Protección contra Subsecretaría de Obras Públicas

En Coyhaique, a veintidós de Febrero del año dos mil diecisiete.

VISTOS:

Con fecha 26 de Diciembre del año 2016, comparece doña nombre reservado, psicóloga, domiciliada en domicilio reservado, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra de la Subsecretaría de Obras Públicas, representada por su Subsecretario, don Sergio Galilea Ocon, Ingeniero Civil Industrial, o quien le subrogue o represente legalmente o haga las veces de tal, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, específicamente el acto jurídico plasmado en el ordinario número 2627, de fecha 28 de Noviembre del año 2016, por medio del cual, con fecha 29 de Noviembre del año 2016, se le notificó la no renovación de contrato para el año 2017, en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Aysén, sin justificación alguna ni argumentación en derecho, hecho que afecta su garantía constitucional del artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, solicitando “se deje sin efecto el ORD N° 2627 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, por medio del cual, con fecha 29/11/2016 se me notifica la no renovación de contrato para el año 2017 en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Aysén, declarando que éste ha conculcado el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política, de igualdad ante la ley disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, mi inmediata reincorporación al Servicio recurrido, ordenando además, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que medie entre mi desvinculación y mi efectiva reincorporación a éste, con costas.”, acompañando a su recurso copia del acto impugnado, como aquellos que se tuvieron por acompañados con fecha 17 de Febrero del año en curso.

Con fecha 29 de Diciembre del año 2016, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Con fecha 18 de Enero del año 2017, informó la recurrida, a través de don nombre reservado, Subsecretario de Obras Públicas (S), quien solicitó, en suma, el rechazo del recurso, con costas, acompañando la documentación que se ordenó agregar con fecha 18 de Enero del año 2017.

El 15 de Febrero del año 2017, se trajeron los autos en relación.

A la vista de la causa, por el recurso, comparece y alega en estrado, el abogado don Eugenio Canales Canales; por la recurrida, alegó el abogado del Consejo de Defensa del Estado, don Alejandro Castro Leiva.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección, funda su acción cautelar, indicando que ingresó al servicio por concurso público el día 8 de Agosto del año 2011, como profesional grado 10 en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Aysén, como Jefa Regional del Servicio de Bienestar, dictándose la Resolución 138 del 9 de Septiembre del año 2011, designándosele, por último como Encargada Regional de la Unidad de Participación Ciudadana en la SEREMI indicada, de manera que su desempeño laboral se prolongó por cinco años ininterrumpidos.

Cita el ordinario impugnado en forma textual, que señala: “Por medio de la presente notifico a usted, que en conformidad a lo establecido en el artículo 10 DFL N° 29, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre estatuto administrativo, el próximo 31 de diciembre de 2016 vence el plazo legal para su contratación, fecha en la cual usted cesará en su calidad de funcionario público de esta repartición. No obstante lo anterior, se le otorgarán todas las facilidades para que pueda hacer usos de su feriado legal y días administrativos a los que tenga derecho…”; haciendo presente que cuando se decide y comunica hacer uso de la facultad de no renovar una contrata, debe contener su texto íntegro, los fundamentos y razones que justifican tal exoneración; asimismo, que fue la única funcionaria de la SEREMI a la que no se le renovó la contratación para el año 2017.

Sostuvo que el acto impugnado es ilegal y arbitrario. Ilegal porque contraviene lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 19.880 puesto que carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando su garantía de igualdad ante la ley, ya que fue discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados que desempeñándose en cargos a contrata, permanecen en ellos hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones veraces que han de expresarse.

Asimismo, sostuvo que el acto es arbitrario ya que los términos explicitados resultan insuficientes para justificar la terminación de su empleo, teniendo presente, además, el dilatado tiempo por el que prestó servicios.

Manifestó la recurrente que su contratación ha sido renovada durante 5 años, en cada caso, en la vinculación le asistió –al amparo de los principios de juridicidad y seguridad jurídica y los consagrados en los artículos 5, 8 y 19, número 26, de la Constitución Política de la República-, la confianza legítima de que sería recontratada para el año 2017, la que se traduce en que no resulta procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se le tratará en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que lo ha sido anteriormente, y el acto desvinculatorio es infundado, lo que no se condice con el citado principio y que afectan lo dispuesto en el citado artículo 11 de la Ley 19.880, como en el inciso cuarto del artículo 41, y 13, de la misma ley, cuya razón, también se distingue en el artículo 10 del Estatuto Administrativo; también consagrado constitucionalmente, en el artículo 8, inciso segundo.

