la compensación, por cuanto la vía legal para exigir el cumplimiento forzado de las deudas por crédito con aval del Estado es el artículo 17 de la ley 20.027, desde que, entre las acciones que pueden utilizar las instituciones financieras para obtener el pago de la deuda, se encuentra el solicitar a la Tesorería que retenga, de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiere a los deudores del crédito, los montos impagos que le informen las instituciones financieras acreedoras y una vez retenidos debe girarlos a la institución financiera acreedora del respectivo crédito, quedando de manifiesto que la norma señalada beneficia a las instituciones financieras que otorgaron los créditos, para facilitar su cobro, pero que en caso alguno cede en favor de Tesorería, puesto que ésta no es la acreedora.

Indica que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores conforme a la cual, no existe ilegalidad o arbitrariedad, en la facultad conferida a la recurrida, para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Finalmente, arguye que no existe vulneración a las garantías constitucionales esgrimidas por la recurrente y concluye que no concurren los requisitos de procedencia de la acción.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 a que se ha hecho referencia en el precedente motivo, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente, en síntesis, ha deducido el presente recurso, por la acción ilegal y arbitraria de parte de la recurrida, consistente en haber ésta compensado y retenido el 100% de lo obtenido por la primera, a título de indemnización y los demás montos ordenados en favor de ella, por concepto de despido injustificado, monto que asciende a la suma de $3.164.866, y que se encontraría justificada por la deuda que registra la actora con motivo del Crédito Universitario Aval del Estado (CAE), todo lo cual le ha presentado un menoscabo económico, vulnerándose su derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, para un mejor acierto de lo que se resolverá, se precisará que el objetivo de la Ley 20.027, fue la creación de una sistema de financiamiento para el beneficio de los estudiantes que no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados a los estudios de educación superior, de modo que puedan desarrollarse académicamente, independientemente de cuestiones aparejadas a la capacidad económica u otros factores de índole social.

Sin perjuicio de ello, igualmente se han dispuesto medidas para el aseguramiento del pago del crédito, en tal sentido la Tesorería General de la República ostenta la facultad para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. Así lo dispone el inciso 1° del artículo 17 de la citada ley, al señalar: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda (…)”.

OCTAVO: Que, por su parte, el artículo 6 del DFL N°1 DE 1994 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, señala: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

Por su parte, el artículo 7 de la citada ley, dispone: “Cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco.”

NOVENO: Que, del análisis de las normas antes citadas, se desprende que la facultad que se otorga al Servicio de Tesorería de proceder a compensar las deudas que contribuyentes pudiesen mantener en favor del Fisco, con créditos que aquellos a su vez posean en contra del erario fiscal, está restringida a deudas por concepto de tributos insolutos, conforme a las expresiones empleadas en el artículo 7 del DFL N°1 de 1994, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, naturaleza que bajo respecto alguno corresponde a la deuda que mantendría la recurrente, las que tienen su origen en obligaciones que devienen del Crédito con Aval del Estado (CAE), compromiso que por lo demás tiene una regulación especial contenida en la Ley referida ley 20.027, estableciendo el artículo 1° de la misma, que se trata de créditos destinados a financiar estudios de educación superior, y que son garantizados por el Estado, por intermedio del Fisco, sin que en consecuencia, la deuda atribuida a la actora de protección, pueda ser tenida como un tributo o impuesto.

Que, la interpretación antes sostenida, se desprende, de otra parte, del expreso tenor del propio artículo 6 del mismo DFL N°1 de 1994, norma que emplea las expresiones “deudas de contribuyentes”, término este último que según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) corresponde a “Aquella persona que se encuentra obligada por ley al pago de un determinado impuesto”, definición que a su turno se condice con el enunciado que en la página web del SII se da a la expresión contribuyentes, indicado que “Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.”

De lo dicho, se concluye a juicio de estos sentenciadores que, la facultad para proceder a la compensación que prescribe el artículo 6 en análisis, es respecto de deudas de contribuyentes y que tengan por causa un tributo, un impuesto, por lo que, no teniendo tal carácter la deuda que por concepto de CAE se refiere respecto de la recurrente, no corresponde que sean compensados los montos obtenidos por la misma, por concepto de indemnización a propósito del despido injustificado de que fue objeto, conforme a la sentencia judicial que así lo estableció.

A mayor abundamiento, sin perjuicio de lo señalado, se estima que no procede la compensación dispuesta por la recurrida, atenta la especialidad del ordenamiento contenido en la Ley 20.027, en relación a las facultades en cuya virtud el Servicio de Tesorería procedió a efectuar tal compensación, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los autos proteccionales, Rol N° 217.727-2023, cuando señala en el considerado noveno ”Que de lo dicho, surge que, a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general.”

DÉCIMO: Que, de otra parte, no puede soslayarse, tampoco, el especial capítulo de Protección de las Remuneraciones de los trabajadores del Código del Trabajo, como lo dispuesto por el artículo 2472, del Código Civil, que establece una preferencia para el pago en favor del trabajador, preferencia que, incluso, precede a la del Servicio de Tesorerías.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, se concluye que la actuación de la recurrida infringe el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que como consecuencia de la compensación practicada por la Tesorería General de la República, se le privó de percibir el monto correspondiente a la indemnización y demás montos ordenados en su favor, mediante la sentencia judicial dictada en los autos RIT T-7-2022, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, cuyas copias acompaña en su presentación, por concepto de despido injustificado, por lo que el recurso deberá ser acogido en los términos que se dispondrán en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, ya individualizada, en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Sr. Tesorero Regional de Aysén, don nombre reservado y en consecuencia, se dispone que la Tesorería General de la República deberá restituir a la actora, las sumas ordenadas pagar por sentencia judicial firme y ejecutoriada dictada en el causa RIT T-7-2022, de que conoció el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, ascendente, al tiempo de la compensación efectuada, a tres millones ciento sesenta y cuatro ochocientos sesenta y seis pesos ($3.164.866.-), con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro, sin perjuicio de las acciones judiciales de cobro que fueran pertinentes, en relación al crédito con garantía estatal que mantiene la recurrente de protección.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Fiscal nombre reservado, nombre reservado Patricio Silva Pedreros, quien no firma por encontrarse haciendo uso de licencia médica.

No firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N° 209-2024.- (Protección).-