Citó, además, el recurrente, el Dictamen número 85.700, del 28 de Noviembre del año 2016, relativo a que Imparte Instrucciones y establece Criterios Complementarios Para la Aplicación de los Dictámenes 22.766 y 25.518, ambos del año 2016, de este Origen, que consagra el principio de la confianza legítima para ser recontratado, dictamen que es vinculante para la recurrida, estableciéndose un carácter limitado y restrictivo a casos debidamente fundados, de manera que el acto impugnado, Ordinario 2627, vulnera las instrucciones normativas de dicho dictamen.

Razonamientos y peticiones que el abogado que compareció, repitió en estrado.

SEGUNDO: Que, la recurrida, en la vista de la causa, alegó, primeramente, la incompetencia de este Ilustrísimo Tribunal, ya que el oficio impugnado (que no es un acto administrativo), ordinario 2627, como la resolución 2433, que lo fundamenta, emanan de la Subsecretaria de Obras Públicas, datados en la ciudad de Santiago, la que se encuentra fuera de la Jurisdicción de esta Corte, citando al efecto lo dispuesto por el artículo 1, del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

TERCERO: Que, en cuanto a esta primera objeción, atendida la naturaleza de la acción cautelar deducida, éste no puede tramitarse como un procedimiento civil ordinario en donde tengan cabida este tipo de excepciones; sin embargo, atendido lo dispuesto por la última modificación a las normas del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, que regula la tramitación del recurso de protección, habrá de negarse lugar a la excepción deducida, ya que si bien aparece que la resolución impugnada fue dictada en la ciudad de Santiago, con fecha 28 de Noviembre del año 2016 y se encuentra suscrita por don Sergio Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas, no es menos cierto que los efectos de la citada Resolución, han de producirse en la Jurisdicción de este Ilustrísimo Tribunal, teniendo el recurrente la facultad de optar, para su presentación, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, o dónde éstos hubieren producido sus efectos, según reza el actual artículo 1°, del Texto refundido del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, contenido en el Acta número 94-2015, del 17 de Julio del año 2015, de la Excma. Corte Suprema de Justicia, por lo que la primera petición de la recurrida habrá de ser rechazada y así se declarará.

CUARTO: Que, además, el recurrido, al evacuar el informe que le requirió esta Corte, señaló, acerca de los hechos, que la recurrente se alzó en contra la comunicación de la autoridad de no renovar su contrata para el año 2017 lo cual se ha plasmado a través del Ord. N° 2627, de 28 de Noviembre de 2016. Sin perjuicio de lo anterior, el acto que fundamenta tal decisión, emana del Resuelvo N° 2433 de 30 de Noviembre de 2016, actuación que, según demostrará, no procede en caso alguno, ser calificado como arbitrario o ilegal, sino que a razones de servicio.

Reconoce el recurrido que el 9 de Septiembre del año 2011 se contrató a la recurrente, recontratada hasta la dictación del acto administrativo plasmado en el resuelvo citado, número 2433, del 30 de Noviembre del año 2016, debidamente fundado.

En lo medular, argumentó, que las labores que desempeñaba la recurrente, por reestructuración interna, fueron absorbidas por la Unidad de Gestión, a cargo de una Jefatura que actualmente cursa el diplomado de Participación Ciudadana dictado por la Universidad Alberto Hurtado para el MOP, junto a otras tres funcionarias, de manera que los servicios de la recurrente ya no son necesarios ya que su función será desarrollada por la Jefe de dicha unidad, lo que obedeció a una gestión eficiente, eficaz y con énfasis en el cuidado de los recursos públicos.

Agregó, que el artículo 3 de la Ley 18.834, establece que el empleo a contrata es de carácter transitorio y que los funcionarios de la Administración del Estado se encuentran sometidos a un régimen de derecho público, de interpretación y alcance restrictivo y sólo están facultados para hacer aquello que la ley expresamente permite y el vínculo contractual que nace, entre el Estado y el funcionario, no es de naturaleza contractual sino legal y estatuario y la incorporación de un funcionario a este régimen es libre y voluntaria, aceptando el régimen jurídico que le ha de vincular con este particular empleador, el Estado de Chile, incluyendo en este régimen las limitaciones, prohibiciones y en el caso de los empleos a contrata, la precariedad del mismo, lo que en la practica se manifiesta en que en cada año, los funcionarios esperan el acto de autoridad mediante el cual sean prorrogados sus contratos, pues saben que si no es así, sus contratos han terminado, expirado, por el solo ministerio de la ley.

Aseveró que los Dictamenes de la Contraloría General de la República, números 85.700/ 2016, N° 22.766 y N° 25518, que recogen el principio de la confianza legítima, no afecta las facultades de las respectivas autoridades en torno a las contratas y en particular en cuanto a la atribución de decidir o no su renovación o el término anticipado de aquellas, la decisión debe constar en un acto administrativo positivo, debidamente motivado a través del cual éste se manifieste, lo que en la especie ha ocurrido a través de la dictación del resuelvo Exento N° 2433 de fecha 30 de Noviembre de 2016, el que, en consecuencia, se ajusta plenamente a derecho.

Asimismo, atendido a que la Resolución 2433, del 30 de Noviembre del año 2016, es un acto administrativo fundado en la ley, cuyas razones se expresaron y el mismo no puede ser calificado como arbitrario bajo ninguna circunstancia.

De esa manera, concluyó el recurrido, que no han existido diferencias arbitrarias respecto de la recurrente y el régimen jurídico a contrata por el cual se encontraba vinculada la recurrente a ese Ministerio de Obras Públicas, rige para todos los funcionarios de contrata y no constituye un tratamiento especial discriminatorio para con la recurrente.

QUINTO: Que, de conformidad a lo expresado por la recurrente y recurrida y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

Que, las partes no controvierten que la recurrente ingresó a trabajar, en calidad de contrata, a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Aysén, el día 8 de agosto del año 2011, como profesional grado 10°, desempeñándose en varias áreas, siendo la última como Encargada Regional de la Unidad de Participación Ciudadana en dicha Secretaría Ministerial Regional y que con fecha 28 de Noviembre del año 2016, se dictó el Ordinario número 2627, por medio del cual se le notificaba, sin fundamento alguno, que el día 31 de Diciembre del año 2016, vencía el plazo legal para su contratación, fecha a partir de la cual cesaría en su calidad de funcionaria pública de esa repartición.

Que, asimismo, la recurrida acreditó que la Unidad de Gestión de dicha repartición se reestructuró a partir del año 2016, quedando a cargo de una Jefatura de Unidad, la que actualmente se encuentra cursando un Diplomado de Participación Ciudadana, quien realizará las funciones que prestaba la recurrente, en la citada Unidad, en donde laboran otras cuatro funcionarias más.

Que, asimismo, consta en autos que con fecha 30 de Noviembre del año 2016, se dictó la Resolución Exenta número 2433, por el Subsecretario de Obras Públicas, mediante la cual se resuelve no prorrogar contrata a la recurrente, basada en la dispositiva que señaló en el considerando a); como en los dictámenes administrativos de la Contraloría General de la República, señalados en los fundamentos b) y c); y que en la letra d), hace presente que en el año 2016, la SEREMI de Obras Públicas de la Región de Aysén debió enfrentar una serie de ajustes en su quehacer institucional, de manera que era necesario considerar la incorporación de la recurrente a un área de competencia distinta a su formación profesional, para dar respuesta a los nuevos requerimientos de la SEREMI; en su letra e), hace presente ajustes presupuestarios que es necesario realizar para el ejercicio del año 2017; en su letra f), relata instrucciones a los respectivos Seremis del país en orden a realizar una gestión eficaz y eficiente propendiendo al cuidado y buen uso de los recursos públicos adoptando las medidas de reordenamiento del personal a su cargo que estimen necesarias; en la letra g), hizo presente que la Unidad de Gestión de la SEREMI de Obras Públicas de la Región de Aysén, que contempla las actividades de Secretaría, Género, Participación Ciudadana y labores de Apoyo Logístico, cuenta con una jefatura y cuatro funcionarios, y las labores de la recurrente, en cuanto metodología de trabajo, no se contemplan para el plan del año 2017, tareas que desarrollará la jefatura de la Unidad, acorde con la experticia en esta temática y con el apoyo de tres funcionarias, por lo que resuelve la no renovación de la contrata de la recurrente y ordena la notificación al Seremi respectivo y a la interesada en el plazo de 5 días a contar de que dicha resolución, la que se efectuó, la tramitación, el mismo día de su expedición, la que, también con la misma data, se habría despachado por carta certificada.

SEXTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

OCTAVO: Que, con fecha, 28 de Noviembre, del año 2016, se dictó el ordinario número 2627, suscrito por don Sergio Galilea Ocon, Subsecretario de Obras Públicas, por el que notifica a doña nombre reservado, que el próximo 31 de Diciembre de 2016 vence el plazo legal de su contratación, fecha en la cual la notificada cesará en su calidad de funcionaria pública de dicha repartición.

Cabe hacer presente que es éste el acto impugnado y que atenta contra la garantía de la recurrente, toda vez que se advierte, a simple vista, que hasta entonces, día 28 de Noviembre del año 2016, no existía ningún otro acto que decidiera no renovar la contrata de la recurrente, de manera que es el ordinario 2627, de esa fecha, el documento que resolvió y notificó no renovar la contrata, conteniendo como único fundamento lo dispuesto en el artículo 10 del D.F.L., número 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, toda vez que resulta un absurdo pensar que se notifica una decisión que no se ha tomado, como resultaría el pensar que el acto que decide no renovar la contrata de la recurrente lo es la Resolución Exenta número 2433, del 30 de Noviembre del año 2016, esto es, dos días después del ordinario precitado.

Dicho Ordinario 2627, del 28 de Noviembre del año 2016, debe considerarse un acto administrativo, independiente de si se le denomina “Ordinario” y/o “Resolución”, toda vez que el inciso primero del artículo 3, de la Ley 19.880, explicita que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos; el inciso segundo, indica que para los efectos de dicha ley, ellos serán “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de un potestad pública”; estableciéndose, en el inciso tercero, que dichos actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos o resoluciones; agregando el inciso quinto que las resoluciones son actos de análoga naturaleza a ellos [decretos supremos], que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. Características, todas, que cumple el mencionado acto impugnado, independientemente del hecho de si contiene o no vicios de legalidad, que no es del caso a analizar en esta oportunidad.

De esta manera, entonces, deberá resolverse si dicho acto, emanado de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, Ordinario 2627, del 28 de Noviembre del año 2016, de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, ha sido ilegal o arbitrario, o por el contrario lo ha sido dentro de las facultades y atribuciones para cursar y notificar dicha decisión, que decidió no renovar la contrata de la funcionaria que recurre de protección.

NOVENO: Que, el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, a cuyo respecto el artículo 10, de la Ley 18.834, dispone que los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal, de manera que, desde este punto de vista, la resolución impugnada no puede ser concebida o catalogada como de ilegal, ya que se funda en disposiciones legales que autorizan el acto administrativo.

DÉCIMO: Que, la decisión de no renovar la contrata, implícitamente contenida en el ordinario impugnado, fue efectuada de forma unilateral y bajo el solo arbitrio de la autoridad, Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de que, además, dicho acto administrativo no expuso las razones que pudieran justificar, razonada y racionalmente, la no renovación de dicha contrata, pese a que, además, el desempeño de la recurrente no ha sido objetado, al menos durante cinco años continuos, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido, en apariencia, al menos, incumplido, lo propio ha de decirse con los Dictámenes de la Contraloría General de la República, número 22.766 y 85.700, instrucciones vinculantes para la recurrida, los que, derechamente y en forma flagrante han sido contravenidas en el acto impugnado.

En efecto, repugna a la razón encomendar las funciones de una profesional que se ha desempeñado cinco años en el cargo, sin reproches, para dejarlas a manos de una Jefatura de otra Unidad, la que se encuentra, “actualmente”, en los dichos de la recurrida, cursando un Diplomado en Participación Ciudadana; no son aquellos, precisamente, los criterios de eficiencia y eficacia que la ley prevé.

UNDÉCIMO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto por el artículo 41, del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Si bien es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al contratante recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la desvinculación del funcionario público a contrata, toda vez de la reciente incorporación del concepto de la “confianza legítima” que debe existir y existe, entre los funcionarios y los órganos de la administración del estado respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, el último de ellos, atingente al caso, precisamente, de data del 28 de Noviembre del año 2016, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República.

Estos sentenciadores estiman, que la facultad de no renovación de la contrata que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de que la misma contrata se renovó en cuatro oportunidades, cinco años en total de servicios, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función del empleado, lo que conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, lo que indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose el acto reclamado, en consecuencia, en un acto arbitrario, por la ausencia de fundamentos.

DUODÉCIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con el recurrente, en cuanto se le ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares, y según se observa en la resolución impugnada, sólo la recurrente aparece afectada.

DÉCIMO TERCERO: Que, en relación a lo anterior cabe consignar que aquélla facultad especial que se concede a la Administración, no puede ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y siendo de la esencia del ejercicio del Poder Público, que sus decisiones sean no sólo imparciales, sino también razonables y razonadas como lo establece el artículo 53, de la Ley 18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, en opinión de este Tribunal de Alzada, le está vedado a la recurrida no renovar una contrata, omitiendo expresamente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar por qué los servicios de este funcionario a contrata han dejado de serle necesarios, lo que conlleva entonces, a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales en las cuales se basó para no renovar la contrata reclamada, observándose, en suma, una ausencia de un legítimo procedimiento de destitución.

DÉCIMO CUARTO: Que, en todo caso, en nada obsta a lo resuelto, lo dispuesto y razonado, extemporáneamente a nuestro juicio, en la Resolución número 2433, de fecha 30 de Noviembre del año 2016 –curiosamente dictada luego de que se dictaminara por la Contraloría General de la República, con fecha 28 de Noviembre del año 2016, también, por medio de un Dictamen, número 085700N16, una serie de instrucciones a seguir por la administración pública, para la renovación o no, de las contratas-, de la misma Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas.

En efecto, extemporáneamente, puesto que ya se había resuelto la no renovación de contrata y el último acto aparece, más bien, como un justificativo a la reciente instrucción emanada de la Contraloría General de la República, acto que, en todo caso, incumple la citada instrucción y el artículo 10, del Estatuto Administrativo, en cuanto su notificación lo fue, necesariamente, en un plazo inferior a los 30 días que dicha disposición establece.

Tampoco resultan satisfactorias las razones que en ella se consignan, en efecto, de conformidad al mismo citado dictamen 85.700, en cuanto no se encuentra suficientemente acreditado que la reestructuración del servicio de la SEREMI de Obras Públicas de la Región de Aysén, hagan innecesario los servicios de la recurrente, por el contrario, dichas labores se mantienen pero se derivan a otra persona que actualmente cursa un Diplomado para adquirir las destrezas necesarias con las que aún no cuenta; tampoco se advierten las razones presupuestarias, pues nada se indica en cuanto al nuevo presupuesto y la necesidad de eliminación de puestos de trabajo, máxime, si no se ha controvertido que es la única funcionaria afecta a esta decisión.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de incompetencia efectuada por la recurrida;

II.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, R.U.T. número RUT reservado, en contra de la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas, RUT RUT reservado, representado por don Sergio Galilea Ocon, R.U.T. RUT reservado, y en consecuencia se deja sin efecto el Ordinario número 2627, del veintiocho de Noviembre del año dos mil dieciséis, como asimismo la Resolución Exenta número 2433, de fecha treinta de Noviembre del año dos mil dieciséis, ambos dictados por el Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, don Sergio Galilea Ocon;

III.- Que, atendido lo resuelto, la recurrida deberá disponer la inmediata reincorporación de la recurrente en el cargo que servía, profesional grado 10° de la Escala Única de Sueldos, de la Subsecretaría de Obras Públicas, con residencia en Coyhaique, servida en la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Aysén, debiendo la autoridad recurrida arbitrar las medidas conducentes a solucionar los estipendios que le corresponden durante el período que estuvo separada de sus funciones y hasta su efectiva reincorporación al servicio; y, IV.- Que, no se condena en costas a la recurrida.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 209-2016.-